La República catalana: un simulacro

16 May

La elección de Quim Torra como Presidente de la Generalitat significa que la política catalana está otra vez en modo simulacro. Simulacro de República. Ya lo dijo en su discurso de investidura, que tenían que aprender de los errores en los que habían incurrido para no volverlos a cometer. No para evitar que su actuación política incurra en la ilegalidad. Al contrario y usando sus propias palabras para hacer República. La hoja de ruta prometida ¿será un juego de apariencias o la legalidad será nuevamente vulnerada?

La política desplegada por las fuerzas políticas independentistas se funda en un juego de imágenes, que proyecta un enmascaramiento y desnaturalización de la realidad política y social de una Cataluña que mayoritariamente no es independentista. Planea la ocultación de la ausencia de la realidad política y social a la que aspiran. Es, en definitiva, una política que no tiene que ver con ninguna realidad, sino con su propio simulacro. El resultado de este juego puede ser —en contra de su deseo y voluntad original— la desaparición de la República que persiguen detrás del icono que adoran, al no remitir éste a ninguna realidad. Es el peligro de la iconolatría.

Este esquema de la actuación independentista se advierte en el discurso de investidura rupturista de Torra. En la autoproclamación como President vicario de Puigdemont que éste ha hecho de sí mismo o en el Govern legitimista que quiere nombrar. Modo de actuar que es una falsificación. Algo parecido puede decirse de la actuación del Gobierno de España. Que el 52% de la población de Cataluña desee seguir siendo española, no enmascara ni desnaturaliza el deseo de independencia existente. Al contrario, estos porcentajes indican que los catalanes desean mayores cotas de autogobierno. Y aunque los dos gobiernos conocen la incapacidad de su simulacro para sustituir la realidad, unos conjeturan como avanzar ante los errores del Estado: «el Estado español nunca falla», dicen; otros piensan que ya escampará.

El escenario resultante es que Madrid no puede con todo y Barcelona no tiene fuerza para romper la baraja, Enric Juliana dixit, lo que nos coloca en un escenario de debilidad mutua asegurada. Es necesario, por tanto, desplazar los sentimientos e hibridar los diferentes deseos, pues el conflicto ni se va a resolver solo, ni se soluciona desde el unilateralismo de unos y el inmovilismo de otros. La putrefacción del contencioso catalán conlleva el riesgo que convertir también en un simulacro la democracia española. La solución judicial operada hasta ahora no puede ser vista como signo de fortaleza del Estado, capaz de resistir cualquier embate, sino como un atributo de la rigidez del Gobierno. El problema de las respuestas rígidas es el mismo que el de la estructuras de esta naturaleza, que los signos de colapso pasan desapercibidos y cuando éste se produce lo hace de manera súbita y catastrófica con un derrumbe. Y la rigidez también está presente en el sectarismo.

Por casualidad me he fijado en la composición y estructura de las dos banderas —española y catalana— y como reflejan las idiosincrasias. La bandera española está formada por tres franjas. Una, la central muy ancha, asemeja un bloque. Traslada una imagen pétrea  y una sensación de pesadez y rigidez. La catalana con nueve franjas estrechas aporta una imagen de liquidez y transmite una sensación de flexibilidad, de olas del mar. Significativamente ambas comparten los mismos colores, su disposición horizontal y el predominio del amarillo sobre el rojo, símbolo de lo mucho que unos y otros comparten, diferencias de ADN al margen, claro.

Cataluña no es un espacio virtual, ni España vive encapsulada en el Consejo de la Mesta. Tanto España como Cataluña son realidades híbridas en las que ni unos ni otros pueden atribuirse el derecho de establecer estricciones a los otros, sino que deben ser configuradas como realidades de creación y transformación. Una forma de crear ese espacio es la vía biorregional —apuntada en la anterior entrada— que se funda en la diversidad y en un mayor grado de autonomía; desplaza de la organización territorial la atención sobre la identidad, para ponerla en la relación con la Naturaleza; y, además, pone en el primer plano político el principal reto que tenemos en este siglo XXI: el cambio climático. Dejen, pues, unos, de practicar vudú con las imágenes del 1 octubre y, otros, de jugar a don Tancredo.

La Catalunya fake

13 May

El discurso del candidato a la presidencia de la Generalitat —identitario y nacionalista, con tintes supremacistas— pidiendo el voto para un gobierno provisional y un Presidente de paja, instalado en el simbolismo de una República imposible, alejado de los principales problemas de los ciudadanos, mantiene a Cataluña en un tiempo fake. Sostiene este discurso una controversia lateral que silencia e invisibiliza otra primera urgente y trascendente: la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta, la cual no debe ser usada como pretexto para no pensar una reformulación del modelo civilizatorio.

Teniendo importancia esta cuestión, tiene la que realmente se le puede dar ante la realidad incuestionable del cambio climático. Es una cuestión de prioridades. Y aunque las prioridades pueden ser distintas en los diferentes actores políticos, la crisis climática debe concernirnos de manera prioritaria al no existir un planeta de recambio. Hemos de interrogarnos, pues, sin dilación, sobre ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal, una organización biorregional o un estado independiente?

En Cataluña no se está luchando contra el cambio climático, ni se están queriendo ver los riesgos que éste conlleva. En el resto de España tampoco. Por eso para hablar de vida como pedía el candidato a la Presidencia de la Generalitat, es urgente afrontar la crisis climática. Esta si es una situación real de excepción, que sino la remediamos no nos permitirá hablar de nada en Cataluña, ni en España. El ciclo en el que estamos no es solo político: autonomista o republicano como afirman algunos grupos en el Parlament, sino climático y de cambio civilizatorio. De supervivencia. En este contexto no tiene sentido crear diferencias identitarias y continuar usando el mapamundi para establecer fronteras donde antes no las había. Hoy el nuevo mapa es el planeta, no el territorio. Guste o no guste es así.

