Una Constitución para el siglo XXI

6 Dic

La política del siglo XXI demanda un nuevo consenso marco que capte nuestro tiempo, para sobre él refundar los restantes pactos. Vivimos en un «escenario posnatural» −de la mano de la hiperglobalización y la hiperconectividad− que a golpe de calor y de sequía pide que los acuerdos políticos y sociales vigentes se transformen en un contrato posmaterial. En un acuerdo de sostenibilidad ambiental. Más allá de los necesarios debates sobre la reforma de la Constitución Española, nada se ha dicho en ellos sobre a este aspecto. Nadie ha alzado su voz reclamando la introducción en el texto constitucional de normas para afrontar los retos de este siglo. Y si nadie lo hace no dispondremos de una Constitución para el siglo XXI.

Para comprender la necesidad de esta metamorfosis, hay que tomar como punto de partida el hecho indudable que la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica. Su influencia sobre el medio ambiente es de tal alcance y magnitud que la Tierra está «moviéndose hacia un estado diferente»: la era del antropoceno. Esta expresión quiere reflejar el impacto de la masiva influencia del ser humano sobre los sistemas biofísicos planetarios. Su efecto más visible es el cambio climático. Pero no es el único. También se incluyen en esta categoría eventos como: «la disminución de la superficie de selva virgen, la urbanización, la agricultura industrial, las actividades mineras, las infraestructuras de transporte, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética de organismos o la hibridación creciente».  Pero los nuevos retos no se pueden afrontar con las viejas recetas.

Es preciso, por tanto, generar un consenso ecológico, que debe ser trasladado a la reforma de la Constitución que se hubiera de aprobar, para desde él refundar los pactos políticos, sociales y territoriales existentes, a fin de legitimar la política para este tiempo. Nuevo consenso que debe tener como propósito la superación de los dos siglos de civilización industrial causantes de la oposición entre las «fuerzas productivas» y las «fuerzas de la naturaleza», que amenaza con destruirlo todo. Las tres fuerzas que hoy existen sobre el planeta: Naturaleza, ser humano y tecnología, han formado dos bloques antagónicos. La unión de dos de ellas: el ser humano y la tecnología han hecho nacer una economía cuyo metabolismo planetario es la mayor fuerza geológica existente. La tercera es la Naturaleza como fue descrita por Lovelock: una entidad viviente capaz de transformar la atmósfera del planeta para adecuarla a sus necesidades globales, dotada de facultades y poderes que exceden con mucho a los que poseen sus partes constitutivas –Gaia−. ¿Puede entonces hablar el ser humano de soberanía o sólo debe hablar de autonomía?

En el siglo XXI la acción política se desarrollará en un mundo diferente del actual. En este tiempo nuevo convivirán «grandes potencias mundiales, interdependencia globalizada y poderosas redes privadas» con una crisis ecológica y civilizatoria. En este mundo de «cadenas de suministro»: urbano, móvil, saturado de tecnología, además de descifrar «la geopolítica», será necesario no perder de vista «la geoeconomía»: en esta hipereconomía las «megainfraestructuras de conexión (nuevas tuberías, cables, ferrocarriles y canales) y la conectividad digital (que posibilita nuevas formas de comunidad)» salvan las fronteras naturales y atraviesan las fronteras políticas. Importa «menos quien posee (o reclama) el territorio que quien lo utiliza (o administra)». Lo que constituye una reconfiguración del Estado. En un mundo diferente las constituciones deben pasar de ser un instrumento de ordenación interna del sistema de atribución de derechos y distribución del poder, como hasta ahora, a actuar también como un dispositivo de ordenación de las relaciones del ser humano con la Naturaleza dentro de los límites que nos impone el planeta, juntamente con instrumentos internacionales y supranacionales.

