Pacto por el urbanismo

Durante su última reunión, el PSOE de Málaga ha pedido un pacto entre agentes sociales, administraciones y principales partidos políticos de la provincia para que se diseñen unos planes urbanísticos regeneradores de la confianza por parte de la ciudadanía, así volverán las inversiones en vivienda; sobre todo hacia nuestra costa salpicada de edificios vacíos a la espera de la mano con euros o libras que los rescate de su olvido, como al arpa en el poema de Bécquer. Por supuesto que serían benéficas tanto la simplificación de documentos, como las garantías para los consumidores de que, hipotecados, no contemplarán sus licencias de ocupación suspendidas por diversas circunstancias. Ese pacto está bien, pero resulta cuando menos curioso que deba ser propuesto; además, por un partido que manda en la Junta y en el Gobierno de España, organismos ambos impulsores de leyes y normativas. Parece elemental que si alguien se acerca a una caseta de obra donde figura un cartel en que se indica el número de permiso y datos de las empresas, compre sin miedo. Pero no, entre las corruptelas y desmanes de ordenaciones acaecidos durante casi la última década, la busca de casa en algunas zonas se ha convertido en una apuesta con riesgo, algo que nunca entenderán los propietarios de inmuebles, por ejemplo en Marbella, aún con una regularización dudosa. El pacto, ya digo, está bien, lo que no se entiende es la lenta intervención de la Junta para que aquellos casos nunca se hubieran producido. Imagine la sensación de robo y desamparo que padecería si hubiese adquirido una propiedad que alguien le mercadea con grietas de fraude, pero con tinturas y sellos de absoluta legalidad vigente. La mala fama para toda la provincia correría como fuego por rastrojo.
La construcción sin límites significa un crecimiento como de células cancerosas, exterminio del mismo cuerpo donde nacen. Sí, pero cómo la echamos de menos y se lamenta su fin entre las filas del desempleo, las agencias publicitarias y los despachos municipales recaudatorios. Aún no se ha promulgado, ni creo que jamás se realice, una legislación que costee los ayuntamientos al margen de su necesidad inmobiliaria. Sobre la ola de una crisis financiera global, el gobierno se encuentra con las manos atadas para desatar la servidumbre económica de los municipios al ladrillo. El dinero con que funciona el Estado sale de iguales carteras, pero hay ventanillas donde ponen buena cara y el administrado las considera amables, y otras en las que vemos al diablo exigiendo impuestos a punta de navaja. Ahora los alcaldes se quejan de que sus arcas están vacías y un impopular recorte de gastos los amedrenta. Que cada cual cargue con su cuota de descrédito. El pacto, así como grito en el bosque o en Calle Larios, está bien, pero hay otras medidas que se deberían haber exigido ya, y por ahí dormitan.