La solución biorregional como modelo de organización territorial no es un mero ejercicio teórico de la teoría política verde, sino un modelo que puede dar respuesta a muchas reivindicaciones que desde Cataluña se están reclamando para su autogobierno. Es una mirada a «una vida humana y una política» no estatal y no jurídica que reivindican la mayoría parlamentaria independentista y otros grupos de la Cámara. A la vez es una palanca de resistencia frente una mundialización desigual y una globalización uniformadora, que no establece barreras, pero ordena límites: limita los intercambios a aquellos que resulten posibles dentro del territorio y del planeta y no trata de imponer un molde económico, cultural y político desde el Estado, la clase o el género dominante.

La biorregión es un marco que se puede armar dentro del Estado de acuerdo con las características singulares que definen a cada biorregión social, política, climática, hídrica y geológicamente, con respeto a sus sistemas naturales, sus estructuras de intercambio interiores y exteriores, sus propias necesidades como comunidad, sus sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo, sus ritmos propios. Y, todo ello, con observancia del significado profundo que tienen para la gente que vive en cada una de ellas. Ya que el 48% de los catalanes que vota independentista no es independentista, estas pautas pueden constituir un punto de partida sobre las que llegar a construir un consenso transversal o al menos mayoritario en el Parlament de Catalunya sobre la organización institucional del autogobierno.

Continuar un discurso fake que no solo abusa de las palabras, que se empeña en el ilusionismo de un proceso constituyente para construir un estado independiente en forma de República, desde una unilateralidad quiebra la legalidad constituida y que no goza del apoyo de la mayoría de ciudadanos catalanes, adrezado con campañas de señalamiento y declaraciones contra los «malos catalanes», se hace irrazonable en cualquier contexto político, pero aún más en el contexto climático cada día más adverso en que vivimos, en el que el calor y la escasez de agua ya están presentes en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este discurso mentiroso solo es el símbolo de la pugna entre las derechas españolas para asegurarse un mercado propio, en la lucha por la financiarización de todo lo que la Naturaleza brinda. Batalla en la que el control físico del territorio es una prioridad estratégica.

La resolución del contencioso no requiere, por tanto, derruirlo todo y volver a construirlo todo nuevamente, como sería del gusto de los independentistas. Solo basta con mover un palmo el foco para salir del bucle. Abordar la cuestión nacional e identitaria desde una perspectiva diferente. La solución, o al menos una de las posibles, es buscar vínculos que nos anclen al planeta y no al mundo (territorio) como hasta ahora. Ese vínculo es el de la afinidad, más amplio que la identidad y no excluyente. La afinidad aporta sentido y dirección a los diferentes sentimientos de pertenencia, sin limitar ni coartar la mezcla entre ellos. No es una camiseta como la identidad. Es una «matriz estructural» de lo que es común a los seres humanos: la pertenencia a un mismo planeta y a una misma especie biológica, por encima de los yoes histórica y socialmente creados: la nación, la clase, el género o la relación con el mercado y el consumo de bienes y servicios.

Así concebida la cuestión ésta no queda reducida a la terra patria (a la tierra paterna), sino que se amplía al planeta terra. En la era de la crisis climática es necesario crear junto a la conexión entre sociedad y democracia, otra entre planeta y democracia. Lo que hasta ahora era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto de decisiones, objeto político, objeto central de la democracia. Y quizás deba ser también sujeto. La terra patria es así el planeta terra, la tierra de todos y para todos. Esta conjunción entre planeta y democracia se materializa institucionalmente en la biorregión.

La lengua, la historia o la cultura ya no definen en la práctica la cuestión nacional, desde ahora ya es determinada por la cuestión climática. Los cálculos más optimistas calculan ciento cuarenta millones de migrantes climáticos en los próximos treinta años, cifra que se irá incrementando a medida que el cambio climático se haga más profundo. El sujeto biológico (la especie) se hace sujeto político. La Nación da paso así a la Nación planetaria: la comunidad formada por todos los seres humanos; asociada a un territorio: el planeta; que tiene una cultura compartida: las leyes de la Naturaleza; que comparte cierto grado de solidaridad, manifestada en la existencia de los servicios ambientales y el necesario cuidado de los mismos; y que comparte cierto grado de memoria histórica, a través de la información de experiencias de miedo y estrés transmitidas en el ADN, la memoria de nuestros antepasados.

Esta manera de afrontar la cuestión nacional, acorde con el cambio epocal en el que nos encontramos, se interroga «por lo que somos», por delante de por quiénes somos. La pertenencia adquiere así diferente significado y evidencia la disfuncionalidad actual de la vieja receta de soberanía e identidad. La iniciativa está sobre la mesa. ¿Se atreverá alguien a abanderarla? No lo sé, pero Facebook ha escogido Barcelona para instalar un centro de control de ‘fake news’.

Días de rebelión y rosas

6 Nov

Viendo cómo se está desarrollando la crisis catalana, se observa que la misma está instalada en la lógica de la economía arcaica según la cual «cuanto más violencia, más poder». ¿Cómo explicar si no el cerco a instalaciones oficiales, el intento de expulsión de fuerzas de seguridad del Estado, la violencia del 1-O ó los autos de prisión al Govern? Ninguna de las dos partes de este conflicto es inocente. Para ambas el juego sólo tiene un tipo de envite: el órdago. Juegan con todo lo que tienen. Al primero que le tiemblen las piernas pierde. En este conflicto el Gobierno usa el poder ortopédico: porras, cárcel, y el poder disciplinario: artículo 155. Y el Govern hace una utilización «astuta» de su poder —que como todo poder conlleva implícita la violencia— y traslada la violencia a un objeto sustitutorio: el pueblo, que actúa como un pararrayos. Sobre él es sobre quien recaen los sacrificios. Estos días han sido días de rebelión y rosas. ¿Cómo fueron las rosas? Como una piedra, no como una flor.

