La divisa: «mi patria es el planeta», es la expresión de una universalidad política nueva: la planetaria. El cambio climático, el uso de los recursos naturales y la manera de estar en el planeta, requieren repensar la arquitectura política vigente. El estado debe ser reconfigurado como un ente autónomo, no soberano, a la par que se debe hacer emerger una entidad planetaria que ejerza una gobernanza global de las cuestiones que afectan al planeta. Invocar a la patria y reivindicar más soberanía para los estados, son las recetas del siglo XX, con las que se pudo dar solución a problemas que admitían solución estatal: los de la desigualdad, que podía ser corregidos mediante la adopción de medidas redistributivas. Pero los problemas ecológicos que padecemos en el siglo XXI, requieren solución global. La receta estatal es inoperativa y estéril frente a ellos, porque se trata de los problemas originados por el sobrepasamiento de los límites planetarios. Hace falta, por tanto, más planeta, no más estado. Una disrupción que cambie el escenario, no una transformación que renueve el atrezzo. Y sólo una opción política puede y es capaz plantearla: la ecología política. Así se plantea el siglo XXI.
Desde cierta izquierda se propone como receta, frente a la crisis de Europa, «reforzar la soberanía de los estados», «recuperar capacidades soberanas». Se afirma desde esa izquierda que la «salida de la crisis pasa por dotar de significado a la palabra soberanía». Y en el plano económico esta recuperación de soberanía se traduce en una apuesta por el desarrollo industrial. Reivindicar la reindustrialización, en el siglo del cambio climático, cuando éste exige una transición hacia las energías renovables, cuyo principal efecto será la menor disposición de energía, y demanda un menor consumo de recursos, es un sinsentido. A las puertas de la 4ª Revolución Industrial (RI4), surge un interrogante: la reindustrialización que se reclama será intensiva en capital humano (mano de obra) o en capital tecnológico (robotización). Lo que exige el siglo XXI es relocalizar una producción decreciente y acortar las cadenas de comercialización. Agroecología en vez de agroindustria. Pero la izquierda está empeñada en vivir en el siglo XXI con las viejas recetas del siglo XX: soberanía y productivismo. Su objetivo político sigue siendo liberar los cuerpos (masa, pueblo, multitud). El de la derecha, dominar la psique del enjambre digital (Google, Facebook, big data). La realidad es que quien domina es el planeta. Ante el cambio climático no hay soberanía. Tampoco patria, pues todo pegamento, cualquiera que sea su color, quedará disuelto por el calor o ahogado por el agua salada.
Desde la ecología política expondré un plan para el cambio en el escenario soberano: autonomía, biorregionalismo, ciudadanía de la Tierra y singularidad sin identidad. En este artículo trataré el primero de sus pilares.
La Tierra entró en «déficit ecológico» en 2016, el 8 de agosto. Ese día marcaba la fecha en la que la demanda anual de recursos naturales de la población mundial excedía de lo que la Tierra puede regenerar cada año. Este «déficit ecológico» se debe a que emitimos más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que los océanos y bosques pueden absorber y a que agotamos las pesquerías y talamos los bosques más rápido de lo que se pueden regenerar y mantener. Este es el contexto en el que se reclama más soberanía para los estados y reindustrialización. Para esa izquierda el único déficit que cuenta es el social. Para la derecha neoliberal es el presupuestario. Viven en su mundo, que no es de este planeta.
El siglo XXI exige que cambiemos nuestra manera de estar en el planeta. Ello requiere, además de cambiar hábitos y afectos, reconfigurar la manera de ejercer el poder. Es necesario, por tanto, reflexionar sobre los conceptos centrales de lo político: soberanía y pueblo. Si soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, tal cualidad sólo es predicable de la Naturaleza. Ella no recibe leyes del hombre, a pesar de su pretensión de observar las leyes económicas obviando las del planeta. Se puede afirmar, entonces, que la Naturaleza ostenta la posición del soberano. Tiene una soberanía originaria, anterior al orden político. Emana de ella el principio de primacía del orden natural sobre el orden económico humano. Toda la actividad del hombre, por tanto, debería quedar sujeta a las leyes de la Naturaleza. Las normas humanas carecerían de legitimación para oponerse a la ley natural. La explicación más clara de esta ilegitimidad nos la proporciona Habermas, que dice que «sólo son legítimas aquellas normas de acción que pudieran ser aceptadas por todos los posibles afectados por ellas.» Es patente que no han dado su aceptación a las normas humanas, los miembros de las generaciones futuras y los seres no humanos que integran la comunidad planetaria, quienes, sin embargo, son afectados por la actividad económica. En este sentido la relación del hombre con la Naturaleza está desligada de procesos de legitimación democrática.
