Llorar no basta

22 Jun

En los años 40 del pasado siglo la vergüenza anidó en Alemania. En este siglo se ha instalado en EE.UU., Gran Bretaña, Hungría, Eslovenia, Austria, Italia. El virus se extiende por otros países. La extrema derecha europea presiona para instar campos de concentración (eufemísticamente denominados plataformas de recepción) fuera de las fronteras de la UE para clasificar a los migrantes en aptos o no aptos para poder entrar dentro de las fronteras europeas. ¿Y la dignidad humana? Llorar no basta. Los seres humanos que huyen, desprovistos de estatuto de ciudadanía que los proteja (nuda hominen), se nos amontonan en la puerta del primer mundo.

                                           

Hoy cuando el racismo y la xenofobia se extiende por Europa otra vez, conviene recordar las palabras de Giorgo Agamben: la vida y la muerte no son conceptos propiamente científicos, sino políticos, que en cuanto tales, solo adquieren un significado preciso por medio de una decisión. Muchas vidas quedarán afectadas o cortadas por las decisiones que gobernantes sin escrúpulos están tomando hoy. Gobernantes que se sienten fuertes frente a la debilidad de quienes no tienen quien les proteja y solo piden refugio. La última y más feroz expresión de esta vergüenza proviene de Italia, cuna del fascismo, donde parece rebrotar de la mano del actual Ministro de Interior, que ha cerrado los puertos italianos a las embarcaciones de rescate de inmigrantes y propone crear registros de gitanos.

El respeto a las reglas que reclama el Ministro de Interior italiano, como excusa para no acoger a quienes necesitan protección, comienza con el respeto a la dignidad humana, que es un valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. ​Dignidad que no es una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano, que no depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. Esta es la primera regla.

El eje Roma-Berlín-Viena —de infausto recuerdo en el siglo pasado— ha resucitado otra vez de la mano de la extrema derecha, para forzar una política migratoria racista y xenófoba en la UE. Al igual que entonces, ésta brama por una la Europa cristina y niega protección a quienes necesitándola profesan otras religiones o tienen un origen étnico diferente, a la vez que calla el origen cristiano de la dignidad humana que olvida. Con mayor crudeza cada vez los síntomas de una lenta agonía del Estado democrático-liberal están dejando paso a una era negra de valores no necesariamente democráticos. En esta tesitura España debe realizar una política migratoria cuya base sea la dignidad humana y sirva de contrapeso a la política negra de la extrema derecha. Debe influir en la política migratoria de la UE. No es suficiente una política que se quede en gestos como el de la recepción del Aquarius.

La crisis migratoria está mostrando la insuficiencia de los conceptos fundamentales que representan los sujetos de lo político: el hombre, el ciudadano y sus derechos, el pueblo soberano, el trabajador, así como la necesidad de reconstruir la arquitectura política desde la figura del refugiado: «el concepto guía ya no sería el ius del ciudadano, sino el refugium del individuo», dice Agamben. Éste es el paradigma de una nueva conciencia histórica: la de la especie, que se vincula al planeta —donde la única propiedad que existe es lo masticado, tragado e incorporado al cuerpo— y no al mundo.

En este mundo que levanta muros, es importante advertir que el planeta no impone fronteras. La vieja receta de la soberanía y la identidad responde a la pregunta sobre quiénes somos (alemanes, italianos, marroquíes), pero no se interroga sobre qué somos (seres humanos). No solo pertenecemos «a una familia, a un linaje, a una comunidad, a una cultura, a una nación o a una cofradía religiosa o política. Antes de todo eso somos parte de una especie biológica, dotada de historia y necesitada de futuro. Nadie es «carne humana», solo lo son quienes lo afirman de otros.

España como Estado biorregional

17 Jun

España como Estado biorregional es un análisis de dos realidades distintas y distantes como la cuestión nacional y la crisis climática, que ensaya una ordenación diferente de las cosas. El objetivo del mismo es aportar plasticidad, movilidad e inducir una metamorfosis conceptual en este asunto; abrir el debate y crear un estado de reflexión más allá de las ideas preexistentes sobre la cuestión. Para ello se plantean vínculos desde la afinidad y la conciencia de especie. Y este post es un extracto corto del mismo.

El trabajo se divide en cuatro partes. La primera analiza dos realidades aparentemente inconexas —la cuestión nacional y la crisis climática— desde la observación de las relaciones que se dan entre clima y nación, que contiene además una propuesta de sustitución categorial. La segunda realiza una relectura ambiental de la historia política desde la década de 1950 en adelante. La tercera es una justificación general del biorregionalismo y señala su objetivo político. Y la cuarta parte propone la incorporación de un acontecimiento y de un hecho biofísico al texto de la Constitución, como son: el cambio climático y las biorregiones.

