El rey está desnudo

5 Jun

Cuarenta y seis años después del establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente , el rey —el medio ambiente— sigue desnudo. Más que nunca. La amenaza al medio ambiente es económica y política. Pero el peligro proviene también de la indiferencia de una ciudadana adormecida por el consumo.

El medio ambiente lo amenazan los actos económicos que inciden directamente en él: un exceso de producción y consumo de bienes, que se traduce en más emisiones de CO2 y en un exceso de residuos ocasionados por la producción, que la biosfera no es capaz de absorber: carbono, plásticos, químicos.

Pero otras actitudes tampoco ayudan a salir del bucle destructor: el negacionismo climático del nuevo Presidente Norteamericano, fundado en absurdas teorías de conspiración comercial contra su país;  el auge de nacionalismos que han cruzado la frontera de la reivindicación de «lo nuestro», para defender la discriminación ambiental frente a otros: «nosotros primero»; el Tratado sobre la Carta de Energía —en constante ampliación—, que garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición energética  mediante mecanismos de protección de inversiones ISDS, que garantizan amplios derechos para demandar directamente a los Estados ante tribunales de arbitraje privados; un acuerdo de reducción de emisiones insuficiente para evitar que se sobrepasen los objetivos de reducción de emisiones, que eviten incrementos de temperaturas mayores de 2ºC en 2100; o la apuesta por la tecnificación de las soluciones al cambio climático y de la sociedad, la cual requiere una gran cantidad de energía. Ejemplo de lo primero es el Acuerdo de París y de  lo último la apuesta de los países de industrialización temprana por la geoingeniería.

¿Pero, por qué el rey está desnudo? El origen de esta impúdica desnudez está en el tedio —que es la condición moderna— que corroe nuestras sociedades, y que en sí mismo es una fuerza motora del consumo, pues la necesidad de aliviarlo promueve una búsqueda interminable de novedad y excitación. Ante la falta de estímulos, nos dice la psicología conductista aplicada a la conducta de los consumidores, los miembros de esta sociedad —azuzados por el márketing— buscan formas de consumo que proporcionen emociones que incrementen el nivel de excitación. Somos consumidores de placer. Y no podemos negamos nuestro chute diario de consumo/placer. El peligro de este enganche al consumo es que podemos desaparecer por el calenturón de temperatura que produce la sobredosis de producción que mantiene nuestro consumo.

A pesar de todo, sin embargo, encuentro algunos datos que me inducen optimismo. El Barómetro del CIS de noviembre 2016 nos dice que el 59,2% de los españoles está en desacuerdo con la afirmación que muchas de las amenazas al medio ambiente son exageradas. Y que el 51,7% está de acuerdo en hacer todo lo que es bueno para el medio ambiente aún cuando le cueste más dinero o le lleve más tiempo. Estos datos del CIS coinciden con los que presenta el estudio de la Fundación de Estudios Andaluces. En Andalucía el 54% de los individuos que están «muy en desacuerdo» con que las amenazas al medio ambiente son exageradas; el 50,3% está a favor de pagar precios mas elevados por el medio ambiente; y el 44,5% esta dispuesto a aceptar recortes en su nivel de vida.

Junto a estos datos pueden destacarse otros referidos a la conciencia ambiental de los andaluces, mi Comunidad Autónoma de residencia. Señalo algunas conclusiones de las encuestas:

El Ecobarómetro nos dice que los andaluces tienen una gran preocupación general por el medioambiente. Señalan igualmente que es una opinión muy extendida que el modelo actual de consumo de recursos naturales compromete el bienestar de las generaciones futuras (tres de cada cuatro andaluces opinan así).

Se percibe por éstos —en más del 80%— que la situación del medio ambiente a nivel del planeta no es buena.

Dos de cada tres andaluces consideran que el medio ambiente, lejos de ser un obstáculo para el progreso, es un activo para el desarrollo y el bienestar de Andalucía. Y más del 60% de ellos afirman que las políticas ambientales son un estímulo al desarrollo y a la innovación tecnológica.

Creen éstos que los ciudadanos tenemos mucho que decir en la lucha contra el cambio climático a través de sus actitudes y comportamientos y a través de sus prácticas cotidianas, para reducir las causas que lo provocan (la emisión de gases de efecto invernadero) y adaptarse a sus consecuencias.

Y a la pregunta que realiza la Encuesta sobre la Realidad Social de Andalucía: «¿qué deberíamos hacer» ante el cambio climático?, respondemos mayoritariamente (96%) que «deberíamos anticiparnos a las posibles consecuencias del cambio climático», así como que debemos «reducir el consumo energético».

Estos datos me inducen optimismo y me hacen confiar en que estamos despertando de la borrachera de consumo. En que los ciudadanos estamos pasando a la acción y vamos por delante de los gobiernos y las empresas. Y esta actitud no es solo patrimonio de los andaluces, sino que se extiende por doquier. Hemos comprendido los ciudadanos que no tiene sentido seguir no haciendo nada. Así cada día somos más los que no queremos seguir creyendo en el cuento que nos cuentan y gritamos: ¡el Rey está desnudo!

La República catalana: un simulacro

16 May

La elección de Quim Torra como Presidente de la Generalitat significa que la política catalana está otra vez en modo simulacro. Simulacro de República. Ya lo dijo en su discurso de investidura, que tenían que aprender de los errores en los que habían incurrido para no volverlos a cometer. No para evitar que su actuación política incurra en la ilegalidad. Al contrario y usando sus propias palabras para hacer República. La hoja de ruta prometida ¿será un juego de apariencias o la legalidad será nuevamente vulnerada?

La política desplegada por las fuerzas políticas independentistas se funda en un juego de imágenes, que proyecta un enmascaramiento y desnaturalización de la realidad política y social de una Cataluña que mayoritariamente no es independentista. Planea la ocultación de la ausencia de la realidad política y social a la que aspiran. Es, en definitiva, una política que no tiene que ver con ninguna realidad, sino con su propio simulacro. El resultado de este juego puede ser —en contra de su deseo y voluntad original— la desaparición de la República que persiguen detrás del icono que adoran, al no remitir éste a ninguna realidad. Es el peligro de la iconolatría.

Este esquema de la actuación independentista se advierte en el discurso de investidura rupturista de Torra. En la autoproclamación como President vicario de Puigdemont que éste ha hecho de sí mismo o en el Govern legitimista que quiere nombrar. Modo de actuar que es una falsificación. Algo parecido puede decirse de la actuación del Gobierno de España. Que el 52% de la población de Cataluña desee seguir siendo española, no enmascara ni desnaturaliza el deseo de independencia existente. Al contrario, estos porcentajes indican que los catalanes desean mayores cotas de autogobierno. Y aunque los dos gobiernos conocen la incapacidad de su simulacro para sustituir la realidad, unos conjeturan como avanzar ante los errores del Estado: «el Estado español nunca falla», dicen; otros piensan que ya escampará.

El escenario resultante es que Madrid no puede con todo y Barcelona no tiene fuerza para romper la baraja, Enric Juliana dixit, lo que nos coloca en un escenario de debilidad mutua asegurada. Es necesario, por tanto, desplazar los sentimientos e hibridar los diferentes deseos, pues el conflicto ni se va a resolver solo, ni se soluciona desde el unilateralismo de unos y el inmovilismo de otros. La putrefacción del contencioso catalán conlleva el riesgo que convertir también en un simulacro la democracia española. La solución judicial operada hasta ahora no puede ser vista como signo de fortaleza del Estado, capaz de resistir cualquier embate, sino como un atributo de la rigidez del Gobierno. El problema de las respuestas rígidas es el mismo que el de la estructuras de esta naturaleza, que los signos de colapso pasan desapercibidos y cuando éste se produce lo hace de manera súbita y catastrófica con un derrumbe. Y la rigidez también está presente en el sectarismo.

