¿Cuándo comienza el siglo XXI?

6 Ago

El Consejo de la Unión Europea dice en su web, que el incremento de temperatura estará, a final de siglo, por encima de los 2ºC que establece el Acuerdo de París y que este incremento puede alcanzar los cinco grados si no se adoptan las medidas adecuadas. Señala además la Agencia de Medio Ambiente de la ONU que los planes de reducción de emisiones presentados por los estados firmantes, conducen a un incremento de 2,7ºC, que otros organismos cifran en 3,5ºC grados. El mundo que viene será más cálido, ¿cuándo comienza el siglo XXI?

Superar los dos grados del Acuerdo de París se puede resumir en los cuatro hitos de este párrafo. —y las cifras inversas del siguiente— que lo dicen todo: las olas de calor afectarían a la mitad de la población mundial, las sequías serían el pan de cada día en el Mediterráneo, la producción de alimentos se reduciría de manera ostensible e incremento del nivel del mar.

Por debajo de ese límite, sin embargo, la exposición a olas de calor se reducirían un 89%, las inundaciones un 76%, el declive de las cosechas un 41% y el estrés hídrico un 26%. Esta es la diferencia entre dar cumplimiento o no cumplir con el Acuerdo de París.

Para alcanzar ese objetivo, la exigencia de reducción de emisiones y el establecimiento de objetivos intermedios que adopten las fuerzas políticas en el interior de cada estado, España en este caso, resulta determinante para el devenir futuro de la humanidad. Estos objetivos se recogen en el siguiente cuadro comparativo:

                            

El cuadro de arriba contiene los compromisos de reducción de emisiones —vigentes— que han fijado las principales fuerzas políticas en España. Oscilan entre el 26%, sobre emisiones de 2005, del PP —recogidos en su proposición de ley de cambio climático y transición energética presentada en el Congreso de los Diputados— para 2030 y el 30%, sobre emisiones de 1990, del partido verde (EQUO), a nivel estatal, para 2020. Objetivo que en Andalucía amplía éste al 40%. Unidos Podemos propone una reducción del 35%, sobre emisiones de 1990, en la proposición de ley de cambio climático presentada en el Congreso de los Diputados. Objetivo que se aleja de las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, para llegar a una economía sin emisiones en 2050, pues una reducción del 35% proyecta un incremento de temperatura superior a 2,4ºC, que además está por debajo del umbral de reducción del 40% establecido por la UE.

La primera conclusión que se extrae del cuadro es que salvo el compromiso de reducción del partido verde, el empeño del resto de fuerzas políticas para mantener la temperatura global del planeta por debajo del incremento de 2ºC acordado en París es escaso.

El anterior Gobierno del Partido Popular ya indicó en el documento que envió a la Comisión Europea en marzo del año pasado —que recogía la proyección de las emisiones de España hasta mediados de siglo—, que lo esperado era que las emisiones de gases de efecto invernadero de España, entre 2017 y 2030, no bajaran si no se tomaban medidas extraordinarias. Y no parece que los compromisos indicados —con la salvedad indicada del partido verde— contengan esas medidas extraordinarias.

La segunda consecuencia, de los compromisos de reducción que proponen las diferentes fuerzas políticas, es que el efecto que  producirían es el de un alargamiento de la era de los combustibles fósiles, ya que menores e insuficientes reducciones al inicio del programa de mitigación continuarán incrementando el nivel de carbono en la atmosfera y de la temperatura que se quiere reducir. Esta es la trampa —o trampantojo— que esconden las propuestas de todas las fuerzas políticas analizadas. Muestran una preocupante falta de voluntad política —por unas u otras causas— para acometer la necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La respuesta a esos datos es sencilla: son un lavado verde de cara a la insostenibilidad de un modo de vida inadmisible, ilógico y absurdo. Un ejemplo lo vemos en las declaraciones de la Ministra para la Transición Ecológica que en declaraciones recientes señalaba que el objetivo de reducción de España debía ser del 20%.