Palabras como patria, soberanía, estado, nación, patriarcado, planeta, biorregión, biodiversidad, son el espacio donde se residencia el conflicto entre clima y nación. Pero a pesar de la urgencia política con que se manifiesta, la cuestión nacional no es ni debería ser una prioridad. Si España es una sola nación, una nación de naciones o una parte del territorio quiere independizarse, es una controversia lateral que silencia de la anomalía en la que están instaladas las relaciones de la humanidad con el planeta e impide captar la urgencia de la misma, al eclipsarla del debate político.

El asunto que debe concernirnos de forma prioritaria —puesto que no tenemos otro planeta de recambio— es, por tanto, la crisis climática: ¿cómo vamos a afrontar el cambio climático y los retos ecológicos que trae este siglo?; ¿cómo vamos a abordar la agenda climática y la agenda social del siglo XXI?; ¿cuál sería la forma de organización territorial del Estado que mejor serviría para afrontar el reto climático: las Comunidades Autónomas, un Estado federal o confederal o una organización biorregional?

                                     

                                                                  Mapa eleborado por la Red Ibércia de Permacultura

En este contexto resulta ineludible establecer una conexión entre democracia y planeta, dos cuestiones incomunicadas hasta ahora. Lo que era puramente contexto (el planeta), a partir de ahora también es objeto: objeto de decisiones, objeto político, objeto de debate, objeto central de la democracia. Surge así un nuevo sujeto colectivo de derechos: la especie, junto a la nación o la clase social, adecuado al nuevo contexto planetario de crisis civilizatoria (climática y de recursos), que exige una respuesta política dirigida a establecer derechos y deberes planetarios y nuevos paradigmas de organización social.

La vinculación entre planeta y democracia la encarna la nueva forma de organización político-social: la biorregional. El modelo biorregional es pues una mirada a «una vida humana y una política», no estatal y no jurídica, inspirada en criterios biocéntricos y de sostenibilidad a largo plazo, útil para definir comarcas naturales –que comprenden comunidades humanas, animales y vegetales– pensadas como unidades políticas. Su paradigma es una guía válida para organizar la vida de una comunidad de acuerdo con sus sistemas naturales; sus estructuras de intercambio, tanto interiores como exteriores; sus propias necesidades como comunidad; y sus propios sistemas de sostenimiento biológico a largo plazo.

España, es un país extremadamente vulnerable al cambio climático, al tener una economía que depende en gran medida de sectores estratégicos ligados a la Naturaleza y a la salud de los ecosistemas como: el turismo, la agricultura, ganadería y pesca, y gran parte de su población se encuentra en zonas de riesgo por olas de calor. En este contexto la acción climática del Estado es una cuestión de supervivencia. Tirando de historia cabría decir que si la invasión napoleónica hizo primar el interés nacional sobre el regional, el cambio climático debería establecer la primacía contraria: el interés biorregional sobre el nacional.

¿Hacia dónde nos partiremos? Lo desconozco. Pero lo cierto es que deberíamos poner rumbo a un nuevo proyecto civilizatorio, que reinvente la democracia hoy falseada, prostituida y convertida en ritual vacío y sustituya la sobreexplotación del planeta en beneficio de las multinacionales globalizadas, por reciprocidad, cooperación y sustentabilidad a favor de todos, único destino posible si queremos un futuro distinto al de la barbarie. Como dice Agamben, la vida y la muerte, no debemos olvidar, no son conceptos propiamente científicos, sino políticos, que en cuanto tales, solo adquieren un significado preciso por medio de una decisión.

Para leer el trabajo completo pincha aquí

Poder y soberanía en Cataluña

1 Oct

«Un poder superior es aquél que configura el futuro del otro, y no aquel que lo bloquea. (…) Sin hacer  ningún ejercicio de poder, el soberano toma sitio en el alma del otro», dice Buyng-Chul Han. A esta descripción de la lógica del poder se ajusta en gran medida la actuación del Govern de la Generalitat. Consigue de esta manera neutralizar la voluntad de acción de aquellos que no son partidarios de la independencia y muestra que quiere ampliar la libertad. Con ello está motivando a la acción a sus partidarios. Y está claro que el Govern, a diferencia del Gobierno del Estado, está siguiendo los consejos que Maquiavelo dio al Príncipe de aunar libertad, astucia y razón, como método político para neutralizar los condicionamientos y alcanzar los objetivos. En este artículo examinaré las lógicas y los significados que tienen algunos de los actos que está realizando tanto el Gobierno del Estado como el Govern de la Generalitat.