Por casualidad me he fijado en la composición y estructura de las dos banderas —española y catalana— y como reflejan las idiosincrasias. La bandera española está formada por tres franjas. Una, la central muy ancha, asemeja un bloque. Traslada una imagen pétrea  y una sensación de pesadez y rigidez. La catalana con nueve franjas estrechas aporta una imagen de liquidez y transmite una sensación de flexibilidad, de olas del mar. Significativamente ambas comparten los mismos colores, su disposición horizontal y el predominio del amarillo sobre el rojo, símbolo de lo mucho que unos y otros comparten, diferencias de ADN al margen, claro.

Cataluña no es un espacio virtual, ni España vive encapsulada en el Consejo de la Mesta. Tanto España como Cataluña son realidades híbridas en las que ni unos ni otros pueden atribuirse el derecho de establecer estricciones a los otros, sino que deben ser configuradas como realidades de creación y transformación. Una forma de crear ese espacio es la vía biorregional —apuntada en la anterior entrada— que se funda en la diversidad y en un mayor grado de autonomía; desplaza de la organización territorial la atención sobre la identidad, para ponerla en la relación con la Naturaleza; y, además, pone en el primer plano político el principal reto que tenemos en este siglo XXI: el cambio climático. Dejen, pues, unos, de practicar vudú con las imágenes del 1 octubre y, otros, de jugar a don Tancredo.

La Catalunya fake

13 May

El discurso del candidato a la presidencia de la Generalitat —identitario y nacionalista, con tintes supremacistas— pidiendo el voto para un gobierno provisional y un Presidente de paja, instalado en el simbolismo de una República imposible, alejado de los principales problemas de los ciudadanos, mantiene a Cataluña en un tiempo fake. Sostiene este discurso una controversia lateral que silencia e invisibiliza otra primera urgente y trascendente: la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta, la cual no debe ser usada como pretexto para no pensar una reformulación del modelo civilizatorio.

Teniendo importancia esta cuestión, tiene la que realmente se le puede dar ante la realidad incuestionable del cambio climático. Es una cuestión de prioridades. Y aunque las prioridades pueden ser distintas en los diferentes actores políticos, la crisis climática debe concernirnos de manera prioritaria al no existir un planeta de recambio. Hemos de interrogarnos, pues, sin dilación, sobre ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal, una organización biorregional o un estado independiente?

En Cataluña no se está luchando contra el cambio climático, ni se están queriendo ver los riesgos que éste conlleva. En el resto de España tampoco. Por eso para hablar de vida como pedía el candidato a la Presidencia de la Generalitat, es urgente afrontar la crisis climática. Esta si es una situación real de excepción, que sino la remediamos no nos permitirá hablar de nada en Cataluña, ni en España. El ciclo en el que estamos no es solo político: autonomista o republicano como afirman algunos grupos en el Parlament, sino climático y de cambio civilizatorio. De supervivencia. En este contexto no tiene sentido crear diferencias identitarias y continuar usando el mapamundi para establecer fronteras donde antes no las había. Hoy el nuevo mapa es el planeta, no el territorio. Guste o no guste es así.

La solución biorregional como modelo de organización territorial no es un mero ejercicio teórico de la teoría política verde, sino un modelo que puede dar respuesta a muchas reivindicaciones que desde Cataluña se están reclamando para su autogobierno. Es una mirada a «una vida humana y una política» no estatal y no jurídica que reivindican la mayoría parlamentaria independentista y otros grupos de la Cámara. A la vez es una palanca de resistencia frente una mundialización desigual y una globalización uniformadora, que no establece barreras, pero ordena límites: limita los intercambios a aquellos que resulten posibles dentro del territorio y del planeta y no trata de imponer un molde económico, cultural y político desde el Estado, la clase o el género dominante.

La biorregión es un marco que se puede armar dentro del Estado de acuerdo con las características singulares que definen a cada biorregión social, política, climática, hídrica y geológicamente, con respeto a sus sistemas naturales, sus estructuras de intercambio interiores y exteriores, sus propias necesidades como comunidad, sus sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo, sus ritmos propios. Y, todo ello, con observancia del significado profundo que tienen para la gente que vive en cada una de ellas. Ya que el 48% de los catalanes que vota independentista no es independentista, estas pautas pueden constituir un punto de partida sobre las que llegar a construir un consenso transversal o al menos mayoritario en el Parlament de Catalunya sobre la organización institucional del autogobierno.

Continuar un discurso fake que no solo abusa de las palabras, que se empeña en el ilusionismo de un proceso constituyente para construir un estado independiente en forma de República, desde una unilateralidad quiebra la legalidad constituida y que no goza del apoyo de la mayoría de ciudadanos catalanes, adrezado con campañas de señalamiento y declaraciones contra los «malos catalanes», se hace irrazonable en cualquier contexto político, pero aún más en el contexto climático cada día más adverso en que vivimos, en el que el calor y la escasez de agua ya están presentes en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este discurso mentiroso solo es el símbolo de la pugna entre las derechas españolas para asegurarse un mercado propio, en la lucha por la financiarización de todo lo que la Naturaleza brinda. Batalla en la que el control físico del territorio es una prioridad estratégica.

La resolución del contencioso no requiere, por tanto, derruirlo todo y volver a construirlo todo nuevamente, como sería del gusto de los independentistas. Solo basta con mover un palmo el foco para salir del bucle. Abordar la cuestión nacional e identitaria desde una perspectiva diferente. La solución, o al menos una de las posibles, es buscar vínculos que nos anclen al planeta y no al mundo (territorio) como hasta ahora. Ese vínculo es el de la afinidad, más amplio que la identidad y no excluyente. La afinidad aporta sentido y dirección a los diferentes sentimientos de pertenencia, sin limitar ni coartar la mezcla entre ellos. No es una camiseta como la identidad. Es una «matriz estructural» de lo que es común a los seres humanos: la pertenencia a un mismo planeta y a una misma especie biológica, por encima de los yoes histórica y socialmente creados: la nación, la clase, el género o la relación con el mercado y el consumo de bienes y servicios.

Así concebida la cuestión ésta no queda reducida a la terra patria (a la tierra paterna), sino que se amplía al planeta terra. En la era de la crisis climática es necesario crear junto a la conexión entre sociedad y democracia, otra entre planeta y democracia. Lo que hasta ahora era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto de decisiones, objeto político, objeto central de la democracia. Y quizás deba ser también sujeto. La terra patria es así el planeta terra, la tierra de todos y para todos. Esta conjunción entre planeta y democracia se materializa institucionalmente en la biorregión.

La lengua, la historia o la cultura ya no definen en la práctica la cuestión nacional, desde ahora ya es determinada por la cuestión climática. Los cálculos más optimistas calculan ciento cuarenta millones de migrantes climáticos en los próximos treinta años, cifra que se irá incrementando a medida que el cambio climático se haga más profundo. El sujeto biológico (la especie) se hace sujeto político. La Nación da paso así a la Nación planetaria: la comunidad formada por todos los seres humanos; asociada a un territorio: el planeta; que tiene una cultura compartida: las leyes de la Naturaleza; que comparte cierto grado de solidaridad, manifestada en la existencia de los servicios ambientales y el necesario cuidado de los mismos; y que comparte cierto grado de memoria histórica, a través de la información de experiencias de miedo y estrés transmitidas en el ADN, la memoria de nuestros antepasados.

Esta manera de afrontar la cuestión nacional, acorde con el cambio epocal en el que nos encontramos, se interroga «por lo que somos», por delante de por quiénes somos. La pertenencia adquiere así diferente significado y evidencia la disfuncionalidad actual de la vieja receta de soberanía e identidad. La iniciativa está sobre la mesa. ¿Se atreverá alguien a abanderarla? No lo sé, pero Facebook ha escogido Barcelona para instalar un centro de control de ‘fake news’.