Para que esta nueva constitución pueda ver la luz, será necesario incorporar en la Constitución Española de 1978 herramientas de simple geografía –como las biorregiones− que permitan modular desde el poder público la interacción entre demografía, política, ecología y tecnología, junto a los mecanismos de geografía política tradicionales ya recogidos en ella para la defensa de los derechos y la distribución del poder: horizontalmente –Corona, Gobierno, Cortes Generales y Poder Judicial− y verticalmente –Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, u otras formas de distribución que en el futuro se puedan adoptar. La incorporación de las biorregiones a la Constitución Española es una forma de introducir en la política la complejidad y sutilidad de la Naturaleza, de la que el ejercicio del poder no puede ser ajeno. Las biorregiones califican la sostenibilidad ambiental dándole dirección y sentido, además de establecer límites al uso del territorio, de los recursos y a ideas que hasta ahora eran pensadas como absolutas: soberanía, territorio, nacionalismo, supremacía militar, en tanto que la importancia estratégica en el mundo de hoy recae no en el territorio o en la población de los Estados, sino en la «conectividad (física, económica y digital) con los flujos de recursos, capital, datos talento y otros activos» que éstos desarrollen.

El cambio que se ha de operar para gobernar el mundo dentro de la Naturaleza no ha de venir ni de la revolución, ni de la evolución. Es necesaria una metamorfosis. Un cambio de estado. Los seres humanos hemos de admitir el hecho que el Planeta es nuestra patria. Que somos ciudadanos de la Tierra. Y este es un hecho político, no de administración –de recursos−. Realizar este cambio no exige ignorar lo conseguido hasta ahora por el ser humano, pero si requiere saber que este logro sólo es una parte de lo que somos. Dicho de otro modo: la historia humana no es la Historia, sólo es una pequeña parte de la Historia del Planeta. La comprensión de cual es nuestro sitio en planeta es el umbral para la adquisición de una conciencia de especie, que reemplace a la conciencia de clase. Desde esta perspectiva las categorías políticas adquieren otro significado.

Un ejemplo de este cambio del significado categorial lo podemos ver en el Preámbulo de la Constitución. En él se hace mención a la Nación Española, a los pueblos de España, a la cultura, a establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien, a usar nuestra soberanía, a la convivencia democrática, a un orden económico y social justo, a asegurar el imperio de la ley, a asegurar a todos una digna calidad de vida y a establecer una sociedad democrática avanzada. Es evidente, manifiesto y palmario que el antropoceno y los acontecimientos a él ligados –como la crisis climática− han renovado estos conceptos, tanto en el alcance como en el discernimiento que de los mismos teníamos hasta ahora. Esto implica la necesidad de redefinir y adaptar las categorías políticas a la realidad del siglo XXI; e introducir en la Constitución la variable ecológica y la intergeneracional, a través de normas o reglas que delimiten el marco de la actividad humana.

Hemos, por tanto, dejar de vivir replegados en el mundo y comenzar a habitar el planeta. Es ineludible que abordemos y acometamos la preservación del planeta del «entramado de infraestructuras de transporte, de energía y comunicaciones entre todas las personas y los recursos del mundo» antes que el planeta sea destruido. Si las constituciones han de continuar siendo reconocidas como la norma suprema de los Estados, y en particular la Constitución Española, la tarea de protección más importante que tendrán en el siglo XXI ha de ser la conservación del planeta.

Ley, no humillación

21 Oct

«Paz, piedad, perdón» es el discurso que Azaña pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona en 1938. Salvando las distancias entre aquella España y la de hoy, entre aquellas circunstancias y éstas, es oportuno que las partes en el conflicto catalán, todas ellas sin excepción, evoquen el mensaje que transmiten esas palabras a todos los hijos de España, las cuales han de significar la puesta a cero del contador. El President de la Generalitat ha reconocido de manera clara que no hubo declaración de independencia en el Parlament. De manera que si el punto de partida ha de ser la Constitución, ya está dentro de la Constitución. Dura lex sed lex. Fiat iustitia, pereat mundus. Es decir, aplíquese la ley, pero sin humillación. Fundamentum iustitiae primus est ne cui noceatur. El primer fundamento de la justicia es no dañar al otro. En la Transición, hay que recordar, que muchos de los pactos que se alcanzaron no se iniciaron en plena conformidad con la legalidad vigente entonces.