¿Sería entonces la soberanía predicable de las instituciones humanas? La respuesta debe ser negativa. El ser humano en su dimensión colectiva y organizada, el estado, tendría poder de decisión, de dar leyes, obviamente. Pero se trataría de un poder de segundo grado, cuyo ejercicio estaría limitado por los condicionantes ecológicos que impone la biosfera. Este poder estaría restringido por la ley natural, que es primer fundamento de todo, incluso del propio poder humano. Y éste es parte de la misma ecuación que el clima, cuya variación puede determinar la historia humana, con un impacto más importante que las relaciones de producción. De la misma manera que en otras épocas las variaciones naturales del clima han condicionado nuestra historia: la caída del Imperio Romano, el desencadenamiento de la Revolución Francesa o el comienzo de la Revolución Industrial. Este poder humano de segundo grado puede ser denominado y conceptuado como autonomía. Y esta nueva concepción de la soberanía hace necesaria una redelimitación de la noción del sujeto de esa autonomía, para rearticularlo con conceptos como comunidad planetaria y ciudadanía de la Tierra.
El ser humano no está solo en la biosfera, sino que (con)vive con otros seres no humanos. Todos se integran en una comunidad planetaria, de la que el hombre sólo es un subgrupo dentro de una comunidad más amplia. Con ella comparte cierto grado de solidaridad, que se manifiesta en la existencia de los servicios ambientales y su necesario cuidado. También comparte un cierto grado de memoria histórica, que constituye la memoria de nuestros antepasados, y se revela en la transmisión de experiencias a través del ADN de los seres vivos. Esta memoria extiende el concepto de patria, al desvincularlo de los lazos de la familia o el clan, de la tierra paterna. Los extiende a todos los antepasados, al planeta. Se pasa, así, de la terra patria (tierra paterna) al planeta terra, como patria de todos. Cuando se invoca al pueblo el pensamiento clásico sólo incluye en él, como sujeto político del Estado-nación, a la generación humana que en cada momento habita el planeta. Pero si tomamos en consideración la comunidad planetaria, el concepto pueblo reclama una doble inclusión: la de las generaciones futuras y la de los seres no humanos, para completar los vacíos de la concepción clásica del sujeto político. El pueblo, entonces, como dice Agamben, se hace Pueblo. Se transforma en un concepto universal que trasciende tanto el ámbito temporal como el biológico. ¿No tienen reconocidos derechos, desde el siglo XX, entes abstractos como las personas jurídicas? ¿No se ha reconocido personalidad jurídica al río Whanganui y al Parque Natural Te Urewera, en Nueva Zelanda? ¿Por qué no reconocer, entonces, ciertos derechos a los seres vivos no humanos y ampliar los derechos reconocidos a los seres humanos no nacidos (generaciones futuras)?
La disputa fundamental hoy no se da, por tanto, entre democracia y oligarquía, como algunos pretenden. La crisis ecológica ha modificado las prioridades de actuación. La humanidad se enfrenta hoy a una dramática opción, en la que está en juego su propia supervivencia: cambio climático controlado, si se adoptan las medidas necesarias; o colapso civilizatorio, en caso contrario. En este trance no hay disputa. No es una situación de suma cero. Por eso cuando cierta izquierda dice que de esta crisis se sale con el reforzamiento de la soberanía de los estados y que la única forma para ello es mejorar las condiciones laborales, los salarios, fortalecer los servicios públicos y hacer que los más ricos paguen impuestos como el resto, al obviar la crisis ecológica sólo muestra su ceguera a la realidad del siglo XXI. La resolución de la crisis social sólo tiene sentido cuando se plantea en el marco de la solución de la crisis climática, con la que está conectada, y sin la que no hay solución posible. Nuestro no es el planeta, sólo la gloria de conservarlo.