Los titulares reflejan una y otra vez la presunta, siempre presunta, podredumbre que firma en las chequeras de parte de nuestra clase política. Ahora, una nueva alarma se ha encendido. Existe la posibilidad de que en el Partido Popular se hubieran repartido premios con dinero en negro, que es como luce el dinero. Sus dirigentes han anunciado que revisarán la contabilidad. El ciudadano, presuntamente, piensa que asistirá de nuevo a una episodio en el que el mucho ruido mediático terminará con pocas condenas. Si alguna se produce será leve y susceptible de presunto indulto. La corrupción de la vida política española ya da apariencia de infección nada presunta, sino certera, contra la que tampoco parece que la clase política española esté luchando de modo efectivo. Cada vez que se anuncia una nueva presunta corruptela, casi por semana, los dirigentes del país que quieren dar apariencia de sensatez, cordura y presunta honestidad, se despachan con una frasecita en la que se insta a cumplir la ley. Así quedan retratados como auténticos estadistas. Quizás la ciudadanía prefiera oír una inminente reforma del código penal que amenazara con penas de prisión gravosas a quienes usan la representatividad y el poder que el pueblo español les entregó para robarle como mafiosos. La clase política arrastra un desprestigio que lleva cultivando con esmero desde hace lustros y que puede culminar en un divorcio, de consecuencias catastróficas, con la sociedad a la que presuntamente defiende y gobierna. Los generales tienen que ser ejemplo de valor y abnegación para sus soldados en la guerra. Ahí quedan los grandes nombres para la historia. En mitad de esta derrota financiera que humilla y esclaviza a España, parte de su clase política señala el camino de la rapiña como método para no hundirse con la marejada en este barco renqueante. Millones, presuntos, salvados en Suiza. Subvenciones transformadas en presuntas pensiones vitalicias. La Corona Real exhibida, presuntamente, en la solapa para ingresar en palacios propios euros públicos. Una infección purulenta que afecta a quienes precisamente están encargados de combatirla, y que a un mismo tiempo son quienes recogen sus dividendos en forma de fajos de billetes o presuntos áticos en Marbella, lo que impide que se aplique el tratamiento.
La ciudadanía sabe de estos casos, presuntamente vergonzosos contemplados desde la moral pública, ciertamente beneficiosos desde el punto de vista privado, no por la maquinaria política y judicial, sino por la propia dinámica de putrefacción que se oculta bajo muchos kilómetros cuadrados de despachos en todas las instancias del Estado. Cuando esos nombres llegan a los medios no es más que la muestra de que alguien se ha quedado sin su parte del botín, o uno se ha acostado con la mujer de otro, o alguien encuentra la ocasión para eliminar a alguien, sea de su entorno o de la oposición. Una miseria ética humana de la que ya habló Platón y que nos hace pensar que todos esos presuntos de los que sabemos por semana no son más que la superficie que esconde, presunta, una inmensa cantidad de estiércol que abona las cuentas corrientes de una legión de presuntos servidores públicos distribuidos en ayuntamientos, autonomías, diputaciones, mancomunidades, ministerios, partidos y parlamentos. Demasiados estratos para que la linterna logre sacar de ahí a tanta cucaracha. A un gobierno que no evitó la ruina de España mediante legislación, le ha seguido otro que está fustigando sin piedad a la ciudadanía mediante decretos-ley y artículos que aún no han abordado el aumento en años y el cumplimiento íntegro de la condenas a quienes están exprimiendo a la sociedad española amparados por el poder que el pueblo les entrega. Una conducta semejante a la traición y con las mismas consecuencias desestabilizadoras que el terrorismo y que, por tanto, exige igual trato. Esta presunta dejadez de este Gobierno ahonda aún más esa brecha segura entre políticos y sociedad, una desmembración con final funesto.