Dice Enric Juliana: «Madrid no puede con todo. Barcelona no tiene fuerza para romper la baraja.» Este puede ser el resumen de la situación. En el tan nombrado artículo 155 de la Constitución sabemos como se entra, pero no como saldremos. Si atendemos a las declaraciones que se han realizado tanto desde el Gobierno como desde el Govern, respecto al mismo, la aplicación de dicho precepto nos desliza a un escenario a la venezolana: dos legalidades y dos institucionalidades: la Constitución y la Ley de Transitoriedad; una Generalitat intervenida y una Asamblea de Cargos Electos y un Parlament rebelde. Las masas en la calle. Un President que no es Josep Tarradellas, pero se ve como el George Washington catalán, si bien se parece al Presidente Nicolás Maduro. La conllevancia orteguiana como política para Cataluña está agotada. Y debe ser amortizada.

El intento de secesión es la tercera explosión de la cuestión catalana en los últimos cien años. De la misma manera que no es posible la secesión con más de la mitad de la población en contra, tampoco es posible la convivencia con casi la mitad de la población partidaria de la secesión. Dado el estado de cosas en que hoy está el conflicto catalán ya no es suficiente con proponer un nuevo pacto político (paz negativa) para encontrar una solución. Se deben eliminar todas las formas de violencia (directa, estructural y cultural) que las dos partes se imputan mutuamente (paz positiva).

A pesar de las dificultades hay un camino para volver a empezar: que ambas partes acepten que hemos de recorrer la distancia que existe entre la democracia que tenemos, nuestra democracia realmente existente, y la «democracia tomada en serio». Es momento de apelar a la sociedad catalana e impulsar la reforma de la Constitución. Ir de la ley a la nueva ley. Es irreal pensar que el conflicto se resolverá con el intento de restauración de la legalidad a través de la sola aplicación del artículo 155 de la Constitución.

¿Qué hará el Estado frente a la movilización permanente anunciada en caso de intervención? ¿Cómo va a hacer frente el Estado a las medidas coordinadas de boicot, no-cooperación y/o desobediencia de los ciudadanos de producirse? ¿Cómo va a hacer frente a los funcionarios que boicoteen la intervención de la Generalitat? ¿Abrirá miles de expedientes sancionadores? Sólo sus recursos colapsarían los tribunales. ¿Qué ocurrirá si tras el anuncio de la puesta en marcha del artículo 155, se declarara la independencia y se ocupan las infraestructuras básicas del Estado? ¿Y si a las elecciones que convocara el Gobierno no se presentan los partidos que defienden la independencia y no se reconoce su legitimidad por estos? ¿Y si vuelve a haber mayoría absoluta independentista tras las nuevas elecciones? ¿Y si fuera aún mayor a la ahora existente? ¿Después de la rebelión de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es posible una vuelta, sin más, a la autonomía? Más de un 26% de los españoles pide una recentralización de competencias. Demasiados interrogantes para los que no hay una respuesta.

Dicho de otro modo. Cualquier  gobierno puede gobernar mientras reciba de los ciudadanos y de las instituciones de la sociedad cooperación, sumisión y obediencia constante. La sociología jurídica nos dice que el Estado, en casos de desobediencia generalizada de la ley, sólo puede obligar mediante la coerción al 15% de la población. El desafío político no-violento que se impulsa desde la Generalitat de Cataluyna es idóneo para negar al Estado el acceso a las fuentes de poder. Para alcanzar la soberanía la Generalitat no usa armas físicas como hizo el Gobierno del Estado el 1-O. Se vale de una lucha no-violenta variada y compleja. Para ello emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. Estas armas son las protestas, las huelgas, la desobediencia, la no-cooperación, el boicot, el descontento. Por eso cualquier medida de coerción o represión que pretende usar el Gobierno del Estado resulta tan ineficaz, y se vuelve contra quien la emplea. A esta eficacia se debe agregar un uso inteligente, propio del siglo XXI, de la comunicación. El Gobierno, aunque cuenta con el apoyo inequívoco de la Unión Europea, visualizado en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, combate esta desobediencia no-violenta con un plan de coerción jurídica propio del siglo XIX.

