La única política (económica) posiblee

15 Abr

Desde la década de los noventa del siglo pasado el mantra más repetido −para imponer políticas económicas cuyo objetivo era detraer rentas de la clase trabajadora para entregarlas a los más fuertes económicamente− ha sido que dicha política es la única política (económica) posible. Esta política económica empobrecedora, así como la extracción insostenible de todo tipo de recursos han alcanzado su límite social y ecológico. Ecológicamente lo está indicando el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales ocasionado. Socialmente lo confirma el empobrecimiento de la clase media y la pauperización de la clase trabajadora. Podemos repetir hoy, por tanto, pero por los motivos opuestos, que la única política (económica) posible es la que respeta los límites que impone el planeta a la extracción y consumo de recursos no renovables y la capacidad de absorción de la contaminación. Y la que es justa socialmente.

Para entender el actual panorama socio-político no podemos olvidar la influencia del agotamiento de recursos en el giro de la economía a la finaciarización y hacia las industrias tecnológicas. El presente es confuso, no un tiempo de certezas. Y el futuro no se percibe mejor que el pasado. Y esta confusión tiene anclada a la gente a un «posibilismo resignado» y falto de horizonte, en el que el peso del día a día impide «mirar más allá de lo inmediato». Circunstancia ésta última que explica el giro pesimista, nostálgico y reaccionario de la clase media antaño progresista.

Sabemos que mañana podemos no estar aquí. Pero este axioma ya no puede ser considerado solo desde la propia óptica vital. La crisis ecológica ha convertido esta posibilidad individual en una probabilidad colectiva si no actuamos ya. Si queremos recuperar el control sobre nuestro futuro, la única política posible es la que tiene como eje la sostenibilidad. La que se nos ha vendido como la única política (económica) posible: consumo, bajada de impuestos, recortes sociales, enriquecimiento del 1%, menos democracia, es mentira por insostenible social y ecológicamente. Es urgente, por tanto, que la sociedad abrace el cambio a lo verde: que abarca no solo la sostenibilidad, si no también la igualdad de las mujeres y los hombres en la sociedad, en los cuidados y en la reproducción de la vida biológica. Hoy, además, con urgencia.

Las consecuencias negativas que está imponiendo el cambio climático en nuestras vidas, hace que debamos formularnos muchas preguntas y reformularlo todo. Si queremos que mañana el presente vuelva a ser mejor que el pasado, si queremos dejar atrás la incertidumbre y recuperar la confianza, hemos de instaurar una nueva organización y un nuevo reparto del poder, la influencia y los recursos. En oleadas sucesivas debemos cambiar urgentemente las estructuras económicas actuales y las ideas políticas. Reformar e innovar los elementos culturales de la sociedad actual: defender la igualdad de mujeres y hombres; exigir más democracia; redefinir los sentimientos de pertenencia a la nación; y favorecer una familia no patrialcal. Y subrayar, como elemento de convicción, la estabilidad y la seguridad de esta nueva dinámica política, frente a la inestabilidad de la actual dinámica solo favorable para las clases dominantes.

O abrazamos el cambio o nos abrazamos a un pasado obsoleto. El mundo que está apareciendo no va a ser una continuación del que hoy tenemos –ecológica, tecnológica y socialmente−, sino uno completamente distinto. Hoy el pasado no es solo lo pretérito, es también la visión que solo contempla el presente. No podemos conformarnos solo con resolver a la urgencia o a la necesidad del día a día del ciudadano común, del gestor y/o del político. De lo inmediato. Porque entonces los acontecimientos nos sobrepasarán. Hemos de mirar más allá, a pesar de las dificultades. Hoy tenemos la opción de mirar al futuro, perspectiva que ha de tener como primera tarea la recuperación de la ilusión. Además de evitar un cambio climático descontrolado y una sociedad partida por la desigualdad que arroje a la pobreza a grandes partes de ella. En líneas muy genéricas esta visión del futuro se debe traducir en el abandono del enfoque mundo y el abrazo de la perspectiva planeta. En dejar de pensar y actuar desde perspectivas de clase o nación, para hacerlo desde la perspectiva de especie y de planeta, dentro de las cuales aquéllas habrán de insertase. Porque a pesar de las arengas, peroratas y discursos de los salvapatrias reaccionarios y los populistas, no tenemos más patria que el planeta.

La cuestión es: que sostenibilidad y como llegamos a ella. Pero, ¿y si la mayoría social aceptara continuar en el consumismo nihilista y en el entretenimiento banal y no hacer nada o no hacer lo suficiente para evitar las consecuencias del cambio climático –situación en la que aún nos encontramos, como ponen de manifiesto los científicos y los jóvenes con sus manifestaciones−?: ¿sería legítima dicha decisión?; ¿deberían los gobernantes elegidos por el pueblo continuar aplicando un programa de gobierno que conduce al desastre o deberían éstos gobernar en nombre de la justicia social, la igualdad y la equidad entre generaciones y aplicar un programa que contribuyera de manera real a la lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica?; ¿tendría la minoría del presente derecho a rebelarse contra la decisión de la mayoría que la condena?; ¿puede una mayoría de ciudadanos del presente perjudicar los derechos, medios, posibilidades y modo de vida de los ciudadanos del futuro?