¿Qué diferencia hay en la violencia de cada parte? El Gobierno utiliza una violencia «proteica»: porras, tribunales, cárcel; el Govern: la psíquica o psicológica, en «espacios subcomunicativos, capilares y neuronales», dando la sensación que ha prescindido de la violencia, pero sin hacerlo. Es el juego arcaico de la violencia y la contraviolencia como único modo de respuesta. La violencia del independentismo es la violencia de una lengua hiriente, que para el resto de españoles resulta difamadora, desacreditadora, desatenta: España nos roba; extranjeros, iros a vuestro pueblo. La violencia del Estado es la violencia del castigo, que los independentistas denuncian como la violencia de la venganza. Una cosa creía que habíamos aceptado ya: no volver a ese lugar. El peligro de la crisis catalana es que el rebrote del nacionalismo nos haga regresar a un estado tribal, arcaico. Y en ese caso el jefe en esa tribu es la bandera, que es un habla de la sociedad sobre si misma, a través de la cual la sociedad se reconoce como indivisible. Así planteado este conflicto sólo habrá vencidos. El pueblo será la víctima.

Básicamente cada parte ha jugado con las armas que disponía. Con la astucia, el Govern: un ejemplo es la treta del gobierno en el exilio; con el poder disciplinario y el miedo, el Gobierno. Rajoy ha enfrentando a Cataluña a su miedo: a la ruina del orden económico. La estrategia independentista de prolongar el conflicto para dañar la economía y las finanzas de Madrid se vuelve contra ellos. Es un arma con el cañón acodado que hace impactar el disparo en su propio cuerpo: la huida de empresas va por más de 2.000; el coste económico estimado, de esta crisis para Cataluña, en 2018, será de 1.500 millones de euros. Y si la crisis se prolonga alcanzará los 6.000 millones, según cálculos a la baja. Las empresas dicen: aunque me llames no te oiré, y aunque te oiga no me giraré, y aunque hiciera ese movimiento imposible, tu rostro me parecería ajeno (W. Szymborska).

¿Ha existido la violencia que exige el Código Penal en la crisis catalana? Esa que dicen que no existe. Pensar que en el siglo XXI la violencia que exige este delito sólo puede ser física, es regresar a las sociedades de la sangre de la antigüedad. Es tanto como afirmar que los conflictos sólo se pueden resolver con el uso de la violencia física, a pesar que esta violencia ha dejado de ser parte de la «comunicación política». La violencia se ha desplazado «de lo visible a lo invisible; de lo directo a lo discreto; de lo físico a lo psíquico; de lo frontal a lo viral.» En la modernidad la violencia toma forma psíquica, psicológica, interior. Se hace astuta.

Al no estar acotada explícitamente a la violencia física que se exige en  el Código Penal para el delito de rebelión, al aparecer indeterminado el tipo de violencia en la norma, es necesario determinar las modalidades de violencia que caben en ese contexto a través de la interpretación, que no la analogía. Nada impide que la violencia a la que hace referencia el Código Penal abarque además de la física, la violencia psíquica o psicológica, pues no se opone a ello el sentido literal posible de la norma. Si el legislador hubiera querido restringir la violencia requerida para este delito a la física lo habría señalado de manera expresa en la norma. Es perfectamente factible, por tanto, entender que en su seno caben las dos formas de violencia que hay en nuestra sociedad: física y psicológica. La ley penal, como cualquier ley, debe ajustarse a la realidad social del tiempo en que le ha tocado vivir. Un ejemplo de ese ajuste del concepto de violencia lo ofrece la Ley que regula la violencia de género, la cual, en lo que aquí nos interesa, establece que este tipo de violencia comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las amenazas y las coacciones. Limitar, por tanto, a la vis física la violencia exigida en el delito de rebelión es tan erróneo como anacrónico.

En esta dirección se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien señaló que bastaba para cometer el delito de rebelión estar dispuesto a la utilización de la violencia «en forma pública, patente o exteriorizada». Hay un dato, no introducido en la querella del Fiscal General del Estado sorprendentemente, y que es indiciario de la voluntad del Govern de haber usado la violencia si hubiera sido preciso. El Ministerio de Defensa, u  año antes, en diciembre de 2016, frenó por su elevado e inusual número la compra por la Generalitat de 850 subfusiles y fusiles de asalto y de precisión y 5,4 millones de cartuchos. Se pidió por el Ministerio de Defensa una explicación pero no hubo respuesta. Con el armamento que la Generalitat pretendía adquirir, se podía haber organizado y armado un regimiento de 2.000-3.000 efectivos o una compañía especial con pretensiones de ofrecer una resistencia urbana importante.

En la misma dirección avanza la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando señaló que el delito de rebelión también se comete cuando el empleo de la violencia constituye una amenaza seria y fundada de los alzados, de estar dispuestos a conseguir los fines indicados en la norma penal a todo trance, recurriendo inclusive si fuera preciso a la utilización del uso de la misma. El Conseller de Governacio, Joaquim Forn, en declaraciones públicas llegó a señalar que la Generalitat contaba con 17.000 hombres armados. Tal y como se desarrollaron los hechos protagonizados por el Govern de Catalunya, una parte del Parlament de Catalunya y varias asociaciones civiles, no cabe duda que esa amenaza existía. Hubo medios de comunicación, como La Vanguardia, que advirtieron en sus editoriales que existía un riesgo real de «guerra civil». Hubo políticos que se pronunciaron en el mismo sentido. Toda España vivió esa angustiosa sensación aquellos días. Ellos, parafraseando a W. Szimborska, insisten, sin embargo, en que con amabilidad mostraban la frente. Estaban alegres y se movían ágilmente en los salones. Uno saluda a aquél, aquel a otro felicitaba. Su rostro estaba sonriente para los objetivos, para reunir a mucha gente. ¿Es esto rebelión, sedición o no es nada? Ellos dicen que sólo son buenas personas.