La incongruencia en este asunto comienza a ser visible en ciertas izquierdas. Admitió la Ministra —con toda naturalidad— que en el proceso de transición «habrá ganadores y perdedores». Nadie ha replicado sus declaraciones inaceptables, ni siquiera Podemos, adalid de la justicia social hoy y socio del POSE en el Parlamento murciano, con quien propone un objetivo de reducción para aquella región del 40% para 2030. ¿Improvisación, ignorancia o qué?

El acortamiento de la era fósil al que aludía más arriba, exige que el programa de mitigación deje atrás la filosofía de reducciones lineales acumulativas. Y adopte la contraria: mayores esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al inicio y decrecientes en el tiempo. El objetivo no es la economía hipocarbónica que plantean las fuerzas políticas convencionales (productivistas), si no la descarbonización de la economía que propugna el partido verde. No es una simple cuestión de matiz, es una cuestión de modelo.

A punto de cumplirse el año 2020 sin que se hayan alcanzado los porcentajes de reducción que pedía la formación ecologista, EQUO debería reivindicar como objetivo para 2030, al menos, una reducción de emisiones del 55% sobre emisiones de 1990, si se quiere alcanzar la completa descarbonización de la economía en 2050. Y tampoco debería aceptar que el objetivo de neutralidad en carbono que quiere aprobar la UE en la directiva de gobernanza en diciembre, quede indeterminado: «tan pronto como sea posible», sin que se establezca una fecha de cumplimiento límite. En el Congreso de los Diputados, en el seno de la coalición electoral que mantiene con otras fuerzas políticas, sin embargo, ¿apoyará o consentirá el partido verde un compromiso de reducción de emisiones inferior al manifestado en su programa electoral o defenderá una reducción drástica de las mismas en consonancia con aquél?

Si el Acuerdo de París acaba en fiasco y se mantiene la tendencia actual, el propio Consejo de la Unión Europea señala que, a finales de siglo, el incremento será de tres, cuatro o cinco grados. Parag Khanna dibuja —ver imagen de abajo— una perspectiva sombría, espeluznante, atroz de los efectos de un calentamiento de 4ºC.

                                 

Pero el cambio climático —más allá de los efectos ecológicos y las consecuencias sociales que acarrea— trae un mal de fondo que no está siendo percibido o no se quiere advertir. Si a la postre se produce un cambio climático «peligroso», fuera de control, nos exponemos a que los principales grupos sociales —en un contexto de desorientación existencial instigada por una percepción real o inducida de que no hay suficiente para todos— renuncien a la concepción intocable de la dignidad humana actual y abdiquen de los derechos humanos y a la protección de las minorías desfavorecidas en aras de su salvación. Este devenir se traduciría en el desencadenamiento de una  «crisis hitleriana en el siglo XXI» y en la vuelta de las «masas sobrantes», que Amery anuncia en su libro: ‘Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor’. Y respondiendo la pregunta que da título a esta entrada, diré que el inicio del siglo XXI puede ser fijado en el momento del ascenso al poder del nazismo en el siglo pasado.

Esta es la gran responsabilidad que tienen los actores políticos: que no solo han de ser conocedores de la catástrofe que constituye la crisis climática y sus repercusiones sociales, si no que además deben ser conscientes de la nueva «elección moral» que acompañará a un cambio climático fuera de control y las consecuencias de ésta. ¿Qué ocurrirá cuando las clases dirigentes perciban a la masa como una amenaza del nivel de vida actual? ¿Aparecerán nuevas «definiciones de los que sobran»? El sentimiento de justicia tiene una raíz biológica, emocional, que enlaza con la necesidad de preservar la armonía frente a la competencia por los recursos ¿Se eliminaría al 80% de «residuos del bienestar» que amenazan la supervivencia de la especie? Los viejos espectros vuelven a pasear a la luz del día con el pretexto de la crisis migratoria. El Mediterráneo se llena de cadáveres y las olas de calor se suceden.