Comenzaré analizando algunas intervenciones del Gobierno del PP. En una de ellas el Presidente Rajoy pidió a los dirigentes catalanes que reflexionaran y volvieran «a la racionalidad y a la legalidad». En otra advirtió al President de la Generalitat que nada bueno se podía producir con su actuación. Estas intrusiones nos transportan al pasaje bíblico del proceso de Jesús de Nazaret en el que Pilato le dice: «¿No sabes que puedo liberarte o hacer que te crucifiquen?» (Mt 27,17). Este pasaje refleja con toda exactitud el concepto del derecho a decidir que reconoce el Gobierno. Con estas intervenciones el Presidente no está proyectando la fortaleza del poder del Estado, sólo trasluce su debilidad. Estas advertencias junto a la admonición que el Ministro del Interior hizo al President de la Generalitat en la Junta de Seguridad muestran la voluntad de vencer, pero además son la notificación oficial, pública y personal de un posible empleo de la fuerza de continuar por el camino emprendido. A esta forma de notificación el Derecho le reconoce el efecto de dejar constancia −escrita y firmada− del requerimiento efectuado al destinatario y de su recepción por el mismo.

El Presidente del Gobierno, persistiendo en su autismo político, llamó a los catalanes, días después, a no aceptar formar parte de las mesas electorales. Esta exhortación −prosiguiendo con la alegoría del proceso a Jesús de Nazaret− equivale al lavado de manos de Pilato que relata la Biblia (Mt 27,24). Es un yo lo avisé, allá ustedes. Es la hipócrita escrupulosidad con la que Rajoy y el PP creen purificarse ante un eventual recurso a la fuerza. Pero estas palabras no se pueden desligar de la pasividad que ha mostrado el Gobierno del PP respecto a Cataluña durante años. Y la respuesta dada por el President Puigdemont a las advertencias de que el referéndum no se celebrará, ha sido como la que la multitud/pueblo dio a Pilato tras eximirse éste de la responsabilidad por la muerte de Jesús: «¡Nosotros y nuestros hijos cargaremos con su muerte!» (Mt 27,25). Esa respuesta es un aquí estamos los catalanes.

El segundo de los hechos que quiero analizar es el uso que el Govern de la Generalitat ha realizado de la movilización de la gente: ocupación de espacios públicos, −como los colegios o las plazas−; las colas que han pedido que se formen desde temprano el 1-O –a cuya visualización contribuye la reducción del número de colegios electorales, al margen que se pueda votar o no−; las manifestaciones; la convocatoria de huelga general. Es un uso elaborado e inteligente. En todas ellas existe un elemento común: la aclamación, en forma de cántico de lemas, levantamiento de manos, aplausos. Estas expresiones tienen una importancia más allá del simple gesto. En el Imperio Romano en los comicios electorales la aclamación podía sustituir a las votaciones de los individuos. Y Rousseau decía que la aclamación, el grito de aprobación o rechazo de la masa reunida, era la verdadera democracia.

Esta es la importancia que tiene la movilización promovida desde el Govern. Si la votación finalmente no se puede realizar con normalidad 1-O el significado simbólico de la aclamación tendrá sentido político. Y sus promotores podrán reclamarlo y hacerlo valer. Carl Schmitt decía que la aclamación era «la expresión pura e inmediata del pueblo como poder democrático constituyente.» Le otorgaba una función constitutiva, que puede ser usada como fuente de voluntad constituyente. Es sobre ella que los partidarios de la independencia, en última instancia, pretenden alumbrar la nueva República de Cataluña. De ahí la apelación continuada del Govern a la necesidad de una presencia masiva de gente en las calles el día de la votación y a la movilización que se están pidiendo y a la que se anima desde las asociaciones independentistas. Igual sentido tiene la huelga general convocada a partir del 2-O por las asociaciones independentistas. Quiero pensar que es este, y no la pura coerción de la ley, el motivo que tiene el Gobierno del Estado para impedir a toda costa la votación el 1-O.

El conflicto catalán contrapone dos mundos: «el de los hechos y el de las verdades», que se enfrentan de manera inmediata y, no se si también, de modo inconciliable: el de la nueva realidad catalana creada y el de la verdad eterna de la «Nación». En él se mezcla también lo «humano y lo divino». El pacto que la Independencia ofrece es «Yo te libraré y tú me glorificas». A partir de este momento la pregunta que Pilato hizo a Jesús: ¿No hay ninguna verdad sobre la Tierra?, cada uno deberá responderla, objetarla o rebatirla. ¿Continuaremos en la conllevancia, inauguraremos un nuevo pacto para todos o emprenderemos caminos separados?

Soberanía y democracia en Cataluña

26 Sep

«Una cabeza, un voto», que es un principio esencial de la democracia, está en conflicto con «una mentira, un voto» y también entra en colisión con «un show, un voto», dice Paolo Flores d’Arcais en «Democracia». La campaña por la independencia de Cataluña está sustentada en mentiras: no se trata de independencia, sino de democracia; Cataluña no saldrá de la Unión Europea; derecho a decidir; volem votar. Casi todos los actores han montado su propio show. Si el 61% de los catalanes no otorga validez a la consulta, ¿es democracia el referéndum del 1-O?

