Días de rebelión y rosas

6 Nov

Viendo cómo se está desarrollando la crisis catalana, se observa que la misma está instalada en la lógica de la economía arcaica según la cual «cuanto más violencia, más poder». ¿Cómo explicar si no el cerco a instalaciones oficiales, el intento de expulsión de fuerzas de seguridad del Estado, la violencia del 1-O ó los autos de prisión al Govern? Ninguna de las dos partes de este conflicto es inocente. Para ambas el juego sólo tiene un tipo de envite: el órdago. Juegan con todo lo que tienen. Al primero que le tiemblen las piernas pierde. En este conflicto el Gobierno usa el poder ortopédico: porras, cárcel, y el poder disciplinario: artículo 155. Y el Govern hace una utilización «astuta» de su poder —que como todo poder conlleva implícita la violencia— y traslada la violencia a un objeto sustitutorio: el pueblo, que actúa como un pararrayos. Sobre él es sobre quien recaen los sacrificios. Estos días han sido días de rebelión y rosas. ¿Cómo fueron las rosas? Como una piedra, no como una flor.

¿Qué diferencia hay en la violencia de cada parte? El Gobierno utiliza una violencia «proteica»: porras, tribunales, cárcel; el Govern: la psíquica o psicológica, en «espacios subcomunicativos, capilares y neuronales», dando la sensación que ha prescindido de la violencia, pero sin hacerlo. Es el juego arcaico de la violencia y la contraviolencia como único modo de respuesta. La violencia del independentismo es la violencia de una lengua hiriente, que para el resto de españoles resulta difamadora, desacreditadora, desatenta: España nos roba; extranjeros, iros a vuestro pueblo. La violencia del Estado es la violencia del castigo, que los independentistas denuncian como la violencia de la venganza. Una cosa creía que habíamos aceptado ya: no volver a ese lugar. El peligro de la crisis catalana es que el rebrote del nacionalismo nos haga regresar a un estado tribal, arcaico. Y en ese caso el jefe en esa tribu es la bandera, que es un habla de la sociedad sobre si misma, a través de la cual la sociedad se reconoce como indivisible. Así planteado este conflicto sólo habrá vencidos. El pueblo será la víctima.

Básicamente cada parte ha jugado con las armas que disponía. Con la astucia, el Govern: un ejemplo es la treta del gobierno en el exilio; con el poder disciplinario y el miedo, el Gobierno. Rajoy ha enfrentando a Cataluña a su miedo: a la ruina del orden económico. La estrategia independentista de prolongar el conflicto para dañar la economía y las finanzas de Madrid se vuelve contra ellos. Es un arma con el cañón acodado que hace impactar el disparo en su propio cuerpo: la huida de empresas va por más de 2.000; el coste económico estimado, de esta crisis para Cataluña, en 2018, será de 1.500 millones de euros. Y si la crisis se prolonga alcanzará los 6.000 millones, según cálculos a la baja. Las empresas dicen: aunque me llames no te oiré, y aunque te oiga no me giraré, y aunque hiciera ese movimiento imposible, tu rostro me parecería ajeno (W. Szymborska).

¿Ha existido la violencia que exige el Código Penal en la crisis catalana? Esa que dicen que no existe. Pensar que en el siglo XXI la violencia que exige este delito sólo puede ser física, es regresar a las sociedades de la sangre de la antigüedad. Es tanto como afirmar que los conflictos sólo se pueden resolver con el uso de la violencia física, a pesar que esta violencia ha dejado de ser parte de la «comunicación política». La violencia se ha desplazado «de lo visible a lo invisible; de lo directo a lo discreto; de lo físico a lo psíquico; de lo frontal a lo viral.» En la modernidad la violencia toma forma psíquica, psicológica, interior. Se hace astuta.

Al no estar acotada explícitamente a la violencia física que se exige en  el Código Penal para el delito de rebelión, al aparecer indeterminado el tipo de violencia en la norma, es necesario determinar las modalidades de violencia que caben en ese contexto a través de la interpretación, que no la analogía. Nada impide que la violencia a la que hace referencia el Código Penal abarque además de la física, la violencia psíquica o psicológica, pues no se opone a ello el sentido literal posible de la norma. Si el legislador hubiera querido restringir la violencia requerida para este delito a la física lo habría señalado de manera expresa en la norma. Es perfectamente factible, por tanto, entender que en su seno caben las dos formas de violencia que hay en nuestra sociedad: física y psicológica. La ley penal, como cualquier ley, debe ajustarse a la realidad social del tiempo en que le ha tocado vivir. Un ejemplo de ese ajuste del concepto de violencia lo ofrece la Ley que regula la violencia de género, la cual, en lo que aquí nos interesa, establece que este tipo de violencia comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las amenazas y las coacciones. Limitar, por tanto, a la vis física la violencia exigida en el delito de rebelión es tan erróneo como anacrónico.

En esta dirección se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien señaló que bastaba para cometer el delito de rebelión estar dispuesto a la utilización de la violencia «en forma pública, patente o exteriorizada». Hay un dato, no introducido en la querella del Fiscal General del Estado sorprendentemente, y que es indiciario de la voluntad del Govern de haber usado la violencia si hubiera sido preciso. El Ministerio de Defensa, u  año antes, en diciembre de 2016, frenó por su elevado e inusual número la compra por la Generalitat de 850 subfusiles y fusiles de asalto y de precisión y 5,4 millones de cartuchos. Se pidió por el Ministerio de Defensa una explicación pero no hubo respuesta. Con el armamento que la Generalitat pretendía adquirir, se podía haber organizado y armado un regimiento de 2.000-3.000 efectivos o una compañía especial con pretensiones de ofrecer una resistencia urbana importante.

