Manada, jauría, camada

27 Abr

Conocí —con estupor, incredulidad y con la sensación que España se cae a trozos— el fallo de la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Navarra en el caso la manada, por la que se condena a los agresores de una adolescente por un delito de abusos sexuales y no por agresión sexual, ya que no existió —según la sentencia— violencia o intimidación. A mi juicio, sin embargo, existió violencia e intimidación —ésta última en cualquier caso—. Los magistrados, por ello, desatendieron la tutela judicial debida a la víctima en forma de una sentencia justa y proporcionada a los hechos que ocurrieron. La sentencia con un relato de hechos probados que contradice las conclusiones jurídicas, es una aberración jurídica.

Ateniéndonos al propio relato de hechos probados que contiene la sentencia, puede decirse que hubo violencia. Dice ésta que los agresores tiraron de ella y la hicieron entrar en el portal de modo súbito y repentino donde la penetraron hasta seis veces; o cuando dice que uno de los procesados acercó la mandíbula de la agredida a su miembro para que le hiciera una felación y otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los legins y el tanga. Pero parece que los magistrados hubieran juzgado que los hechos denunciados y probados se produjeron en una atmosfera de violencia implícita, contenida  —como en una película porno, que es la ficción socialmente aceptada del  uso y sometimiento del cuerpo de la mujer—, en vez de ser el relato violento, sórdido y amedrentador de una violación. Relegaron Sus Señorías al más recóndito rincón de su mente, el del olvido, que toda penetración sexual no consentida es en si misma un acto violento y de violencia, con independencia de la fuerza física que las circunstancias requieran para acometerla. Que toda agresión sexual es un acto cuyo objeto es el sometimiento y dominación de la víctima a la voluntad del agresor. Una situación en la que la víctima además del aturdimiento que le produce la situación, se encuentra entre personas desconocidas que la están agrediendo sexualmente y respecto de las que no puede determinar el grado de resistencia que puede oponer sin incrementar el riesgo de ser objeto de lesiones o incluso de muerte.

Exigir que los agresores deban de usar una fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la víctima —para calificar que una agresión sexual sea considerada violación y no solo abuso— es injusto, desproporcionado y esconde que un prejuicio machista, que para la mujer se convierte en una exigencia de acreditación de su virtud. El Código penal no exige que se use una cantidad ni una forma determinada de violencia para que una conducta sea calificada como violación. Sólo exige que se utilice la violencia. Luego donde no distingue la ley no debe distinguir el juez, dice uno de los principios jurídicos de la interpretación de las leyes. Parece que el pecado de Eva aún no ha sido redimido.

Y hubo también intimidación. El relato de hechos probados no deja lugar a dudas. Dice que la víctima fue llevada a un lugar recóndito y angosto, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión. Cuenta la víctima que se sintió «impresionada y sin capacidad de reacción». Intimidada. Ese es el término exacto para calificar el estado que ella tenía en ese momento. La intimidación es hacer lo que otros quieren que hagas por miedo. ¿Y a acaso no fue eso lo que sintió la víctima acorralada por los cinco agresores en un espacio reducido, en inferioridad numérica y sin posibilidad de escapatoria? Cuenta la víctima agredida que sintió un «intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera». ¿No es esto intimidar a una persona? ¿No es esto conseguir que la víctima hiciera por miedo lo que querían sus agresores? Termina explicando la agredida que «cerró los ojos», actitud característica en situaciones en que una persona, como esta mujer, se encuentra en la situación como la que la habían colocado sus agresores. La intimidación alcanzó el fin perseguido. La víctima solo podía intentar minimizar los daños que sabía iba a recibir.

La Audiencia Provincial de Navarra ha puesto de manifiesto —como en otras ocasiones otros tribunales— la existencia de camadas judiciales. Grupos de jueces que viven en una burbuja jurídica, alejados de la realidad humana y social en la que se hallan inmersos. No son las víctimas las que ha de acomodar su conducta a la jurisprudencia de los tribunales para obtener su protección, son éstos quienes han de proteger a las víctimas de las agresiones, sin que les sea exigible que su conducta defensiva tenga que  ser acomodada a la interpretación de la ley por los tribunales.