La argumentación lógica sobre la que se apoya la soberanía del ciudadano, es un deber recíproco de todos para con todos. Cuando ésta es sustituida por la mentira, dejamos en el camino parte de la dignidad que nos caracteriza como personas. Si la verdad no domina la vida pública se niega a los ciudadanos la posibilidad de formarse una opinión autónoma y de efectuar una elección libre. La mentira en política es, de por sí, una «usurpación de soberanía». La campaña en favor de la independencia de Cataluña está plagada de falsedades y presenta una paradoja: se roba a los ciudadanos soberanía de elección para que decidan sobre su soberanía política. La democracia se ha convertido en Cataluña en una ficción con un guión que dice que ésta está movilizada: votaciones sin garantías, manifestaciones, escraches a instituciones, a partidos políticos contrarios a la independencia, cierre del Parlament. Esta es la nueva liturgia.

Cataluña no saldrá de Europa tras la independencia dicen, a pesar de los desmentidos realizados por las autoridades de la Unión Europea. Esta mentira es repetida de manera incansable. Es un mantra que se presenta como una opinión, sustentada en la creencia subjetiva que finalmente esta circunstancia no se producirá. La mentira  es convertida en una opinión lícita y defendible. Y el hecho incuestionable: Cataluña no sería miembro de la Unión Europea en caso de independencia, queda degradado a mera opinión. La dicotomía verdadero/falso desaparece del debate público y es sustituida por un enfrentamiento entre opiniones simuladamente verdaderas. La falsa información ennoblecida en opinión se hace pasar por sentido común. ¿Cui prodest, a quién aprovecha?

Cuando en una elección —política o refrendaria— la verdad es falseada, sustituida y endulzada por un continuum de hechos verdaderos, simulación narrativa y efectos publicitarios, el principio «una cabeza, un voto» es sustituido por la posverdad: verdad alternativa o mentira emotiva repetida sin complejo en la que  los hechos son ignorados. En ésta la regla es: «una falacia, un voto». El uso obsceno, impúdico, deshonesto, de la palabra −la demagogia posverdadera−, reemplaza la voluntad de los ciudadanos por la voluntad de los demagogos. En estas circunstancias el ciudadano no decide, porque otros ya lo han hecho por él. Él sólo cree, aplaude, combate. Es una masa maleable y moldeable. Y el debate público se convierte en una prueba de pulsiones, emociones y malestares. El voto así no expresa voluntades autónomas, sino que es una simple herramienta de contable para que cuadre el balance que se quiere presentar. Es la amputación del voto. Se trata de vencer no de con-vencer. Mientras tanto unos siguen exaltando la bandera, la patria y la Constitución, a través de las juras de bandera para civiles, como la del fin de semana pasado en Girona, o la que se ha pedido hacer en Madrid. Otros juegan a llamar a la huelga general tras el referéndum. Y otros ponen sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Cada uno a lo suyo que el interés general es de todos.

En este escenario hablar de presos políticos, de fuerzas de ocupación, de medidas represoras o de intervención encubierta de la Generalitat, como hace cierta izquierda, en vez de fiscalizar la actuación del Gobierno ante cualquier exceso y exigir al Govern de la Generalitat la vuelta a la legalidad, es olvidar o desconocer que la ley es expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y se quiera o no, con esta posición se debilita la capacidad del Estado para defenderse frente ataques ilegales.

Esta posición de la izquierda la ha llevado a renunciar a su coherencia democrática, sin darse cuenta que con ella abandona su compromiso de «devolver a los ciudadanos su fragmento de soberanía y la certeza de la legalidad». Olvida también las palabras que pronunció en el Parlamento de Cataluña ante el atropello que constituyó la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad. Ella que debería ser, y ser reconocida, como el «guardián intratable de la democracia», remplaza el respeto por la verdad de los hechos, el no consentimiento de la desigualdad ante la ley que significa la ruptura de la legalidad y la argumentación lógica en el debate, por la mentira. ¿Cálculo interesado o miopía? En cualquier caso se trata de una oportunidad perdida para virar hacia una «democracia tomada en serio».

La crisis catalana está poniendo de manifiesto, hoy más que nunca, que la democracia corre el riesgo de no significar ya nada en España. ¿Quién defiende la democracia?

