Dos noticias se conjugan como radiografía del desánimo. Por un lado, el gobierno ha recortado las inversiones en investigación universitaria; por otro, el Ayuntamiento de Málaga no sabe recortar sus grandes gastos. Alguna vez he escrito que un importante inversor judío neoyorkino indicaba en una entrevista que muchos ciudadanos de gran parte de los países europeos o de Estados Unidos, se endeudan para comprar una casa; aquel hombre razonaba que era mejor endeudarse para emprender un negocio y una vez que estuviera asentado y se pudieran prever gastos e ingresos con una cierta perspectiva, entonces, llegó el momento de abordar la propiedad de la vivienda. Las diferentes escalas que componen eso que llamamos Estado Español amasaron deudas, lo que ya estamos pagando en falta de dinero para invertir y lo que es peor, adoptaron ciertos hábitos que ahora impiden la rebaja del gasto público de modo efectivo. Los grandes problemas de credibilidad de la economía española no parten ya desde las instancias del gobierno central, sino desde las diferentes taifas autonómicas, municipales y de diputaciones donde se montaron estaditos en paralelo a veces sin control efectivo de ese Estado que somos todos. Cuando el ayuntamiento de un pueblecito de Lugo por poner un lugar lejano, se entrampa más allá de sus posibilidades, aunque sus ciudadanos sean los primeros en sufrir los efectos de ese desajuste contable, al final hay facturas que tiene que abonar ese Estado que somos todos y que sólo tiene un bolsillo y una cantidad de dinero. El olvido de esta regla tan elemental provoca el perverso efecto de que la señora que cobra 500 € como pensión de viudedad, cifra de por sí vergonzosa, vea que el Estado no le aumenta la paga, lo que equivale a reducir su poder adquisitivo un 3% por coste de la vida, vea que su Ayuntamiento le sube las tasas de todo, vea que el Estado aumenta el IVA de transportes y otros servicios; al final le quedan unos 400 € para pasar el mes. Parte del producto de estas extorsiones se destinará al pago a asesorías y altos cargos municipales de ayuntamientos en quiebra que no tuvieron reparos ni obstáculos de ningún tipo para fijar los sueldos que quisieron y la cantidad de funcionarios que también quisieron como método para afianzar votos y clientela.
Ahora nos quedan años por delante de injusticias como la descrita y el Ayuntamiento de Málaga no sabe de dónde ahorrar gastos a pesar de que el alcalde siempre tuvo una más que generosa política con el número de organismos municipales de los que no ha suprimido ninguno aunque ahora sean organismos con suspensión de actividad pero no de sueldos. A pesar de que a Don Francisco se le llena la boca de la defensa y cuidado de lo que es de todos, su política municipal es nefasta para los dineros públicos y profundamente injusta con los malagueños más desfavorecidos. Como dijo aquel judío, hay que saber dónde gastar y dónde no gastar. El recorte en gastos de investigación universitaria, o en educación, no hace sino aumentar los gastos del futuro en importaciones, en dependencia tecnológica y pagos de patentes, y en ausencia de personal lo suficientemente preparado en campos económicos estratégicos como para que cuando fluya el crédito de nuevo alguien pueda invertir en empresas sostenibles a largo plazo. Es una des-inversión que significa un cierre parcial del negocio cuando además estamos pagando una tremenda hipoteca nacional con falta de ingresos a causa del paro. Si se disminuyen los flujos de capital investigación, cuando el dinero regrese a los bancos, serán los propios ayuntamientos los que se conviertan otra vez en los promotores inmobiliarios de una economía especulativa y basada en empresas efímeras de construcción pero que ingresan en sus operaciones impuestos de modo rápido. Los alcaldes volverán a montar un mini-estado con sus organismos, institutos, oficinas de, asesores en el interior y exterior y toda esa feria que en mitad de esta crisis sigue exigiendo su mordida y que, desde luego, el alcalde de Málaga no va a reordenar, vaya que se enfaden los amigos.