Cuerpos

5 May

El cuerpo es un instrumento para el ejercicio del poder. Es lo único de lo que el ser humano es dueño y soberano. Lo único de lo que puede disponer con entera y absoluta libertad. Puede decidir quien puede acceder a él y quien no. Esta libertad absoluta —quizás la única que realmente tenemos los seres humanos— permite que nos autoposeamos. Cuando un violador penetra un cuerpo sin consentimiento, desposee a su dueña —la víctima— de él. Y a esa desposesión de la víctima es correlativa la acumulación de poder del agresor. Se trata de una privación violenta del cuerpo, no de una renuncia voluntaria a la prohibición de acceso al mismo.

La violación es una proyección del poder del agresor en el interior de la víctima, pero también en el lugar —en el espacio— donde se comete. Una violación es un poder vertical, jerarquizante, fácilmente identificable, que se expande subrepticiamente en el interior de todas las demás mujeres interfiriendo su proceso psicológico. La violación afecta a la víctima violada, pero a la vez afecta al resto de mujeres. Ese efecto hace que ese poder se desdoble y a la vez sea disperso, difuso, permanente. Sentencias como la de la manada son sentidas como una segunda violación judicial— que ratifica y confirma los patrones de demarcación entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto y afianzan el orden patriarcal, cultural, político, económico y simbólico existente. La violación hasta ahora ha actuado, a modo de neurona espejo negativa, con un efecto inhibidor en las mujeres no agredidas hundiéndolas en el silencio. Ha reforzado los imaginarios colectivos sobre la sexualidad, la reproducción, la vida, el trabajo y la economía existentes. La huelga feminista, la sentencia de la manada y otros sucesos han sido, sin embargo, el catalizador que ha roto este mecanismo.

El cuerpo de la mujer —al ser violado— queda convertido en cuerpo del delito. En carne penetrada sin consentimiento. Y las más de las veces el cuerpo del agresor queda sin escarmiento. Víctimas y victimarios conviven entre nosotros. En la calle, sin saberlo, nos cruzamos con los agresores y las víctimas. Anónimamente nos mezclamos en el trabajo, en los bares, en los cumpleaños, en la playa. Incluso en los rezos de Semana Santa y Navidad. Con la luz del día la infamia se confunde en la multitud. Los gritos de las víctimas son silenciados por el ruido de la vida diaria.

Ellos, los victimarios, desechos de la sociedad patrialcal, jaurías en busca de carne para abusar, agredir, penetrar, son acompañados por camadas de burócratas que posan su mirada en el jolgorio de los violadores, no en el cuerpo bloqueado de las víctimas. A coro les dicen a ellas, a las mujeres violadas, y a las mujeres en general, que a pesar de sus chillidos, no han dicho ‘no’ con bastante claridad. No han cerrado sus piernas con suficiente fuerza. Y se han dejado dominar por el miedo. Mientras tanto sus sentencias dicen que ellas son sometidas a la voluntad de sus violadores, que las utilizan como meros objetos para la satisfacción de sus instintos. Pero esto no es violación.

Ellas, las víctimas, no son un suceso singular. ‘#Cuéntalo’ confiesa, revela, construye una historia colectiva de anomalía, de infamia, de vergüenza. De agresión, de abuso. Es una epidemia silenciada a la fuerza. Silenciosa por fuerza. ‘#MeToo’ la ha desvelado como pandemia. Episodios de esta calamidad pestilente se comparten en las redes cuestionando a sus víctimas. En los bares son cuestionadas de igual manera. Lo gritos de terror de las víctimas, parte del paisaje hasta ahora, tras la sentencia de Navarra han impulsado a las mujeres. Ellas se ha puesto en pie, levantiscas, rebeldes.

Nosotros, el resto de la sociedad, les seguimos detrás. Aunque no todos.

Los cuerpos de las mujeres violadas no deben olvidar tampoco que, a la vez, son cuerpo electoral. Que sus cuerpos entran en las urnas. Con su voto el cuerpo del delito se transforma en cuerpo político. El cuerpo violado se hace, así, cuerpo soberano. Decide. Tras la huelga feminista el cuerpo de las mujeres ha mutado su substancia y se ha hecho Nación. Se han constituido en sujeto colectivo, que hermanado canta, reivindica, reclama la devolución de sus cuerpos, su «derecho a vivir una vida libre de violencia». Están decididas a no continuar siendo Caperucita Roja.

Y exigen un enfoque democrático de la seguridad pública dirigida a garantizar la seguridad de sus cuerpos, el ejercicio pleno de su libertad de movimientos y el uso de los espacios públicos, sin el miedo constante a que su ejercicio las haga responsables de la violación de sus cuerpos. Caperucita se ha bajado del cuento. Toca cambiarlo.

Manada, jauría, camada

27 Abr

Conocí —con estupor, incredulidad y con la sensación que España se cae a trozos— el fallo de la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Navarra en el caso la manada, por la que se condena a los agresores de una adolescente por un delito de abusos sexuales y no por agresión sexual, ya que no existió —según la sentencia— violencia o intimidación. A mi juicio, sin embargo, existió violencia e intimidación —ésta última en cualquier caso—. Los magistrados, por ello, desatendieron la tutela judicial debida a la víctima en forma de una sentencia justa y proporcionada a los hechos que ocurrieron. La sentencia con un relato de hechos probados que contradice las conclusiones jurídicas, es una aberración jurídica.

Ateniéndonos al propio relato de hechos probados que contiene la sentencia, puede decirse que hubo violencia. Dice ésta que los agresores tiraron de ella y la hicieron entrar en el portal de modo súbito y repentino donde la penetraron hasta seis veces; o cuando dice que uno de los procesados acercó la mandíbula de la agredida a su miembro para que le hiciera una felación y otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los legins y el tanga. Pero parece que los magistrados hubieran juzgado que los hechos denunciados y probados se produjeron en una atmosfera de violencia implícita, contenida  —como en una película porno, que es la ficción socialmente aceptada del  uso y sometimiento del cuerpo de la mujer—, en vez de ser el relato violento, sórdido y amedrentador de una violación. Relegaron Sus Señorías al más recóndito rincón de su mente, el del olvido, que toda penetración sexual no consentida es en si misma un acto violento y de violencia, con independencia de la fuerza física que las circunstancias requieran para acometerla. Que toda agresión sexual es un acto cuyo objeto es el sometimiento y dominación de la víctima a la voluntad del agresor. Una situación en la que la víctima además del aturdimiento que le produce la situación, se encuentra entre personas desconocidas que la están agrediendo sexualmente y respecto de las que no puede determinar el grado de resistencia que puede oponer sin incrementar el riesgo de ser objeto de lesiones o incluso de muerte.

Exigir que los agresores deban de usar una fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la víctima —para calificar que una agresión sexual sea considerada violación y no solo abuso— es injusto, desproporcionado y esconde que un prejuicio machista, que para la mujer se convierte en una exigencia de acreditación de su virtud. El Código penal no exige que se use una cantidad ni una forma determinada de violencia para que una conducta sea calificada como violación. Sólo exige que se utilice la violencia. Luego donde no distingue la ley no debe distinguir el juez, dice uno de los principios jurídicos de la interpretación de las leyes. Parece que el pecado de Eva aún no ha sido redimido.

