El techo de gasto y el techo de emisiones

12 Jul

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el techo de gasto para el ejercicio presupuestario de 2018. Se estableció con él el límite de gasto no financiero que puede reconocer, en este caso, la Administración del Estado el año que viene. Existe, sin embargo, un tipo de gasto que no está incluido en el techo de gasto ni en los presupuestos: las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a pesar de ser estas emisiones un gasto (ambiental): consumimos aire limpio e incrementamos la temperatura media del planeta, al emitir más gases que calientan la atmósfera de los que los mares y los bosques pueden absorber, para llevar a cabo la actividad económica. A partir de ahora, para obtener estos servicios ambientales, que hasta ahora la Naturaleza nos proveía gratuitamente, deberemos destinar recursos económicos para ello.

Teniendo en cuenta que la ONU ha advertido que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderoque han remitido los firmantes del Acuerdo de París, sobre cambio climático, no son suficientes para cumplir el objetivo previsto en el mismo, es necesario redoblar los esfuerzos. En España las políticas sobre cambio climático, hasta ahora, se ejecutan con órganos administrativos dispersos y planes de acción sectoriales. No existe un instrumento legislativo que constituya una autorización limitativa jurídicamente vinculante para las emisiones de efecto invernadero. Los compromisos —los del Acuerdo de París— son una mera declaración de intenciones, sin vinculación jurídica para el estado. Los presupuestos pueden calificarse como antiecológicos.

La deuda financiera acumulada del mundo es 3,3 veces el PIB mundial, según la revista Forbes. La otra cara de la moneda es una humanidad que consume 1,6 veces más de recursos que la capacidad de regeneración de la Tierra —España contribuye a este superavit negtivo consumiendo casi el triple de recursos de los que puede regenerar—. Desde hace décadas usamos una inexistente línea de crédito en nuestra demanda de recursos naturales. El planeta cada año, por tanto, tiene déficit ecológico. Una parte de ese déficit es la emisión de más dióxido de carbóno a la atmósfera de la que puede ser absorbida: es la llamada deuda de carbono. Ella sola representa un exceso de consumo de recursos de 0,96 planetas. Existe, pues, una correlación entre deuda financiera y deuda ambiental.

De la misma manera que anualmente se aprueba el presupuesto de los gastos que puede realizar una administración, previa aprobación del techo de gasto no financiero para ese año, y dada la realidad del cambio climático y de la contribución negativa de España al mismo, se debería elaborar un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero, vinculado al presupuesto económico y tramitado de forma paralela aquél. Este instrumento sería más que un plan de directrices. Sería la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como máximo, se podrían realizar en el ejercicio correspondiente. La plasmación jurídico-contable de una limitación vinculante, que establecería los objetivos de reducción de emisiones a cumplir ese año, así como los mecanismos necesarios de incentivación y coerción para alcanzar el nivel de reducción determinado. Para realizar su cálculo hay herramientas, como la huella de carbono, que permiten determinar las emisiones directas o indirectas ocasionadas por un estado, un individuo, una organización, un evento o un producto. Esta medida es un ejemplo de llevar la crítica del cambio climático a la (sobre)producción, donde radica el problema, y no a las acciones de consumo individual.

Evitar que el cambio climático quede fuera de control requiere planificación. Pero la acción del Estado será insuficiente en ausencia de la cooperación de los ciudadanos y los movimientos sociales. De igual manera la participación democrática y cívica no podrá desarrollarse eficazmente sin cambios institucionales, que den voz y voto a los ciudadanos en las decisiones ambientales. Se trata de crear un círculo virtuoso de participación, porque frenar el cambio climático es una empresa de toda la sociedad, no un proyecto estatal.

En el s. XXI el cumplimiento de las obligaciones climáticas no será una más de las obligaciones que habrán de ser observadas por los Estados, las empresas y los ciudadanos, será la principal de las obligaciones que habrá que cumplir para lograr la supervivencia de los éstos y de sus nacionales.

Si estos instrumentos y herramientas se llegaran a implantar, se habría dado un paso no sólo hacia una democracia verde, sino también hacia una democracia entre generaciones. Para ello hemos de sentir que el planeta es nuestra patria. Ahora sólo vivimos en una democracia neoliberal.

 

La batalla de las palabras

6 Dic

Términos como precariedad, desclasamiento, desigualdad, hasta ahora, estaban circunscritos al ámbito de las relaciones socioeconómicas. El cambio climático, sin embargo, ha modificado la frontera del significado de estas palabras, y de otras, agregando un nuevo sentido: el ambiental, hasta ahora desconocido e ignorado, pero que ha de ser puesto sobre el tablero político. Esta resignificación reclama la creación de un nuevo relato de innovación, que genere cambios a partir de un reencuadramiento de la realidad. Un ejemplo de esta evolución es el enunciado ‘precariedad ambiental’. La batalla cultural de las palabras tiene especial importancia en el desvelamiento de esta realidad silenciada, a la vez que saca a la ecología de los márgenes y la coloca en el centro de lo político.

