La consejera andaluza de educación Adelaida de la Calle se ha unido al resto de consejerías de educación en la solicitud al Gobierno de una moratoria en la aplicación completa de la tan polémica LOMCE. Una ley más desde los inicios de la democracia española que heredó la del ministro de Franco, Villar Palasí y que luego no ha sido capaz de consensuar una legislación educativa que evite no sólo el fracaso escolar, tan alto en nuestro país, sino la vergüenza para España que, seguro, aparecerá ya en algún manual de pedagogía como ejemplo del disparate en sistemas educativos volanderos. Existen familias donde cada hijo tiene distinto título de graduado o bachiller. Insostenible y vergonzoso. Adelaida señaló a Ángel Gabilondo, ministro del gabinete de Rodríguez Zapatero, como una persona que podría volver a consensuar voluntades de las fuerzas políticas para firmar un pacto por la educación duradero, aunque se matice de cuatrienio en cuatrienio, pero estable por algunas generaciones. Cuentan que Gabilondo estuvo a punto de conseguir la firma de los Populares y que una llamada de teléfono ordenó al representante del PP que enfundara su pluma, de escribir claro, y se despidiese con mucha educación de aquella timba. Los Populares apostaron por su victoria en las elecciones. Podrían elaborar su ley solitos. Un mojón más en un camino de despropósitos. Si Gabilondo intentase ahora esa concordia, se encontraría con otros obstáculos. No sólo la menor cuantía de dinero disponible, sino la irrupción de fuerzas políticas nuevas, junto con la extremización de otras que prefieren borrar España del mapa, antes que acudir a un arreglo para todos los pueblos que, histórica e inevitablemente, componen la idea de España. De hecho, si preguntáramos a Don Antonio Machado, nos diría que no hay comportamiento más español que este cainismo. Si interrogásemos al calmo Josep Pla, nos diría que no hay mayor comportamiento español que el catalán. Y los de Bilbao nacen donde quieren.
La sociedad española no dispone de un sistema educativo estable porque ella misma es inestable e, incluso, incoherente. Hay ciertos vicios heredados de tiempos que nunca existieron, junto con parcelas de poder que no se sueltan. Imposible el acuerdo. Las fuerzas de izquierda, así en general, consideran que la cultura y la educación es suya, así también en general. Todo diseño normativo que no esté elaborado por un ministerio que provenga de las filas socialistas o comunistas no será leído, aunque sí negado. La derecha se arroga la posesión de las verdades históricas y espirituales y, junto con la iglesia católica, dueña expropiada de las aulas, intenta reconducir las legislaciones rojas hacia los senderos que susurra el Vaticano y una concepción de la sociedad estratificada en clases rígidas, propias de los años de Villar Palasí, cuando el hijo del obrero iba hacia la FP y el niño de lo que entonces se llamaban familias bien, marchaba hacia los bachilleratos y la universidad. No existe consenso posible. No hay camino intermedio, como predijo aquel gran visionario que fue Luis G. Berlanga en su película “La Vaquilla”. Los españoles somos tan inteligentes y tan buenas personas que nos educamos y triunfamos a pesar de nuestros sistemas educativos y nuestros políticos. No ha habido peor ministro de educación que José Ignacio Wert, junto con su equipo. La ley, por ejemplo, obliga a reválidas en 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Sin reválida no hay título de Graduado Escolar, ni de Bachillerato. Nadie se ha preguntado dónde va el alumnado que suspenda estas re-pruebas. O sí, que sería peor. Como desde el limbo, no puede regresar a la vida de los centros escolares porque está aprobado, aunque sin titulación. Quedan las aulas de academias privadas y un año para presentarse de nuevo a los exámenes. Igual a esta barbaridad, un ciento. La demora en la aplicación de la LOMCE está más que justificada. No para su despiece, sino para que un grupo de expertos dedique el tiempo necesario a la elaboración de una ley más sensata que la propia sociedad que la promulga.