Y hubo también intimidación. El relato de hechos probados no deja lugar a dudas. Dice que la víctima fue llevada a un lugar recóndito y angosto, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión. Cuenta la víctima que se sintió «impresionada y sin capacidad de reacción». Intimidada. Ese es el término exacto para calificar el estado que ella tenía en ese momento. La intimidación es hacer lo que otros quieren que hagas por miedo. ¿Y a acaso no fue eso lo que sintió la víctima acorralada por los cinco agresores en un espacio reducido, en inferioridad numérica y sin posibilidad de escapatoria? Cuenta la víctima agredida que sintió un «intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera». ¿No es esto intimidar a una persona? ¿No es esto conseguir que la víctima hiciera por miedo lo que querían sus agresores? Termina explicando la agredida que «cerró los ojos», actitud característica en situaciones en que una persona, como esta mujer, se encuentra en la situación como la que la habían colocado sus agresores. La intimidación alcanzó el fin perseguido. La víctima solo podía intentar minimizar los daños que sabía iba a recibir.

La Audiencia Provincial de Navarra ha puesto de manifiesto —como en otras ocasiones otros tribunales— la existencia de camadas judiciales. Grupos de jueces que viven en una burbuja jurídica, alejados de la realidad humana y social en la que se hallan inmersos. No son las víctimas las que ha de acomodar su conducta a la jurisprudencia de los tribunales para obtener su protección, son éstos quienes han de proteger a las víctimas de las agresiones, sin que les sea exigible que su conducta defensiva tenga que  ser acomodada a la interpretación de la ley por los tribunales.

¿Y del voto particular de la sentencia, que decir? Es un delirio sexista. Negar como hace el magistrado discrepante que no existió en la víctima miedo, temor, desconcierto o afirmar como hace que la expresión del rostro de la víctima es en todo momento relajada y distendida, me lleva a pensar que estamos ante un individuo que tiene una impregnación ideológica que raya —sino cae directamente— en lo patológico, que le impide tener el más mínimo atisbo de empatía.

Las protestas que se han convocado espontáneamente por toda España contra sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, son una expresión de la nueva configuración del sentido cívico que hemos de desarrollar los españoles. Somos los ciudadanos quienes hemos de decir y mostrar a los servidores públicos —políticos, jueces y funcionarios— la dirección en la que colectivamente deseamos que camine nuestra sociedad. Así como exigirla cuando esta orden sea desatendida. La democracia no es solo una forma de gobierno participada y colectiva, en la que los ciudadanos intervienen más o menos activamente, según la costumbre de cada Estado, sino —además y sobre todo— un estado emocional, un modus vivendi, que ha de ser permanentemente alimentado, cuidado y defendido por todos y cada uno de sus ciudadanos. Si no queremos que otros nos gobiernen con sus reglas, debemos aprender a gobernarnos nosotros mismos. Una sociedad en la que cada día florecen comportamientos de jauría, está repleta de manadas y abundan las camadas, no solo es un aviso de las patologías que crecen en su interior. Nos dice que no vivimos en democracia.

¿Tenía razón Stephen Hawking?

22 Abr

Hasta ahora la pregunta más importante que podía hacerse el ser humano era sobre las consecuencias de sus actos. Decía Deleuze que hemos pasado en el  ejercicio del poder soberano de un poder que «hace morir y deja vivir» —el del Rey que puede matar al súbdito si se opone a él— a otro que «hace vivir y deja morir» —el del Estado del siglo XX que protege a los ciudadanos frente al peligro de terceros Estados y los avatares de la vida: estado del bienestar y lo hace producir—.

Con la advenimiento de la inteligencia artificial la pregunta más importante será si ésta es mejor que los seres humanos ¿Redirigirá la IA y la robotización el poder hacia un ejercicio de éste que no deja vivir y a la vez deja morir? ¿Hacia un poder indiferente ante la vida y la muerte de los seres humanos, que no interviene en la vida ni en la muerte de las personas —por considerarlas seres obsoletos— pero si interviene en la vida y en la muerte del verdadero sujeto relevante para la producción? Las empresas. Ya nos encontramos en un estadio en el que el poder interviene cada vez menos en la vida y muerte de los seres humanos, no así en la vida y muerte de las empresas: regula la forma de sus actos con reglas jurídicas que actúan como normas morales de comportamiento para éstas; qué es una buena o una mala muerte empresarial, incluso los casos en que las empresas pueden resucitar, a través de una ley de segunda oportunidad.

En el siglo XXI el poder bascula desde el Estado hacia las grandes corporaciones multinacionales. Ya no es ejercido monopolísticamente por el Estado, sino que cada vez es más compartido con éstas. Ciertos tratados internacionales les reconocen capacidad de colegislar. De esta manera las grandes corporaciones multinacionales se convierten por  la puerta de atrás en actores políticos y los Estados más en sujetos —en el sentido etimológico del término: aquél que se somete—. Lo vemos en el acuerdo de libre comercio que se han aprobado entre la Unión Europea y Canadá (CETA) y el que casi se llegó a aprobar con EE.UU (TTIP). Estos acuerdos introducen la debilidad en el corazón del Estado, que se torna dócil a las exigencias de las grandes corporaciones como resultado del chantaje permanente de futuras reclamaciones indemnizatorias por pérdida de beneficios. Su aprobación sanciona la desaparición de la soberanía del pueblo y del estado del bienestar.

En este contexto de exaltación de la libertad de empresa, ésta se ha transformado en un interfaz que zombifica a las personas por la mordedura del marketing y al medio ambiente con una producción que consume más recursos de los disponibles para la generación actual y genera más contaminación de la que los ecosistemas territoriales y planetarios son capaces de asimilar. La libertad individual —y su variante de libertad de empresa— ejercida de manera incondicional es arbitraria, pues interfiere la libertad individual de las generaciones futuras, al no tener en cuenta el efecto acumulativo de la producción que origina el ser humano en cuanto especie en el medio ambiente por la contaminación y el consumo de recursos.

Si los derechos humanos nacieron en el siglo XVIII como una defensa frente al poder de muerte del Estado. Al variar la forma de ejercicio del poder, la concepción de los derechos humanos ha de mutar en consonancia con aquél. La protección clásica que los derechos humanos confieren a los ciudadanos frente al Estado debe, pues, extenderse a las relaciones de éstos con las grandes multinacionales y empresas, a fin de mantener hoy una esfera equivalente de protección.

En este contexto emerge la inteligencia artificial y la robotización, una revolución comparable a la del neolítico, sino más.  Las preguntas y los interrogantes se amontonan: ¿Es ésta el germen de una nueva especie?, ¿la concepción de la libertad ya modificada por el cambio climático se resignificará por la inteligencia artificial?, ¿es necesario introducir la ética en los algoritmos de inteligencia artificial?, ¿se debería reconocer la igualdad entre humanos y robots inteligentes?, ¿se reconocerá libertad individual a androides con inteligencia artificial de similar que a los humanos o de alguna otra forma? En 2017 le fue otorgada la ciudadanía saudí y reconocidos los derechos de una persona a un robot llamado Sophia —en medio de las críticas por la situación de las mujeres en ese país y las condiciones migratorias—. ¿Es ésta una excepción o será una regla universal?

El neoliberalismo es una mutación del capitalismo industrial. ¿Las mutaciones que trae la inteligencia artificial y la robotización son una nueva forma de capitalismo? De la misma manera que el capitalismo neoliberal está eliminando a la clase trabajadora, al hacer que cada trabajador se explote a sí mismo en su propia empresa, en esta nueva forma de capitalismo el trabajador asalariado al ser sustituible por máquinas resultará obsoleto por innecesario. ¿Traerá este capitalismo la independización de las relaciones productivas respecto de las fuerzas productivas? Los primeros intentos ya están aquí. Tesla automatizó totalmente una de sus fábricas. Ha reconocido, sin embargo, que ésta ha producido retrasos en la producción y ha anunciado la reincorporación de humanos a la cadena de producción. Esta mutación del capitalismo traerá nuevas correlaciones de fuerzas y los equilibrios de poder cambiarán. Los interrogantes continúan brotando. ¿Llegarán a tener los robots algún día derechos laborales, civiles y/o políticos? Un diario nacional publica la noticia que un robot ha sido candidato en las elecciones a Alcalde de uno de los distritos de Tokio, cuya una población es de 150.000 habitantes. Fue el tercer candidato más votado.