In-de-pendencia y 155

29 Oct

Los independentistas ya sabían −en la sesión del Parlament que supuestamente declaró la República− que tenían perdida esa partida. Se vio en los rostros de muchos de ellos. En su gestualidad, que los delataba: serios, graves. Rostro cenizo. Aplausos sin entusiasmo tras el voto secreto. No se pronunció la palabra república en el hemiciclo del Parlament. No hubo vivas a la Republica de Catalunya. In-de-pendencia. Parte de Cataluña quería no depender de España. Pero el Estat Catalá fue efímero otra vez. Esta proclamación ha sido la que menos épica de todas ha tenido. Catalunya sigue donde algunos no querían estar: de-pendiendo de España. Continúa la misma pendencia: la no in-de-pendencia. Y aún así continuaron con la recreación.

La escenografía de la declaración de in-de-pendencia fue de ocasión, cutre: no hubo discurso que plasmara para los anales la solemnidad del nacimiento del nuevo Estado, del nuevo sujeto internacional, y estableciera el proyecto de la nueva República. Ni salida al balcón para sellar la comunión de las instituciones republicanas con el pueblo. Y además de todo ello la bandera española continuó ondeando en el Palu de la Generalitat junto a la senyera. Y sigue así. Faltó liturgia y gloria. Y fastos adecuados a la ocasión: grandes castillos de fuegos artificiales o grandes actuaciones musicales. En las escaleras del Parlament los Alcaldes gritaron repetidamente libertad, libertad, con la vara de mando alzada. Pero más que la aclamación de las instituciones catalanas por la libertad alcanzada, era la reclamación de la libertad no alancanzada.

En la calle hubo alegría y alborozo, pero sin desbordarse. Pero en muchas casas hubo lágrimas, temor y preocupación. La fiesta fue a base de música enlatada y cerveza, con algunos fuegos artificiales. Careció del glamur de un fasto de esta naturaleza. Era un festejo acorde con el espejismo de República que se había proclamado. Y a la medianoche las calles estaban vacías. Muchos dicen «ahora a parar los golpes». Se han visto algunas banderas negras, símbolo de resistencia. Pero la carne se tumefacta. Y todo exceso de temperatura provoca fiebre, pero la hipotermia causa la muerte.

A pesar de la gestualidad desplegada por el independentismo, ésta no se apropió de la independencia. Aún así la nueva República ha implantado un gozne entre la realidad y su realidad. El procés ha sido ensueño, gesto, espejismo. Pero gesto tras gesto ha chocado con la indiferencia del Estado primero y con su muro después. Y el vacío internacional es total y absoluto. Ni siquiera Escocia, la región secesionista hermana, ha reconocido la República de Cataluña. El Govern está destituido. El Parlament disuelto. Y convocadas elecciones autonómicas, que se celebran en 54 días.

Rajoy dijo que no habría papeletas, urnas, ni referéndum y hubo papeletas y urnas y se votó. Y hubo porras. Dijo también que no habría declaración de independencia y la independencia se declaró. El Estado no puede permitirse más errores. Los independentistas continúan actuando dentro de su burbuja y al margen de la realidad. Pero de tanto repetirla pueden conseguir que lo que hoy parece una mueca, un día se vea como un mohín y después sea percibido como un gesto. Un gesto político. Pero la República Catalana también puede acabar como la Padania italiana. Veremos.

En Cataluña ya impera la lógica doble: la realista y la extática. El independentismo vive en la magia de la «libertad del poder hacer», que no tiene límite ninguno.  Las opciones independentistas rechazadas por el Estado se empiezan a desplegar en una realidad alterna donde se quiere hacer realidad lo que no pudo ser. Paso a paso. Se ha anunciado la creación de un DNI catalán, una e-Administración en la nube con servidores en el extranjero. Hay dos realidades paralelas que empiezan a coexistir. ¿Estará un día completa? Es el multiverso catalán. Es el Plan B. Aunque el independentismo da por perdida la Generalitat, el President en una declaración institucional no acepta el cese. Es el comienzo de un pulso al Estado «con paz, civismo y dignidad». Aunque la alusión a la dignidad es una admisión velada de la derrota de hoy ya descontada. Se pide paciencia. Es el inicio de la resistencia pasiva. Algunos Consellers y diputados se han pronunciado también en favor de defender la República Catalana. Hay convocada una manifestación por la unidad de España en Barcelona. El domingo. Una convocatoria de huelga general del 30 de octubre al 9 de noviembre, en stand by. En alguna concentración se recrimina a la Policía autonómica su ausencia el 1-O. Hay odio y la rabia está explotando. La gente se encara con la policía. Este universo es más hard. La calle es el hemiciclo.

Han vuelto a repetir los independentistas el error de hiperventilación, que cometieron en la II República, que no les ha dejado pensar claramente. ¿Acaso no ven que el Estado español, como cualquier otro estado, se funda «no sobre el vínculo social, del que sería expresión, sino sobre su disolución…»? Su rauxa será un factor destructor y de regresión para el resto de España. En el siglo XX fue uno de los factores desencadenantes de la Guerra Civil. Y hoy se traducirá en una recentralización. En los círculos y cenáculos de la derecha la petición de recuperación de ciertas competencias por el Estado es ya un clamor. Con su actuación los independentistas han servido en bandeja a la derecha la justificación para dar una vuelta de tuerca más al giro regresivo que nos dirige hacia un estado en el que la resistencia y el disenso son cada vez más difíciles. Cualquier crisis económica, política o de cualquier índole, está siendo usada para aplicar la doctrina del shock. Véanse las advertencias de algunos dirigentes del PP. En cualquier caso la izquierda en Cataluña le está haciendo el trabajo sucio al la derecha, al proporcionarle con su posicionamiento una coartada para sus planes. Y si lo dicho no basta, para muestra un botón: alguna izquierda apoya la última tesis independentista que en el Parlament no se votó la independencia.