Si queremos evitar el desencadenamiento de masacres por el agua o la tierra cultivable, la creencia sobre la escasez de recursos no puede convertirse en imaginario social. La alternativa es desarrollar políticas que recuperen capacidades antiguas como la justicia, la equidad y la fraternidad. Esta nueva política, en la práctica, tiene su traducción en la asunción de la responsabilidad con la biosfera, en una prosperidad sin crecimiento, en la realización de los deberes frente a las generaciones futuras, la conjunción de la agenda climática y la agenda social y en el desarrollo de la resiliencia al lado de la sostenibilidad. Es responsabilidad de todos que iniciemos el camino descrito, el cambio climático nos ha interpelado.

Green washing

28 Jul

¿Se puede mostrar acatamiento al Acuerdo de París sobre cambio climático y tener como objetivo el crecimiento económico? Mantener los tratados del TTIP, TISA, TTP o CETA. Hablar de sostenibilidad, de crecer con energías renovables. Encontrar en los discursos referencias a las incomodidades que el cambio climático ya está produciendo y producirá en la vida cotidiana de los españoles. Y no enunciar siquiera la necesidad de decrecer. La receta mágica que se usa, es la llamada transición energética. Pero a pesar de los malabarismos lingüísticos del green washing, la respuesta sigue siendo: no. No es posible conciliar crecimiento económico y lucha contra el cambio climático. Una premisa anula a la otra.

Para compatibilizar economía y clima la receta es sustituir el objetivo del crecimiento económico por el de la prosperidad sin crecimiento.  Pero no es este el camino por el que vamos. Una muestra es el debate del techo de gasto para los presupuestos del año que viene. El entendimiento al que hay que llegar no es solo sobre el gasto social y el actividad económica. Ese debate está cojo si conjuntamente no se aborda la cuestión de las emisiones de CO2 a la atmósfera y su limitación, los efectos que se derivan y las soluciones que es necesario adoptar.

A día de hoy está claro que la base sobre la que se deberían construir los Presupuestos Generales del Estado no es el gasto financiero, si no el gasto social y el cuidado del medio ambiente. En 2017 España experimentó el mayor incremento de emisiones desde 2002. En Sevilla ya se ha medido un incremento que supera el umbral de incremento de 1,5°C establecido en el Acuerdo de París: 1,53ºC; en Granada el incremento medido es de 1,34ºC y en Málaga del 1,13ºC. A día de hoy los pronósticos dicen que los episodios de sequía serán cada vez más frecuentes, prolongados e intensos. Pero ésto los presupuestos no lo saben.

El anterior Gobierno del Partido Popular —en un documento enviado a la Comisión Europea en marzo del año pasado, que contenía las proyecciones de emisiones hasta mediados de siglo— ya reconoció que lo esperado era que entre 2017 y 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de España no bajaran si no se tomaban medidas extraordinarias. ¿Ha tomado, ha preparado o ha anunciado alguna el nuevo Gobierno? ¿O está haciendo la política climática a expensas del ciclo electoral?

Resulta ilustrativo que el Gobierno, tras la creación del Ministerio para la Transición Ecológica no haya puesto de manifiesto en el debate sobre el techo de gasto esta realidad y enunciado las directrices de una modificación que haga del presupuesto un instrumento efectivo para combatir el calentamiento global. ¿Esta es la utilidad del Ministerio para la Transición Ecológica recién creado? ¿Está el Gobierno instalado en el juego del green washing?

Asimismo es llamativo el planteamiento electoralista a corto plazo de cierta izquierda que se descubre en sus respuestas. En la de Juan Carlos Monedero que dice —como recoge Manuel Casal en el libro ‘La izquierda ante el colapso de la civilización industrial’—: «hablando de decrecimiento no se ganan elecciones». Y en la de Pablo Iglesias a la pregunta Jordi Évole, sobre si aplicar políticas expansivas para salir de la crisis equivalía a incentivar el consumismo: «tú y yo nos podemos poner de acuerdo en que el capitalismo nos conduce al desastre ecológico, pero ahora lo importante es dar de comer a la gente». Sin energía y con la biosfera deteriorada, se podrá dar pan hoy, pero es improbable, mucho, que se pueda dar mañana, al menos, a tanta gente como hoy. ¿Qué le dirán mañana a la gente que les votó, cuando el sol abrase la tierra, falte el agua y el mar inunde sus ciudades? ¿A quién echarán la culpa? Esa realidad que ni izquierda ni derecha quieren enunciar, no pueden admitirla públicamente porque entonces todo su discurso político se derrumbaría. Y esta actitud sugiere que aceptan la realidad o su tiempo habrá pasado.