La sustitución de los seres humanos por robots en el proceso productivo producirá la obsolescencia objetiva de la izquierda. Como dice Yuval N. Harari cada técnica tiene sus dioses. Y la inteligencia artificial también los requiere. Surgirán, por tanto, nuevas religiones. Ésta obsolescencia que se anuncia es una culminación del proceso de  obsolescencia de la división entre izquierda/derecha que se inició con la globalización, fruto de la cual se ha originado una pugna entre los partidarios de la globalización neoliberal y sus detractores, atrincherados en la visión nacional/nacionalista, que ha hecho aflorar una nueva distribución ideológica en tres ejes: posliberalismo, populismo y ecologismo. En el eje liberal se agrupan tanto a la derecha neoliberal como a la socialdemocracia liberal partidaria de la globalización. En la etiqueta populista se incluye el espectro antiglobalizador desde la extrema derecha hasta la izquierda. La división izquierda/derecha, sin embargo, continúa presente en el imaginario político colectivo, aunque no es ya el eje dialéctico principal, sino una subdivisión secundaria que ordena las etiquetas ideológicas en el interior de cada eje. La denominación ecologismo —a pesar que no ha terminado de emerger como fuerza política de masas— se usa aquí de manera extensa, para encuadrar dentro de ella a los partidos políticos de corte ecologista y también a aquellos movimientos sociales que se encuentran más o menos próximos a la ideología ecologista.

En un escenario de cambio climático, de crisis de recursos y artificialización, el único superviviente es el robot, una especie que no muere. En él el planeta recupera para si —de una manera absoluta— la condición de base material (y financiera) de supervivencia de la especie humana, acelera el desarrollo y explotación de la minería espacial y confiere verosimilitud a la hipótesis planteada por Stephen Hawking, sobre la necesidad que tendrá la especie humana de colonizar nuevos planetas para sobrevivir. En un contexto tal ¿la supervivencia en la Tierra estaría protagonizada por las Arcas de Noé? ¿Llegarán a existir estaciones espaciales en órbitas cercanas a la Tierra? ¿Serían éstos hábitats para ricos, quedando la gente abandonada a su suerte de en una distopía terrestre de cambio climático y robots inteligentes? ¿Es necesaria una biopolítica extraplanetaria? ¿La irrupción de la inteligencia artificial es el alumbramiento de una nueva forma de vida? ¿En un contexto de cambio climático y salto tecnológico, de riesgo de supervivencia para la especie humana y la profunda transformación del ser humano que puede ocasionar el desarrollo tecnológico, es importante reivindicar el lobo? ¿Será sobrepasada por la evolución tecnológica y los acontecimientos la ecología política? Para poder seguir celebrando el Día de la Tierra, fecha en que se publica este post, debemos hacernos preguntas.

Los escenarios descritos no quieren ser una predicción o vaticinio, sino una invitación a la reflexión sobre el escenario de cambio climático en un contexto de artificialización y robotización del sistema productivo y de la sociedad y sobre la necesidad de pensar una reflexión política que de respuesta a esta realidad insoslayable a la que estamos abocados. Tal y como se pregunta Jonathan Nolan: «¿Qué pasaría si la inteligencia artificial nos matara, pero no por ser mala, sino porque nosotros somos los malos?».

El nuevo marco de la acción política

14 Abr

La política del siglo XXI demanda un nuevo consenso marco que capte nuestro tiempo, para sobre él refundar los restantes pactos. Vivimos un «escenario posnatural» que –a golpe de calor y sequía en un mundo hiperglobalizado e hiperconectado– pide que los acuerdos políticos y sociales vigentes se conviertan en un contrato posmaterial. En la reforma de la Constitución de 1978 que se está reclamando en el Congreso de los Diputados, sin embargo, nadie ha alzado su voz en el Congreso en favor de traer al debate este nuevo consenso.

Debate que es necesario cuando la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica. Cuando su influencia sobre el medio ambiente es de tal alcance y magnitud que la Tierra está «moviéndose hacia un estado diferente». Debido a ella hemos inaugurado una nueva era: el antropoceno. Con este término se expresa el impacto de la masiva influencia del ser humano sobre los sistemas biofísicos del planeta. Su consecuencia más visible y espectacular es el cambio climático. Pero no es la única. Se incluyen también en esta categoría: «la disminución de la superficie de selva virgen, la urbanización, la agricultura industrial, las actividades mineras, las infraestructuras de transporte, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética de organismos, la hibridación creciente». Hasta ahora el antropoceno sólo era una hipótesis científica huérfana de una tesis política que la acomodara a la praxis política. Hoy, sin embargo, esta hipótesis ha sido asumida por los partidos verdes. Esta orfandad hoy es menos huérfana con esos partidos operando como francotiradores. Hoy sólo es aislamiento, abandono e insuficiencia.

Es preciso, por todo ello, generar un consenso ecológico desde el que refundar los pactos y emociones políticas, sociales y territoriales a fin de legitimar la política de este tiempo. Una acción política en la que «los gobiernos, empresas, colectivos ciudadanos y otros [actores] compiten por la autoridad», «pero colaboran» para abordar los desafíos globales. En éste tiempo de política compleja conviven «grandes potencias mundiales, interdependencia globalizada y poderosas redes privadas» y estos actores con una crisis civilizatoria. No es tiempo de elecciones binarias.

Para fundar este nuevo consenso es vital desconectar el concepto de democracia del de nación y del de clase social, ya sea en forma de burguesía o de proletariado. Y conectarlo al concepto de especie. El objetivo de esta desconexión y reconexión es dejar atrás la democracia del tener –la de la acumulación de poder o riqueza ya se trate de naciones o de individuos−, para transitar hacia una democracia del ser –lo-uno-en-lo-diferente−, para ser parte de algo mayor organizado de forma holocrática. Se trata con ello de sustituir la mirada sobre el mapamundi, por la perspectiva del Planeta desde el espacio. No se puede ignorar lo conseguido por el ser humano, pero hay que saber que esto sólo es una parte de lo que somos. Dicho de otro modo: la historia humana sólo es una pequeña parte de la historia del planeta. Esto desde una perspectiva político-ideológica significa abandonar la conciencia nacional o de clase para sustituirla por la conciencia de especie.

La razón de ello es que dos siglos de civilización industrial, han causado una oposición entre las «fuerzas productivas» y las «fuerzas de la naturaleza» que amenaza con destruirlo todo. Las tres grandes fuerzas que hoy existen en el planeta: Naturaleza, ser humano y tecnología han formado dos bloques antagónicos. La unión de dos de ellas: el ser humano y la tecnología ha dado lugar a la creación de una economía planetaria –antropoceno− que es la mayor fuerza geológica existente. La tercera de ellas: la Naturaleza, el conjunto de seres vivos de la Tierra, tal como la describió Lovelock, es una entidad viviente capaz de transformar la atmósfera del planeta para adecuarla a sus necesidades globales y dotada de facultades y poderes que exceden con mucho a los que poseen sus partes constitutivas –Gaia−. La pugna hoy es a escala planetaria. ¿Podemos, entonces, hablar de soberanía humana o debemos sólo decir autonomía?