Soberanía y ley en Cataluña

24 Sep

A la vista de los acontecimientos de Cataluña, no podemos más que reivindicar el pensamiento de Montaigne, quien decía que «las leyes mantienen su crédito no porque sean justas sino porque son leyes». Y decía a este respecto otro francés universal, Derrida, que las leyes «no se obedecen porque sean justas sino porque tienen autoridad». El Estado sabe que en Cataluña su autoridad es menguante. La prueba de ello es el envío de 6.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles de refuerzo o el adelantamiento por la Mesa del Congreso de los Diputados de la creación de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Modelo Territorial que estaba prevista para la próxima semana. Y el independentismo sabe que su autoridad —social, política y moral— crece. En esa estamos. En la pugna de soberanías, leyes y violencias. Unos reclaman democracia otros la autoridad de la ley. Si en el artículo anterior analizaba la realidad catalana desde la realidad nacida de las leyes de referéndum y transitoriedad, en este la analizaré desde el interior del orden constituido.

El deseo de justicia ha desbordado la ley en Cataluña. Es dentro de la justicia donde se está produciendo el choque. Para unos es la aplicación de la ley. Y la no aplicabilidad de la ley da como resultado una justicia sin fuerza. Y una justicia impotente no es justicia. Para otros la justicia es democracia, poder decidir. Poder decir. Pero este decir no puede ser expresado de cualquier manera, ha de ir acompañado de garantías, procedimientos y derechos. Es lo propio, lo característico, de una democracia procedimental como la nuestra. De lo contrario la democracia se convierte en una coartada, en un concepto abstracto sin existencia real, en un simple sonido −flatus vocis−. Y en Cataluña lo que estamos viendo es una fábrica de mentiras.

En Cataluña se está produciendo el despotismo de la minoría que busca la independencia sin mayoría, sin procedimiento y sin garantías. Es la negación misma de la democracia, cuyo primer mandamiento es luchar por la democracia, contra los adversarios de la democracia, dentro de la democracia. Es la ruptura de la democracia. Y la insuficiencia de la democracia hace aflorar la dimensión del poder, de la misma manera que lo aflora la insuficiencia de la ley. Una lo hace desde la mentira de la palabra, la otra desde la fuerza de la ley o de la policía. Despotismo o abuso/opresión es mala pareja para una elección. ¿Acaso la razón del más fuerte es siempre la mejor? ¿Quién es el mejor: el opresor o el déspota? ¿Quién es el más justo?

Si las leyes se obedecen porque tienen autoridad, como dice Derrida, la debilidad de la ley alienta la revuelta. No contribuye a la resolución de la crisis territorial de Cataluña, ni a la crisis política que late bajo ella, que una parte de la izquierda continúe instalada en el callejón sin salida del rechazo vacío, donde sólo le queda exclamar, como hizo Iglesias en la Diada: «Visca Catalunya lliure i sobirana» o decir que en España hay «presos políticos». Estas manifestaciones no debilitan la cerrazón obcecada del Gobierno del Estado de instalarse en la fuerza de la ley, sino que favorece el debilitamiento de la autoridad de la ley. «La autoridad de las leyes sólo reposa en el crédito que se les da. Se cree en ellas, ese es su único fundamento». Y este marasmo ayuda a que la razón deje de seguir apareciendo «como una extranjera» en este conflicto.

Es necesario por tanto recuperar el nexo que hay entre ley y democracia, y abandonar por antidemocrática toda política –estatal o autonómica, gubernamental o parlamentaria− que socave la legalidad y transforme «la democracia formal en democracia ficticia». La concesión de espacio a la ilegalidad o la connivencia con ella «es un espacio sustraído a la democracia», al distorsionar radicalmente el mecanismo de formación del consenso. Este nexo no se va a restituir polarizando el espacio político en Cataluña entre quienes no renuncian a que «lo justo sea fuerte» y quienes sólo actúan desde la voluntad opuesta para que «lo fuerte sea justo». Por el contrario con esta actitud la democracia muta en «democracia lobotomizada» en la que, como en este caso,  se instala un ciclo acción/reacción de fuerza/revuelta que amenaza con persistir ad infinitum.

Cada parte en este conflicto tiene su ley y cada parte puede invocar, por tanto, su legítimo derecho a ejercer la violencia conservadora de su ley. El Estado lo está haciendo. La Generalitat la ejerce de forma indirecta desobedeciendo la ley del Estado. ¿Y cuando éstas no basten qué ocurrirá?

 

Sobre la soberanía y Cataluña

20 Sep

El gobierno parece no haberse dado cuenta, o no quiere darse cuenta, que la aprobación de las Leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República por el Parlamento de Cataluña, ha establecido un estado de excepción que ha hecho emerger un nuevo poder soberano sobre el cuerpo social en ese territorio. La expresión estado de excepción debe ser entendida, aquí, en cuanto categoría política que establece los límites del Estado y de la ley, y no como una transgresión jurídica en el interior de la pirámide de fuentes del orden normativo constituido, que ataca la jerarquía normativa y la distribución de competencias establecida.