El estado del bienestar que se construyó en Europa, después de la II Guerra Mundial, se levantó hipotecando el futuro. Sin tener en cuenta el coste ambiental del mismo. Este éxito ocasionó, sin embargo, un efecto negativo: malestar ambiental. Este malestar es la polución atmosférica, la lluvia ácida, la contaminación de suelos y aguas o el agotamiento de recursos naturales. Es soportable. Y como cualquier malestar físico se puede eliminar con un analgésico: el consumo. La intensificación y profundización de esta política económica depredadora, encaminada a una producción sin límite, ha transformado este malestar en precariedad ambiental: agujero de la capa de ozono, cambio climático, agotamiento de recursos naturales, afectación de los sistemas de sustentación de la vida. A pesar de la amenaza que esta constituye, no existe conciencia colectiva sobre la precariedad ambiental, hándicap que incrementa la importancia de la lucha por el significado de las palabras.

Un análisis del consumo de recursos naturales y de la capacidad de la biosfera para regenerar los ecosistemas, pone de manifiesto que hemos vivido por encima de las posibilidades ecológicas del planeta. A este hecho lo llamaré consumismo ambiental. Esta expresión pretende abrir el foco y hacer referencia no sólo al hecho del exceso de consumo, sino también mostrar que el consumo puede ser parte del problema: exceso de consumo de recursos naturales y destrucción los sistemas de sustento de la vida; o bien parte de la solución, porque actos como consumir, reciclar la basura, no malgastar el agua, utilizar el transporte público de manera preferente y reducir el uso del vehículo privado u otorgar preferencia al consumo de productos locales y ecológicamente responsables, han dejado de ser un mero acto privado y una opción individual, para convertirse en un gesto político con repercusión actual y futura.

La consecuencia que se deriva de ese consumismo es el endeudamiento ambiental, individual y colectivo, con el planeta. Un indicador lo mide: la huella ecológica. Se ha producido a través de una expansión cuantitativa del consumo de recursos naturales (gasto ambiental), sin tener en cuenta la tasa de generación y regeneración de los ingresos ambientales (recursos renovables y servicios ambientales de sustento de la vida). Para mantener  el nivel de la tasa de beneficio económico, por tanto, se han detraído recursos, ambientales y económicos, destinados a gasto social. A pesar de ello la creencia que «cuando la economía vuelva a crecer volveremos a consumir igual», sigue siendo mayoritaria en la sociedad. Esta creencia es propia de una sociedad que no ha tomado o no quiere tomar conciencia de la posición de subordinación y dependencia que el ser humano tiene respecto a la Naturaleza. El mayor problema no es, por tanto, el endeudamiento ambiental, sino la escasa conciencia de la precariedad de nuestra relación con la Naturaleza.

El análisis realizado en algunos estudios cualitativos sobre la crisis en España, permite aventurar la hipótesis de que es posible extrapolar la reacción de ciertos grupos sociales ante el consumo y la precariedad laboral, a las conductas productoras de endeudamiento ambiental, a pesar de la crisis climática que soportamos, al actuar el consumo como estimulante frente al tedio que produce esta sociedad. Igual que determinados grupos de jóvenes han asumido la precariedad laboral como «condición de vida», como una circunstancia con la que hay que «contar y saber manejarse en ella», la escasa conciencia por el deterioro ambiental que conlleva nuestra forma de vida, hace que éste pueda ser percibido de similar manera: como una contingencia con la que hay que contar. Como el precio que hay que pagar por disfrutar de un consumo ilimitado. La ausencia de conciencia ambiental junto a cada vez peores condiciones laborales, hacen que carezca de sentido la lógica de disciplina ambiental, de sacrificio consumista, para preservar el planeta para las generaciones futuras. De resultar cierta esta hipótesis estaríamos ante un cierto nihilismo ambiental en los grupos sociales de renta baja y bajo nivel de cualificación y estudios. Coincide la aparición de este nihilismo con el giro electoral que se está produciendo hacia opciones de extrema derecha nacionalista, xenófoba y supremacista, en algunos países, que tienen como uno de los pilares de su programa político mayor endeudamiento y precariedad ambiental.

El estudio: «De la moral del sacrificio a la conciencia de la precariedad», establece una correspondencia entre modelo de consumo, acceso a la propiedad y explotación laboral, que, además, pone de manifiesto la conexión directa que hay entre éstas y la explotación de la Naturaleza: «La condición precaria implica un modelo de consumo completamente desligado del acceso a la propiedad, y en ese sentido una ruptura con la lógica del sacrificio y el ahorro orientado a consolidar un patrimonio. Desde una posición más activista se habría de adaptar el modo de vida a un consumo muy modesto para no entrar en los altos niveles de explotación laboral a los que habría que someterse para reproducir los viejos modos de consumo y de acceso a la propiedad.» Si en condiciones de crisis económica y de trabajo cada vez más precarias, ciertos grupos sociales de renta más baja, han reaccionado rechazando el ahorro («…si yo gano 1.000 euros y me puedo permitir comprarme 500 en ropa…¿para qué trabajo, para guardar?»), la misma reacción de estos puede preverse ante la necesidad de ahorro ambiental, en favor de las generaciones futuras, que exige el cambio climático para evitar un incremento de temperaturas catastrófico. El riesgo que existe es que esta deserción se extienda y llegue a generalizarse. En este caso será necesaria mucha pedagogía social, para no hacer inútil, estrategias éticas como las apuntadas antes: convertir a cada individuo en parte de la solución y no del problema. Hipótesis, ideas, para la reflexión, debate, experimentación y uso, en su caso. Para ganar la batalla de las palabras. Y la de las ideas.