El principio de realidad impone la opción «paz, piedad, perdón». Esta elección debe arbitrar alguna solución que permita a los catalanes votar y expresar su voluntad sobre su futuro. Y distender el clima político. Incluso podría conducir a una Ley de Claridad. Ante un eventual fracaso de la coerción jurídica del artículo 155 y otras medidas, escenario no improbable, la otra alternativa es el artículo 116 de la Constitución: estado de alarma, excepción y sitio, que es la máxima fuerza y coerción que el Estado puede usar en democracia. El resultado de esta medida, como en cada intento que ha habido de imponer la unidad, será la libertad de los discrepantes. Cada opción nos conduce a una España diferente.

Sobre la soberanía y Cataluña

20 Sep

El gobierno parece no haberse dado cuenta, o no quiere darse cuenta, que la aprobación de las Leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República por el Parlamento de Cataluña, ha establecido un estado de excepción que ha hecho emerger un nuevo poder soberano sobre el cuerpo social en ese territorio. La expresión estado de excepción debe ser entendida, aquí, en cuanto categoría política que establece los límites del Estado y de la ley, y no como una transgresión jurídica en el interior de la pirámide de fuentes del orden normativo constituido, que ataca la jerarquía normativa y la distribución de competencias establecida.

Esta excepcionalidad, por tanto, no puede ser anulada por la sola suspensión de los efectos jurídicos de dicha ley por un tribunal, pues las leyes de referéndum y transitoriedad no emanan de una norma jurídica (la Constitución o el Estatuto), sino de una decisión: la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, que declaró que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano, y que es de facto una suspensión revolucionaria de la soberanía española en ese territorio. La decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña es un acto de poder soberano puro y extremo, no un acto caprichoso o arbitrario como se está diciendo. Y como tal acto  soberano sólo está sometido a la voluntad de quien la adopta, que es primera e independiente de toda consideración sobre el derecho de esa decisión. Esta decisión se justifica sólo en la medida en que provee las condiciones necesarias para que la excepción que crea pueda ser reapropiada por la nueva norma.

La situación que se vive en Cataluña no es la situación de caos que precede al orden que será restablecido, como entiende y dice el gobierno. El estado de excepción allí creado es la situación resultante de la sustitución de un orden: el de la Constitución Española, por otro: el de la nueva República de Cataluña, contenido en las leyes de referéndum y de transitoriedad fundacional aprobadas. La sustitución de la ley vigente por la nueva no anula aquélla, la expulsa. Crea un vacío que quiere ser reapropiado, tanto por el poder constituido como por el nuevo poder constituyente que emerge, mediante la construcción de ficciones. Cada uno las suyas. Unos porque quieren aparecer como un estado naciente que ya funciona como tal. Otros porque quieren transmitir la sensación que el edificio institucional sigue intacto pese a los sucesos acontecidos. Es desde la lógica de la nueva realidad creada en Cataluña desde donde efectúo el análisis, no desde la realidad constituida, ni desde mi posición personal en este asunto: de rechazo a la vía unilateral emprendida.

El actual momento es para quienes apoyan las tesis independentistas el de la efectiva redención del pasado incumplido merced del despertar presente. Nada los apartará del camino emprendido. Han conseguido, pese a la improbabilidad del suceso, la primacía de la política disruptiva sobre la historia reciente. Su fe es que finalmente prevalezca su historia –su relato– sobre la política vigente. Y esta fuerza no se destituye sólo con querellas y policía, que son instrumentos que operan exclusivamente en el interior de un orden constituido, sin capacidad para coaccionar a otra soberanía. Está inspirada por la épica de las grandes gestas. Su pócima mágica es la fe mesiánica en el milagro de la acción y en el poder del instante que casi la mitad de Cataluña siente: ¡ahora o nunca!