Tras la declaración de independencia de Cataluña, España internacionalmente es vista como un estado fallido. Y la República Catalana nace fallida. Es verdad que durante muchos años el Gobierno del PP se ha negado a escuchar las legítimas peticiones y reivindicaciones de los catalanes. Es verdad que «la forma más eficaz e insidiosa de silenciar a los demás en la política es negándonos a escuchar». Pero también es verdad que este abuso no justifica el atropello cometido por la Generalitat de Catalunya. Como también es verdad que los independentista pretenden silenciar a los demás usando la misma estrategia. Tras esta catástrofe todas las inútiles élites políticas españolas, todas sin excepción, muchas de ellas además corruptas, han de responder ante los ciudadanos. Nos han robado y han roto el país. Elecciones en Cataluña, si. Pero también en España.

Ley, no humillación

21 Oct

«Paz, piedad, perdón» es el discurso que Azaña pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona en 1938. Salvando las distancias entre aquella España y la de hoy, entre aquellas circunstancias y éstas, es oportuno que las partes en el conflicto catalán, todas ellas sin excepción, evoquen el mensaje que transmiten esas palabras a todos los hijos de España, las cuales han de significar la puesta a cero del contador. El President de la Generalitat ha reconocido de manera clara que no hubo declaración de independencia en el Parlament. De manera que si el punto de partida ha de ser la Constitución, ya está dentro de la Constitución. Dura lex sed lex. Fiat iustitia, pereat mundus. Es decir, aplíquese la ley, pero sin humillación. Fundamentum iustitiae primus est ne cui noceatur. El primer fundamento de la justicia es no dañar al otro. En la Transición, hay que recordar, que muchos de los pactos que se alcanzaron no se iniciaron en plena conformidad con la legalidad vigente entonces.

Dice Enric Juliana: «Madrid no puede con todo. Barcelona no tiene fuerza para romper la baraja.» Este puede ser el resumen de la situación. En el tan nombrado artículo 155 de la Constitución sabemos como se entra, pero no como saldremos. Si atendemos a las declaraciones que se han realizado tanto desde el Gobierno como desde el Govern, respecto al mismo, la aplicación de dicho precepto nos desliza a un escenario a la venezolana: dos legalidades y dos institucionalidades: la Constitución y la Ley de Transitoriedad; una Generalitat intervenida y una Asamblea de Cargos Electos y un Parlament rebelde. Las masas en la calle. Un President que no es Josep Tarradellas, pero se ve como el George Washington catalán, si bien se parece al Presidente Nicolás Maduro. La conllevancia orteguiana como política para Cataluña está agotada. Y debe ser amortizada.

El intento de secesión es la tercera explosión de la cuestión catalana en los últimos cien años. De la misma manera que no es posible la secesión con más de la mitad de la población en contra, tampoco es posible la convivencia con casi la mitad de la población partidaria de la secesión. Dado el estado de cosas en que hoy está el conflicto catalán ya no es suficiente con proponer un nuevo pacto político (paz negativa) para encontrar una solución. Se deben eliminar todas las formas de violencia (directa, estructural y cultural) que las dos partes se imputan mutuamente (paz positiva).

A pesar de las dificultades hay un camino para volver a empezar: que ambas partes acepten que hemos de recorrer la distancia que existe entre la democracia que tenemos, nuestra democracia realmente existente, y la «democracia tomada en serio». Es momento de apelar a la sociedad catalana e impulsar la reforma de la Constitución. Ir de la ley a la nueva ley. Es irreal pensar que el conflicto se resolverá con el intento de restauración de la legalidad a través de la sola aplicación del artículo 155 de la Constitución.

¿Qué hará el Estado frente a la movilización permanente anunciada en caso de intervención? ¿Cómo va a hacer frente el Estado a las medidas coordinadas de boicot, no-cooperación y/o desobediencia de los ciudadanos de producirse? ¿Cómo va a hacer frente a los funcionarios que boicoteen la intervención de la Generalitat? ¿Abrirá miles de expedientes sancionadores? Sólo sus recursos colapsarían los tribunales. ¿Qué ocurrirá si tras el anuncio de la puesta en marcha del artículo 155, se declarara la independencia y se ocupan las infraestructuras básicas del Estado? ¿Y si a las elecciones que convocara el Gobierno no se presentan los partidos que defienden la independencia y no se reconoce su legitimidad por estos? ¿Y si vuelve a haber mayoría absoluta independentista tras las nuevas elecciones? ¿Y si fuera aún mayor a la ahora existente? ¿Después de la rebelión de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es posible una vuelta, sin más, a la autonomía? Más de un 26% de los españoles pide una recentralización de competencias. Demasiados interrogantes para los que no hay una respuesta.

Dicho de otro modo. Cualquier  gobierno puede gobernar mientras reciba de los ciudadanos y de las instituciones de la sociedad cooperación, sumisión y obediencia constante. La sociología jurídica nos dice que el Estado, en casos de desobediencia generalizada de la ley, sólo puede obligar mediante la coerción al 15% de la población. El desafío político no-violento que se impulsa desde la Generalitat de Cataluyna es idóneo para negar al Estado el acceso a las fuentes de poder. Para alcanzar la soberanía la Generalitat no usa armas físicas como hizo el Gobierno del Estado el 1-O. Se vale de una lucha no-violenta variada y compleja. Para ello emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. Estas armas son las protestas, las huelgas, la desobediencia, la no-cooperación, el boicot, el descontento. Por eso cualquier medida de coerción o represión que pretende usar el Gobierno del Estado resulta tan ineficaz, y se vuelve contra quien la emplea. A esta eficacia se debe agregar un uso inteligente, propio del siglo XXI, de la comunicación. El Gobierno, aunque cuenta con el apoyo inequívoco de la Unión Europea, visualizado en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, combate esta desobediencia no-violenta con un plan de coerción jurídica propio del siglo XIX.