Resulta extravagante, por ello, que a pesar de la trampa mortal en que las derechas y las izquierdas nos sitúan, los diputados del partido verde presentes en el Congreso de los Diputados, no hayan puesto la realidad encima de la mesa —dentro o fuera del hemiciclo— , abriendo el debate sobre la destrucción ambiental, el sobregiro, el endeudamiento ecológico a las generaciones futuras y exigiendo reformas para que el trámite de la aprobación del techo de gasto contemple el límite del gasto ambiental permitido, expresado en forma de huella de carbono, huella de agua y huella ecológica. U otra herramienta que pudiera ser más adecuada. ¿Para que están allí entonces?

La batalla cultural de las palabras cobra, por tanto, especial importancia para desvelar esa realidad silenciada y la necesidad de no continuar instalados en el presente del crecimiento económico. El escenario dibujado por el cambio climático reclama la creación un nuevo relato que genere cambios a partir de un reenmarcamiento de la realidad. Exige imaginar el futuro para que éste no devore a nuestros niños, como consecuencia de las malas decisiones de hoy. ¿Alguien le echará huevos?

El acoplamiento de la economía al medio ambiente

22 Jul

Las emisiones de CO2 en España, uno de los principales gases de efecto invernadero, crecieron un 4,4% el año pasado. Es la mayor subida desde 2002. La subida se debió, sobre todo, a la generación de electricidad a base de carbón ante la caída de la hidroeléctrica por la escasez de lluvias. España sigue mostrándose incapaz de desacoplar el crecimiento económico —un 3,1% en 2017— de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como cada año el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para 2019 y el cuadro macroeconómico para el periodo 2019-2021, que prevé un crecimiento económico entre el 2,7% para este año y el 2,1% en 2021. Con estas premisas y la previsión de disminución de las precipitaciones a lo largo del siglo, la pregunta es: ¿será España capaz disminuir las emisiones de CO2 y generar prosperidad sin crecimiento económico? ¿Acoplaremos la economía al medio ambiente? Estas preguntas tienen especial relevancia en el caso de España, al ser el turismo nuestra principal industria, cuyo buen funcionamiento depende de la calidad del medio ambiente. Y también sugieren la necesaria reconversión económica y productiva que tendremos que afrontar.

La realidad descrita y la necesidad que se deriva de ella requieren tener en cuenta en los Presupuestos Generales del Estado —y en la contabilidad de las empresas a la par— no solo el gasto financiero y no financiero de la actividad económica, sino también los costes ambientales que se derivan de la misma, para poder acoplar, así, la actividad económica a los límites y la capacidad del planeta. Nadie el Congreso de los Diputados, sin embargo, lo ha exigido. ¿Por qué?

Desde una óptica financiero-contable, las emisiones de gases de efecto invernadero son un gasto —ambiental— típico, aunque no tipificado: consumimos aire limpio e incrementamos la temperatura media del planeta, al emitir más gases que calientan la atmósfera de los que los mares y los bosques pueden absorber, para llevar a cabo la actividad económica. Al haber abusado del crédito ambiental, a partir de ahora, deberemos destinar recursos económicos para obtener los servicios ambientales que hasta ahora la Naturaleza nos proveía gratuitamente: aire, agua y tierra limpios.

Teniendo en cuenta que la ONU ha advertido que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que han remitido los firmantes del Acuerdo de París, sobre cambio climático, no son suficientes para cumplir el objetivo previsto en el mismo, es necesario redoblar los esfuerzos. En España las políticas sobre cambio climático, hasta ahora, se ejecutaban con órganos administrativos dispersos y planes de acción sectoriales. Veremos el uso que se hace de la herramienta que es el recién creado Ministerio para la Transición Ecológica. Tampoco existe un instrumento legislativo que establezca una autorización limitativa jurídicamente vinculante para las emisiones de efecto invernadero. Los compromisos —los del Acuerdo de París, hay que hacer notar— son una mera declaración de intenciones, sin vinculación jurídica para los Estados. Los presupuestos pueden calificarse todavía como antiecológicos, en cuanto que no integran el ciclo económico en el ciclo ecológico del planeta. España contribuye a este superávit negativo consumiendo casi el triple de recursos de los que puede regenerar. Desde hace décadas, por tanto, gastamos más recursos naturales de los que tenemos.

