Los servicios ambientales están en la UCI. Entorno estable, aire puro, agua limpia, tierra fértil, que eran servicios prestados por el planeta gratuitamente, ahora han de ser sostenidos por políticas ambientales, que tienen un coste económico, a fin de evitar su colapso. Hemos pasado de una naturaleza benefactora, a otra que se ha rebelado poniendo precio a sus servicios. ¿Cuánto valen los servicios que la naturaleza realiza? Valen la vida en el planeta.
El primer aviso se produjo en los años 70 del siglo pasado, con motivo de la publicación del informe sobre los límites del crecimiento en 1972. Después vino la primera crisis del petróleo en 1973. Y en 1974 se produjo el descubrimiento del agujero de la capa de ozono. Pero no hicimos caso de ellos. Esta desobediencia se constata con la elección de presidentes o primeros ministros neoliberales: Valéry Giscard d’Estain en Francia; Margaret Thatcher en el Reino Unido; y Ronald Reagan en Estados Unidos. Hoy es la época del cambio climático.
Las políticas ambientales son, por ello, políticas de supervivencia y calidad de vida. Al tiempo que de equidad. Evitar el colapso de los servicios esenciales para la vida, es una política para la gente, de la misma manera que lo es construir un hospital o una escuela. La existencia de políticas ambientales sólo puede ser explicada en un contexto en el que los seres humanos no se reconocen en la naturaleza, no se sienten parte de ella. Viven aislados de la naturaleza, dentro de un vacío de naturaleza. Hay que darle, por tanto, la razón a Shakespeare, cuando decía, en Macbeth, que «la vida es una historia contada por un idiota».
Los servicios ambientales, reverso de las políticas ambientales, son condicionados por el impacto generado por la demanda humana, sobre los recursos existentes en los ecosistemas del planeta y la capacidad ecológica de éste para regenerar sus recursos. Este impacto se conoce como huella ecológica. Y es la cantidad de hectáreas de territorio ecológicamente productivo que necesita una persona para producir los recursos consumidos y absorber los residuos que genera. Desde la perspectiva de las generaciones futuras, la diferencia entre la huella ecológica y la superficie biológicamente productiva, es el déficit o deuda ecológica que deja la generación actual.
La huella ecológica de cada español en 2015 era, según el Ministerio de Medio Ambiente, de 6,4 hectáreas de territorio, que es casi el triple de la capacidad del territorio español. Un análisis por provincias, pone de manifiesto que la mayoría presenta un déficit ambiental severo. Que se acentúa en Barcelona, Madrid, Guipúzcoa y Vizcaya, que necesitan más de diez veces su territorio para mantener el actual nivel de consumo. En 2015, el 13 de agosto, la humanidad ya había gastado todo su presupuesto ecológico anual. Cada año este día llega más temprano. La huella de carbono es la parte más importante de este exceso ecológico global. La absorción de gases de efecto invernadero, el año pasado, requirió el 85% de la biocapacidad del planeta. Habría hecho falta el doble de los bosques para absorber todo el carbono que emitió la humanidad a la atmósfera en 2015. Este es el estado de la cuestión.
Las políticas ambientales hoy, todavía, son parte de las políticas del bienestar. Actúan tanto sobre la salud individual, como sobre los costes del bienestar social, actual y de las generaciones futuras. Sin embargo, si continua el actual consumo de recursos y emisión de gases de efecto invernadero, las políticas ambientales se convertirán en parte de las políticas de seguridad, al ser las patologías ambientales multiplicadores de la inestabilidad. La previsión actual es un escenario de mayor impacto ecológico y social, con mayores pérdidas económicas y mayor riesgo de «recesión democrática». En este escenario se podría dar un deslizamiento hacia regímenes autoritarios o disfuncionales, que esgrimiera el cambio climático como técnica de control social y de persuasión bajo el pretexto de la necesidad de actuar y la escasez de tiempo. Con la legislación vigente, el cambio climático podría servir de pretexto para declarar el estado de excepción.