La defensa del orden constitucional vigente –suelo de cualquier acción política, que no sólo alcanza a las medidas represivas, sino que comprende también las políticas– por quienes se oponen a la independencia de Cataluña, sin embargo, no va más allá de la reparación de las grietas producidas en el orden constituido, a pesar que el statu quo ha saltado por los aires, y que la excepción que se ha instaurado es percibida como la posibilidad de romper con el continuum de la historia de los vencedores de 1714, como medio para dejar atrás una historia que acumula ruinas.

La legalidad de Cataluña ya no es la misma que está vigente en el resto de España. Ya no se puede invocar por el Gobierno de la Nación el espacio político fundado por la Constitución de 1978 y esperar sin más sus efectos taumatúrgicos. Éste ha sido desmontado y tras el referéndum del 1-O, y si hay una mayoría de síes a favor de la independencia, lo que es más que probable, quedará destruido. Casi la mitad de la sociedad catalana ya no opera en el plano de la legalidad de la Constitución de 1978. Ha proyectado un nuevo plano constitutivo y constituyente cuyo holograma estamos viendo, que se materializará en una declaración de independencia tras el referéndum, en caso de obtención de mayoría de sufragios o de impedimento de la votación por el Estado.

La fuerza de los hechos consumados sitúa los actos que se están produciendo en un «no-lugar», que es el espacio de excepción creado, al no emanar éstos ni estar vinculados al orden constituido. La pretensión del Gobierno de España de juzgar mediante los tribunales e impedir a través de las fuerzas de seguridad la desobediencia al orden constituido en Cataluña resulta, por tanto, vana, fatua, ineficaz, por cuanto opera en un plano distinto del que se están produciendo los hechos y es un coste que los partidarios de la independencia tienen asumido. E inútil y peligrosa si la restauración de la legalidad a través de los diferentes medios con que cuenta el Estado, incluido el de establecer una excepción en el orden constituido mismo, no va acompañada de medidas dirigidas a satisfacer las pretensiones políticas de la sociedad catalana.

La sociología jurídica nos dice que en situaciones de desobediencia generalizada de la ley, la fuerza coercitiva del Estado será efectiva sólo frente al 15% de la población. La represión tiene un límite. A día de hoy los ciudadanos que se niegan a obedecer la ley en Cataluña –de acuerdo con las encuestas– se aproximan del 10% del total de la población española, que representa el 41% de la población catalana. E in crescendo. Ello quiere decir que la capacidad de coerción del Estado en Cataluña se acerca a su máximo. Ante la situación creada consecuencia de la inacción absoluta del Gobierno de España me pregunto: ¿estamos ante una impericia convertida en impotencia, ante un gobierno de registradores y abogados del estado que no entiende nada, o ante la creación de las condiciones objetivas para la aplicación de la doctrina del shock?

En esta situación límite –ya sea por incompetencia o por aplicación de la terapia del desastre– la alegoría del choque de trenes no sirve, pues ambas partes: gobierno estatal y gobierno autonómico, están actuando en planos diferentes, y esta disonancia impide que se llegue a producir ni tan cacareada colisión ni llegar a un pacto. Pero la realidad es más cruda: el 2-O cada tren continuará su marcha por la vía que transita. ¿Qué sucederá entonces? No se sabe. Pero en ese caso se abren escenarios como el artículo 155 de la Constitución, el estado de sitio u otros peores. Parece que Nerón se quiere reencarnar y prender fuego a Roma de nuevo, para poder volver a contemplar el incendio desde su palacio cantando y tocando la lira.

 

El día mundial de la mitad del ambiente

4 Jun

La decisión del Presidente de EE.UU. de abandonar el Acuerdo de París, sobre cambio climático, ha convertido el día mundial del medio ambiente en el día de la mitad del ambiente. Al ser EE.UU. el segundo emisor global de gases de efecto invernadero, la crisis climática ha puesto de manifiesto que la frontera entre lo global y lo local es difusa. Que lo local también es global. El Presidente Trump, no ha sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, en vez de los de París, como dice. La justificación de esa afirmación se ancla en un nacionalismo económico egoísta: América First, que no tiene en cuenta que las emisiones de CO2 de EE.UU. afectan a todos los ciudadanos del planeta, no sólo a los estadounidenses, ni que los recursos que consumen no son sólo estadounidenses. Dice Welzer que en el s. XXI no nos mataremos por la ideología, sino por los recursos. Y en ello estamos.

