El techo de gasto y el techo de emisiones

12 Jul

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el techo de gasto para el ejercicio presupuestario de 2018. Se estableció con él el límite de gasto no financiero que puede reconocer, en este caso, la Administración del Estado el año que viene. Existe, sin embargo, un tipo de gasto que no está incluido en el techo de gasto ni en los presupuestos: las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a pesar de ser estas emisiones un gasto (ambiental): consumimos aire limpio e incrementamos la temperatura media del planeta, al emitir más gases que calientan la atmósfera de los que los mares y los bosques pueden absorber, para llevar a cabo la actividad económica. A partir de ahora, para obtener estos servicios ambientales, que hasta ahora la Naturaleza nos proveía gratuitamente, deberemos destinar recursos económicos para ello.

Teniendo en cuenta que la ONU ha advertido que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderoque han remitido los firmantes del Acuerdo de París, sobre cambio climático, no son suficientes para cumplir el objetivo previsto en el mismo, es necesario redoblar los esfuerzos. En España las políticas sobre cambio climático, hasta ahora, se ejecutan con órganos administrativos dispersos y planes de acción sectoriales. No existe un instrumento legislativo que constituya una autorización limitativa jurídicamente vinculante para las emisiones de efecto invernadero. Los compromisos —los del Acuerdo de París— son una mera declaración de intenciones, sin vinculación jurídica para el estado. Los presupuestos pueden calificarse como antiecológicos.

La deuda financiera acumulada del mundo es 3,3 veces el PIB mundial, según la revista Forbes. La otra cara de la moneda es una humanidad que consume 1,6 veces más de recursos que la capacidad de regeneración de la Tierra —España contribuye a este superavit negtivo consumiendo casi el triple de recursos de los que puede regenerar—. Desde hace décadas usamos una inexistente línea de crédito en nuestra demanda de recursos naturales. El planeta cada año, por tanto, tiene déficit ecológico. Una parte de ese déficit es la emisión de más dióxido de carbóno a la atmósfera de la que puede ser absorbida: es la llamada deuda de carbono. Ella sola representa un exceso de consumo de recursos de 0,96 planetas. Existe, pues, una correlación entre deuda financiera y deuda ambiental.

De la misma manera que anualmente se aprueba el presupuesto de los gastos que puede realizar una administración, previa aprobación del techo de gasto no financiero para ese año, y dada la realidad del cambio climático y de la contribución negativa de España al mismo, se debería elaborar un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero, vinculado al presupuesto económico y tramitado de forma paralela aquél. Este instrumento sería más que un plan de directrices. Sería la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como máximo, se podrían realizar en el ejercicio correspondiente. La plasmación jurídico-contable de una limitación vinculante, que establecería los objetivos de reducción de emisiones a cumplir ese año, así como los mecanismos necesarios de incentivación y coerción para alcanzar el nivel de reducción determinado. Para realizar su cálculo hay herramientas, como la huella de carbono, que permiten determinar las emisiones directas o indirectas ocasionadas por un estado, un individuo, una organización, un evento o un producto. Esta medida es un ejemplo de llevar la crítica del cambio climático a la (sobre)producción, donde radica el problema, y no a las acciones de consumo individual.

Evitar que el cambio climático quede fuera de control requiere planificación. Pero la acción del Estado será insuficiente en ausencia de la cooperación de los ciudadanos y los movimientos sociales. De igual manera la participación democrática y cívica no podrá desarrollarse eficazmente sin cambios institucionales, que den voz y voto a los ciudadanos en las decisiones ambientales. Se trata de crear un círculo virtuoso de participación, porque frenar el cambio climático es una empresa de toda la sociedad, no un proyecto estatal.

En el s. XXI el cumplimiento de las obligaciones climáticas no será una más de las obligaciones que habrán de ser observadas por los Estados, las empresas y los ciudadanos, será la principal de las obligaciones que habrá que cumplir para lograr la supervivencia de los éstos y de sus nacionales.

Si estos instrumentos y herramientas se llegaran a implantar, se habría dado un paso no sólo hacia una democracia verde, sino también hacia una democracia entre generaciones. Para ello hemos de sentir que el planeta es nuestra patria. Ahora sólo vivimos en una democracia neoliberal.

 

¿Por qué no triunfa la opción verde en España?

13 Jun

La ecología política tiene una visión del mundo, un proyecto de vida buena y un programa de cambio. Los dos elementos centrales en los que apoya su discurso son: la sustentabilidad y la «democratización de la democracia». En España se consideran ecologistas: el 5,0% de los ciudadanos como primera opción; y el 6,4% como segunda opción. El 11,4% de ciudadanos, se declara ecologistas, de una manera u otra. No es mal porcentaje para empezar a romper las barreras electorales. Entonces: ¿por qué no triunfa la opción verde en nuestro país? Esta es una pregunta que me formulado muchas veces.