Lo inevitable es posible. Es urgente. Es ineludible. Hoy solo es factible abrazar el cambio, nunca conservar el pasado obsoleto. Y no solo hemos sumarnos al cambio, sino liderarlo desde la democracia y sobre premisas de sostenibilidad, igualdad y equidad. O eso u otros nos impondrán su cambio.

España como Estado biorregional

17 Jun

España como Estado biorregional es un análisis de dos realidades distintas y distantes como la cuestión nacional y la crisis climática, que ensaya una ordenación diferente de las cosas. El objetivo del mismo es aportar plasticidad, movilidad e inducir una metamorfosis conceptual en este asunto; abrir el debate y crear un estado de reflexión más allá de las ideas preexistentes sobre la cuestión. Para ello se plantean vínculos desde la afinidad y la conciencia de especie. Y este post es un extracto corto del mismo.

El trabajo se divide en cuatro partes. La primera analiza dos realidades aparentemente inconexas —la cuestión nacional y la crisis climática— desde la observación de las relaciones que se dan entre clima y nación, que contiene además una propuesta de sustitución categorial. La segunda realiza una relectura ambiental de la historia política desde la década de 1950 en adelante. La tercera es una justificación general del biorregionalismo y señala su objetivo político. Y la cuarta parte propone la incorporación de un acontecimiento y de un hecho biofísico al texto de la Constitución, como son: el cambio climático y las biorregiones.

Palabras como patria, soberanía, estado, nación, patriarcado, planeta, biorregión, biodiversidad, son el espacio donde se residencia el conflicto entre clima y nación. Pero a pesar de la urgencia política con que se manifiesta, la cuestión nacional no es ni debería ser una prioridad. Si España es una sola nación, una nación de naciones o una parte del territorio quiere independizarse, es una controversia lateral que silencia de la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta e impide captar la urgencia de la misma, al eclipsarla del debate político.

El asunto que debe concernirnos de forma prioritaria —puesto que no tenemos otro planeta de recambio— es, por tanto, la crisis climática: ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal o una organización biorregional?

                                     

                                                                  Mapa eleborado por la Red Ibércia de Permacultura

En este contexto resulta ineludible establecer una conexión entre democracia y planeta, dos cuestiones incomunicadas hasta ahora. Lo que era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto: objeto de decisiones, objeto político, objeto de debate, objeto central de la democracia. Surge así un nuevo sujeto colectivo de derechos: la especie, junto a la nación o la clase social, adecuado al nuevo contexto planetario de crisis civilizatoria (climática y de recursos), que exige una respuesta política dirigida a establecer derechos y deberes planetarios y nuevos paradigmas de organización social.

La vinculación entre planeta y democracia la encarna la nueva forma de organización político-social: la biorregional. El modelo biorregional es pues una mirada a «una vida humana y una política», no estatal y no jurídica, inspirada en criterios biocéntricos y de sostenibilidad a largo plazo, útil para definir comarcas naturales –que comprenden comunidades humanas, animales y vegetales– pensadas como unidades políticas. Su paradigma es una guía válida para organizar la vida de una comunidad de acuerdo con sus sistemas naturales; sus estructuras de intercambio, tanto interiores como exteriores; sus propias necesidades como comunidad; y sus propios sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo.

España, es un país extremadamente vulnerable al cambio climático, al tener una economía que depende en gran medida de sectores estratégicos ligados a la Naturaleza y a la salud de los ecosistemas como: el turismo, la agricultura, ganadería y pesca, y gran parte de su población se encuentra en zonas de riesgo por olas de calor. En este contexto la acción climática del Estado es una cuestión de supervivencia. Tirando de historia cabría decir que si la invasión napoleónica hizo primar el interés nacional sobre el regional, el cambio climático debería establecer la primacía contraria: el interés biorregional sobre el nacional.

¿Hacia dónde nos partiremos? Lo desconozco. Pero lo cierto es que deberíamos poner rumbo a un nuevo proyecto civilizatorio, que reinvente la democracia hoy falseada, prostituida y convertida en ritual vacío y sustituya la sobreexplotación del planeta en beneficio de las multinacionales globalizadas, por reciprocidad, cooperación y sustentabilidad a favor de todos, único destino posible si queremos un futuro distinto al de la barbarie. Como dice Agamben, la vida y la muerte, no debemos olvidar, no son conceptos propiamente científicos, sino políticos, que en cuanto tales, solo adquieren un significado preciso por medio de una decisión.