Esta excepcionalidad, por tanto, no puede ser anulada por la sola suspensión de los efectos jurídicos de dicha ley por un tribunal, pues las leyes de referéndum y transitoriedad no emanan de una norma jurídica (la Constitución o el Estatuto), sino de una decisión: la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, que declaró que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano, y que es de facto una suspensión revolucionaria de la soberanía española en ese territorio. La decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña es un acto de poder soberano puro y extremo, no un acto caprichoso o arbitrario como se está diciendo. Y como tal acto  soberano sólo está sometido a la voluntad de quien la adopta, que es primera e independiente de toda consideración sobre el derecho de esa decisión. Esta decisión se justifica sólo en la medida en que provee las condiciones necesarias para que la excepción que crea pueda ser reapropiada por la nueva norma.

La situación que se vive en Cataluña no es la situación de caos que precede al orden que será restablecido, como entiende y dice el gobierno. El estado de excepción allí creado es la situación resultante de la sustitución de un orden: el de la Constitución Española, por otro: el de la nueva República de Cataluña, contenido en las leyes de referéndum y de transitoriedad fundacional aprobadas. La sustitución de la ley vigente por la nueva no anula aquélla, la expulsa. Crea un vacío que quiere ser reapropiado, tanto por el poder constituido como por el nuevo poder constituyente que emerge, mediante la construcción de ficciones. Cada uno las suyas. Unos porque quieren aparecer como un estado naciente que ya funciona como tal. Otros porque quieren transmitir la sensación que el edificio institucional sigue intacto pese a los sucesos acontecidos. Es desde la lógica de la nueva realidad creada en Cataluña desde donde efectúo el análisis, no desde la realidad constituida, ni desde mi posición personal en este asunto: de rechazo a la vía unilateral emprendida.

El actual momento es para quienes apoyan las tesis independentistas el de la efectiva redención del pasado incumplido merced del despertar presente. Nada los apartará del camino emprendido. Han conseguido, pese a la improbabilidad del suceso, la primacía de la política disruptiva sobre la historia reciente. Su fe es que finalmente prevalezca su historia –su relato– sobre la política vigente. Y esta fuerza no se destituye sólo con querellas y policía, que son instrumentos que operan exclusivamente en el interior de un orden constituido, sin capacidad para coaccionar a otra soberanía. Está inspirada por la épica de las grandes gestas. Su pócima mágica es la fe mesiánica en el milagro de la acción y en el poder del instante que casi la mitad de Cataluña siente: ¡ahora o nunca!

La defensa del orden constitucional vigente –suelo de cualquier acción política, que no sólo alcanza a las medidas represivas, sino que comprende también las políticas– por quienes se oponen a la independencia de Cataluña, sin embargo, no va más allá de la reparación de las grietas producidas en el orden constituido, a pesar que el statu quo ha saltado por los aires, y que la excepción que se ha instaurado es percibida como la posibilidad de romper con el continuum de la historia de los vencedores de 1714, como medio para dejar atrás una historia que acumula ruinas.

La legalidad de Cataluña ya no es la misma que está vigente en el resto de España. Ya no se puede invocar por el Gobierno de la Nación el espacio político fundado por la Constitución de 1978 y esperar sin más sus efectos taumatúrgicos. Éste ha sido desmontado y tras el referéndum del 1-O, y si hay una mayoría de síes a favor de la independencia, lo que es más que probable, quedará destruido. Casi la mitad de la sociedad catalana ya no opera en el plano de la legalidad de la Constitución de 1978. Ha proyectado un nuevo plano constitutivo y constituyente cuyo holograma estamos viendo, que se materializará en una declaración de independencia tras el referéndum, en caso de obtención de mayoría de sufragios o de impedimento de la votación por el Estado.

La fuerza de los hechos consumados sitúa los actos que se están produciendo en un «no-lugar», que es el espacio de excepción creado, al no emanar éstos ni estar vinculados al orden constituido. La pretensión del Gobierno de España de juzgar mediante los tribunales e impedir a través de las fuerzas de seguridad la desobediencia al orden constituido en Cataluña resulta, por tanto, vana, fatua, ineficaz, por cuanto opera en un plano distinto del que se están produciendo los hechos y es un coste que los partidarios de la independencia tienen asumido. E inútil y peligrosa si la restauración de la legalidad a través de los diferentes medios con que cuenta el Estado, incluido el de establecer una excepción en el orden constituido mismo, no va acompañada de medidas dirigidas a satisfacer las pretensiones políticas de la sociedad catalana.

La sociología jurídica nos dice que en situaciones de desobediencia generalizada de la ley, la fuerza coercitiva del Estado será efectiva sólo frente al 15% de la población. La represión tiene un límite. A día de hoy los ciudadanos que se niegan a obedecer la ley en Cataluña –de acuerdo con las encuestas– se aproximan del 10% del total de la población española, que representa el 41% de la población catalana. E in crescendo. Ello quiere decir que la capacidad de coerción del Estado en Cataluña se acerca a su máximo. Ante la situación creada consecuencia de la inacción absoluta del Gobierno de España me pregunto: ¿estamos ante una impericia convertida en impotencia, ante un gobierno de registradores y abogados del estado que no entiende nada, o ante la creación de las condiciones objetivas para la aplicación de la doctrina del shock?

