Soberanía y democracia en Cataluña

26 Sep

«Una cabeza, un voto», que es un principio esencial de la democracia, está en conflicto con «una mentira, un voto» y también entra en colisión con «un show, un voto», dice Paolo Flores d’Arcais en «Democracia». La campaña por la independencia de Cataluña está sustentada en mentiras: no se trata de independencia, sino de democracia; Cataluña no saldrá de la Unión Europea; derecho a decidir; volem votar. Casi todos los actores han montado su propio show. Si el 61% de los catalanes no otorga validez a la consulta, ¿es democracia el referéndum del 1-O?

La argumentación lógica sobre la que se apoya la soberanía del ciudadano, es un deber recíproco de todos para con todos. Cuando ésta es sustituida por la mentira, dejamos en el camino parte de la dignidad que nos caracteriza como personas. Si la verdad no domina la vida pública se niega a los ciudadanos la posibilidad de formarse una opinión autónoma y de efectuar una elección libre. La mentira en política es, de por sí, una «usurpación de soberanía». La campaña en favor de la independencia de Cataluña está plagada de falsedades y presenta una paradoja: se roba a los ciudadanos soberanía de elección para que decidan sobre su soberanía política. La democracia se ha convertido en Cataluña en una ficción con un guión que dice que ésta está movilizada: votaciones sin garantías, manifestaciones, escraches a instituciones, a partidos políticos contrarios a la independencia, cierre del Parlament. Esta es la nueva liturgia.

Cataluña no saldrá de Europa tras la independencia dicen, a pesar de los desmentidos realizados por las autoridades de la Unión Europea. Esta mentira es repetida de manera incansable. Es un mantra que se presenta como una opinión, sustentada en la creencia subjetiva que finalmente esta circunstancia no se producirá. La mentira  es convertida en una opinión lícita y defendible. Y el hecho incuestionable: Cataluña no sería miembro de la Unión Europea en caso de independencia, queda degradado a mera opinión. La dicotomía verdadero/falso desaparece del debate público y es sustituida por un enfrentamiento entre opiniones simuladamente verdaderas. La falsa información ennoblecida en opinión se hace pasar por sentido común. ¿Cui prodest, a quién aprovecha?

Cuando en una elección —política o refrendaria— la verdad es falseada, sustituida y endulzada por un continuum de hechos verdaderos, simulación narrativa y efectos publicitarios, el principio «una cabeza, un voto» es sustituido por la posverdad: verdad alternativa o mentira emotiva repetida sin complejo en la que  los hechos son ignorados. En ésta la regla es: «una falacia, un voto». El uso obsceno, impúdico, deshonesto, de la palabra −la demagogia posverdadera−, reemplaza la voluntad de los ciudadanos por la voluntad de los demagogos. En estas circunstancias el ciudadano no decide, porque otros ya lo han hecho por él. Él sólo cree, aplaude, combate. Es una masa maleable y moldeable. Y el debate público se convierte en una prueba de pulsiones, emociones y malestares. El voto así no expresa voluntades autónomas, sino que es una simple herramienta de contable para que cuadre el balance que se quiere presentar. Es la amputación del voto. Se trata de vencer no de con-vencer. Mientras tanto unos siguen exaltando la bandera, la patria y la Constitución, a través de las juras de bandera para civiles, como la del fin de semana pasado en Girona, o la que se ha pedido hacer en Madrid. Otros juegan a llamar a la huelga general tras el referéndum. Y otros ponen sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Cada uno a lo suyo que el interés general es de todos.

En este escenario hablar de presos políticos, de fuerzas de ocupación, de medidas represoras o de intervención encubierta de la Generalitat, como hace cierta izquierda, en vez de fiscalizar la actuación del Gobierno ante cualquier exceso y exigir al Govern de la Generalitat la vuelta a la legalidad, es olvidar o desconocer que la ley es expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y se quiera o no, con esta posición se debilita la capacidad del Estado para defenderse frente ataques ilegales.

