Durante el período 2000-2008, se reeditó en Andalucía, la fracasada estrategia intentada de Los Verdes con IU, que esta vez propició un pacto de gobierno entre ecología política y socialdemocracia. En la primera legislatura (2000-2004) este pacto reportó a Los Verdes un diputado en el Parlamento de Andalucía, así como la gestión de la Dirección General de Educación Ambiental. Durante la segunda legislatura (2004-2008) el pacto se amplió y alumbró el proyecto de «modernización ecológica de Andalucía», que se tradujo para los ecologistas en una propuesta de cincuenta medidas programáticas y la gestión de tres centros directivos: la Dirección General de Educación Ambiental, así como las recién creadas Dirección General de Agricultura Ecológica y la Secretaría General de Sostenibilidad, aunque sin incluir miembros de Los Verdes en las listas del PSOE al Parlamento de Andalucía. En dicha legislatura Los Verdes también obtuvieron en las elecciones generales un acta en el Congreso de los Diputados, por la circunscripción de Sevilla, integrados en las listas del PSOE. En otras Comunidades Autónomas la ecología política también utilizó la estrategia del pacto de gobierno, aunque en escenarios diferentes.
Pero esta estrategia tenía dos peajes que la ecología política debía pagar: uno, el desarrollo de políticas complementarias o correctoras del crecimiento, que era un límite infranqueable para su praxis política; y dos, la renuncia durante la vigencia del pacto a la articulación en torno a ella de mayorías sociales de ruptura del consenso económico-ambiental. Para implementar la estrategia se concibió una herramienta: la «modernización ecológica», que no fue producto de la impotencia, como dicen Garrido y González, sino que por el contrario, fue fruto de una voluntad decidida a ocupar espacios de gobierno como estrategia de cambio gradual desde dentro. Este pacto de gobierno se tradujo en la consideración de muchas de las reivindicaciones de la ecología política y provocó en ésta el olvido de la necesidad articular mayorías sociales de reforma económico-ambiental, al tiempo que creó una ilusión de visibilidad e influencia inexistente. El ejemplo más claro de esta ilusión fue la participación de Los Verdes, en calidad de asesores del PSOE, en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, responsabilidad que recayó en Francisco Soler, miembro del Consejo Andaluz de Los Verdes, en aquel momento. El fruto de esa participación fue la inclusión en la ley suprema andaluza de muchos de los principios y demandas de la ecología política. El resultado fue el Estatuto de Autonomía más avanzado medioambientalmente de los aprobados tras las reformas estatutarias que se produjeron en 2007. Se rechazaron, sin embargo, las propuestas de mayor carga ideológica ecologista: aquellas que chocaban con la política económica del PSOE, como fue el caso de las propuestas antinucleares o de decrecimiento. Esta participación, sin embargo, no tuvo repercusión ni mediática ni efecto político alguno para Los Verdes. A pesar de los beneficios que se prometían sus dirigentes, el resultado fue el contrario al deseado: se reforzó la apariencia subordinada y secundaria de la ecología política, pues el PSOE se presentó como una fuerza de progreso, como la fuerza de la «modernización ecológica», al tiempo que la ecología política quedaba eclipsada por la escasa visibilidad que proporcionaba la gestión de tres centros directivos y el por el desconocimiento por los ciudadanos del pacto y del trabajo que estaban realizado Los Verdes.
El hecho que la participación institucional no ayudara a la ecología política a visibilizarse y despegar electoralmente, fue una característica común de todos estos pactos. Garrido ha señalado a este respecto: que la existencia de una contradicción entre desarrollo y ecología dificultó la conexión de ésta con la sociedad y lastró el desarrollo de la ecología política en Andalucía. Conclusión que es extensible al resto de territorios donde también se implementó esta estrategia. Una segunda característica común a estas alianzas era, como ya se ha dicho, que los pactos establecían una inclusión subordinada. Estas alianzas formaban parte de la estrategia de PSOE e IU para neutralizar o disgregar a sus antagonistas. El fracaso de la emergencia de la ecología política como un actor político relevante no puede ser atribuido, por tanto, exclusivamente a «la [fuerte] aspiración al modelo bienestarista y al crecimiento» que había «en los países del Sur» y que, según Garrido y González, borraba cualquier posibilidad de irrupción de la misma, pues dicha aspiración también existía en el resto de Europa en distintos grados según los países. Puede afirmarse, por tanto, que este fracaso también está fuertemente vinculado a la estrategia que empleó la ecología política, que apostó por la integración subalterna en vez de crear un espacio político autónomo con una presencia social fuerte, y por la política institucional renunciando a instituir sentidos compartidos. En aquellos lugares donde la ecología política rechazó la subalternidad y el pacto preelectoral para irrumpir y articuló en torno a ella fuertes mayorías sociales de ruptura del consenso económico-ambiental y de defensa de derechos y libertades, como en Alemania, irrumpió y se consolidó electoralmente.
Desde esta posición subordinada y sin apoyo social es innegable e indiscutible que la ecología política no podía superar su invisibilidad estructural ni aquella otra a la que era sometida, ni darse a conocer (el porcentaje de voto osciló entre el 0,4 y el 1,5%), ni por supuesto tener influencia en la agenda política. Al ubicarse la ecología política en la izquierda se situó en el terreno de ésta y sobre los temas en los que sus antagonistas se sentían más cómodos y arropados, y convirtió así en misión imposible alcanzar el apoyo de las mayorías sociales necesarias para irrumpir. Se hizo rehén de la lógica y los objetivos de ésta, perdiendo así la autonomía y la capacidad para desplegar su propia estrategia y fijar su propia agenda. Era improbable, por tanto, que la ecología política pudiera crecer electoralmente y menos aún desplazar la discusión política desde el eje izquierda/derecha, al terreno de competencia política que le era más propicio: el eje productivista/antiproductivista. Esta estrategia dio a la socialdemocracia y a la izquierda la oportunidad de proyectar una imagen modernizada. Decía Petra Kelly que: «Lo último que nosotros queremos es utilizar las ideas verdes para rejuvenecer otro partido político».
Afirmar, por tanto, como hacen Garrido y González, que el lugar de la ecología política hoy es Podemos y los espacios de «unidad popular», es –como ellos rechazan a modo de justificación– puro «oportunismo» «de quien se siente desvalido y busca una tabla de salvación ante la debacle electoral reiterada de Los Verdes». Oportunismo que resulta más patente, tras las manifestaciones públicas de Garrido de apoyo a Podemos. La insistencia en esta estrategia fracasada, por encima de cualquier otra consideración, obliga a interrogarse sobre a quién beneficia ésta, porque a la ecología política no ha sido. Por las razones expuestas, considero refutada la tesis de Garrido y González, respecto al lugar que debe ocupar hoy la ecología política. Y de lo que no cabe duda, es que ese lugar será el que decidan sus miembros libre y democráticamente.