El cambio que se ha de operar no vendrá ni de la revolución, ni de la evolución. No es cuestión de letra más o menos. Se requiere un cambio de estado. Una metamorfosis. El ser humano, por tanto, ha de admitir que no tiene más patria que el Planeta y aceptar que somos ciudadanos de la Tierra. Una característica de estos ciudadanos sería la estar imbuidos de espíritu biorregional, que convive con un sentimiento nacional  que no invisibiliza los demás sentimientos de pertenencia. Este tipo de ciudadanía tiene rasgos comunes con los que poseen los «nativos digitales», cuyos valores definitorios son «la conectividad y la sostenibilidad». No se sienten seguros tras las fronteras que los separan de los demás fuera de sus países. Y «no creen que su destino sea pertenecer únicamente a los Estados políticos, sino conectarse a través de ellos.» Ellos, los menores de 24 años, los millenials, constituyen hoy el 40% de la población mundial.

La ciudad ha de ser concebida, por tanto, como una «naturaleza-habitada», como un espacio-tiempo en el que una y otra: ciudad y Naturaleza, no se diferencian, pues entre las dos no hay un límite que señale su cese, no existe un espaciamiento o distancia entra ambas que permita hacerlas distinguibles. La Naturaleza existe en el interior del límite −el planeta− y fuera de él no existe la ciudad. El límite no indica el cese de la Naturaleza, sino que manifiesta «aquello a partir de lo cual» empieza a existir. Es el límite entre materialidad e inmaterialidad. La naturaleza-habitada aparece como la organización del hombre en la Naturaleza. Esta ciudad así concebida estaría regida por las reglas de interdependencia y de la relacionalidad. En ella todo está relacionado con todo y, por tanto, todo dependería de todo. A nada podemos ser ajenos y nada puede sernos ajeno.

¿No significa esta concepción de la ciudad que el poder reside en la Naturaleza, que lo delega en la especie humana de forma transitoria? ¿No es esto una República? ¿No es esta República una nueva articulación del poder y del pueblo insertas en una comunidad planetaria? Esta República es lo más parecido a la definición de belleza de John Keats: La belleza es verdad, la verdad belleza, −eso es todo. Conoces la Tierra,/y todo cuanto necesitas conocer. (1)

(1) Con este artículo, como otros años, rindo homenaje a la ilusión colectiva que fue la II República, así como a todos aquellos que lucharon por traer a España sus ideales, muchos de los cuales murieron en su defensa, otros fueron represaliados y otros muchos tuvieron que partir hacia un exilio no deseado. Y especialmente rindo ese homenaje a mi abuelo: Casimiro Luque, que fue concejal del Ayuntamiento de Málaga por el Partido Radical-Socialista desde 1931 a 1933, quien tuvo que exiliarse a Chile con su familia durante 33 años por defender aquellos ideales, así como a su inseparable amigo y conmilitón Emilio Baeza Medina.

El ruido y el concepto económico de utilidad

13 Dic

La masiva de apertura de establecimientos de ocio que padecemos, pone de manifiesto la apuesta social por una determinada forma de vida dirigida a la obtención de placer, aunque su consecución ocasione dolor a otros. Búsqueda vacía que causa dolor a pesar que los afectados ponen medios para evitarlo. Para dilucidar el por qué de esta conducta, bosquejaré  la explicación desde la psicología conductista aplicada a la conducta de los consumidores. Utilizaré para ello el concepto de utilidad que propone Tibor Scitovsky, profesor de la Universidad de Cambrige y de la London School of Economics.

Para Scitovsky la utilidad contiene dos partes: la búsqueda del confort y la búsqueda del placer. El consumo de confort es aquel que reduce el dolor o la incomodidad. En tanto que el consumo de placer lo relaciona con la excitación y la estimulación. Observó este economista que el deseo de confort puede saciarse, mientras que el deseo de placer no. Yendo más lejos sostuvo que cuanto más cerca se está del confort perfecto y, por tanto, de la falta de estímulos, más se buscarán formas de consumo que proporcionen emociones que incrementen el nivel de excitación. Al ser la condición moderna el tedio, éste en sí mismo es una fuerza motora del consumo. Es la necesidad de aliviarlo promueve una búsqueda interminable de novedad y excitación.

Aplicada esta observación al fenómeno de la contaminación acústica producida por locales de ocio se obtienen las siguientes reflexiones. Mientras unos individuos −los usuarios de los establecimientos de ocio− dirigen su búsqueda al consumo de placer, de bienes y servicios para incrementar su nivel de excitación y así aliviar el tedio que les produce esta sociedad, otros −los afectados por el ruido− dirigen su búsqueda al confort, ya sea la reducción del dolor o la incomodidad que les provoca la contaminación acústica. Son demandas antagónicas que impulsan el proceso económico. La consecuencia es que esta  búsqueda de placer −a pesar de ser la causante de la contaminación acústica y del dolor a otros− no será desincentivada por los poderes públicos. Por el contrario la demanda de dichos bienes y servicios es incentivada –mediante la rebaja de los requisitos previos de apertura de los locales− para propiciar un incremento de la riqueza del país, aún a costa del deterioro de la salud de los individuos afectados por la contaminación acústica.

Si aplicamos estas consideraciones a un individuo de cada uno de los grupos considerados, se observa como la demanda de confort tiene naturaleza limitada, ya que una vez resuelta la específica incomodidad que le produce la contaminación acústica, cesa la demanda de servicios jurídicos y otros servicios complementarios necesarios para poner fin a dicha situación; por el contrario la demanda de placer tiene carácter ilimitado y tiende a intensificarse con el propio proceso de crecimiento económico, pues el tedio instalado en la sociedad provoca una demanda y un consumo sostenido de excitación a través de bienes y servicios de ocio. Ello produce la prolongación en el tiempo de la situación de contaminación acústica y del dolor de los afectados, a pesar que se puedan ir resolviendo de manera aislada e individualizada las molestias de determinados individuos, por actuaciones puntuales de las Administraciones Públicas y el uso de los servicios jurídicos privados y otros complementarios por parte de los afectados.

La teoría del consumo −a través del concepto de utilidad que Scitovsky propone− pone de manifiesto la imposibilidad de resolución del conflicto social que ocasiona la contaminación acústica a través de acciones individuales, dada la multitud de individuos afectados y la actitud adoptada por la Administración Pública ante el problema. La descomposición de la conducta de los contaminadores y afectados nos proporciona un boceto de la estructura individual del conflicto que produce la contaminación acústica, del que podemos extraer los siguientes rasgos:

− el efecto generador de riqueza que se produce como consecuencia de la necesidad de consumo de bienes y servicios de ocio para aliviar el tedio y del consumo de servicios jurídicos y complementarios para contrarrestar las consecuencias de aquél, es un freno para que los poderes públicos implementen políticas que desincentiven el consumo de placer en la manera que ahora está estructurado, pues ambos consumos generan crecimiento del PIB;

− esta política perdurará a pesar de la afectación de la salud que se produce en aquellos individuos que se encuentran afectados por situaciones de contaminación acústica;

− los individuos afectados por la contaminación acústica no van a aceptar la prolongación de su dolor y la incomodidad que padecen en el tiempo, para evitarlo utilizarán los servicios jurídicos y demás servicios complementarios que ofrece el mercado para aliviar transitoriamente su situación individual en un primer momento y finalmente terminar de manera individualizada con a la contaminación acústica, aunque a nivel global el problema subsista.

Esta desagregación del conflicto pone de manifiesto que es necesaria una intervención de los poderes públicos que prescinda del interés económico subyacente y haga cumplir la prioridad de tutelar la salud de los ciudadanos afectados por la contaminación acústica prevista en la norma reguladora del sector. Dicho de otro modo, la Administración Pública debe garantizar los derechos de los ciudadanos a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar que reconoce la Constitución y la normativa sectorial. Para ello debe reequilibrar en favor de los ciudadanos, la preeminencia que hasta ahora ha mostrado a favor de los empresarios del sector, bajo el argumento de garantizar y proteger la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Debe otorgar preeminencia a los derechos de los ciudadanos afectados frente a los intereses del sector de ocio, única manera en que la Administración Pública podrá hacer efectivo el mandato que impone la Constitución a los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de los derechos de los cudadanos afectados por la plaga de la contaminación acústica Que nadie se deje engañar, el derecho al ocio no existe, sólo es un lema que busca camuflar un interés privado.

