El acoplamiento de la economía al medio ambiente

22 Jul

Las emisiones de CO2 en España, uno de los principales gases de efecto invernadero, crecieron un 4,4% el año pasado. Es la mayor subida desde 2002. La subida se debió, sobre todo, a la generación de electricidad a base de carbón ante la caída de la hidroeléctrica por la escasez de lluvias. España sigue mostrándose incapaz de desacoplar el crecimiento económico —un 3,1% en 2017— de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como cada año el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para 2019 y el cuadro macroeconómico para el periodo 2019-2021, que prevé un crecimiento económico entre el 2,7% para este año y el 2,1% en 2021. Con estas premisas y la previsión de disminución de las precipitaciones a lo largo del siglo, la pregunta es: ¿será España capaz disminuir las emisiones de CO2 y generar prosperidad sin crecimiento económico? ¿Acoplaremos la economía al medio ambiente? Estas preguntas tienen especial relevancia en el caso de España, al ser el turismo nuestra principal industria, cuyo buen funcionamiento depende de la calidad del medio ambiente. Y también sugieren la necesaria reconversión económica y productiva que tendremos que afrontar.

La realidad descrita y la necesidad que se deriva de ella requieren tener en cuenta en los Presupuestos Generales del Estado —y en la contabilidad de las empresas a la par— no solo el gasto financiero y no financiero de la actividad económica, sino también los costes ambientales que se derivan de la misma, para poder acoplar, así, la actividad económica a los límites y la capacidad del planeta. Nadie el Congreso de los Diputados, sin embargo, lo ha exigido. ¿Por qué?

Desde una óptica financiero-contable, las emisiones de gases de efecto invernadero son un gasto —ambiental— típico, aunque no tipificado: consumimos aire limpio e incrementamos la temperatura media del planeta, al emitir más gases que calientan la atmósfera de los que los mares y los bosques pueden absorber, para llevar a cabo la actividad económica. Al haber abusado del crédito ambiental, a partir de ahora, deberemos destinar recursos económicos para obtener los servicios ambientales que hasta ahora la Naturaleza nos proveía gratuitamente: aire, agua y tierra limpios.

Teniendo en cuenta que la ONU ha advertido que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que han remitido los firmantes del Acuerdo de París, sobre cambio climático, no son suficientes para cumplir el objetivo previsto en el mismo, es necesario redoblar los esfuerzos. En España las políticas sobre cambio climático, hasta ahora, se ejecutaban con órganos administrativos dispersos y planes de acción sectoriales. Veremos el uso que se hace de la herramienta que es el recién creado Ministerio para la Transición Ecológica. Tampoco existe un instrumento legislativo que establezca una autorización limitativa jurídicamente vinculante para las emisiones de efecto invernadero. Los compromisos —los del Acuerdo de París, hay que hacer notar— son una mera declaración de intenciones, sin vinculación jurídica para los Estados. Los presupuestos pueden calificarse todavía como antiecológicos, en cuanto que no integran el ciclo económico en el ciclo ecológico del planeta. España contribuye a este superávit negativo consumiendo casi el triple de recursos de los que puede regenerar. Desde hace décadas, por tanto, gastamos más recursos naturales de los que tenemos.

De la misma manera que anualmente se aprueba el presupuesto de los gastos que puede realizar una Administración, previa aprobación del techo de gasto no financiero para ese año, la realidad del cambio climático y la contribución negativa de España al mismo, debería impulsar la creación de un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero, vinculado al presupuesto económico y tramitado de forma paralela aquél. Ello obligará a las empresas a considerarlo en su cuenta de explotación y en su contabilidad, haciendo que la economía inicie la senda del decrecimiento.

De crearse este instrumento sería más que un plan de directrices. Sería la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como máximo, podrían realizarse en España el ejercicio correspondiente.  La plasmación jurídico-contable de una limitación vinculante, que establecería los objetivos de reducción de emisiones a cumplir ese año, así como los mecanismos necesarios de incentivación y coerción para alcanzar el nivel de reducción determinado. Comprendo que en este mundo neoliberal esta propuesta es una herejía. Pero hemos de cambiar de hábitos.

Existen instrumentos para realizar su cálculo —sin necesidad de inventarlos ex profeso—, como la huella de carbono, que permiten determinar las emisiones directas o indirectas ocasionadas por un estado, un individuo, una organización, un evento o un producto. Tenemos las herramientas, lo que no existe es la voluntad política de ponerlas en práctica, aunque si hay voluntad social: el Barómetro del CIS de noviembre 2016 nos dice que el 59,2% de los españoles está en desacuerdo con la afirmación que muchas de las amenazas al medio ambiente son exageradas. Y que el 51,7% está de acuerdo en hacer todo lo que es bueno para el medio ambiente aún cuando le cueste más dinero o le lleve más tiempo. En Andalucía la disposición a pagar por el medio ambiente es aceptada mayoritariamente entre la población: el 77,6% de la gente que se define de izquierdas, el 60,9% de quienes se proclaman de centro y el 47,0% de quienes se dicen de derechas. Y el 36,1% el 26,1% y el 23,7%, respectivamente en esos grupos ideológicos, aceptan recortes en el nivel de vida para proteger el medio ambiente. Las fuerzas políticas no ecologistas, sin embargo, tienen miedo que estas medidas les hagan perder votos a favor de sus competidores electorales, no así el movimiento de  economía solidaria y el feminista.

Evitar que el cambio climático quede fuera de control requiere planificación. Pero la acción del Estado, por si sola, no será suficiente sin la cooperación de los ciudadanos y los movimientos sociales organizados. Es necesario, por tanto, crear un círculo virtuoso de participación ciudadana, porque frenar el cambio climático es una empresa de toda la sociedad, no solo un proyecto estatal.

En el s. XXI el cumplimiento de las obligaciones climáticas no será una más de las obligaciones que hayan de ser observadas por los Estados, las empresas y los ciudadanos, será la principal de las obligaciones que hayan de cumplirse para lograr la supervivencia de los estados y de sus nacionales.