El principio de realidad impone la opción «paz, piedad, perdón». Esta elección debe arbitrar alguna solución que permita a los catalanes votar y expresar su voluntad sobre su futuro. Y distender el clima político. Incluso podría conducir a una Ley de Claridad. Ante un eventual fracaso de la coerción jurídica del artículo 155 y otras medidas, escenario no improbable, la otra alternativa es el artículo 116 de la Constitución: estado de alarma, excepción y sitio, que es la máxima fuerza y coerción que el Estado puede usar en democracia. El resultado de esta medida, como en cada intento que ha habido de imponer la unidad, será la libertad de los discrepantes. Cada opción nos conduce a una España diferente.

Poder y soberanía en Cataluña

1 Oct

«Un poder superior es aquél que configura el futuro del otro, y no aquel que lo bloquea. (…) Sin hacer  ningún ejercicio de poder, el soberano toma sitio en el alma del otro», dice Buyng-Chul Han. A esta descripción de la lógica del poder se ajusta en gran medida la actuación del Govern de la Generalitat. Consigue de esta manera neutralizar la voluntad de acción de aquellos que no son partidarios de la independencia y muestra que quiere ampliar la libertad. Con ello está motivando a la acción a sus partidarios. Y está claro que el Govern, a diferencia del Gobierno del Estado, está siguiendo los consejos que Maquiavelo dio al Príncipe de aunar libertad, astucia y razón, como método político para neutralizar los condicionamientos y alcanzar los objetivos. En este artículo examinaré las lógicas y los significados que tienen algunos de los actos que está realizando tanto el Gobierno del Estado como el Govern de la Generalitat.

Comenzaré analizando algunas intervenciones del Gobierno del PP. En una de ellas el Presidente Rajoy pidió a los dirigentes catalanes que reflexionaran y volvieran «a la racionalidad y a la legalidad». En otra advirtió al President de la Generalitat que nada bueno se podía producir con su actuación. Estas intrusiones nos transportan al pasaje bíblico del proceso de Jesús de Nazaret en el que Pilato le dice: «¿No sabes que puedo liberarte o hacer que te crucifiquen?» (Mt 27,17). Este pasaje refleja con toda exactitud el concepto del derecho a decidir que reconoce el Gobierno. Con estas intervenciones el Presidente no está proyectando la fortaleza del poder del Estado, sólo trasluce su debilidad. Estas advertencias junto a la admonición que el Ministro del Interior hizo al President de la Generalitat en la Junta de Seguridad muestran la voluntad de vencer, pero además son la notificación oficial, pública y personal de un posible empleo de la fuerza de continuar por el camino emprendido. A esta forma de notificación el Derecho le reconoce el efecto de dejar constancia −escrita y firmada− del requerimiento efectuado al destinatario y de su recepción por el mismo.

El Presidente del Gobierno, persistiendo en su autismo político, llamó a los catalanes, días después, a no aceptar formar parte de las mesas electorales. Esta exhortación −prosiguiendo con la alegoría del proceso a Jesús de Nazaret− equivale al lavado de manos de Pilato que relata la Biblia (Mt 27,24). Es un yo lo avisé, allá ustedes. Es la hipócrita escrupulosidad con la que Rajoy y el PP creen purificarse ante un eventual recurso a la fuerza. Pero estas palabras no se pueden desligar de la pasividad que ha mostrado el Gobierno del PP respecto a Cataluña durante años. Y la respuesta dada por el President Puigdemont a las advertencias de que el referéndum no se celebrará, ha sido como la que la multitud/pueblo dio a Pilato tras eximirse éste de la responsabilidad por la muerte de Jesús: «¡Nosotros y nuestros hijos cargaremos con su muerte!» (Mt 27,25). Esa respuesta es un aquí estamos los catalanes.

El segundo de los hechos que quiero analizar es el uso que el Govern de la Generalitat ha realizado de la movilización de la gente: ocupación de espacios públicos, −como los colegios o las plazas−; las colas que han pedido que se formen desde temprano el 1-O –a cuya visualización contribuye la reducción del número de colegios electorales, al margen que se pueda votar o no−; las manifestaciones; la convocatoria de huelga general. Es un uso elaborado e inteligente. En todas ellas existe un elemento común: la aclamación, en forma de cántico de lemas, levantamiento de manos, aplausos. Estas expresiones tienen una importancia más allá del simple gesto. En el Imperio Romano en los comicios electorales la aclamación podía sustituir a las votaciones de los individuos. Y Rousseau decía que la aclamación, el grito de aprobación o rechazo de la masa reunida, era la verdadera democracia.

Esta es la importancia que tiene la movilización promovida desde el Govern. Si la votación finalmente no se puede realizar con normalidad 1-O el significado simbólico de la aclamación tendrá sentido político. Y sus promotores podrán reclamarlo y hacerlo valer. Carl Schmitt decía que la aclamación era «la expresión pura e inmediata del pueblo como poder democrático constituyente.» Le otorgaba una función constitutiva, que puede ser usada como fuente de voluntad constituyente. Es sobre ella que los partidarios de la independencia, en última instancia, pretenden alumbrar la nueva República de Cataluña. De ahí la apelación continuada del Govern a la necesidad de una presencia masiva de gente en las calles el día de la votación y a la movilización que se están pidiendo y a la que se anima desde las asociaciones independentistas. Igual sentido tiene la huelga general convocada a partir del 2-O por las asociaciones independentistas. Quiero pensar que es este, y no la pura coerción de la ley, el motivo que tiene el Gobierno del Estado para impedir a toda costa la votación el 1-O.