Para leer el trabajo completo pincha aquí

La Catalunya fake

13 May

El discurso del candidato a la presidencia de la Generalitat —identitario y nacionalista, con tintes supremacistas— pidiendo el voto para un gobierno provisional y un Presidente de paja, instalado en el simbolismo de una República imposible, alejado de los principales problemas de los ciudadanos, mantiene a Cataluña en un tiempo fake. Sostiene este discurso una controversia lateral que silencia e invisibiliza otra primera urgente y trascendente: la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta, la cual no debe ser usada como pretexto para no pensar una reformulación del modelo civilizatorio.

Teniendo importancia esta cuestión, tiene la que realmente se le puede dar ante la realidad incuestionable del cambio climático. Es una cuestión de prioridades. Y aunque las prioridades pueden ser distintas en los diferentes actores políticos, la crisis climática debe concernirnos de manera prioritaria al no existir un planeta de recambio. Hemos de interrogarnos, pues, sin dilación, sobre ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal, una organización biorregional o un estado independiente?

En Cataluña no se está luchando contra el cambio climático, ni se están queriendo ver los riesgos que éste conlleva. En el resto de España tampoco. Por eso para hablar de vida como pedía el candidato a la Presidencia de la Generalitat, es urgente afrontar la crisis climática. Esta si es una situación real de excepción, que sino la remediamos no nos permitirá hablar de nada en Cataluña, ni en España. El ciclo en el que estamos no es solo político: autonomista o republicano como afirman algunos grupos en el Parlament, sino climático y de cambio civilizatorio. De supervivencia. En este contexto no tiene sentido crear diferencias identitarias y continuar usando el mapamundi para establecer fronteras donde antes no las había. Hoy el nuevo mapa es el planeta, no el territorio. Guste o no guste es así.

La solución biorregional como modelo de organización territorial no es un mero ejercicio teórico de la teoría política verde, sino un modelo que puede dar respuesta a muchas reivindicaciones que desde Cataluña se están reclamando para su autogobierno. Es una mirada a «una vida humana y una política» no estatal y no jurídica que reivindican la mayoría parlamentaria independentista y otros grupos de la Cámara. A la vez es una palanca de resistencia frente una mundialización desigual y una globalización uniformadora, que no establece barreras, pero ordena límites: limita los intercambios a aquellos que resulten posibles dentro del territorio y del planeta y no trata de imponer un molde económico, cultural y político desde el Estado, la clase o el género dominante.

La biorregión es un marco que se puede armar dentro del Estado de acuerdo con las características singulares que definen a cada biorregión social, política, climática, hídrica y geológicamente, con respeto a sus sistemas naturales, sus estructuras de intercambio interiores y exteriores, sus propias necesidades como comunidad, sus sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo, sus ritmos propios. Y, todo ello, con observancia del significado profundo que tienen para la gente que vive en cada una de ellas. Ya que el 48% de los catalanes que vota independentista no es independentista, estas pautas pueden constituir un punto de partida sobre las que llegar a construir un consenso transversal o al menos mayoritario en el Parlament de Catalunya sobre la organización institucional del autogobierno.

Continuar un discurso fake que no solo abusa de las palabras, que se empeña en el ilusionismo de un proceso constituyente para construir un estado independiente en forma de República, desde una unilateralidad quiebra la legalidad constituida y que no goza del apoyo de la mayoría de ciudadanos catalanes, adrezado con campañas de señalamiento y declaraciones contra los «malos catalanes», se hace irrazonable en cualquier contexto político, pero aún más en el contexto climático cada día más adverso en que vivimos, en el que el calor y la escasez de agua ya están presentes en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este discurso mentiroso solo es el símbolo de la pugna entre las derechas españolas para asegurarse un mercado propio, en la lucha por la financiarización de todo lo que la Naturaleza brinda. Batalla en la que el control físico del territorio es una prioridad estratégica.

La resolución del contencioso no requiere, por tanto, derruirlo todo y volver a construirlo todo nuevamente, como sería del gusto de los independentistas. Solo basta con mover un palmo el foco para salir del bucle. Abordar la cuestión nacional e identitaria desde una perspectiva diferente. La solución, o al menos una de las posibles, es buscar vínculos que nos anclen al planeta y no al mundo (territorio) como hasta ahora. Ese vínculo es el de la afinidad, más amplio que la identidad y no excluyente. La afinidad aporta sentido y dirección a los diferentes sentimientos de pertenencia, sin limitar ni coartar la mezcla entre ellos. No es una camiseta como la identidad. Es una «matriz estructural» de lo que es común a los seres humanos: la pertenencia a un mismo planeta y a una misma especie biológica, por encima de los yoes histórica y socialmente creados: la nación, la clase, el género o la relación con el mercado y el consumo de bienes y servicios.

Así concebida la cuestión ésta no queda reducida a la terra patria (a la tierra paterna), sino que se amplía al planeta terra. En la era de la crisis climática es necesario crear junto a la conexión entre sociedad y democracia, otra entre planeta y democracia. Lo que hasta ahora era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto de decisiones, objeto político, objeto central de la democracia. Y quizás deba ser también sujeto. La terra patria es así el planeta terra, la tierra de todos y para todos. Esta conjunción entre planeta y democracia se materializa institucionalmente en la biorregión.