De la misma manera que anualmente se aprueba el presupuesto de los gastos que puede realizar una Administración, previa aprobación del techo de gasto no financiero para ese año, la realidad del cambio climático y la contribución negativa de España al mismo, debería impulsar la creación de un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero, vinculado al presupuesto económico y tramitado de forma paralela aquél. Ello obligará a las empresas a considerarlo en su cuenta de explotación y en su contabilidad, haciendo que la economía inicie la senda del decrecimiento.

De crearse este instrumento sería más que un plan de directrices. Sería la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como máximo, podrían realizarse en España el ejercicio correspondiente.  La plasmación jurídico-contable de una limitación vinculante, que establecería los objetivos de reducción de emisiones a cumplir ese año, así como los mecanismos necesarios de incentivación y coerción para alcanzar el nivel de reducción determinado. Comprendo que en este mundo neoliberal esta propuesta es una herejía. Pero hemos de cambiar de hábitos.

Existen instrumentos para realizar su cálculo —sin necesidad de inventarlos ex profeso—, como la huella de carbono, que permiten determinar las emisiones directas o indirectas ocasionadas por un estado, un individuo, una organización, un evento o un producto. Tenemos las herramientas, lo que no existe es la voluntad política de ponerlas en práctica, aunque si hay voluntad social: el Barómetro del CIS de noviembre 2016 nos dice que el 59,2% de los españoles está en desacuerdo con la afirmación que muchas de las amenazas al medio ambiente son exageradas. Y que el 51,7% está de acuerdo en hacer todo lo que es bueno para el medio ambiente aún cuando le cueste más dinero o le lleve más tiempo. En Andalucía la disposición a pagar por el medio ambiente es aceptada mayoritariamente entre la población: el 77,6% de la gente que se define de izquierdas, el 60,9% de quienes se proclaman de centro y el 47,0% de quienes se dicen de derechas. Y el 36,1% el 26,1% y el 23,7%, respectivamente en esos grupos ideológicos, aceptan recortes en el nivel de vida para proteger el medio ambiente. Las fuerzas políticas no ecologistas, sin embargo, tienen miedo que estas medidas les hagan perder votos a favor de sus competidores electorales, no así el movimiento de  economía solidaria y el feminista.

Evitar que el cambio climático quede fuera de control requiere planificación. Pero la acción del Estado, por si sola, no será suficiente sin la cooperación de los ciudadanos y los movimientos sociales organizados. Es necesario, por tanto, crear un círculo virtuoso de participación ciudadana, porque frenar el cambio climático es una empresa de toda la sociedad, no solo un proyecto estatal.

En el s. XXI el cumplimiento de las obligaciones climáticas no será una más de las obligaciones que hayan de ser observadas por los Estados, las empresas y los ciudadanos, será la principal de las obligaciones que hayan de cumplirse para lograr la supervivencia de los estados y de sus nacionales.

El Acuerdo de París: ¿un texto herético?

11 Nov

Sólo nos queda un dios −la crisis climática− ¡y queremos matarlo! Tras el Acuerdo de París la historia del ser humano ya no volverá a ser determinada «desde arriba». Nuestra suerte debería quedar fijada desde abajo, «por la acción infrahumana de las glándulas, genes y átomos». ¿Seremos capaces? Con este acuerdo los seres humanos dicen querer realinear lo real, lo simbólico y lo imaginario; o sea, lo físico, lo político y lo social. La entropía, la sostenibilidad y el crecimiento, sin embargo, testifican en su contra y dan cuenta de la capacidad del ser humano para imponer fantasías escritas sobre la realidad, la crisis climática en este caso. A pesar del éxito diplomático del Acuerdo de París, éste hace concordar los deseos con la realidad sólo porque éstos forzaron a la realidad a hacerlo.