Una Constitución para el siglo XXI

6 Dic

La política del siglo XXI demanda un nuevo consenso marco que capte nuestro tiempo, para sobre él refundar los restantes pactos. Vivimos en un «escenario posnatural» −de la mano de la hiperglobalización y la hiperconectividad− que a golpe de calor y de sequía pide que los acuerdos políticos y sociales vigentes se transformen en un contrato posmaterial. En un acuerdo de sostenibilidad ambiental. Más allá de los necesarios debates sobre la reforma de la Constitución Española, nada se ha dicho en ellos sobre a este aspecto. Nadie ha alzado su voz reclamando la introducción en el texto constitucional de normas para afrontar los retos de este siglo. Y si nadie lo hace no dispondremos de una Constitución para el siglo XXI.

Para comprender la necesidad de esta metamorfosis, hay que tomar como punto de partida el hecho indudable que la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica. Su influencia sobre el medio ambiente es de tal alcance y magnitud que la Tierra está «moviéndose hacia un estado diferente»: la era del antropoceno. Esta expresión quiere reflejar el impacto de la masiva influencia del ser humano sobre los sistemas biofísicos planetarios. Su efecto más visible es el cambio climático. Pero no es el único. También se incluyen en esta categoría eventos como: «la disminución de la superficie de selva virgen, la urbanización, la agricultura industrial, las actividades mineras, las infraestructuras de transporte, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética de organismos o la hibridación creciente».  Pero los nuevos retos no se pueden afrontar con las viejas recetas.

Es preciso, por tanto, generar un consenso ecológico, que debe ser trasladado a la reforma de la Constitución que se hubiera de aprobar, para desde él refundar los pactos políticos, sociales y territoriales existentes, a fin de legitimar la política para este tiempo. Nuevo consenso que debe tener como propósito la superación de los dos siglos de civilización industrial causantes de la oposición entre las «fuerzas productivas» y las «fuerzas de la naturaleza», que amenaza con destruirlo todo. Las tres fuerzas que hoy existen sobre el planeta: Naturaleza, ser humano y tecnología, han formado dos bloques antagónicos. La unión de dos de ellas: el ser humano y la tecnología han hecho nacer una economía cuyo metabolismo planetario es la mayor fuerza geológica existente. La tercera es la Naturaleza como fue descrita por Lovelock: una entidad viviente capaz de transformar la atmósfera del planeta para adecuarla a sus necesidades globales, dotada de facultades y poderes que exceden con mucho a los que poseen sus partes constitutivas –Gaia−. ¿Puede entonces hablar el ser humano de soberanía o sólo debe hablar de autonomía?

En el siglo XXI la acción política se desarrollará en un mundo diferente del actual. En este tiempo nuevo convivirán «grandes potencias mundiales, interdependencia globalizada y poderosas redes privadas» con una crisis ecológica y civilizatoria. En este mundo de «cadenas de suministro»: urbano, móvil, saturado de tecnología, además de descifrar «la geopolítica», será necesario no perder de vista «la geoeconomía»: en esta hipereconomía las «megainfraestructuras de conexión (nuevas tuberías, cables, ferrocarriles y canales) y la conectividad digital (que posibilita nuevas formas de comunidad)» salvan las fronteras naturales y atraviesan las fronteras políticas. Importa «menos quien posee (o reclama) el territorio que quien lo utiliza (o administra)». Lo que constituye una reconfiguración del Estado. En un mundo diferente las constituciones deben pasar de ser un instrumento de ordenación interna del sistema de atribución de derechos y distribución del poder, como hasta ahora, a actuar también como un dispositivo de ordenación de las relaciones del ser humano con la Naturaleza dentro de los límites que nos impone el planeta, juntamente con instrumentos internacionales y supranacionales.

Para que esta nueva constitución pueda ver la luz, será necesario incorporar en la Constitución Española de 1978 herramientas de simple geografía –como las biorregiones− que permitan modular desde el poder público la interacción entre demografía, política, ecología y tecnología, junto a los mecanismos de geografía política tradicionales ya recogidos en ella para la defensa de los derechos y la distribución del poder: horizontalmente –Corona, Gobierno, Cortes Generales y Poder Judicial− y verticalmente –Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, u otras formas de distribución que en el futuro se puedan adoptar. La incorporación de las biorregiones a la Constitución Española es una forma de introducir en la política la complejidad y sutilidad de la Naturaleza, de la que el ejercicio del poder no puede ser ajeno. Las biorregiones califican la sostenibilidad ambiental dándole dirección y sentido, además de establecer límites al uso del territorio, de los recursos y a ideas que hasta ahora eran pensadas como absolutas: soberanía, territorio, nacionalismo, supremacía militar, en tanto que la importancia estratégica en el mundo de hoy recae no en el territorio o en la población de los Estados, sino en la «conectividad (física, económica y digital) con los flujos de recursos, capital, datos talento y otros activos» que éstos desarrollen.

El cambio que se ha de operar para gobernar el mundo dentro de la Naturaleza no ha de venir ni de la revolución, ni de la evolución. Es necesaria una metamorfosis. Un cambio de estado. Los seres humanos hemos de admitir el hecho que el Planeta es nuestra patria. Que somos ciudadanos de la Tierra. Y este es un hecho político, no de administración –de recursos−. Realizar este cambio no exige ignorar lo conseguido hasta ahora por el ser humano, pero si requiere saber que este logro sólo es una parte de lo que somos. Dicho de otro modo: la historia humana no es la Historia, sólo es una pequeña parte de la Historia del Planeta. La comprensión de cual es nuestro sitio en planeta es el umbral para la adquisición de una conciencia de especie, que reemplace a la conciencia de clase. Desde esta perspectiva las categorías políticas adquieren otro significado.

Un ejemplo de este cambio del significado categorial lo podemos ver en el Preámbulo de la Constitución. En él se hace mención a la Nación Española, a los pueblos de España, a la cultura, a establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien, a usar nuestra soberanía, a la convivencia democrática, a un orden económico y social justo, a asegurar el imperio de la ley, a asegurar a todos una digna calidad de vida y a establecer una sociedad democrática avanzada. Es evidente, manifiesto y palmario que el antropoceno y los acontecimientos a él ligados –como la crisis climática− han renovado estos conceptos, tanto en el alcance como en el discernimiento que de los mismos teníamos hasta ahora. Esto implica la necesidad de redefinir y adaptar las categorías políticas a la realidad del siglo XXI; e introducir en la Constitución la variable ecológica y la intergeneracional, a través de normas o reglas que delimiten el marco de la actividad humana.

Hemos, por tanto, dejar de vivir replegados en el mundo y comenzar a habitar el planeta. Es ineludible que abordemos y acometamos la preservación del planeta del «entramado de infraestructuras de transporte, de energía y comunicaciones entre todas las personas y los recursos del mundo» antes que el planeta sea destruido. Si las constituciones han de continuar siendo reconocidas como la norma suprema de los Estados, y en particular la Constitución Española, la tarea de protección más importante que tendrán en el siglo XXI ha de ser la conservación del planeta.

El Acuerdo de París: ¿un texto herético?