Quien posee los medios de producción es el dueño de la riqueza. Así pues la pugna entre derecha e izquierda ha girado siempre sobre la propiedad de éstos y la redistribución de la riqueza. Y nada más. Pero la redistribución de la riqueza, en nuestra sociedad, es redistribución del consumo, que se realiza a través de una producción no sujeta a límites, para que el bienestar pueda alcanzar a todos. Entre derecha e izquierda hay diferencias sobre el nivel máximo o el óptimo de producción. La no sujeción de la producción a límites, sin embargo, es un dogma pacífico. Es desde este límite, el del planeta, desde donde los ecologistas señalan que habría que haber realizado tanto el debate sobre la producción, como la discusión sobre la redistribución, y el resto de debates derivados: economía, condiciones laborales, modelo de democracia.

La limitación de la producción, y su subordinación cuantitativa a los límites biofísicos del planeta —uno de los principios centrales del ecologismo— es un torpedo en la línea de flotación del proyecto político tanto de la izquierda como de la derecha, que deja al descubierto la inmundicia de sociedad industrial: la destrucción ambiental. Destrucción que, en España, encuentra legitimación bajo el manto de la libertad de empresa. Inmersos en el corto plazo, el debate sobre la producción queda enmascarado por  la controversia sobre la titularidad de los medios y la disputa por la redistribución de la riqueza. Por controversias sobre aspectos derivados de aquél —el medio ambiente, las energías renovables, la economía, el mercado de trabajo—, sin que se llegue a fijar en éstas la conexión entre planeta y producción. Estos debates son batallas sectoriales, que distraen la atención del debate principal, pues para el capitalismo los daños ecológicos pueden repararse sin interrumpir los mecanismos de mercado y de acumulación de riqueza. Sirva como prueba de lo dicho, que la reconversión de la civilización industrial y la creación de una relación simbiótica con la Naturaleza aún no ocupa el centro del debate político.

Impregnadas todas las fuerzas políticas, en mayor o menor grado, de aspectos sectoriales del programa ecologista, el espacio político verde es ocupado tanto desde la izquierda como desde la derecha, al tiempo que el ecologismo, por su debilidad, es expulsado de la centralidad del tablero político hacia sus márgenes, desde donde sólo ejerce un papel subalterno. Pero no estar presente en el escenario central de la política, en el tiempo de la política espectáculo, es complicado de mantener durante un período de tiempo prolongado. Derecha e izquierda ganan legitimación ante los ciudadanos, con la usurpación de parte del «corpus ideológico» ecologista, a la vez que éstos se descapitalizan por su invisibilidad y su dilución en otras fuerzas políticas, que les impide confrontar su proyecto en el mercado electoral.

Para las fuerzas políticas productivistas la Naturaleza no es políticamente relevante. El debate sobre la conexión entre sustentabilidad y democracia no existe. Ni interesa. El medio ambiente es considerado como una cuestión técnica, en manos de técnicos cuyas propuestas se dirigen a hacer más eficiente la máquina productiva. Menos consumo de recursos y energía por unidad de producto, es igual a mayor producción en términos de cantidad. Lo que se traduce en mayor beneficio, con el mismo, o casi el mismo, daño ambiental. No importa. Lo que cuenta es que todos estén contentos, tanto a derecha como a izquierda, a pesar que la sobreexplotación de la Naturaleza es la causa del agujero de la capa de ozono, del cambio climático, del agotamiento de recursos o de la crisis de biodiversidad. Estos problemas, sin embargo, son vendidos a los ciudadanos como complicaciones medioambientales inevitables de la moderna sociedad industrial, no como los efectos indeseables de la hiperproducción. Que, por cierto, son evitables.

El debate sobre la producción queda enmascarado tras debates parciales, velado. Sutilmente vedado. Se proyecta, así, la apariencia de estar trabajando en la dirección adecuada y estar haciendo lo suficiente. La realidad es que todo sigue igual, y se hace poco o nada. El caos ambiental se atribuye al consumo de los individuos, cuando en realidad ha sido originado por la hiperproducción del sistema capitalista. La tarea del ecologismo es hacer que la confrontación con el productivismo se convierta en la disputa política central, rediseñar la seguridad ambiental y climática y proyectar una nueva prosperidad colectiva, señalando el deterioro del bienestar —individual y colectivo— producido por causas ambientales. Este trabajo deberá ser acompañado del quehacer de la «democratización de la democracia», una de cuyas tareas esenciales es abrir el contenido de la sustentabilidad al diálogo y a la deliberación social, otra, dar voz a aquellos que no la tienen: las generaciones futuras y el mundo natural.

Hemos de preguntarnos, por tanto, hasta que punto responden las democracias, en su actual configuración, a los imperativos de una crisis climática que afecta potencialmente a la supervivencia de los ciudadanos, de las generaciones futuras y del mundo natural. ¿Cuáles son las alternativas? La democracia verde. En contra de lo que pueda parecer, el espacio político del ecologismo está virgen, pues la sensibilidad política medioambiental, en España, se encuentra en la denominada «izquierda verde», que es diferente del ecologismo, al cual ésta se tiene que federar. Corresponde a los ecologistas, por tanto, si desean ocupar el espacio central del tablero político que les corresponde, construir una alternativa que muestre su visión del mundo, su proyecto de vida buena y su programa de cambio, y confrontarlo electoralmente con las fuerzas políticas que usurpan su proyecto, para ofrecer a los ciudadanos su visión y la solución que proponen respecto a los retos que en el s. XXI se plantean para la humanidad y para el planeta. Los ciudadanos lo esperan con expectación.