¿Y del voto particular de la sentencia, que decir? Es un delirio sexista. Negar como hace el magistrado discrepante que no existió en la víctima miedo, temor, desconcierto o afirmar como hace que la expresión del rostro de la víctima es en todo momento relajada y distendida, me lleva a pensar que estamos ante un individuo que tiene una impregnación ideológica que raya —sino cae directamente— en lo patológico, que le impide tener el más mínimo atisbo de empatía.

Las protestas que se han convocado espontáneamente por toda España contra sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, son una expresión de la nueva configuración del sentido cívico que hemos de desarrollar los españoles. Somos los ciudadanos quienes hemos de decir y mostrar a los servidores públicos —políticos, jueces y funcionarios— la dirección en la que colectivamente deseamos que camine nuestra sociedad. Así como exigirla cuando esta orden sea desatendida. La democracia no es solo una forma de gobierno participada y colectiva, en la que los ciudadanos intervienen más o menos activamente, según la costumbre de cada Estado, sino —además y sobre todo— un estado emocional, un modus vivendi, que ha de ser permanentemente alimentado, cuidado y defendido por todos y cada uno de sus ciudadanos. Si no queremos que otros nos gobiernen con sus reglas, debemos aprender a gobernarnos nosotros mismos. Una sociedad en la que cada día florecen comportamientos de jauría, está repleta de manadas y abundan las camadas, no solo es un aviso de las patologías que crecen en su interior. Nos dice que no vivimos en democracia.

Días de rebelión y rosas

6 Nov

Viendo cómo se está desarrollando la crisis catalana, se observa que la misma está instalada en la lógica de la economía arcaica según la cual «cuanto más violencia, más poder». ¿Cómo explicar si no el cerco a instalaciones oficiales, el intento de expulsión de fuerzas de seguridad del Estado, la violencia del 1-O ó los autos de prisión al Govern? Ninguna de las dos partes de este conflicto es inocente. Para ambas el juego sólo tiene un tipo de envite: el órdago. Juegan con todo lo que tienen. Al primero que le tiemblen las piernas pierde. En este conflicto el Gobierno usa el poder ortopédico: porras, cárcel, y el poder disciplinario: artículo 155. Y el Govern hace una utilización «astuta» de su poder —que como todo poder conlleva implícita la violencia— y traslada la violencia a un objeto sustitutorio: el pueblo, que actúa como un pararrayos. Sobre él es sobre quien recaen los sacrificios. Estos días han sido días de rebelión y rosas. ¿Cómo fueron las rosas? Como una piedra, no como una flor.

¿Qué diferencia hay en la violencia de cada parte? El Gobierno utiliza una violencia «proteica»: porras, tribunales, cárcel; el Govern: la psíquica o psicológica, en «espacios subcomunicativos, capilares y neuronales», dando la sensación que ha prescindido de la violencia, pero sin hacerlo. Es el juego arcaico de la violencia y la contraviolencia como único modo de respuesta. La violencia del independentismo es la violencia de una lengua hiriente, que para el resto de españoles resulta difamadora, desacreditadora, desatenta: España nos roba; extranjeros, iros a vuestro pueblo. La violencia del Estado es la violencia del castigo, que los independentistas denuncian como la violencia de la venganza. Una cosa creía que habíamos aceptado ya: no volver a ese lugar. El peligro de la crisis catalana es que el rebrote del nacionalismo nos haga regresar a un estado tribal, arcaico. Y en ese caso el jefe en esa tribu es la bandera, que es un habla de la sociedad sobre si misma, a través de la cual la sociedad se reconoce como indivisible. Así planteado este conflicto sólo habrá vencidos. El pueblo será la víctima.

Básicamente cada parte ha jugado con las armas que disponía. Con la astucia, el Govern: un ejemplo es la treta del gobierno en el exilio; con el poder disciplinario y el miedo, el Gobierno. Rajoy ha enfrentando a Cataluña a su miedo: a la ruina del orden económico. La estrategia independentista de prolongar el conflicto para dañar la economía y las finanzas de Madrid se vuelve contra ellos. Es un arma con el cañón acodado que hace impactar el disparo en su propio cuerpo: la huida de empresas va por más de 2.000; el coste económico estimado, de esta crisis para Cataluña, en 2018, será de 1.500 millones de euros. Y si la crisis se prolonga alcanzará los 6.000 millones, según cálculos a la baja. Las empresas dicen: aunque me llames no te oiré, y aunque te oiga no me giraré, y aunque hiciera ese movimiento imposible, tu rostro me parecería ajeno (W. Szymborska).