El Acuerdo de París es presentado como un dogma de fe climática. Salvífico. Pero no es el acontecimiento mesiánico que nos librará de la crisis climática que se había anunciado. Es un momento más, como tantos otros, que participa de la lógica histórica capitalista sin interrumpirla. A pesar de las proclamas que contiene, no se hace mención en él a la descarbonización de la economía. En sustitución de ella se habla de «emisiones neutras». Un eufemismo que es un artificio de compensación de las emisiones con procesos de reabsorción de CO2, una apuesta por el uso masivo de sumideros de carbono: reforestación, geoingeniería y almacenamiento de CO2. Una solución técnocrática. El Acuerdo de París evidencia que «el mercado es más fuerte que la moralidad y [piensa que] el poderío de la técnica está muy por encima del de la naturaleza». Véase como las cumbres climáticas son patrocinadas por empresas: la COP23, que se está celebrando en Bonn, por la firma automovilística BMW y la empresa de paquetería y logística DHL, la cumbre de París por la automovilística Nissan y el gigante Ikea, o la de Marrakech por el BNP-Paribas, banco financiador de grandes proyectos de extracción minera. Greenwashing empresarial. El Acuerdo de París, −parafraseando a Antígona− se aparta de la ley ancestral –la de la Naturaleza− para reescribir la ley humana sobre arena con pintura verde. Hemos de continuar trabajando, a pesar de todo, para cambiar las insuficiencias de París. Nos lo jugamos todo.

El cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes del panel de expertos de la ONU no garantiza que no se produzca el escenario de cambio climático que se quiere impedir. Ello se debe a que las conclusiones de sus informes toman como guía el límite de lo indudable. Ellos sólo contienen los cálculos más conservadores de los resultados obtenidos tras un proceso de negociación política sobre los que existe un consenso generalizado, pues los actores políticos intervinientes, preventivamente, rechazan cualquier obligación y evitan el imperativo de actuar que pudiera resultar de los análisis. Pero el acuerdo se vende a los ciudadanos como justo y ambicioso. Como dice la Agencia de Medio Ambiente de la ONU: los compromisos de reducción presentados por los países firmantes son insuficientes para alcanzar el objetivo de no sobrepasar en más de 1,5ºC la temperatura de la época preindustrial. La realidad es destructora y puede ser más destructiva. A pesar de ello, la Cumbre de Bonn, la COP 23, será un compás de espera hasta la de Katowice, en 2018, donde se deberían adoptar medidas concretas en la lucha contra el cambio climático. Seguimos retrasando la adopción de medidas eficaces. Eso significa una transición energética más abrupta.

El texto resultante de la Cumbre de París, en consecuencia, puede ser calificado como herético. Resulta llamativo que un acuerdo que se presenta como un dogma −científico y político−, no sea tal, sino que sea la plasmación de creencias individuales –económicas e ideológicas− fruto de la presión de los intereses económicos sobre el consenso científico más ambicioso. Su resultado es un texto débil y vacuo, que convierte la posibilidad de atajar el cambio climático en una cuestión de fe. La «búsqueda moderna del poder», que es una alianza entre progreso científico y crecimiento económico, ignora la variable ecológica de toda actividad humana.

La postergación de la puesta en marcha de los objetivos que se contempla el Acuerdo de París hasta 2030, incluso a la segunda mitad del siglo XXI,  pasa la patata caliente de reducción de emisiones y de desaceleración del crecimiento a la generación siguiente, mientras los beneficios políticos de parecer que se toman medidas de sostenibilidad medioambiental son cosechados por los actuales gobiernos. El trabajo duro se traspasa a las generaciones futuras.