Esta posición de la izquierda la ha llevado a renunciar a su coherencia democrática, sin darse cuenta que con ella abandona su compromiso de «devolver a los ciudadanos su fragmento de soberanía y la certeza de la legalidad». Olvida también las palabras que pronunció en el Parlamento de Cataluña ante el atropello que constituyó la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad. Ella que debería ser, y ser reconocida, como el «guardián intratable de la democracia», remplaza el respeto por la verdad de los hechos, el no consentimiento de la desigualdad ante la ley que significa la ruptura de la legalidad y la argumentación lógica en el debate, por la mentira. ¿Cálculo interesado o miopía? En cualquier caso se trata de una oportunidad perdida para virar hacia una «democracia tomada en serio».

La crisis catalana está poniendo de manifiesto, hoy más que nunca, que la democracia corre el riesgo de no significar ya nada en España. ¿Quién defiende la democracia?

Soberanía y ley en Cataluña

24 Sep

A la vista de los acontecimientos de Cataluña, no podemos más que reivindicar el pensamiento de Montaigne, quien decía que «las leyes mantienen su crédito no porque sean justas sino porque son leyes». Y decía a este respecto otro francés universal, Derrida, que las leyes «no se obedecen porque sean justas sino porque tienen autoridad». El Estado sabe que en Cataluña su autoridad es menguante. La prueba de ello es el envío de 6.000 Policías Nacionales y Guardias Civiles de refuerzo o el adelantamiento por la Mesa del Congreso de los Diputados de la creación de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Modelo Territorial que estaba prevista para la próxima semana. Y el independentismo sabe que su autoridad —social, política y moral— crece. En esa estamos. En la pugna de soberanías, leyes y violencias. Unos reclaman democracia otros la autoridad de la ley. Si en el artículo anterior analizaba la realidad catalana desde la realidad nacida de las leyes de referéndum y transitoriedad, en este la analizaré desde el interior del orden constituido.

El deseo de justicia ha desbordado la ley en Cataluña. Es dentro de la justicia donde se está produciendo el choque. Para unos es la aplicación de la ley. Y la no aplicabilidad de la ley da como resultado una justicia sin fuerza. Y una justicia impotente no es justicia. Para otros la justicia es democracia, poder decidir. Poder decir. Pero este decir no puede ser expresado de cualquier manera, ha de ir acompañado de garantías, procedimientos y derechos. Es lo propio, lo característico, de una democracia procedimental como la nuestra. De lo contrario la democracia se convierte en una coartada, en un concepto abstracto sin existencia real, en un simple sonido −flatus vocis−. Y en Cataluña lo que estamos viendo es una fábrica de mentiras.

En Cataluña se está produciendo el despotismo de la minoría que busca la independencia sin mayoría, sin procedimiento y sin garantías. Es la negación misma de la democracia, cuyo primer mandamiento es luchar por la democracia, contra los adversarios de la democracia, dentro de la democracia. Es la ruptura de la democracia. Y la insuficiencia de la democracia hace aflorar la dimensión del poder, de la misma manera que lo aflora la insuficiencia de la ley. Una lo hace desde la mentira de la palabra, la otra desde la fuerza de la ley o de la policía. Despotismo o abuso/opresión es mala pareja para una elección. ¿Acaso la razón del más fuerte es siempre la mejor? ¿Quién es el mejor: el opresor o el déspota? ¿Quién es el más justo?

Si las leyes se obedecen porque tienen autoridad, como dice Derrida, la debilidad de la ley alienta la revuelta. No contribuye a la resolución de la crisis territorial de Cataluña, ni a la crisis política que late bajo ella, que una parte de la izquierda continúe instalada en el callejón sin salida del rechazo vacío, donde sólo le queda exclamar, como hizo Iglesias en la Diada: «Visca Catalunya lliure i sobirana» o decir que en España hay «presos políticos». Estas manifestaciones no debilitan la cerrazón obcecada del Gobierno del Estado de instalarse en la fuerza de la ley, sino que favorece el debilitamiento de la autoridad de la ley. «La autoridad de las leyes sólo reposa en el crédito que se les da. Se cree en ellas, ese es su único fundamento». Y este marasmo ayuda a que la razón deje de seguir apareciendo «como una extranjera» en este conflicto.

