El tiempo que resta

4 Oct

Cada vez que la derecha ve que se le escapa el tiempo, detiene la historia. El tiempo se le escapó a la derecha española al plantear un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Y a la derecha catalana al aprobar en el Parlamento de Cataluña las leyes de referéndum y transitoriedad, con las que activó el bucle creación/salvación. La derecha española ha detenido otra vez la historia con un uso desproporcionado de la fuerza en Cataluña, en alianza con una derecha catalana que se ha instalado en una declaración unilateral de independencia estrambótica y estrafalaria. Sin mayoría, sin ley. El estado de cosas y la escalada del conflicto pide analizar la situación desde la perspectiva de una teología política secular, para desvelar sin filtros ni velos la gravedad de la situación.

El acontecimiento catalán irrumpe en clave mesiánica. Quien proclama la excepción no es la autoridad vigente, sino quien quien quuiere a subvertir su poder. Los frenos de mano han sido activados. surge la cuestión de si volverán a rehacerse las comunidades mesiánicas. Y si habrá «repliegue de lo religioso en lo profano».

La declaración de vigencia del tiempo mesiánico fue sancionada por el Rey el 3 de octubre al ordenar el cumplimiento y la consumación integral de la ley, cuando dijo: es la «responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones», ante el intento de «quebrar la unidad de España y la soberanía nacional». Declaracion que tenía el visto bueno de la Unión Europea y de los poderes económicos americano y europeo. Véanse las declaraciones del Vicepresidente primero de la Unión Europea Franz Timmermans y los editoriales de los diarios Wall Street, Le Monde y Liberation. Todas las decisiones están tomadas ya. ¿Nos encontramos, otra vez, en el umbral de una cruzada entre ángeles y profetas? El ejército ha comenzado a desplazar efectivos –logísticos, por ahora− a Cataluña.

Si se produce el choque, éste será entre la fuerza de los hechos y el peso de la ley, sin que quede espacio para la fuerza de la razón. Cataluña y España ya han activado el modo comunidad mesiánica que reclama salvación. Unos declarando la independencia de la España antidemocrática y franquista, con las masas en la calle; los otros invocando protección contra la massa contaminada del pecado original, que quiere romper la «Nación». Todo el foco está sobre Cataluña, pero en el resto de España también están pasando cosas. Las juras de bandera civiles, sus juramentos, y el compromiso de apoyo a la seguridad y la defensa de España. Comienzan a asomar banderas de España en los balcones.  Y hay manifestaciones en defensa de la unidad. El malestar y el agravio empieza a aflorar en el resto del país. Mucha gente está harta de lo que consideran el chantaje catalán. Todavía no se ha cruzado la línea de no retorno. Hay una ocasión más, una última oportunidad todavía, para alcanzar algún tipo de entendimiento. Aprovechémosla.

Si los independentistas habían demostrado haber leído a Maquiavelo, el anuncio de la declaración unilateral de independencia (DUI) denota que no han leído a Tzun Su. Han calculado mal la repercusión que tendría una declaración unilateral de independencia en una Europa plagada de tensiones territoriales latentes. Y han sabido ver que la independencia de Cataluña generaba un conflicto más allá de las fronteras de España, pues «si se permitiera a una región ejercer unilateralmente, en un contexto de estado de derecho, el derecho a la autodeterminación», ésta señalaría el camino al resto de regiones europeas que quisieran ejercitarlo y se  pondría fin, así, a «la inviolabilidad de fronteras establecidas a precio de sangre» (Diario Liberation). No se han dado cuenta, o no han querido ver los independentistas que la declaración unilateral de independencia atenta contra uno de los pilares de la Unión Europea: «el imperio de la ley». El Vicepresidente primero de la Unión Europea ha enviado un ultimátum a Puigdemont: «Si la ley no te da lo que quieres, te puedes oponer o trabajar para cambiarla, pero no se debe ignorar». Añadiendo: a veces imponer la supremacía de la ley requiere «el uso proporcionado de la fuerza.» Los independentistas no han medido las repercusiones exteriores de su incitación a los ciudadanos a la desobediencia a las fuerzas de seguridad del estado, su apoyo una huelga general, su petición de retirada de las «fuerzas de ocupación» de Cataluña, de la expulsión de la fuerzas de seguridad del Estado de algunos municipios a instancias de las instituciones locales, de la total ausencia de garantías del referéndum, de la vulneración de todas las leyes.

Ante la soledad internacional Puigdemont busca, desesperado, la mediación del Arzobispo de Barcelona y del Abad de Montserrat. Está derrotado y lo sabe, pero su  opción es redoblar el desafío: «república o república». El Gobierno de Rajoy sólo está sostenido por el respaldo de la Unión Europea, como ultima barrera para evitar el contagio de una epidemia cesionista en otros países europeos. Rajoy sólo es el mal menor, el dique de contención de una gripe se puede extender por Europa. El camino lo ha marcado Cataluña. España ha quedado desacreditada en Europa por la gestión de la crisis catalana y la actuación de las instituciones catalanas. Ningún partido político está a la altura del desafío histórico al que nos enfrentamos. Costará que Europa vuelva a confiar en nosotros.

