Green washing

28 Jul

¿Se puede mostrar acatamiento al Acuerdo de París sobre cambio climático y tener como objetivo el crecimiento económico? Mantener los tratados del TTIP, TISA, TTP o CETA. Hablar de sostenibilidad, de crecer con energías renovables. Encontrar en los discursos referencias a las incomodidades que el cambio climático ya está produciendo y producirá en la vida cotidiana de los españoles. Y no enunciar siquiera la necesidad de decrecer. La receta mágica que se usa, es la llamada transición energética. Pero a pesar de los malabarismos lingüísticos del green washing, la respuesta sigue siendo: no. No es posible conciliar crecimiento económico y lucha contra el cambio climático. Una premisa anula a la otra.

Para compatibilizar economía y clima la receta es sustituir el objetivo del crecimiento económico por el de la prosperidad sin crecimiento.  Pero no es este el camino por el que vamos. Una muestra es el debate del techo de gasto para los presupuestos del año que viene. El entendimiento al que hay que llegar no es solo sobre el gasto social y el actividad económica. Ese debate está cojo si conjuntamente no se aborda la cuestión de las emisiones de CO2 a la atmósfera y su limitación, los efectos que se derivan y las soluciones que es necesario adoptar.

A día de hoy está claro que la base sobre la que se deberían construir los Presupuestos Generales del Estado no es el gasto financiero, si no el gasto social y el cuidado del medio ambiente. En 2017 España experimentó el mayor incremento de emisiones desde 2002. En Sevilla ya se ha medido un incremento que supera el umbral de incremento de 1,5°C establecido en el Acuerdo de París: 1,53ºC; en Granada el incremento medido es de 1,34ºC y en Málaga del 1,13ºC. A día de hoy los pronósticos dicen que los episodios de sequía serán cada vez más frecuentes, prolongados e intensos. Pero ésto los presupuestos no lo saben.

El anterior Gobierno del Partido Popular —en un documento enviado a la Comisión Europea en marzo del año pasado, que contenía las proyecciones de emisiones hasta mediados de siglo— ya reconoció que lo esperado era que entre 2017 y 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de España no bajaran si no se tomaban medidas extraordinarias. ¿Ha tomado, ha preparado o ha anunciado alguna el nuevo Gobierno? ¿O está haciendo la política climática a expensas del ciclo electoral?

Resulta ilustrativo que el Gobierno, tras la creación del Ministerio para la Transición Ecológica no haya puesto de manifiesto en el debate sobre el techo de gasto esta realidad y enunciado las directrices de una modificación que haga del presupuesto un instrumento efectivo para combatir el calentamiento global. ¿Esta es la utilidad del Ministerio para la Transición Ecológica recién creado? ¿Está el Gobierno instalado en el juego del green washing?

Asimismo es llamativo el planteamiento electoralista a corto plazo de cierta izquierda que se descubre en sus respuestas. En la de Juan Carlos Monedero que dice —como recoge Manuel Casal en el libro ‘La izquierda ante el colapso de la civilización industrial’—: «hablando de decrecimiento no se ganan elecciones». Y en la de Pablo Iglesias a la pregunta Jordi Évole, sobre si aplicar políticas expansivas para salir de la crisis equivalía a incentivar el consumismo: «tú y yo nos podemos poner de acuerdo en que el capitalismo nos conduce al desastre ecológico, pero ahora lo importante es dar de comer a la gente». Sin energía y con la biosfera deteriorada, se podrá dar pan hoy, pero es improbable, mucho, que se pueda dar mañana, al menos, a tanta gente como hoy. ¿Qué le dirán mañana a la gente que les votó, cuando el sol abrase la tierra, falte el agua y el mar inunde sus ciudades? ¿A quién echarán la culpa? Esa realidad que ni izquierda ni derecha quieren enunciar, no pueden admitirla públicamente porque entonces todo su discurso político se derrumbaría. Y esta actitud sugiere que aceptan la realidad o su tiempo habrá pasado.

Resulta extravagante, por ello, que a pesar de la trampa mortal en que las derechas y las izquierdas nos sitúan, los diputados del partido verde presentes en el Congreso de los Diputados, no hayan puesto la realidad encima de la mesa —dentro o fuera del hemiciclo— , abriendo el debate sobre la destrucción ambiental, el sobregiro, el endeudamiento ecológico a las generaciones futuras y exigiendo reformas para que el trámite de la aprobación del techo de gasto contemple el límite del gasto ambiental permitido, expresado en forma de huella de carbono, huella de agua y huella ecológica. U otra herramienta que pudiera ser más adecuada. ¿Para que están allí entonces?

La batalla cultural de las palabras cobra, por tanto, especial importancia para desvelar esa realidad silenciada y la necesidad de no continuar instalados en el presente del crecimiento económico. El escenario dibujado por el cambio climático reclama la creación un nuevo relato que genere cambios a partir de un reenmarcamiento de la realidad. Exige imaginar el futuro para que éste no devore a nuestros niños, como consecuencia de las malas decisiones de hoy. ¿Alguien le echará huevos?

El déficit ecológico

2 Ago

En julio se aprobó el techo de gasto, sin que se recogiera en dicho documento un techo a las emisiones de gases de efecto invernadero, con arreglo al compromiso de España para su reducción en el marco del Acuerdo de París, recientemente reafirmado por el Presidente del Gobierno.