En esta situación límite –ya sea por incompetencia o por aplicación de la terapia del desastre– la alegoría del choque de trenes no sirve, pues ambas partes: gobierno estatal y gobierno autonómico, están actuando en planos diferentes, y esta disonancia impide que se llegue a producir ni tan cacareada colisión ni llegar a un pacto. Pero la realidad es más cruda: el 2-O cada tren continuará su marcha por la vía que transita. ¿Qué sucederá entonces? No se sabe. Pero en ese caso se abren escenarios como el artículo 155 de la Constitución, el estado de sitio u otros peores. Parece que Nerón se quiere reencarnar y prender fuego a Roma de nuevo, para poder volver a contemplar el incendio desde su palacio cantando y tocando la lira.

 

Mi patria es el planeta (IV): soberanía y patria (I)

16 Abr

La divisa: «mi patria es el planeta», es la expresión de una universalidad política nueva: la planetaria. El cambio climático, el uso de los recursos naturales y la manera de estar en el planeta, requieren repensar la arquitectura política vigente. El estado debe ser reconfigurado como un ente autónomo, no soberano, a la par que se debe hacer emerger una entidad planetaria que ejerza una gobernanza global de las cuestiones que afectan al planeta. Invocar a la patria y reivindicar más soberanía para los estados, son las recetas del siglo XX, con las que se pudo dar solución a problemas que admitían solución estatal: los de la desigualdad, que podía ser corregidos mediante la adopción de medidas redistributivas. Pero los problemas ecológicos que padecemos en el siglo XXI, requieren solución global. La receta estatal es inoperativa y estéril frente a ellos, porque se trata de los problemas originados por el sobrepasamiento de los límites planetarios. Hace falta, por tanto, más planeta, no más estado. Una disrupción que cambie el escenario, no una transformación que renueve el atrezzo. Y sólo una opción política puede y es capaz plantearla: la ecología política. Así se plantea el siglo XXI.

Desde cierta izquierda se propone como receta, frente a la crisis de Europa, «reforzar la soberanía de los estados», «recuperar capacidades soberanas». Se afirma desde esa izquierda que la «salida de la crisis pasa por dotar de significado a la palabra soberanía». Y en el plano económico esta recuperación de soberanía se traduce en una apuesta por  el desarrollo industrial. Reivindicar la reindustrialización, en el siglo del cambio climático, cuando éste exige una transición hacia las energías renovables, cuyo principal efecto será la menor disposición de energía, y demanda un menor consumo de recursos, es un sinsentido. A las puertas de la 4ª Revolución Industrial (RI4), surge un interrogante: la reindustrialización que se reclama será intensiva en capital humano (mano de obra) o en capital tecnológico (robotización). Lo que exige el siglo XXI es relocalizar una producción decreciente y acortar las cadenas de comercialización. Agroecología en vez de agroindustria. Pero la izquierda está empeñada en vivir en el siglo XXI con las viejas recetas del siglo XX: soberanía y productivismo. Su objetivo político sigue siendo liberar los cuerpos (masa, pueblo, multitud). El de la derecha, dominar la psique del enjambre digital (Google, Facebook, big data). La realidad es que quien domina es el planeta. Ante el cambio climático no hay soberanía. Tampoco patria, pues todo pegamento, cualquiera que sea su color, quedará disuelto por el calor o ahogado por el agua salada.

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Desde la ecología política expondré un plan para el cambio en el escenario soberano: autonomía,  biorregionalismo, ciudadanía de la Tierra y singularidad sin identidad. En este artículo trataré el primero de sus pilares.

La Tierra entró en «déficit ecológico» en 2016, el 8 de agosto. Ese día marcaba la fecha en la que la demanda anual de recursos naturales de la población mundial excedía de lo que la Tierra puede regenerar cada año. Este «déficit ecológico» se debe a que emitimos más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que los océanos y bosques pueden absorber y a que agotamos las pesquerías y talamos los bosques más rápido de lo que se pueden regenerar y mantener. Este es el contexto en el que se reclama más soberanía para los estados y reindustrialización. Para esa izquierda el único déficit que cuenta es el social. Para la derecha neoliberal es el presupuestario. Viven en su mundo, que no es de este planeta.