Para la asociación ecologista Amigos de la Tierra con este acuerdo «se está engañando a la gente.» No existen compromisos de reducción ni calendarios de obligado cumplimiento. ¿Y si no se consiguiera detener el calentamiento global? Los políticos tendrán la excusa del acuerdo intentado y los ingenieros podrán construir Arcas de Noé tecnológicas para la casta superior. Ya existen arcas. La Escuela Internacional de Beijing ha construido una cúpula protectora de la contaminación sobre las pistas de tenis y campos de deportes, para proteger a los hijos de los diplomáticos extranjeros y de la clase alta china. También lo han hecho otras escuelas. ¿Se puede repetir este modelo en caso de un cambio climático fuera de control? ¿Cómo se protegería al resto de la población en ese caso? ¿Acogeríamos a masas de refugiados? ¿Es el Acuerdo de París la coartada para la fabricación de esas Arcas de Noé para superricos? ¿Es 2050 la fecha límite en la cuál deberían estar construidas las Arcas, como nos contó, en la ficción, la película ‘2012’? El panel de expertos de la ONU señala que en este momento la temperatura media mundial ya ha sobrepasado en 0,9ºC la temperatura preindustrial. Aunque expertos como Ed Hawkins, del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading, Reino Unido, dicen que ya habríamos superado el temido umbral de los 1,5ºC, que establece el acuerdo sobre cambio climático de París.

El Acuerdo de París es una bula que purifica y limpia el capitalismo. En coherencia no contempla la imposición de pena de excomunión para la negación o las desviaciones del dogma climático. Subraya el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que si se cumplieran los compromisos voluntarios que se anunciaron por más de 180 países para reducir las emisiones en la capital francesa, solo se lograría un tercio de los recortes necesarios para estabilizar el clima. La comunidad científica nos reitera que eso significaría que el aumento de  las temperaturas sería de entre 3 y 4 grados. «Todo el mundo sabe que es necesario avanzar más, pero nadie dará el paso formal hasta que haya un documento que lo pida de forma explícita».

Creer que para superar la crisis climática es posible no establecer una estrategia de reconstrucción social, que no politice los conceptos ideológicos y/o teóricos  que han generado y legitimado las acciones y procesos que han dado lugar al cambio climático, es una blasfemia que aproxima a una solución tecnocrática. Concierne a la sociedad asegurar que las promesas del Acuerdo de París se cumplen. Y le toca  reclamar el fortalecimiento de las acciones nacionales. Una muestra de acciones de ese tipo es la incorporación a las Constituciones nacionales del objetivo climático que establece el Acuerdo de París, a fin de dotar de vinculación jurídica a los acuerdos de reducción de emisiones de los países firmantes, que ahora son una mera declaración de intenciones. ¿O es que la apuesta es por una solución autoritaria?

Y como apostasía puede ser calificada la decisión del Presidente de los EE.UU. de apartar a dicho país del Acuerdo de París. ¿Quién va a cubrir su cuota de reducción? Con el acuerdo climático las posiciones oscilan entre la apostasía y la blasfemia. Fluctúan entre la negación del dogma climático y la ofensa contra la majestad de la Naturaleza, al desplegar una solución simbólica que no interrumpe el presente de barbarie económica que imponemos al medio ambiente. Con él no se ha restaurado la sacralidad del hombre ni de la Naturaleza, sólo se han santificado sus cuerpos para continuar la explotación.

Como bien dice el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: «nos enfrentamos a una dura elección, nuestra ambición o sufrir las consecuencias». ¿Puede el demos, en este caso, elegir por mayoría seguir en la vía de la inacción y del consumo insostenible y obligar a quienes no han optado por ella a las consecuencias de un cambio climático sin control? ¿Podemos condenar a las generaciones futuras a una distopía? ¿Tiene la democracia un límite en este caso?

El día mundial de la mitad del ambiente

4 Jun

La decisión del Presidente de EE.UU. de abandonar el Acuerdo de París, sobre cambio climático, ha convertido el día mundial del medio ambiente en el día de la mitad del ambiente. Al ser EE.UU. el segundo emisor global de gases de efecto invernadero, la crisis climática ha puesto de manifiesto que la frontera entre lo global y lo local es difusa. Que lo local también es global. El Presidente Trump, no ha sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, en vez de los de París, como dice. La justificación de esa afirmación se ancla en un nacionalismo económico egoísta: América First, que no tiene en cuenta que las emisiones de CO2 de EE.UU. afectan a todos los ciudadanos del planeta, no sólo a los estadounidenses, ni que los recursos que consumen no son sólo estadounidenses. Dice Welzer que en el s. XXI no nos mataremos por la ideología, sino por los recursos. Y en ello estamos.