La lengua, la historia o la cultura ya no definen en la práctica la cuestión nacional, desde ahora ya es determinada por la cuestión climática. Los cálculos más optimistas calculan ciento cuarenta millones de migrantes climáticos en los próximos treinta años, cifra que se irá incrementando a medida que el cambio climático se haga más profundo. El sujeto biológico (la especie) se hace sujeto político. La Nación da paso así a la Nación planetaria: la comunidad formada por todos los seres humanos; asociada a un territorio: el planeta; que tiene una cultura compartida: las leyes de la Naturaleza; que comparte cierto grado de solidaridad, manifestada en la existencia de los servicios ambientales y el necesario cuidado de los mismos; y que comparte cierto grado de memoria histórica, a través de la información de experiencias de miedo y estrés transmitidas en el ADN, la memoria de nuestros antepasados.

Esta manera de afrontar la cuestión nacional, acorde con el cambio epocal en el que nos encontramos, se interroga «por lo que somos», por delante de por quiénes somos. La pertenencia adquiere así diferente significado y evidencia la disfuncionalidad actual de la vieja receta de soberanía e identidad. La iniciativa está sobre la mesa. ¿Se atreverá alguien a abanderarla? No lo sé, pero Facebook ha escogido Barcelona para instalar un centro de control de ‘fake news’.

El Acuerdo de París: ¿un texto herético?

11 Nov

Sólo nos queda un dios −la crisis climática− ¡y queremos matarlo! Tras el Acuerdo de París la historia del ser humano ya no volverá a ser determinada «desde arriba». Nuestra suerte debería quedar fijada desde abajo, «por la acción infrahumana de las glándulas, genes y átomos». ¿Seremos capaces? Con este acuerdo los seres humanos dicen querer realinear lo real, lo simbólico y lo imaginario; o sea, lo físico, lo político y lo social. La entropía, la sostenibilidad y el crecimiento, sin embargo, testifican en su contra y dan cuenta de la capacidad del ser humano para imponer fantasías escritas sobre la realidad, la crisis climática en este caso. A pesar del éxito diplomático del Acuerdo de París, éste hace concordar los deseos con la realidad sólo porque éstos forzaron a la realidad a hacerlo.

El Acuerdo de París es presentado como un dogma de fe climática. Salvífico. Pero no es el acontecimiento mesiánico que nos librará de la crisis climática que se había anunciado. Es un momento más, como tantos otros, que participa de la lógica histórica capitalista sin interrumpirla. A pesar de las proclamas que contiene, no se hace mención en él a la descarbonización de la economía. En sustitución de ella se habla de «emisiones neutras». Un eufemismo que es un artificio de compensación de las emisiones con procesos de reabsorción de CO2, una apuesta por el uso masivo de sumideros de carbono: reforestación, geoingeniería y almacenamiento de CO2. Una solución técnocrática. El Acuerdo de París evidencia que «el mercado es más fuerte que la moralidad y [piensa que] el poderío de la técnica está muy por encima del de la naturaleza». Véase como las cumbres climáticas son patrocinadas por empresas: la COP23, que se está celebrando en Bonn, por la firma automovilística BMW y la empresa de paquetería y logística DHL, la cumbre de París por la automovilística Nissan y el gigante Ikea, o la de Marrakech por el BNP-Paribas, banco financiador de grandes proyectos de extracción minera. Greenwashing empresarial. El Acuerdo de París, −parafraseando a Antígona− se aparta de la ley ancestral –la de la Naturaleza− para reescribir la ley humana sobre arena con pintura verde. Hemos de continuar trabajando, a pesar de todo, para cambiar las insuficiencias de París. Nos lo jugamos todo.

El cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes del panel de expertos de la ONU no garantiza que no se produzca el escenario de cambio climático que se quiere impedir. Ello se debe a que las conclusiones de sus informes toman como guía el límite de lo indudable. Ellos sólo contienen los cálculos más conservadores de los resultados obtenidos tras un proceso de negociación política sobre los que existe un consenso generalizado, pues los actores políticos intervinientes, preventivamente, rechazan cualquier obligación y evitan el imperativo de actuar que pudiera resultar de los análisis. Pero el acuerdo se vende a los ciudadanos como justo y ambicioso. Como dice la Agencia de Medio Ambiente de la ONU: los compromisos de reducción presentados por los países firmantes son insuficientes para alcanzar el objetivo de no sobrepasar en más de 1,5ºC la temperatura de la época preindustrial. La realidad es destructora y puede ser más destructiva. A pesar de ello, la Cumbre de Bonn, la COP 23, será un compás de espera hasta la de Katowice, en 2018, donde se deberían adoptar medidas concretas en la lucha contra el cambio climático. Seguimos retrasando la adopción de medidas eficaces. Eso significa una transición energética más abrupta.