En la misma dirección avanza la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando señaló que el delito de rebelión también se comete cuando el empleo de la violencia constituye una amenaza seria y fundada de los alzados, de estar dispuestos a conseguir los fines indicados en la norma penal a todo trance, recurriendo inclusive si fuera preciso a la utilización del uso de la misma. El Conseller de Governacio, Joaquim Forn, en declaraciones públicas llegó a señalar que la Generalitat contaba con 17.000 hombres armados. Tal y como se desarrollaron los hechos protagonizados por el Govern de Catalunya, una parte del Parlament de Catalunya y varias asociaciones civiles, no cabe duda que esa amenaza existía. Hubo medios de comunicación, como La Vanguardia, que advirtieron en sus editoriales que existía un riesgo real de «guerra civil». Hubo políticos que se pronunciaron en el mismo sentido. Toda España vivió esa angustiosa sensación aquellos días. Ellos, parafraseando a W. Szimborska, insisten, sin embargo, en que con amabilidad mostraban la frente. Estaban alegres y se movían ágilmente en los salones. Uno saluda a aquél, aquel a otro felicitaba. Su rostro estaba sonriente para los objetivos, para reunir a mucha gente. ¿Es esto rebelión, sedición o no es nada? Ellos dicen que sólo son buenas personas.

Del voto al juramento

10 Oct

En la crisis catalana se pueda afirmar la existencia de una coincidencia en los elementos primarios del voto y del juramento. El núcleo esencial de ambas instituciones: un pacto sagrado −que están en la base de la política de Occidente− habita en el centro de ambas, bien sea en su manifestación laica, bien en su manifestación religiosa. Pero a pesar de la coincidencia, existen diferencias entre ambas instituciones: la naturaleza absoluta y la imposibilidad de abjurar del juramento y la naturaleza democrática y reversible del voto.

Esta identidad que existe entre uno y otro, entre voto y juramento, nos muestra hasta que punto la crisis catalana ha deformado el voto, hasta convertirlo en juramento. Al ser el juramento un lenguaje que se realiza en los hechos, la correspondencia que hasta ahora existía entre palabras y actos propia del voto en democracia, la fuerza de los hechos la ha trasladado al juramento. Los partidarios de la independencia serían así los garantes de la palabra. Y sus palabras juramentos conformados. Creían que tenían la capacidad de convertir en hechos todo lo que decían. Bajo estas premisas actuaron en las votaciones de los días 6 y 7 en el Parlament de Catalunya. El juramento se convirtió en la crisis catalana –como decía Licurgo− en «lo que mantiene unida la democracia». Fue el caso de la votación del llamado referéndum del 1-O.  Los acontecimientos muestran una dirección del procés propia de juramentados que buscan el martirio, como esfuerzo y obligación (sagrada) en el camino a la independencia. Depositaron en ella los juramentados su fe a cambio de su protección, garantía y apoyo.

Tras los acontecimientos del 1-O, el pacto sagrado que en democracia encierra la votación ha degenerado en un pacto mágico-religioso, en un fetiche, que se agita para invocar la independencia. Es el agente de la operación mágica. El voto así emitido no responde a los valores sociales que lo identifican como elemento de expresión de voluntad democrática. Se asemeja más a una  cosa vacía de sentido, más cercana a un símbolo algebraico privado de significado, susceptible de recibir cualquier interpretación: en este caso la de ser un dispositivo apto para «generar conflicto y desconexión forzosa», según el plan independentista. Este voto es la enfermedad del voto, un puro mecanismo de agi-pro.

Y la actuación del gobierno está más próxima a la práctica de un exorcismo con el que se quiere expulsar, sacar o apartar la entidad maligna de España: la crisis catalana, que de una acción política que posibilite la resolución de un conflicto −de orden político, no de orden público− que posee un amplio elenco de actuaciones: desde la negociación y el diálogo entre las partes, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España y Govern de Cataluña revelan con sus actos que han renunciado a proceder como animales políticos, para ser prototipos del homini religiosus. Esta concepción mágico−religiosa que se advierte en el conflicto catalán desvela un aspecto que es común a las dos partes del conflicto: su arcaísmo. Como los romanos, ambas partes parecen creer que lo sagrado sigue siendo parte del derecho. Este rasgo evidencia que la separación entre lo religioso y lo político es aún incompleta en España. Puede resultar controvertido el grado en que se encuentra presente lo arcaico en cada parte, pero no la existencia del fantasma. Este espectro nos ha hecho hasta ahora residentes perpetuos de la «franja de la ultra-historia» y nos ha mantenido siempre a un paso del inframundo del Hades y de la violencia que W. Benjamín llamaba «divina».

Las masas ya han sido sacadas a la calle. Se están usando como elementos de presión: así se usaron cuando fueron convocadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando se concentraron ante los lugares de residencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando se usaron para expulsar a estas fuerzas de seguridad de algunos municipios catalanes. Y se usarán como contramuros frente al Parlament de Catalunya para impedir que se produzca una marcha atrás en la declaración de independencia y ante el Tribunal Superior de Justicia para condicionar la acción de éste hacia una dirección determinada. En la fase actual del conflicto el juramento ha desbordado al voto.

El Liber differentiarum de Isidoro nos dice que la diferencia entre ley y Evangelio,  es que «en la ley está la letra, en el Evangelio la gracia […] la primera ha sido dada para la transgresión, la segunda para la justificación; […] en la ley se observan los mandamientos, en la plenitud del Evangelio se consuman las promesas.» Es la diferencia entre Estatut y promesa de independencia (leyes de desconexión). Es el tránsito de la democracia a la Nación. Del voto al juramento.