«Cuando Dios creó a los ángeles –reza un hadith− estos alzaron la cabeza al cielo y preguntaron: “Señor, ¿con quién estás?”. El respondió: “Estoy con aquel que es víctima de una injusticia, hasta que su derecho sea restablecido”.» Hoy el restablecimiento será por la ley.

Soberanía y ley en Cataluña

24 Sep

A la vista de los acontecimientos de Cataluña, no podemos más que reivindicar el pensamiento de Montaigne, quien decía que «las leyes mantienen su crédito no porque sean justas sino porque son leyes». Y decía a este respecto otro francés universal, Derrida, que las leyes «no se obedecen porque sean justas sino porque tienen autoridad». El Estado sabe que en Cataluña su autoridad es menguante. La prueba de ello es el envío de 6.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles de refuerzo o el adelantamiento por la Mesa del Congreso de los Diputados de la creación de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Modelo Territorial que estaba prevista para la próxima semana. Y el independentismo sabe que su autoridad —social, política y moral— crece. En esa estamos. En la pugna de soberanías, leyes y violencias. Unos reclaman democracia otros la autoridad de la ley. Si en el artículo anterior analizaba la realidad catalana desde la realidad nacida de las leyes de referéndum y transitoriedad, en este la analizaré desde el interior del orden constituido.

El deseo de justicia ha desbordado la ley en Cataluña. Es dentro de la justicia donde se está produciendo el choque. Para unos es la aplicación de la ley. Y la no aplicabilidad de la ley da como resultado una justicia sin fuerza. Y una justicia impotente no es justicia. Para otros la justicia es democracia, poder decidir. Poder decir. Pero este decir no puede ser expresado de cualquier manera, ha de ir acompañado de garantías, procedimientos y derechos. Es lo propio, lo característico, de una democracia procedimental como la nuestra. De lo contrario la democracia se convierte en una coartada, en un concepto abstracto sin existencia real, en un simple sonido −flatus vocis−. Y en Cataluña lo que estamos viendo es una fábrica de mentiras.

En Cataluña se está produciendo el despotismo de la minoría que busca la independencia sin mayoría, sin procedimiento y sin garantías. Es la negación misma de la democracia, cuyo primer mandamiento es luchar por la democracia, contra los adversarios de la democracia, dentro de la democracia. Es la ruptura de la democracia. Y la insuficiencia de la democracia hace aflorar la dimensión del poder, de la misma manera que lo aflora la insuficiencia de la ley. Una lo hace desde la mentira de la palabra, la otra desde la fuerza de la ley o de la policía. Despotismo o abuso/opresión es mala pareja para una elección. ¿Acaso la razón del más fuerte es siempre la mejor? ¿Quién es el mejor: el opresor o el déspota? ¿Quién es el más justo?

Si las leyes se obedecen porque tienen autoridad, como dice Derrida, la debilidad de la ley alienta la revuelta. No contribuye a la resolución de la crisis territorial de Cataluña, ni a la crisis política que late bajo ella, que una parte de la izquierda continúe instalada en el callejón sin salida del rechazo vacío, donde sólo le queda exclamar, como hizo Iglesias en la Diada: «Visca Catalunya lliure i sobirana» o decir que en España hay «presos políticos». Estas manifestaciones no debilitan la cerrazón obcecada del Gobierno del Estado de instalarse en la fuerza de la ley, sino que favorece el debilitamiento de la autoridad de la ley. «La autoridad de las leyes sólo reposa en el crédito que se les da. Se cree en ellas, ese es su único fundamento». Y este marasmo ayuda a que la razón deje de seguir apareciendo «como una extranjera» en este conflicto.

Es necesario por tanto recuperar el nexo que hay entre ley y democracia, y abandonar por antidemocrática toda política –estatal o autonómica, gubernamental o parlamentaria− que socave la legalidad y transforme «la democracia formal en democracia ficticia». La concesión de espacio a la ilegalidad o la connivencia con ella «es un espacio sustraído a la democracia», al distorsionar radicalmente el mecanismo de formación del consenso. Este nexo no se va a restituir polarizando el espacio político en Cataluña entre quienes no renuncian a que «lo justo sea fuerte» y quienes sólo actúan desde la voluntad opuesta para que «lo fuerte sea justo». Por el contrario con esta actitud la democracia muta en «democracia lobotomizada» en la que, como en este caso,  se instala un ciclo acción/reacción de fuerza/revuelta que amenaza con persistir ad infinitum.

Cada parte en este conflicto tiene su ley y cada parte puede invocar, por tanto, su legítimo derecho a ejercer la violencia conservadora de su ley. El Estado lo está haciendo. La Generalitat la ejerce de forma indirecta desobedeciendo la ley del Estado. ¿Y cuando éstas no basten qué ocurrirá?