¿Ha existido la violencia que exige el Código Penal en la crisis catalana? Esa que dicen que no existe. Pensar que en el siglo XXI la violencia que exige este delito sólo puede ser física, es regresar a las sociedades de la sangre de la antigüedad. Es tanto como afirmar que los conflictos sólo se pueden resolver con el uso de la violencia física, a pesar que esta violencia ha dejado de ser parte de la «comunicación política». La violencia se ha desplazado «de lo visible a lo invisible; de lo directo a lo discreto; de lo físico a lo psíquico; de lo frontal a lo viral.» En la modernidad la violencia toma forma psíquica, psicológica, interior. Se hace astuta.

Al no estar acotada explícitamente a la violencia física que se exige en  el Código Penal para el delito de rebelión, al aparecer indeterminado el tipo de violencia en la norma, es necesario determinar las modalidades de violencia que caben en ese contexto a través de la interpretación, que no la analogía. Nada impide que la violencia a la que hace referencia el Código Penal abarque además de la física, la violencia psíquica o psicológica, pues no se opone a ello el sentido literal posible de la norma. Si el legislador hubiera querido restringir la violencia requerida para este delito a la física lo habría señalado de manera expresa en la norma. Es perfectamente factible, por tanto, entender que en su seno caben las dos formas de violencia que hay en nuestra sociedad: física y psicológica. La ley penal, como cualquier ley, debe ajustarse a la realidad social del tiempo en que le ha tocado vivir. Un ejemplo de ese ajuste del concepto de violencia lo ofrece la Ley que regula la violencia de género, la cual, en lo que aquí nos interesa, establece que este tipo de violencia comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las amenazas y las coacciones. Limitar, por tanto, a la vis física la violencia exigida en el delito de rebelión es tan erróneo como anacrónico.

En esta dirección se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien señaló que bastaba para cometer el delito de rebelión estar dispuesto a la utilización de la violencia «en forma pública, patente o exteriorizada». Hay un dato, no introducido en la querella del Fiscal General del Estado sorprendentemente, y que es indiciario de la voluntad del Govern de haber usado la violencia si hubiera sido preciso. El Ministerio de Defensa, u  año antes, en diciembre de 2016, frenó por su elevado e inusual número la compra por la Generalitat de 850 subfusiles y fusiles de asalto y de precisión y 5,4 millones de cartuchos. Se pidió por el Ministerio de Defensa una explicación pero no hubo respuesta. Con el armamento que la Generalitat pretendía adquirir, se podía haber organizado y armado un regimiento de 2.000-3.000 efectivos o una compañía especial con pretensiones de ofrecer una resistencia urbana importante.

En la misma dirección avanza la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando señaló que el delito de rebelión también se comete cuando el empleo de la violencia constituye una amenaza seria y fundada de los alzados, de estar dispuestos a conseguir los fines indicados en la norma penal a todo trance, recurriendo inclusive si fuera preciso a la utilización del uso de la misma. El Conseller de Governacio, Joaquim Forn, en declaraciones públicas llegó a señalar que la Generalitat contaba con 17.000 hombres armados. Tal y como se desarrollaron los hechos protagonizados por el Govern de Catalunya, una parte del Parlament de Catalunya y varias asociaciones civiles, no cabe duda que esa amenaza existía. Hubo medios de comunicación, como La Vanguardia, que advirtieron en sus editoriales que existía un riesgo real de «guerra civil». Hubo políticos que se pronunciaron en el mismo sentido. Toda España vivió esa angustiosa sensación aquellos días. Ellos, parafraseando a W. Szimborska, insisten, sin embargo, en que con amabilidad mostraban la frente. Estaban alegres y se movían ágilmente en los salones. Uno saluda a aquél, aquel a otro felicitaba. Su rostro estaba sonriente para los objetivos, para reunir a mucha gente. ¿Es esto rebelión, sedición o no es nada? Ellos dicen que sólo son buenas personas.