El siglo XXI exige que cambiemos nuestra manera de estar en el planeta. Ello requiere, además de cambiar hábitos y afectos, reconfigurar la manera de ejercer el poder. Es necesario, por tanto, reflexionar sobre los conceptos centrales de lo político: soberanía y pueblo. Si soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, tal cualidad sólo es predicable de la Naturaleza. Ella no recibe leyes del hombre, a pesar de su pretensión de observar las leyes económicas obviando las del planeta. Se puede afirmar, entonces, que la Naturaleza ostenta la posición del soberano. Tiene una soberanía originaria, anterior al orden político. Emana de ella el principio de primacía del orden natural sobre el orden económico humano. Toda la actividad del hombre, por tanto, debería quedar sujeta a las leyes de la Naturaleza. Las normas humanas carecerían de legitimación para oponerse a la ley natural. La explicación más clara de esta ilegitimidad nos la proporciona Habermas, que dice que «sólo son legítimas aquellas normas de acción que pudieran ser aceptadas por todos los posibles afectados por ellas.» Es patente que no han dado su aceptación a las normas humanas, los miembros de las generaciones futuras y los seres no humanos que integran la comunidad planetaria, quienes, sin embargo, son afectados por la actividad económica. En este sentido la relación del hombre con la Naturaleza está desligada de procesos de legitimación democrática.

¿Sería entonces la soberanía predicable de las instituciones humanas? La respuesta debe ser negativa. El ser humano en su dimensión colectiva y organizada, el estado, tendría poder de decisión, de dar leyes, obviamente. Pero se trataría de un poder de segundo grado, cuyo ejercicio estaría limitado por los condicionantes ecológicos que impone la biosfera. Este poder estaría restringido por la ley natural, que es primer fundamento de todo, incluso del propio poder humano. Y éste es parte de la misma ecuación que el clima, cuya variación puede determinar la historia humana, con un impacto más importante que las relaciones de producción. De la misma manera que en otras épocas las variaciones naturales del clima han condicionado nuestra historia: la caída del Imperio Romano, el desencadenamiento de la Revolución Francesa o el comienzo de la Revolución Industrial. Este poder humano de segundo grado puede ser denominado y conceptuado como autonomía. Y esta nueva concepción de la soberanía hace necesaria una redelimitación de la noción del sujeto de esa autonomía, para rearticularlo con conceptos como comunidad planetaria y ciudadanía de la Tierra.

El ser humano no está solo en la biosfera, sino que (con)vive con otros seres no humanos. Todos se integran en una comunidad planetaria, de la que el hombre sólo es un subgrupo dentro de una comunidad más amplia. Con ella comparte cierto grado de solidaridad, que se manifiesta en la existencia de los servicios ambientales y su necesario cuidado. También comparte un cierto grado de memoria histórica, que constituye la memoria de nuestros antepasados, y se revela en la transmisión de experiencias a través del ADN de los seres vivos. Esta memoria extiende el concepto de patria, al desvincularlo de los lazos de la familia o el clan, de la tierra paterna. Los extiende a todos los antepasados, al planeta. Se pasa, así, de la terra patria (tierra paterna) al planeta terra, como patria de todos. Cuando se invoca al pueblo el pensamiento clásico sólo incluye en él, como sujeto político del Estado-nación, a la generación humana que en cada momento habita el planeta. Pero si tomamos en consideración la comunidad planetaria, el concepto pueblo reclama una doble inclusión: la de las generaciones futuras y la de los seres no humanos, para completar los vacíos de la concepción clásica del sujeto político. El pueblo, entonces, como dice Agamben, se hace Pueblo. Se transforma en un concepto universal que trasciende tanto el ámbito temporal como el biológico. ¿No tienen reconocidos derechos, desde el siglo XX, entes abstractos como las personas jurídicas? ¿No se ha reconocido personalidad jurídica al río Whanganui y al Parque Natural Te Urewera, en Nueva Zelanda? ¿Por qué no reconocer, entonces, ciertos derechos a los seres vivos no humanos y ampliar los derechos reconocidos a los seres humanos no nacidos (generaciones futuras)?

La disputa fundamental hoy no se da, por tanto, entre democracia y oligarquía, como algunos pretenden. La crisis ecológica ha modificado las prioridades de actuación. La humanidad se enfrenta hoy a una dramática opción, en la que está en juego su propia supervivencia: cambio climático controlado, si se adoptan las medidas necesarias; o colapso civilizatorio, en caso contrario. En este trance no hay disputa. No es una situación de suma cero. Por eso cuando cierta izquierda dice que de esta crisis se sale con el reforzamiento de la soberanía de los estados y que la única forma para ello es mejorar las condiciones laborales, los salarios, fortalecer los servicios públicos y hacer que los más ricos paguen impuestos como el resto, al obviar la crisis ecológica sólo muestra su ceguera a la realidad del siglo XXI. La resolución de la crisis social sólo tiene sentido cuando se plantea en el marco de la solución de la crisis climática, con la que está conectada, y sin la que no hay solución posible. Nuestro no es el planeta, sólo la gloria de conservarlo.