Es necesario por tanto recuperar el nexo que hay entre ley y democracia, y abandonar por antidemocrática toda política –estatal o autonómica, gubernamental o parlamentaria− que socave la legalidad y transforme «la democracia formal en democracia ficticia». La concesión de espacio a la ilegalidad o la connivencia con ella «es un espacio sustraído a la democracia», al distorsionar radicalmente el mecanismo de formación del consenso. Este nexo no se va a restituir polarizando el espacio político en Cataluña entre quienes no renuncian a que «lo justo sea fuerte» y quienes sólo actúan desde la voluntad opuesta para que «lo fuerte sea justo». Por el contrario con esta actitud la democracia muta en «democracia lobotomizada» en la que, como en este caso,  se instala un ciclo acción/reacción de fuerza/revuelta que amenaza con persistir ad infinitum.

Cada parte en este conflicto tiene su ley y cada parte puede invocar, por tanto, su legítimo derecho a ejercer la violencia conservadora de su ley. El Estado lo está haciendo. La Generalitat la ejerce de forma indirecta desobedeciendo la ley del Estado. ¿Y cuando éstas no basten qué ocurrirá?

 

Sobre la soberanía y Cataluña

20 Sep

El gobierno parece no haberse dado cuenta, o no quiere darse cuenta, que la aprobación de las Leyes de Referéndum y Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República por el Parlamento de Cataluña, ha establecido un estado de excepción que ha hecho emerger un nuevo poder soberano sobre el cuerpo social en ese territorio. La expresión estado de excepción debe ser entendida, aquí, en cuanto categoría política que establece los límites del Estado y de la ley, y no como una transgresión jurídica en el interior de la pirámide de fuentes del orden normativo constituido, que ataca la jerarquía normativa y la distribución de competencias establecida.

Esta excepcionalidad, por tanto, no puede ser anulada por la sola suspensión de los efectos jurídicos de dicha ley por un tribunal, pues las leyes de referéndum y transitoriedad no emanan de una norma jurídica (la Constitución o el Estatuto), sino de una decisión: la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, que declaró que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano, y que es de facto una suspensión revolucionaria de la soberanía española en ese territorio. La decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña es un acto de poder soberano puro y extremo, no un acto caprichoso o arbitrario como se está diciendo. Y como tal acto  soberano sólo está sometido a la voluntad de quien la adopta, que es primera e independiente de toda consideración sobre el derecho de esa decisión. Esta decisión se justifica sólo en la medida en que provee las condiciones necesarias para que la excepción que crea pueda ser reapropiada por la nueva norma.

La situación que se vive en Cataluña no es la situación de caos que precede al orden que será restablecido, como entiende y dice el gobierno. El estado de excepción allí creado es la situación resultante de la sustitución de un orden: el de la Constitución Española, por otro: el de la nueva República de Cataluña, contenido en las leyes de referéndum y de transitoriedad fundacional aprobadas. La sustitución de la ley vigente por la nueva no anula aquélla, la expulsa. Crea un vacío que quiere ser reapropiado, tanto por el poder constituido como por el nuevo poder constituyente que emerge, mediante la construcción de ficciones. Cada uno las suyas. Unos porque quieren aparecer como un estado naciente que ya funciona como tal. Otros porque quieren transmitir la sensación que el edificio institucional sigue intacto pese a los sucesos acontecidos. Es desde la lógica de la nueva realidad creada en Cataluña desde donde efectúo el análisis, no desde la realidad constituida, ni desde mi posición personal en este asunto: de rechazo a la vía unilateral emprendida.