Trump niega que, tras la crisis climática, «las reglas del libre mercado» deban reinterpretarse y acomodarse a la capacidad de la biosfera. Que las leyes de comercio deban reescribirse. Y que ésta rescritura deba acarrear una «contención drástica de las fuerzas del mercado». La negación de la crisis climática, de Trump y de la derecha extrema, es la negativa a pagar la deuda ecológica que hemos contraído con el planeta por nuestra actividad económica. Ésta es un acto de codicia cuya finalidad es perseverar el bussines as usual y anunciar que la solución vendrá de la mano de la geoingeniería.  Y es, además, un acto de estupidez, pues, a pesar del cambio climático que hemos desatado, su punto de partida es la inamovilidad de los valores capitalistas dominantes. Stiglitz sugiere que si EE.UU. se retira del acuerdo sobre cambio climático, se pongan impuestos a los bienes allí producidos, cuando esos bienes no cumplan los estándares ambientales. Y no es mala idea.

La libertad no puede ser, entonces, un poder hacer, sin más límite que el que impone la ley humana. El cambio climático lo confirma. No puede ser ejercida más allá de los límites físicos del planeta. Adorada como un atributo divino. Contaminar no reafirma la soberanía, como pretende Trump, sino que hurta la libertad de otros y se apropia del bienestar de todos.

A fin de reforzar la observancia de los compromisos adquiridos por los países firmantes del Acuerdo de París, dada su naturaleza voluntaria, y de levantar una barrera frente a una posible epidemia de abandonos o que países firmantes que anuncien la inobservancia de facto de los compromisos adquiridos, siguiendo el ejemplo norteamericano, es útil que cada país constitucionalice los objetivos del Acuerdo de París e incorpore en su Constitución medidas de gobernanza climática, a fin de mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de los 2°C, y evitar sus efectos catastróficos. La adopción de esta medida abriría la puerta al control, por los Tribunales Constitucionales y por los tribunales ordinarios, de las leyes o decisiones internas, que pudieran violentar los objetivos de estabilización climática. Al tiempo que se pondría la primera piedra de un futuro estado ecológico.

EE.UU. no tiene que comprar las entradas de la película que Trump quiere proyectar. Pero si acompañarnos a visitar la esperanza. Dar una vuelta por Loos-en-Gohelle, el pueblo minero francés que cambió de mentalidad, y desde su identidad, dejó de hacer lo que era costumbre, para avanzar hacia algo mejor, más sostenible, más ecológico, más racional, aprovechando las ventajas locales. El pueblo se ha convertido desde entonces, a la vez, en «lugar de memoria» y «camino del futuro». Y también deben acompañarnos a conocer Totnes, la pequeña ciudad inglesa donde nació el Movimiento de Ciudades en Transición, para que, como en ella, en todas las ciudades florezcan los comercios independientes, abunden los productos ecológicos locales elaborados de forma artesana, o se reparen bicicletas a cambio de abrazos o porciones de tarta.

La crisis climáticoa no es una cuestión de eficiencia en  el uso de los recursos, como pretende la UE, que continúa operando en términos de reducción de costes. Es algo completamente distinto. Es cuestión que los ciudadanos sean tenidos en cuenta al tomar las decisiones que les afectan. Y es hora que éstos pasen a la acción y no dejen el liderazgo de la lucha contra el cambio climático a gobiernos o empresas. No tiene sentido seguir no haciendo nada, frente a quienes no hacen nada o frente a quienes contaminan. No lo harán esos otros por nosotros. Es hora que las personas nos conectemos con la Naturaleza, salgamos al aire libre y nos adentremos en ella para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante de ésta y lo mucho que de ella dependemos. Éste ha de ser el único año en que el día mundial del medio ambiente, tenga que ser vivido como el día de la mitad del ambiente.