España como Estado biorregional

17 Jun

España como Estado biorregional es un análisis de dos realidades distintas y distantes como la cuestión nacional y la crisis climática, que ensaya una ordenación diferente de las cosas. El objetivo del mismo es aportar plasticidad, movilidad e inducir una metamorfosis conceptual en este asunto; abrir el debate y crear un estado de reflexión más allá de las ideas preexistentes sobre la cuestión. Para ello se plantean vínculos desde la afinidad y la conciencia de especie. Y este post es un extracto corto del mismo.

El trabajo se divide en cuatro partes. La primera analiza dos realidades aparentemente inconexas —la cuestión nacional y la crisis climática— desde la observación de las relaciones que se dan entre clima y nación, que contiene además una propuesta de sustitución categorial. La segunda realiza una relectura ambiental de la historia política desde la década de 1950 en adelante. La tercera es una justificación general del biorregionalismo y señala su objetivo político. Y la cuarta parte propone la incorporación de un acontecimiento y de un hecho biofísico al texto de la Constitución, como son: el cambio climático y las biorregiones.

Palabras como patria, soberanía, estado, nación, patriarcado, planeta, biorregión, biodiversidad, son el espacio donde se residencia el conflicto entre clima y nación. Pero a pesar de la urgencia política con que se manifiesta, la cuestión nacional no es ni debería ser una prioridad. Si España es una sola nación, una nación de naciones o una parte del territorio quiere independizarse, es una controversia lateral que silencia de la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta e impide captar la urgencia de la misma, al eclipsarla del debate político.

El asunto que debe concernirnos de forma prioritaria —puesto que no tenemos otro planeta de recambio— es, por tanto, la crisis climática: ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal o una organización biorregional?

                                     

                                                                  Mapa eleborado por la Red Ibércia de Permacultura

En este contexto resulta ineludible establecer una conexión entre democracia y planeta, dos cuestiones incomunicadas hasta ahora. Lo que era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto: objeto de decisiones, objeto político, objeto de debate, objeto central de la democracia. Surge así un nuevo sujeto colectivo de derechos: la especie, junto a la nación o la clase social, adecuado al nuevo contexto planetario de crisis civilizatoria (climática y de recursos), que exige una respuesta política dirigida a establecer derechos y deberes planetarios y nuevos paradigmas de organización social.

La vinculación entre planeta y democracia la encarna la nueva forma de organización político-social: la biorregional. El modelo biorregional es pues una mirada a «una vida humana y una política», no estatal y no jurídica, inspirada en criterios biocéntricos y de sostenibilidad a largo plazo, útil para definir comarcas naturales –que comprenden comunidades humanas, animales y vegetales– pensadas como unidades políticas. Su paradigma es una guía válida para organizar la vida de una comunidad de acuerdo con sus sistemas naturales; sus estructuras de intercambio, tanto interiores como exteriores; sus propias necesidades como comunidad; y sus propios sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo.

España, es un país extremadamente vulnerable al cambio climático, al tener una economía que depende en gran medida de sectores estratégicos ligados a la Naturaleza y a la salud de los ecosistemas como: el turismo, la agricultura, ganadería y pesca, y gran parte de su población se encuentra en zonas de riesgo por olas de calor. En este contexto la acción climática del Estado es una cuestión de supervivencia. Tirando de historia cabría decir que si la invasión napoleónica hizo primar el interés nacional sobre el regional, el cambio climático debería establecer la primacía contraria: el interés biorregional sobre el nacional.

¿Hacia dónde nos partiremos? Lo desconozco. Pero lo cierto es que deberíamos poner rumbo a un nuevo proyecto civilizatorio, que reinvente la democracia hoy falseada, prostituida y convertida en ritual vacío y sustituya la sobreexplotación del planeta en beneficio de las multinacionales globalizadas, por reciprocidad, cooperación y sustentabilidad a favor de todos, único destino posible si queremos un futuro distinto al de la barbarie. Como dice Agamben, la vida y la muerte, no debemos olvidar, no son conceptos propiamente científicos, sino políticos, que en cuanto tales, solo adquieren un significado preciso por medio de una decisión.

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Una Constitución para el siglo XXI

6 Dic

La política del siglo XXI demanda un nuevo consenso marco que capte nuestro tiempo, para sobre él refundar los restantes pactos. Vivimos en un «escenario posnatural» −de la mano de la hiperglobalización y la hiperconectividad− que a golpe de calor y de sequía pide que los acuerdos políticos y sociales vigentes se transformen en un contrato posmaterial. En un acuerdo de sostenibilidad ambiental. Más allá de los necesarios debates sobre la reforma de la Constitución Española, nada se ha dicho en ellos sobre a este aspecto. Nadie ha alzado su voz reclamando la introducción en el texto constitucional de normas para afrontar los retos de este siglo. Y si nadie lo hace no dispondremos de una Constitución para el siglo XXI.

Para comprender la necesidad de esta metamorfosis, hay que tomar como punto de partida el hecho indudable que la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica. Su influencia sobre el medio ambiente es de tal alcance y magnitud que la Tierra está «moviéndose hacia un estado diferente»: la era del antropoceno. Esta expresión quiere reflejar el impacto de la masiva influencia del ser humano sobre los sistemas biofísicos planetarios. Su efecto más visible es el cambio climático. Pero no es el único. También se incluyen en esta categoría eventos como: «la disminución de la superficie de selva virgen, la urbanización, la agricultura industrial, las actividades mineras, las infraestructuras de transporte, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética de organismos o la hibridación creciente».  Pero los nuevos retos no se pueden afrontar con las viejas recetas.