El actual momento es para quienes apoyan las tesis independentistas el de la efectiva redención del pasado incumplido merced del despertar presente. Nada los apartará del camino emprendido. Han conseguido, pese a la improbabilidad del suceso, la primacía de la política disruptiva sobre la historia reciente. Su fe es que finalmente prevalezca su historia –su relato– sobre la política vigente. Y esta fuerza no se destituye sólo con querellas y policía, que son instrumentos que operan exclusivamente en el interior de un orden constituido, sin capacidad para coaccionar a otra soberanía. Está inspirada por la épica de las grandes gestas. Su pócima mágica es la fe mesiánica en el milagro de la acción y en el poder del instante que casi la mitad de Cataluña siente: ¡ahora o nunca!

La defensa del orden constitucional vigente –suelo de cualquier acción política, que no sólo alcanza a las medidas represivas, sino que comprende también las políticas– por quienes se oponen a la independencia de Cataluña, sin embargo, no va más allá de la reparación de las grietas producidas en el orden constituido, a pesar que el statu quo ha saltado por los aires, y que la excepción que se ha instaurado es percibida como la posibilidad de romper con el continuum de la historia de los vencedores de 1714, como medio para dejar atrás una historia que acumula ruinas.

La legalidad de Cataluña ya no es la misma que está vigente en el resto de España. Ya no se puede invocar por el Gobierno de la Nación el espacio político fundado por la Constitución de 1978 y esperar sin más sus efectos taumatúrgicos. Éste ha sido desmontado y tras el referéndum del 1-O, y si hay una mayoría de síes a favor de la independencia, lo que es más que probable, quedará destruido. Casi la mitad de la sociedad catalana ya no opera en el plano de la legalidad de la Constitución de 1978. Ha proyectado un nuevo plano constitutivo y constituyente cuyo holograma estamos viendo, que se materializará en una declaración de independencia tras el referéndum, en caso de obtención de mayoría de sufragios o de impedimento de la votación por el Estado.

La fuerza de los hechos consumados sitúa los actos que se están produciendo en un «no-lugar», que es el espacio de excepción creado, al no emanar éstos ni estar vinculados al orden constituido. La pretensión del Gobierno de España de juzgar mediante los tribunales e impedir a través de las fuerzas de seguridad la desobediencia al orden constituido en Cataluña resulta, por tanto, vana, fatua, ineficaz, por cuanto opera en un plano distinto del que se están produciendo los hechos y es un coste que los partidarios de la independencia tienen asumido. E inútil y peligrosa si la restauración de la legalidad a través de los diferentes medios con que cuenta el Estado, incluido el de establecer una excepción en el orden constituido mismo, no va acompañada de medidas dirigidas a satisfacer las pretensiones políticas de la sociedad catalana.

La sociología jurídica nos dice que en situaciones de desobediencia generalizada de la ley, la fuerza coercitiva del Estado será efectiva sólo frente al 15% de la población. La represión tiene un límite. A día de hoy los ciudadanos que se niegan a obedecer la ley en Cataluña –de acuerdo con las encuestas– se aproximan del 10% del total de la población española, que representa el 41% de la población catalana. E in crescendo. Ello quiere decir que la capacidad de coerción del Estado en Cataluña se acerca a su máximo. Ante la situación creada consecuencia de la inacción absoluta del Gobierno de España me pregunto: ¿estamos ante una impericia convertida en impotencia, ante un gobierno de registradores y abogados del estado que no entiende nada, o ante la creación de las condiciones objetivas para la aplicación de la doctrina del shock?

En esta situación límite –ya sea por incompetencia o por aplicación de la terapia del desastre– la alegoría del choque de trenes no sirve, pues ambas partes: gobierno estatal y gobierno autonómico, están actuando en planos diferentes, y esta disonancia impide que se llegue a producir ni tan cacareada colisión ni llegar a un pacto. Pero la realidad es más cruda: el 2-O cada tren continuará su marcha por la vía que transita. ¿Qué sucederá entonces? No se sabe. Pero en ese caso se abren escenarios como el artículo 155 de la Constitución, el estado de sitio u otros peores. Parece que Nerón se quiere reencarnar y prender fuego a Roma de nuevo, para poder volver a contemplar el incendio desde su palacio cantando y tocando la lira.