11 Nov

Sólo nos queda un dios −la crisis climática− ¡y queremos matarlo! Tras el Acuerdo de París la historia del ser humano ya no volverá a ser determinada «desde arriba». Nuestra suerte debería quedar fijada desde abajo, «por la acción infrahumana de las glándulas, genes y átomos». ¿Seremos capaces? Con este acuerdo los seres humanos dicen querer realinear lo real, lo simbólico y lo imaginario; o sea, lo físico, lo político y lo social. La entropía, la sostenibilidad y el crecimiento, sin embargo, testifican en su contra y dan cuenta de la capacidad del ser humano para imponer fantasías escritas sobre la realidad, la crisis climática en este caso. A pesar del éxito diplomático del Acuerdo de París, éste hace concordar los deseos con la realidad sólo porque éstos forzaron a la realidad a hacerlo.

El Acuerdo de París es presentado como un dogma de fe climática. Salvífico. Pero no es el acontecimiento mesiánico que nos librará de la crisis climática que se había anunciado. Es un momento más, como tantos otros, que participa de la lógica histórica capitalista sin interrumpirla. A pesar de las proclamas que contiene, no se hace mención en él a la descarbonización de la economía. En sustitución de ella se habla de «emisiones neutras». Un eufemismo que es un artificio de compensación de las emisiones con procesos de reabsorción de CO2, una apuesta por el uso masivo de sumideros de carbono: reforestación, geoingeniería y almacenamiento de CO2. Una solución técnocrática. El Acuerdo de París evidencia que «el mercado es más fuerte que la moralidad y [piensa que] el poderío de la técnica está muy por encima del de la naturaleza». Véase como las cumbres climáticas son patrocinadas por empresas: la COP23, que se está celebrando en Bonn, por la firma automovilística BMW y la empresa de paquetería y logística DHL, la cumbre de París por la automovilística Nissan y el gigante Ikea, o la de Marrakech por el BNP-Paribas, banco financiador de grandes proyectos de extracción minera. Greenwashing empresarial. El Acuerdo de París, −parafraseando a Antígona− se aparta de la ley ancestral –la de la Naturaleza− para reescribir la ley humana sobre arena con pintura verde. Hemos de continuar trabajando, a pesar de todo, para cambiar las insuficiencias de París. Nos lo jugamos todo.

El cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes del panel de expertos de la ONU no garantiza que no se produzca el escenario de cambio climático que se quiere impedir. Ello se debe a que las conclusiones de sus informes toman como guía el límite de lo indudable. Ellos sólo contienen los cálculos más conservadores de los resultados obtenidos tras un proceso de negociación política sobre los que existe un consenso generalizado, pues los actores políticos intervinientes, preventivamente, rechazan cualquier obligación y evitan el imperativo de actuar que pudiera resultar de los análisis. Pero el acuerdo se vende a los ciudadanos como justo y ambicioso. Como dice la Agencia de Medio Ambiente de la ONU: los compromisos de reducción presentados por los países firmantes son insuficientes para alcanzar el objetivo de no sobrepasar en más de 1,5ºC la temperatura de la época preindustrial. La realidad es destructora y puede ser más destructiva. A pesar de ello, la Cumbre de Bonn, la COP 23, será un compás de espera hasta la de Katowice, en 2018, donde se deberían adoptar medidas concretas en la lucha contra el cambio climático. Seguimos retrasando la adopción de medidas eficaces. Eso significa una transición energética más abrupta.

El texto resultante de la Cumbre de París, en consecuencia, puede ser calificado como herético. Resulta llamativo que un acuerdo que se presenta como un dogma −científico y político−, no sea tal, sino que sea la plasmación de creencias individuales –económicas e ideológicas− fruto de la presión de los intereses económicos sobre el consenso científico más ambicioso. Su resultado es un texto débil y vacuo, que convierte la posibilidad de atajar el cambio climático en una cuestión de fe. La «búsqueda moderna del poder», que es una alianza entre progreso científico y crecimiento económico, ignora la variable ecológica de toda actividad humana.

La postergación de la puesta en marcha de los objetivos que se contempla el Acuerdo de París hasta 2030, incluso a la segunda mitad del siglo XXI,  pasa la patata caliente de reducción de emisiones y de desaceleración del crecimiento a la generación siguiente, mientras los beneficios políticos de parecer que se toman medidas de sostenibilidad medioambiental son cosechados por los actuales gobiernos. El trabajo duro se traspasa a las generaciones futuras.

Para la asociación ecologista Amigos de la Tierra con este acuerdo «se está engañando a la gente.» No existen compromisos de reducción ni calendarios de obligado cumplimiento. ¿Y si no se consiguiera detener el calentamiento global? Los políticos tendrán la excusa del acuerdo intentado y los ingenieros podrán construir Arcas de Noé tecnológicas para la casta superior. Ya existen arcas. La Escuela Internacional de Beijing ha construido una cúpula protectora de la contaminación sobre las pistas de tenis y campos de deportes, para proteger a los hijos de los diplomáticos extranjeros y de la clase alta china. También lo han hecho otras escuelas. ¿Se puede repetir este modelo en caso de un cambio climático fuera de control? ¿Cómo se protegería al resto de la población en ese caso? ¿Acogeríamos a masas de refugiados? ¿Es el Acuerdo de París la coartada para la fabricación de esas Arcas de Noé para superricos? ¿Es 2050 la fecha límite en la cuál deberían estar construidas las Arcas, como nos contó, en la ficción, la película ‘2012’? El panel de expertos de la ONU señala que en este momento la temperatura media mundial ya ha sobrepasado en 0,9ºC la temperatura preindustrial. Aunque expertos como Ed Hawkins, del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Reino Unido, dicen que ya habríamos superado el temido umbral de los 1,5ºC, que establece el acuerdo sobre cambio climático de París.

El Acuerdo de París es una bula que purifica y limpia el capitalismo. En coherencia no contempla la imposición de pena de excomunión para la negación o las desviaciones del dogma climático. Subraya el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que si se cumplieran los compromisos voluntarios que se anunciaron por más de 180 países para reducir las emisiones en la capital francesa, solo se lograría un tercio de los recortes necesarios para estabilizar el clima. La comunidad científica nos reitera que eso significaría que el aumento de  las temperaturas sería de entre 3 y 4 grados. «Todo el mundo sabe que es necesario avanzar más, pero nadie dará el paso formal hasta que haya un documento que lo pida de forma explícita».

Creer que para superar la crisis climática es posible no establecer una estrategia de reconstrucción social, que no politice los conceptos ideológicos y/o teóricos  que han generado y legitimado las acciones y procesos que han dado lugar al cambio climático, es una blasfemia que aproxima a una solución tecnocrática. Concierne a la sociedad asegurar que las promesas del Acuerdo de París se cumplen. Y le toca  reclamar el fortalecimiento de las acciones nacionales. Una muestra de acciones de ese tipo es la incorporación a las Constituciones nacionales del objetivo climático que establece el Acuerdo de París, a fin de dotar de vinculación jurídica a los acuerdos de reducción de emisiones de los países firmantes, que ahora son una mera declaración de intenciones. ¿O es que la apuesta es por una solución autoritaria?

Y como apostasía puede ser calificada la decisión del Presidente de los EE.UU. de apartar a dicho país del Acuerdo de París. ¿Quién va a cubrir su cuota de reducción? Con el acuerdo climático las posiciones oscilan entre la apostasía y la blasfemia. Fluctúan entre la negación del dogma climático y la ofensa contra la majestad de la Naturaleza, al desplegar una solución simbólica que no interrumpe el presente de barbarie económica que imponemos al medio ambiente. Con él no se ha restaurado la sacralidad del hombre ni de la Naturaleza, sólo se han santificado sus cuerpos para continuar la explotación.

Como bien dice el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: «nos enfrentamos a una dura elección, nuestra ambición o sufrir las consecuencias». ¿Puede el demos, en este caso, elegir por mayoría seguir en la vía de la inacción y del consumo insostenible y obligar a quienes no han optado por ella a las consecuencias de un cambio climático sin control? ¿Podemos condenar a las generaciones futuras a una distopía? ¿Tiene la democracia un límite en este caso?