El texto resultante de la Cumbre de París, en consecuencia, puede ser calificado como herético. Resulta llamativo que un acuerdo que se presenta como un dogma −científico y político−, no sea tal, sino que sea la plasmación de creencias individuales –económicas e ideológicas− fruto de la presión de los intereses económicos sobre el consenso científico más ambicioso. Su resultado es un texto débil y vacuo, que convierte la posibilidad de atajar el cambio climático en una cuestión de fe. La «búsqueda moderna del poder», que es una alianza entre progreso científico y crecimiento económico, ignora la variable ecológica de toda actividad humana.

La postergación de la puesta en marcha de los objetivos que se contempla el Acuerdo de París hasta 2030, incluso a la segunda mitad del siglo XXI,  pasa la patata caliente de reducción de emisiones y de desaceleración del crecimiento a la generación siguiente, mientras los beneficios políticos de parecer que se toman medidas de sostenibilidad medioambiental son cosechados por los actuales gobiernos. El trabajo duro se traspasa a las generaciones futuras.

Para la asociación ecologista Amigos de la Tierra con este acuerdo «se está engañando a la gente.» No existen compromisos de reducción ni calendarios de obligado cumplimiento. ¿Y si no se consiguiera detener el calentamiento global? Los políticos tendrán la excusa del acuerdo intentado y los ingenieros podrán construir Arcas de Noé tecnológicas para la casta superior. Ya existen arcas. La Escuela Internacional de Beijing ha construido una cúpula protectora de la contaminación sobre las pistas de tenis y campos de deportes, para proteger a los hijos de los diplomáticos extranjeros y de la clase alta china. También lo han hecho otras escuelas. ¿Se puede repetir este modelo en caso de un cambio climático fuera de control? ¿Cómo se protegería al resto de la población en ese caso? ¿Acogeríamos a masas de refugiados? ¿Es el Acuerdo de París la coartada para la fabricación de esas Arcas de Noé para superricos? ¿Es 2050 la fecha límite en la cuál deberían estar construidas las Arcas, como nos contó, en la ficción, la película ‘2012’? El panel de expertos de la ONU señala que en este momento la temperatura media mundial ya ha sobrepasado en 0,9ºC la temperatura preindustrial. Aunque expertos como Ed Hawkins, del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Reino Unido, dicen que ya habríamos superado el temido umbral de los 1,5ºC, que establece el acuerdo sobre cambio climático de París.

El Acuerdo de París es una bula que purifica y limpia el capitalismo. En coherencia no contempla la imposición de pena de excomunión para la negación o las desviaciones del dogma climático. Subraya el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que si se cumplieran los compromisos voluntarios que se anunciaron por más de 180 países para reducir las emisiones en la capital francesa, solo se lograría un tercio de los recortes necesarios para estabilizar el clima. La comunidad científica nos reitera que eso significaría que el aumento de  las temperaturas sería de entre 3 y 4 grados. «Todo el mundo sabe que es necesario avanzar más, pero nadie dará el paso formal hasta que haya un documento que lo pida de forma explícita».

Creer que para superar la crisis climática es posible no establecer una estrategia de reconstrucción social, que no politice los conceptos ideológicos y/o teóricos  que han generado y legitimado las acciones y procesos que han dado lugar al cambio climático, es una blasfemia que aproxima a una solución tecnocrática. Concierne a la sociedad asegurar que las promesas del Acuerdo de París se cumplen. Y le toca  reclamar el fortalecimiento de las acciones nacionales. Una muestra de acciones de ese tipo es la incorporación a las Constituciones nacionales del objetivo climático que establece el Acuerdo de París, a fin de dotar de vinculación jurídica a los acuerdos de reducción de emisiones de los países firmantes, que ahora son una mera declaración de intenciones. ¿O es que la apuesta es por una solución autoritaria?

Y como apostasía puede ser calificada la decisión del Presidente de los EE.UU. de apartar a dicho país del Acuerdo de París. ¿Quién va a cubrir su cuota de reducción? Con el acuerdo climático las posiciones oscilan entre la apostasía y la blasfemia. Fluctúan entre la negación del dogma climático y la ofensa contra la majestad de la Naturaleza, al desplegar una solución simbólica que no interrumpe el presente de barbarie económica que imponemos al medio ambiente. Con él no se ha restaurado la sacralidad del hombre ni de la Naturaleza, sólo se han santificado sus cuerpos para continuar la explotación.

Como bien dice el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: «nos enfrentamos a una dura elección, nuestra ambición o sufrir las consecuencias». ¿Puede el demos, en este caso, elegir por mayoría seguir en la vía de la inacción y del consumo insostenible y obligar a quienes no han optado por ella a las consecuencias de un cambio climático sin control? ¿Podemos condenar a las generaciones futuras a una distopía? ¿Tiene la democracia un límite en este caso?