El conflicto catalán contrapone dos mundos: «el de los hechos y el de las verdades», que se enfrentan de manera inmediata y, no se si también, de modo inconciliable: el de la nueva realidad catalana creada y el de la verdad eterna de la «Nación». En él se mezcla también lo «humano y lo divino». El pacto que la Independencia ofrece es «Yo te libraré y tú me glorificas». A partir de este momento la pregunta que Pilato hizo a Jesús: ¿No hay ninguna verdad sobre la Tierra?, cada uno deberá responderla, objetarla o rebatirla. ¿Continuaremos en la conllevancia, inauguraremos un nuevo pacto para todos o emprenderemos caminos separados?

Soberanía y democracia en Cataluña

26 Sep

«Una cabeza, un voto», que es un principio esencial de la democracia, está en conflicto con «una mentira, un voto» y también entra en colisión con «un show, un voto», dice Paolo Flores d’Arcais en «Democracia». La campaña por la independencia de Cataluña está sustentada en mentiras: no se trata de independencia, sino de democracia; Cataluña no saldrá de la Unión Europea; derecho a decidir; volem votar. Casi todos los actores han montado su propio show. Si el 61% de los catalanes no otorga validez a la consulta, ¿es democracia el referéndum del 1-O?

La argumentación lógica sobre la que se apoya la soberanía del ciudadano, es un deber recíproco de todos para con todos. Cuando ésta es sustituida por la mentira, dejamos en el camino parte de la dignidad que nos caracteriza como personas. Si la verdad no domina la vida pública se niega a los ciudadanos la posibilidad de formarse una opinión autónoma y de efectuar una elección libre. La mentira en política es, de por sí, una «usurpación de soberanía». La campaña en favor de la independencia de Cataluña está plagada de falsedades y presenta una paradoja: se roba a los ciudadanos soberanía de elección para que decidan sobre su soberanía política. La democracia se ha convertido en Cataluña en una ficción con un guión que dice que ésta está movilizada: votaciones sin garantías, manifestaciones, escraches a instituciones, a partidos políticos contrarios a la independencia, cierre del Parlament. Esta es la nueva liturgia.

Cataluña no saldrá de Europa tras la independencia dicen, a pesar de los desmentidos realizados por las autoridades de la Unión Europea. Esta mentira es repetida de manera incansable. Es un mantra que se presenta como una opinión, sustentada en la creencia subjetiva que finalmente esta circunstancia no se producirá. La mentira  es convertida en una opinión lícita y defendible. Y el hecho incuestionable: Cataluña no sería miembro de la Unión Europea en caso de independencia, queda degradado a mera opinión. La dicotomía verdadero/falso desaparece del debate público y es sustituida por un enfrentamiento entre opiniones simuladamente verdaderas. La falsa información ennoblecida en opinión se hace pasar por sentido común. ¿Cui prodest, a quién aprovecha?

Cuando en una elección —política o refrendaria— la verdad es falseada, sustituida y endulzada por un continuum de hechos verdaderos, simulación narrativa y efectos publicitarios, el principio «una cabeza, un voto» es sustituido por la posverdad: verdad alternativa o mentira emotiva repetida sin complejo en la que  los hechos son ignorados. En ésta la regla es: «una falacia, un voto». El uso obsceno, impúdico, deshonesto, de la palabra −la demagogia posverdadera−, reemplaza la voluntad de los ciudadanos por la voluntad de los demagogos. En estas circunstancias el ciudadano no decide, porque otros ya lo han hecho por él. Él sólo cree, aplaude, combate. Es una masa maleable y moldeable. Y el debate público se convierte en una prueba de pulsiones, emociones y malestares. El voto así no expresa voluntades autónomas, sino que es una simple herramienta de contable para que cuadre el balance que se quiere presentar. Es la amputación del voto. Se trata de vencer no de con-vencer. Mientras tanto unos siguen exaltando la bandera, la patria y la Constitución, a través de las juras de bandera para civiles, como la del fin de semana pasado en Girona, o la que se ha pedido hacer en Madrid. Otros juegan a llamar a la huelga general tras el referéndum. Y otros ponen sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Cada uno a lo suyo que el interés general es de todos.

En este escenario hablar de presos políticos, de fuerzas de ocupación, de medidas represoras o de intervención encubierta de la Generalitat, como hace cierta izquierda, en vez de fiscalizar la actuación del Gobierno ante cualquier exceso y exigir al Govern de la Generalitat la vuelta a la legalidad, es olvidar o desconocer que la ley es expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y se quiera o no, con esta posición se debilita la capacidad del Estado para defenderse frente ataques ilegales.

Esta posición de la izquierda la ha llevado a renunciar a su coherencia democrática, sin darse cuenta que con ella abandona su compromiso de «devolver a los ciudadanos su fragmento de soberanía y la certeza de la legalidad». Olvida también las palabras que pronunció en el Parlamento de Cataluña ante el atropello que constituyó la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad. Ella que debería ser, y ser reconocida, como el «guardián intratable de la democracia», remplaza el respeto por la verdad de los hechos, el no consentimiento de la desigualdad ante la ley que significa la ruptura de la legalidad y la argumentación lógica en el debate, por la mentira. ¿Cálculo interesado o miopía? En cualquier caso se trata de una oportunidad perdida para virar hacia una «democracia tomada en serio».

La crisis catalana está poniendo de manifiesto, hoy más que nunca, que la democracia corre el riesgo de no significar ya nada en España. ¿Quién defiende la democracia?

Sobre la soberanía y Cataluña

20 Sep

El gobierno parece no haberse dado cuenta, o no quiere darse cuenta, que la aprobación de las Leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República por el Parlamento de Cataluña, ha establecido un estado de excepción que ha hecho emerger un nuevo poder soberano sobre el cuerpo social en ese territorio. La expresión estado de excepción debe ser entendida, aquí, en cuanto categoría política que establece los límites del Estado y de la ley, y no como una transgresión jurídica en el interior de la pirámide de fuentes del orden normativo constituido, que ataca la jerarquía normativa y la distribución de competencias establecida.