Es preciso, por tanto, generar un consenso ecológico, que debe ser trasladado a la reforma de la Constitución que se hubiera de aprobar, para desde él refundar los pactos políticos, sociales y territoriales existentes, a fin de legitimar la política para este tiempo. Nuevo consenso que debe tener como propósito la superación de los dos siglos de civilización industrial causantes de la oposición entre las «fuerzas productivas» y las «fuerzas de la naturaleza», que amenaza con destruirlo todo. Las tres fuerzas que hoy existen sobre el planeta: Naturaleza, ser humano y tecnología, han formado dos bloques antagónicos. La unión de dos de ellas: el ser humano y la tecnología han hecho nacer una economía cuyo metabolismo planetario es la mayor fuerza geológica existente. La tercera es la Naturaleza como fue descrita por Lovelock: una entidad viviente capaz de transformar la atmósfera del planeta para adecuarla a sus necesidades globales, dotada de facultades y poderes que exceden con mucho a los que poseen sus partes constitutivas –Gaia−. ¿Puede entonces hablar el ser humano de soberanía o sólo debe hablar de autonomía?

En el siglo XXI la acción política se desarrollará en un mundo diferente del actual. En este tiempo nuevo convivirán «grandes potencias mundiales, interdependencia globalizada y poderosas redes privadas» con una crisis ecológica y civilizatoria. En este mundo de «cadenas de suministro»: urbano, móvil, saturado de tecnología, además de descifrar «la geopolítica», será necesario no perder de vista «la geoeconomía»: en esta hipereconomía las «megainfraestructuras de conexión (nuevas tuberías, cables, ferrocarriles y canales) y la conectividad digital (que posibilita nuevas formas de comunidad)» salvan las fronteras naturales y atraviesan las fronteras políticas. Importa «menos quien posee (o reclama) el territorio que quien lo utiliza (o administra)». Lo que constituye una reconfiguración del Estado. En un mundo diferente las constituciones deben pasar de ser un instrumento de ordenación interna del sistema de atribución de derechos y distribución del poder, como hasta ahora, a actuar también como un dispositivo de ordenación de las relaciones del ser humano con la Naturaleza dentro de los límites que nos impone el planeta, juntamente con instrumentos internacionales y supranacionales.

Para que esta nueva constitución pueda ver la luz, será necesario incorporar en la Constitución Española de 1978 herramientas de simple geografía –como las biorregiones− que permitan modular desde el poder público la interacción entre demografía, política, ecología y tecnología, junto a los mecanismos de geografía política tradicionales ya recogidos en ella para la defensa de los derechos y la distribución del poder: horizontalmente –Corona, Gobierno, Cortes Generales y Poder Judicial− y verticalmente –Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, u otras formas de distribución que en el futuro se puedan adoptar. La incorporación de las biorregiones a la Constitución Española es una forma de introducir en la política la complejidad y sutilidad de la Naturaleza, de la que el ejercicio del poder no puede ser ajeno. Las biorregiones califican la sostenibilidad ambiental dándole dirección y sentido, además de establecer límites al uso del territorio, de los recursos y a ideas que hasta ahora eran pensadas como absolutas: soberanía, territorio, nacionalismo, supremacía militar, en tanto que la importancia estratégica en el mundo de hoy recae no en el territorio o en la población de los Estados, sino en la «conectividad (física, económica y digital) con los flujos de recursos, capital, datos talento y otros activos» que éstos desarrollen.

El cambio que se ha de operar para gobernar el mundo dentro de la Naturaleza no ha de venir ni de la revolución, ni de la evolución. Es necesaria una metamorfosis. Un cambio de estado. Los seres humanos hemos de admitir el hecho que el Planeta es nuestra patria. Que somos ciudadanos de la Tierra. Y este es un hecho político, no de administración –de recursos−. Realizar este cambio no exige ignorar lo conseguido hasta ahora por el ser humano, pero si requiere saber que este logro sólo es una parte de lo que somos. Dicho de otro modo: la historia humana no es la Historia, sólo es una pequeña parte de la Historia del Planeta. La comprensión de cual es nuestro sitio en planeta es el umbral para la adquisición de una conciencia de especie, que reemplace a la conciencia de clase. Desde esta perspectiva las categorías políticas adquieren otro significado.

Un ejemplo de este cambio del significado categorial lo podemos ver en el Preámbulo de la Constitución. En él se hace mención a la Nación Española, a los pueblos de España, a la cultura, a establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien, a usar nuestra soberanía, a la convivencia democrática, a un orden económico y social justo, a asegurar el imperio de la ley, a asegurar a todos una digna calidad de vida y a establecer una sociedad democrática avanzada. Es evidente, manifiesto y palmario que el antropoceno y los acontecimientos a él ligados –como la crisis climática− han renovado estos conceptos, tanto en el alcance como en el discernimiento que de los mismos teníamos hasta ahora. Esto implica la necesidad de redefinir y adaptar las categorías políticas a la realidad del siglo XXI; e introducir en la Constitución la variable ecológica y la intergeneracional, a través de normas o reglas que delimiten el marco de la actividad humana.

Hemos, por tanto, dejar de vivir replegados en el mundo y comenzar a habitar el planeta. Es ineludible que abordemos y acometamos la preservación del planeta del «entramado de infraestructuras de transporte, de energía y comunicaciones entre todas las personas y los recursos del mundo» antes que el planeta sea destruido. Si las constituciones han de continuar siendo reconocidas como la norma suprema de los Estados, y en particular la Constitución Española, la tarea de protección más importante que tendrán en el siglo XXI ha de ser la conservación del planeta.