Poder y soberanía en Cataluña

1 Oct

«Un poder superior es aquél que configura el futuro del otro, y no aquel que lo bloquea. (…) Sin hacer  ningún ejercicio de poder, el soberano toma sitio en el alma del otro», dice Buyng-Chul Han. A esta descripción de la lógica del poder se ajusta en gran medida la actuación del Govern de la Generalitat. Consigue de esta manera neutralizar la voluntad de acción de aquellos que no son partidarios de la independencia y muestra que quiere ampliar la libertad. Con ello está motivando a la acción a sus partidarios. Y está claro que el Govern, a diferencia del Gobierno del Estado, está siguiendo los consejos que Maquiavelo dio al Príncipe de aunar libertad, astucia y razón, como método político para neutralizar los condicionamientos y alcanzar los objetivos. En este artículo examinaré las lógicas y los significados que tienen algunos de los actos que está realizando tanto el Gobierno del Estado como el Govern de la Generalitat.

Comenzaré analizando algunas intervenciones del Gobierno del PP. En una de ellas el Presidente Rajoy pidió a los dirigentes catalanes que reflexionaran y volvieran «a la racionalidad y a la legalidad». En otra advirtió al President de la Generalitat que nada bueno se podía producir con su actuación. Estas intrusiones nos transportan al pasaje bíblico del proceso de Jesús de Nazaret en el que Pilato le dice: «¿No sabes que puedo liberarte o hacer que te crucifiquen?» (Mt 27,17). Este pasaje refleja con toda exactitud el concepto del derecho a decidir que reconoce el Gobierno. Con estas intervenciones el Presidente no está proyectando la fortaleza del poder del Estado, sólo trasluce su debilidad. Estas advertencias junto a la admonición que el Ministro del Interior hizo al President de la Generalitat en la Junta de Seguridad muestran la voluntad de vencer, pero además son la notificación oficial, pública y personal de un posible empleo de la fuerza de continuar por el camino emprendido. A esta forma de notificación el Derecho le reconoce el efecto de dejar constancia −escrita y firmada− del requerimiento efectuado al destinatario y de su recepción por el mismo.

El Presidente del Gobierno, persistiendo en su autismo político, llamó a los catalanes, días después, a no aceptar formar parte de las mesas electorales. Esta exhortación −prosiguiendo con la alegoría del proceso a Jesús de Nazaret− equivale al lavado de manos de Pilato que relata la Biblia (Mt 27,24). Es un yo lo avisé, allá ustedes. Es la hipócrita escrupulosidad con la que Rajoy y el PP creen purificarse ante un eventual recurso a la fuerza. Pero estas palabras no se pueden desligar de la pasividad que ha mostrado el Gobierno del PP respecto a Cataluña durante años. Y la respuesta dada por el President Puigdemont a las advertencias de que el referéndum no se celebrará, ha sido como la que la multitud/pueblo dio a Pilato tras eximirse éste de la responsabilidad por la muerte de Jesús: «¡Nosotros y nuestros hijos cargaremos con su muerte!» (Mt 27,25). Esa respuesta es un aquí estamos los catalanes.

El segundo de los hechos que quiero analizar es el uso que el Govern de la Generalitat ha realizado de la movilización de la gente: ocupación de espacios públicos, −como los colegios o las plazas−; las colas que han pedido que se formen desde temprano el 1-O –a cuya visualización contribuye la reducción del número de colegios electorales, al margen que se pueda votar o no−; las manifestaciones; la convocatoria de huelga general. Es un uso elaborado e inteligente. En todas ellas existe un elemento común: la aclamación, en forma de cántico de lemas, levantamiento de manos, aplausos. Estas expresiones tienen una importancia más allá del simple gesto. En el Imperio Romano en los comicios electorales la aclamación podía sustituir a las votaciones de los individuos. Y Rousseau decía que la aclamación, el grito de aprobación o rechazo de la masa reunida, era la verdadera democracia.

Esta es la importancia que tiene la movilización promovida desde el Govern. Si la votación finalmente no se puede realizar con normalidad 1-O el significado simbólico de la aclamación tendrá sentido político. Y sus promotores podrán reclamarlo y hacerlo valer. Carl Schmitt decía que la aclamación era «la expresión pura e inmediata del pueblo como poder democrático constituyente.» Le otorgaba una función constitutiva, que puede ser usada como fuente de voluntad constituyente. Es sobre ella que los partidarios de la independencia, en última instancia, pretenden alumbrar la nueva República de Cataluña. De ahí la apelación continuada del Govern a la necesidad de una presencia masiva de gente en las calles el día de la votación y a la movilización que se están pidiendo y a la que se anima desde las asociaciones independentistas. Igual sentido tiene la huelga general convocada a partir del 2-O por las asociaciones independentistas. Quiero pensar que es este, y no la pura coerción de la ley, el motivo que tiene el Gobierno del Estado para impedir a toda costa la votación el 1-O.