Hoy, 2 de agosto, es el Día de la Sobrecapacidad. Éste significa que ese día hemos agotado los recursos que la Tierra puede generar cada año: tierra, agua, aire, árboles. Este día llega más temprano cada año. En 1986, último año de equilibrio, fue el 21 de octubre. En 2015 fue el 13 de agosto. Este año continúa la tendencia y se vuelve a anticipar.

Vivimos a crédito del planeta y acosta de las generaciones futuras. Lo que consumamos y contaminemos a partir de hoy significa más contaminación  y menos recursos para nosotros y las generaciones futuras. Con esta hiperproducción e hiperconsumo limitamos su capacidad de decidir como vivir. Hipotecamos su tiempo. Estas futuras generaciones ya sólo podrán vivir como nosotros les permitamos. Hemos de preguntarnos si nos gustaría que las generaciones anteriores hubieran limitado nuestra capacidad de decidir como queremos vivir, de la manera que lo estamos haciendo nosotros con las generaciones futuras. Si queremos que exista justicia, social y ambiental, tenemos que empezar a transitar hacia una sociedad más frugal

Hoy, 2 de agosto, un año más comenzamos a generar déficit ambiental. En el Congreso de los Diputados nadie se ha levantado a reclamar que se incluyera, en el techo de gasto presupuestario para el año que viene, un techo de misiones de gases de efecto invernadero ¿Hasta cuándo? Sirva este Día como recordatorio a Sus Señorías para que este déficit sea incorporado a sus agendas políticas y a los Presupuestos del Estado

El techo de gasto y el techo de emisiones

12 Jul

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el techo de gasto para el ejercicio presupuestario de 2018. Se estableció con él el límite de gasto no financiero que puede reconocer, en este caso, la Administración del Estado el año que viene. Existe, sin embargo, un tipo de gasto que no está incluido en el techo de gasto ni en los presupuestos: las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a pesar de ser estas emisiones un gasto (ambiental): consumimos aire limpio e incrementamos la temperatura media del planeta, al emitir más gases que calientan la atmósfera de los que los mares y los bosques pueden absorber, para llevar a cabo la actividad económica. A partir de ahora, para obtener estos servicios ambientales, que hasta ahora la Naturaleza nos proveía gratuitamente, deberemos destinar recursos económicos para ello.

Teniendo en cuenta que la ONU ha advertido que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderoque han remitido los firmantes del Acuerdo de París, sobre cambio climático, no son suficientes para cumplir el objetivo previsto en el mismo, es necesario redoblar los esfuerzos. En España las políticas sobre cambio climático, hasta ahora, se ejecutan con órganos administrativos dispersos y planes de acción sectoriales. No existe un instrumento legislativo que constituya una autorización limitativa jurídicamente vinculante para las emisiones de efecto invernadero. Los compromisos —los del Acuerdo de París— son una mera declaración de intenciones, sin vinculación jurídica para el estado. Los presupuestos pueden calificarse como antiecológicos.

La deuda financiera acumulada del mundo es 3,3 veces el PIB mundial, según la revista Forbes. La otra cara de la moneda es una humanidad que consume 1,6 veces más de recursos que la capacidad de regeneración de la Tierra —España contribuye a este superavit negtivo consumiendo casi el triple de recursos de los que puede regenerar—. Desde hace décadas usamos una inexistente línea de crédito en nuestra demanda de recursos naturales. El planeta cada año, por tanto, tiene déficit ecológico. Una parte de ese déficit es la emisión de más dióxido de carbóno a la atmósfera de la que puede ser absorbida: es la llamada deuda de carbono. Ella sola representa un exceso de consumo de recursos de 0,96 planetas. Existe, pues, una correlación entre deuda financiera y deuda ambiental.

De la misma manera que anualmente se aprueba el presupuesto de los gastos que puede realizar una administración, previa aprobación del techo de gasto no financiero para ese año, y dada la realidad del cambio climático y de la contribución negativa de España al mismo, se debería elaborar un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero, vinculado al presupuesto económico y tramitado de forma paralela aquél. Este instrumento sería más que un plan de directrices. Sería la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como máximo, se podrían realizar en el ejercicio correspondiente. La plasmación jurídico-contable de una limitación vinculante, que establecería los objetivos de reducción de emisiones a cumplir ese año, así como los mecanismos necesarios de incentivación y coerción para alcanzar el nivel de reducción determinado. Para realizar su cálculo hay herramientas, como la huella de carbono, que permiten determinar las emisiones directas o indirectas ocasionadas por un estado, un individuo, una organización, un evento o un producto. Esta medida es un ejemplo de llevar la crítica del cambio climático a la (sobre)producción, donde radica el problema, y no a las acciones de consumo individual.

Evitar que el cambio climático quede fuera de control requiere planificación. Pero la acción del Estado será insuficiente en ausencia de la cooperación de los ciudadanos y los movimientos sociales. De igual manera la participación democrática y cívica no podrá desarrollarse eficazmente sin cambios institucionales, que den voz y voto a los ciudadanos en las decisiones ambientales. Se trata de crear un círculo virtuoso de participación, porque frenar el cambio climático es una empresa de toda la sociedad, no un proyecto estatal.

En el s. XXI el cumplimiento de las obligaciones climáticas no será una más de las obligaciones que habrán de ser observadas por los Estados, las empresas y los ciudadanos, será la principal de las obligaciones que habrá que cumplir para lograr la supervivencia de los éstos y de sus nacionales.

Si estos instrumentos y herramientas se llegaran a implantar, se habría dado un paso no sólo hacia una democracia verde, sino también hacia una democracia entre generaciones. Para ello hemos de sentir que el planeta es nuestra patria. Ahora sólo vivimos en una democracia neoliberal.