Soberanía y ley en Cataluña

24 Sep

A la vista de los acontecimientos de Cataluña, no podemos más que reivindicar el pensamiento de Montaigne, quien decía que «las leyes mantienen su crédito no porque sean justas sino porque son leyes». Y decía a este respecto otro francés universal, Derrida, que las leyes «no se obedecen porque sean justas sino porque tienen autoridad». El Estado sabe que en Cataluña su autoridad es menguante. La prueba de ello es el envío de 6.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles de refuerzo o el adelantamiento por la Mesa del Congreso de los Diputados de la creación de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Modelo Territorial que estaba prevista para la próxima semana. Y el independentismo sabe que su autoridad —social, política y moral— crece. En esa estamos. En la pugna de soberanías, leyes y violencias. Unos reclaman democracia otros la autoridad de la ley. Si en el artículo anterior analizaba la realidad catalana desde la realidad nacida de las leyes de referéndum y transitoriedad, en este la analizaré desde el interior del orden constituido.

El deseo de justicia ha desbordado la ley en Cataluña. Es dentro de la justicia donde se está produciendo el choque. Para unos es la aplicación de la ley. Y la no aplicabilidad de la ley da como resultado una justicia sin fuerza. Y una justicia impotente no es justicia. Para otros la justicia es democracia, poder decidir. Poder decir. Pero este decir no puede ser expresado de cualquier manera, ha de ir acompañado de garantías, procedimientos y derechos. Es lo propio, lo característico, de una democracia procedimental como la nuestra. De lo contrario la democracia se convierte en una coartada, en un concepto abstracto sin existencia real, en un simple sonido −flatus vocis−. Y en Cataluña lo que estamos viendo es una fábrica de mentiras.

En Cataluña se está produciendo el despotismo de la minoría que busca la independencia sin mayoría, sin procedimiento y sin garantías. Es la negación misma de la democracia, cuyo primer mandamiento es luchar por la democracia, contra los adversarios de la democracia, dentro de la democracia. Es la ruptura de la democracia. Y la insuficiencia de la democracia hace aflorar la dimensión del poder, de la misma manera que lo aflora la insuficiencia de la ley. Una lo hace desde la mentira de la palabra, la otra desde la fuerza de la ley o de la policía. Despotismo o abuso/opresión es mala pareja para una elección. ¿Acaso la razón del más fuerte es siempre la mejor? ¿Quién es el mejor: el opresor o el déspota? ¿Quién es el más justo?

Si las leyes se obedecen porque tienen autoridad, como dice Derrida, la debilidad de la ley alienta la revuelta. No contribuye a la resolución de la crisis territorial de Cataluña, ni a la crisis política que late bajo ella, que una parte de la izquierda continúe instalada en el callejón sin salida del rechazo vacío, donde sólo le queda exclamar, como hizo Iglesias en la Diada: «Visca Catalunya lliure i sobirana» o decir que en España hay «presos políticos». Estas manifestaciones no debilitan la cerrazón obcecada del Gobierno del Estado de instalarse en la fuerza de la ley, sino que favorece el debilitamiento de la autoridad de la ley. «La autoridad de las leyes sólo reposa en el crédito que se les da. Se cree en ellas, ese es su único fundamento». Y este marasmo ayuda a que la razón deje de seguir apareciendo «como una extranjera» en este conflicto.

Es necesario por tanto recuperar el nexo que hay entre ley y democracia, y abandonar por antidemocrática toda política –estatal o autonómica, gubernamental o parlamentaria− que socave la legalidad y transforme «la democracia formal en democracia ficticia». La concesión de espacio a la ilegalidad o la connivencia con ella «es un espacio sustraído a la democracia», al distorsionar radicalmente el mecanismo de formación del consenso. Este nexo no se va a restituir polarizando el espacio político en Cataluña entre quienes no renuncian a que «lo justo sea fuerte» y quienes sólo actúan desde la voluntad opuesta para que «lo fuerte sea justo». Por el contrario con esta actitud la democracia muta en «democracia lobotomizada» en la que, como en este caso,  se instala un ciclo acción/reacción de fuerza/revuelta que amenaza con persistir ad infinitum.

Cada parte en este conflicto tiene su ley y cada parte puede invocar, por tanto, su legítimo derecho a ejercer la violencia conservadora de su ley. El Estado lo está haciendo. La Generalitat la ejerce de forma indirecta desobedeciendo la ley del Estado. ¿Y cuando éstas no basten qué ocurrirá?