El conflicto catalán contrapone dos mundos: «el de los hechos y el de las verdades», que se enfrentan de manera inmediata y, no se si también, de modo inconciliable: el de la nueva realidad catalana creada y el de la verdad eterna de la «Nación». En él se mezcla también lo «humano y lo divino». El pacto que la Independencia ofrece es «Yo te libraré y tú me glorificas». A partir de este momento la pregunta que Pilato hizo a Jesús: ¿No hay ninguna verdad sobre la Tierra?, cada uno deberá responderla, objetarla o rebatirla. ¿Continuaremos en la conllevancia, inauguraremos un nuevo pacto para todos o emprenderemos caminos separados?

Soberanía y democracia en Cataluña

26 Sep

«Una cabeza, un voto», que es un principio esencial de la democracia, está en conflicto con «una mentira, un voto» y también entra en colisión con «un show, un voto», dice Paolo Flores d’Arcais en «Democracia». La campaña por la independencia de Cataluña está sustentada en mentiras: no se trata de independencia, sino de democracia; Cataluña no saldrá de la Unión Europea; derecho a decidir; volem votar. Casi todos los actores han montado su propio show. Si el 61% de los catalanes no otorga validez a la consulta, ¿es democracia el referéndum del 1-O?

La argumentación lógica sobre la que se apoya la soberanía del ciudadano, es un deber recíproco de todos para con todos. Cuando ésta es sustituida por la mentira, dejamos en el camino parte de la dignidad que nos caracteriza como personas. Si la verdad no domina la vida pública se niega a los ciudadanos la posibilidad de formarse una opinión autónoma y de efectuar una elección libre. La mentira en política es, de por sí, una «usurpación de soberanía». La campaña en favor de la independencia de Cataluña está plagada de falsedades y presenta una paradoja: se roba a los ciudadanos soberanía de elección para que decidan sobre su soberanía política. La democracia se ha convertido en Cataluña en una ficción con un guión que dice que ésta está movilizada: votaciones sin garantías, manifestaciones, escraches a instituciones, a partidos políticos contrarios a la independencia, cierre del Parlament. Esta es la nueva liturgia.

Cataluña no saldrá de Europa tras la independencia dicen, a pesar de los desmentidos realizados por las autoridades de la Unión Europea. Esta mentira es repetida de manera incansable. Es un mantra que se presenta como una opinión, sustentada en la creencia subjetiva que finalmente esta circunstancia no se producirá. La mentira  es convertida en una opinión lícita y defendible. Y el hecho incuestionable: Cataluña no sería miembro de la Unión Europea en caso de independencia, queda degradado a mera opinión. La dicotomía verdadero/falso desaparece del debate público y es sustituida por un enfrentamiento entre opiniones simuladamente verdaderas. La falsa información ennoblecida en opinión se hace pasar por sentido común. ¿Cui prodest, a quién aprovecha?

Cuando en una elección —política o refrendaria— la verdad es falseada, sustituida y endulzada por un continuum de hechos verdaderos, simulación narrativa y efectos publicitarios, el principio «una cabeza, un voto» es sustituido por la posverdad: verdad alternativa o mentira emotiva repetida sin complejo en la que  los hechos son ignorados. En ésta la regla es: «una falacia, un voto». El uso obsceno, impúdico, deshonesto, de la palabra −la demagogia posverdadera−, reemplaza la voluntad de los ciudadanos por la voluntad de los demagogos. En estas circunstancias el ciudadano no decide, porque otros ya lo han hecho por él. Él sólo cree, aplaude, combate. Es una masa maleable y moldeable. Y el debate público se convierte en una prueba de pulsiones, emociones y malestares. El voto así no expresa voluntades autónomas, sino que es una simple herramienta de contable para que cuadre el balance que se quiere presentar. Es la amputación del voto. Se trata de vencer no de con-vencer. Mientras tanto unos siguen exaltando la bandera, la patria y la Constitución, a través de las juras de bandera para civiles, como la del fin de semana pasado en Girona, o la que se ha pedido hacer en Madrid. Otros juegan a llamar a la huelga general tras el referéndum. Y otros ponen sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Cada uno a lo suyo que el interés general es de todos.

En este escenario hablar de presos políticos, de fuerzas de ocupación, de medidas represoras o de intervención encubierta de la Generalitat, como hace cierta izquierda, en vez de fiscalizar la actuación del Gobierno ante cualquier exceso y exigir al Govern de la Generalitat la vuelta a la legalidad, es olvidar o desconocer que la ley es expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y se quiera o no, con esta posición se debilita la capacidad del Estado para defenderse frente ataques ilegales.

Esta posición de la izquierda la ha llevado a renunciar a su coherencia democrática, sin darse cuenta que con ella abandona su compromiso de «devolver a los ciudadanos su fragmento de soberanía y la certeza de la legalidad». Olvida también las palabras que pronunció en el Parlamento de Cataluña ante el atropello que constituyó la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad. Ella que debería ser, y ser reconocida, como el «guardián intratable de la democracia», remplaza el respeto por la verdad de los hechos, el no consentimiento de la desigualdad ante la ley que significa la ruptura de la legalidad y la argumentación lógica en el debate, por la mentira. ¿Cálculo interesado o miopía? En cualquier caso se trata de una oportunidad perdida para virar hacia una «democracia tomada en serio».