Trump niega que, tras la crisis climática, «las reglas del libre mercado» deban reinterpretarse y acomodarse a la capacidad de la biosfera. Que las leyes de comercio deban reescribirse. Y que ésta rescritura deba acarrear una «contención drástica de las fuerzas del mercado». La negación de la crisis climática, de Trump y de la derecha extrema, es la negativa a pagar la deuda ecológica que hemos contraído con el planeta por nuestra actividad económica. Ésta es un acto de codicia cuya finalidad es perseverar el bussines as usual y anunciar que la solución vendrá de la mano de la geoingeniería.  Y es, además, un acto de estupidez, pues, a pesar del cambio climático que hemos desatado, su punto de partida es la inamovilidad de los valores capitalistas dominantes. Stiglitz sugiere que si EE.UU. se retira del acuerdo sobre cambio climático, se pongan impuestos a los bienes allí producidos, cuando esos bienes no cumplan los estándares ambientales. Y no es mala idea.

La libertad no puede ser, entonces, un poder hacer, sin más límite que el que impone la ley humana. El cambio climático lo confirma. No puede ser ejercida más allá de los límites físicos del planeta. Adorada como un atributo divino. Contaminar no reafirma la soberanía, como pretende Trump, sino que hurta la libertad de otros y se apropia del bienestar de todos.

A fin de reforzar la observancia de los compromisos adquiridos por los países firmantes del Acuerdo de París, dada su naturaleza voluntaria, y de levantar una barrera frente a una posible epidemia de abandonos o que países firmantes que anuncien la inobservancia de facto de los compromisos adquiridos, siguiendo el ejemplo norteamericano, es útil que cada país constitucionalice los objetivos del Acuerdo de París e incorpore en su Constitución medidas de gobernanza climática, a fin de mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de los 2°C, y evitar sus efectos catastróficos. La adopción de esta medida abriría la puerta al control, por los Tribunales Constitucionales y por los tribunales ordinarios, de las leyes o decisiones internas, que pudieran violentar los objetivos de estabilización climática. Al tiempo que se pondría la primera piedra de un futuro estado ecológico.

EE.UU. no tiene que comprar las entradas de la película que Trump quiere proyectar. Pero si acompañarnos a visitar la esperanza. Dar una vuelta por Loos-en-Gohelle, el pueblo minero francés que cambió de mentalidad, y desde su identidad, dejó de hacer lo que era costumbre, para avanzar hacia algo mejor, más sostenible, más ecológico, más racional, aprovechando las ventajas locales. El pueblo se ha convertido desde entonces, a la vez, en «lugar de memoria» y «camino del futuro». Y también deben acompañarnos a conocer Totnes, la pequeña ciudad inglesa donde nació el Movimiento de Ciudades en Transición, para que, como en ella, en todas las ciudades florezcan los comercios independientes, abunden los productos ecológicos locales elaborados de forma artesana, o se reparen bicicletas a cambio de abrazos o porciones de tarta.

La crisis climáticoa no es una cuestión de eficiencia en  el uso de los recursos, como pretende la UE, que continúa operando en términos de reducción de costes. Es algo completamente distinto. Es cuestión que los ciudadanos sean tenidos en cuenta al tomar las decisiones que les afectan. Y es hora que éstos pasen a la acción y no dejen el liderazgo de la lucha contra el cambio climático a gobiernos o empresas. No tiene sentido seguir no haciendo nada, frente a quienes no hacen nada o frente a quienes contaminan. No lo harán esos otros por nosotros. Es hora que las personas nos conectemos con la Naturaleza, salgamos al aire libre y nos adentremos en ella para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante de ésta y lo mucho que de ella dependemos. Éste ha de ser el único año en que el día mundial del medio ambiente, tenga que ser vivido como el día de la mitad del ambiente.