Esta excepcionalidad, por tanto, no puede ser anulada por la sola suspensión de los efectos jurídicos de dicha ley por un tribunal, pues las leyes de referéndum y transitoriedad no emanan de una norma jurídica (la Constitución o el Estatuto), sino de una decisión: la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, que declaró que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano, y que es de facto una suspensión revolucionaria de la soberanía española en ese territorio. La decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña es un acto de poder soberano puro y extremo, no un acto caprichoso o arbitrario como se está diciendo. Y como tal acto  soberano sólo está sometido a la voluntad de quien la adopta, que es primera e independiente de toda consideración sobre el derecho de esa decisión. Esta decisión se justifica sólo en la medida en que provee las condiciones necesarias para que la excepción que crea pueda ser reapropiada por la nueva norma.

La situación que se vive en Cataluña no es la situación de caos que precede al orden que será restablecido, como entiende y dice el gobierno. El estado de excepción allí creado es la situación resultante de la sustitución de un orden: el de la Constitución Española, por otro: el de la nueva República de Cataluña, contenido en las leyes de referéndum y de transitoriedad fundacional aprobadas. La sustitución de la ley vigente por la nueva no anula aquélla, la expulsa. Crea un vacío que quiere ser reapropiado, tanto por el poder constituido como por el nuevo poder constituyente que emerge, mediante la construcción de ficciones. Cada uno las suyas. Unos porque quieren aparecer como un estado naciente que ya funciona como tal. Otros porque quieren transmitir la sensación que el edificio institucional sigue intacto pese a los sucesos acontecidos. Es desde la lógica de la nueva realidad creada en Cataluña desde donde efectúo el análisis, no desde la realidad constituida, ni desde mi posición personal en este asunto: de rechazo a la vía unilateral emprendida.

El actual momento es para quienes apoyan las tesis independentistas el de la efectiva redención del pasado incumplido merced del despertar presente. Nada los apartará del camino emprendido. Han conseguido, pese a la improbabilidad del suceso, la primacía de la política disruptiva sobre la historia reciente. Su fe es que finalmente prevalezca su historia –su relato– sobre la política vigente. Y esta fuerza no se destituye sólo con querellas y policía, que son instrumentos que operan exclusivamente en el interior de un orden constituido, sin capacidad para coaccionar a otra soberanía. Está inspirada por la épica de las grandes gestas. Su pócima mágica es la fe mesiánica en el milagro de la acción y en el poder del instante que casi la mitad de Cataluña siente: ¡ahora o nunca!

La defensa del orden constitucional vigente –suelo de cualquier acción política, que no sólo alcanza a las medidas represivas, sino que comprende también las políticas– por quienes se oponen a la independencia de Cataluña, sin embargo, no va más allá de la reparación de las grietas producidas en el orden constituido, a pesar que el statu quo ha saltado por los aires, y que la excepción que se ha instaurado es percibida como la posibilidad de romper con el continuum de la historia de los vencedores de 1714, como medio para dejar atrás una historia que acumula ruinas.

La legalidad de Cataluña ya no es la misma que está vigente en el resto de España. Ya no se puede invocar por el Gobierno de la Nación el espacio político fundado por la Constitución de 1978 y esperar sin más sus efectos taumatúrgicos. Éste ha sido desmontado y tras el referéndum del 1-O, y si hay una mayoría de síes a favor de la independencia, lo que es más que probable, quedará destruido. Casi la mitad de la sociedad catalana ya no opera en el plano de la legalidad de la Constitución de 1978. Ha proyectado un nuevo plano constitutivo y constituyente cuyo holograma estamos viendo, que se materializará en una declaración de independencia tras el referéndum, en caso de obtención de mayoría de sufragios o de impedimento de la votación por el Estado.

La fuerza de los hechos consumados sitúa los actos que se están produciendo en un «no-lugar», que es el espacio de excepción creado, al no emanar éstos ni estar vinculados al orden constituido. La pretensión del Gobierno de España de juzgar mediante los tribunales e impedir a través de las fuerzas de seguridad la desobediencia al orden constituido en Cataluña resulta, por tanto, vana, fatua, ineficaz, por cuanto opera en un plano distinto del que se están produciendo los hechos y es un coste que los partidarios de la independencia tienen asumido. E inútil y peligrosa si la restauración de la legalidad a través de los diferentes medios con que cuenta el Estado, incluido el de establecer una excepción en el orden constituido mismo, no va acompañada de medidas dirigidas a satisfacer las pretensiones políticas de la sociedad catalana.

La sociología jurídica nos dice que en situaciones de desobediencia generalizada de la ley, la fuerza coercitiva del Estado será efectiva sólo frente al 15% de la población. La represión tiene un límite. A día de hoy los ciudadanos que se niegan a obedecer la ley en Cataluña –de acuerdo con las encuestas– se aproximan del 10% del total de la población española, que representa el 41% de la población catalana. E in crescendo. Ello quiere decir que la capacidad de coerción del Estado en Cataluña se acerca a su máximo. Ante la situación creada consecuencia de la inacción absoluta del Gobierno de España me pregunto: ¿estamos ante una impericia convertida en impotencia, ante un gobierno de registradores y abogados del estado que no entiende nada, o ante la creación de las condiciones objetivas para la aplicación de la doctrina del shock?

En esta situación límite –ya sea por incompetencia o por aplicación de la terapia del desastre– la alegoría del choque de trenes no sirve, pues ambas partes: gobierno estatal y gobierno autonómico, están actuando en planos diferentes, y esta disonancia impide que se llegue a producir ni tan cacareada colisión ni llegar a un pacto. Pero la realidad es más cruda: el 2-O cada tren continuará su marcha por la vía que transita. ¿Qué sucederá entonces? No se sabe. Pero en ese caso se abren escenarios como el artículo 155 de la Constitución, el estado de sitio u otros peores. Parece que Nerón se quiere reencarnar y prender fuego a Roma de nuevo, para poder volver a contemplar el incendio desde su palacio cantando y tocando la lira.