La crisis catalana está poniendo de manifiesto, hoy más que nunca, que la democracia corre el riesgo de no significar ya nada en España. ¿Quién defiende la democracia?

Soberanía y ley en Cataluña

24 Sep

A la vista de los acontecimientos de Cataluña, no podemos más que reivindicar el pensamiento de Montaigne, quien decía que «las leyes mantienen su crédito no porque sean justas sino porque son leyes». Y decía a este respecto otro francés universal, Derrida, que las leyes «no se obedecen porque sean justas sino porque tienen autoridad». El Estado sabe que en Cataluña su autoridad es menguante. La prueba de ello es el envío de 6.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles de refuerzo o el adelantamiento por la Mesa del Congreso de los Diputados de la creación de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Modelo Territorial que estaba prevista para la próxima semana. Y el independentismo sabe que su autoridad —social, política y moral— crece. En esa estamos. En la pugna de soberanías, leyes y violencias. Unos reclaman democracia otros la autoridad de la ley. Si en el artículo anterior analizaba la realidad catalana desde la realidad nacida de las leyes de referéndum y transitoriedad, en este la analizaré desde el interior del orden constituido.

El deseo de justicia ha desbordado la ley en Cataluña. Es dentro de la justicia donde se está produciendo el choque. Para unos es la aplicación de la ley. Y la no aplicabilidad de la ley da como resultado una justicia sin fuerza. Y una justicia impotente no es justicia. Para otros la justicia es democracia, poder decidir. Poder decir. Pero este decir no puede ser expresado de cualquier manera, ha de ir acompañado de garantías, procedimientos y derechos. Es lo propio, lo característico, de una democracia procedimental como la nuestra. De lo contrario la democracia se convierte en una coartada, en un concepto abstracto sin existencia real, en un simple sonido −flatus vocis−. Y en Cataluña lo que estamos viendo es una fábrica de mentiras.

En Cataluña se está produciendo el despotismo de la minoría que busca la independencia sin mayoría, sin procedimiento y sin garantías. Es la negación misma de la democracia, cuyo primer mandamiento es luchar por la democracia, contra los adversarios de la democracia, dentro de la democracia. Es la ruptura de la democracia. Y la insuficiencia de la democracia hace aflorar la dimensión del poder, de la misma manera que lo aflora la insuficiencia de la ley. Una lo hace desde la mentira de la palabra, la otra desde la fuerza de la ley o de la policía. Despotismo o abuso/opresión es mala pareja para una elección. ¿Acaso la razón del más fuerte es siempre la mejor? ¿Quién es el mejor: el opresor o el déspota? ¿Quién es el más justo?

Si las leyes se obedecen porque tienen autoridad, como dice Derrida, la debilidad de la ley alienta la revuelta. No contribuye a la resolución de la crisis territorial de Cataluña, ni a la crisis política que late bajo ella, que una parte de la izquierda continúe instalada en el callejón sin salida del rechazo vacío, donde sólo le queda exclamar, como hizo Iglesias en la Diada: «Visca Catalunya lliure i sobirana» o decir que en España hay «presos políticos». Estas manifestaciones no debilitan la cerrazón obcecada del Gobierno del Estado de instalarse en la fuerza de la ley, sino que favorece el debilitamiento de la autoridad de la ley. «La autoridad de las leyes sólo reposa en el crédito que se les da. Se cree en ellas, ese es su único fundamento». Y este marasmo ayuda a que la razón deje de seguir apareciendo «como una extranjera» en este conflicto.

Es necesario por tanto recuperar el nexo que hay entre ley y democracia, y abandonar por antidemocrática toda política –estatal o autonómica, gubernamental o parlamentaria− que socave la legalidad y transforme «la democracia formal en democracia ficticia». La concesión de espacio a la ilegalidad o la connivencia con ella «es un espacio sustraído a la democracia», al distorsionar radicalmente el mecanismo de formación del consenso. Este nexo no se va a restituir polarizando el espacio político en Cataluña entre quienes no renuncian a que «lo justo sea fuerte» y quienes sólo actúan desde la voluntad opuesta para que «lo fuerte sea justo». Por el contrario con esta actitud la democracia muta en «democracia lobotomizada» en la que, como en este caso,  se instala un ciclo acción/reacción de fuerza/revuelta que amenaza con persistir ad infinitum.

Cada parte en este conflicto tiene su ley y cada parte puede invocar, por tanto, su legítimo derecho a ejercer la violencia conservadora de su ley. El Estado lo está haciendo. La Generalitat la ejerce de forma indirecta desobedeciendo la ley del Estado. ¿Y cuando éstas no basten qué ocurrirá?