El macrobotellón

Jovellanos, siempre lúcido en sus juicios obre la sociedad española, dijo en su memoria sobre los espectáculos públicos escrita a fines del siglo XVIII que al pueblo hay que dejarlo que organice su propia diversión y Jovellanos no sabía nada de que se iban a realizar macrobotellones tres siglos más tarde. El macrobotellón del viernes anterior en Málaga amenaza con convertirse en el siguiente debate político para esta semana que hoy entra, además con resurrección de Celia Villalobos a la que estamos empezando a ver en los medios con más frecuencia de la habitual, siempre con ese estilo áspero suyo que con tanto esmero cultiva. La cosa va así más o menos. Los jóvenes (como entidad) se han organizado a través de las redes sociales para divertirse. Nada más fácil. Yo tengo ahora la posibilidad de convocar una fiesta para 500 personas mediante mi página de Facebook. Si mis amigos Gaby Beneroso y Camilo de Ory me ayudan podemos convocar a 7000 personas en un par de minutos. Contra esta característica de las nuevas tecnologías de la información no se puede luchar, como ya hemos visto en Egipto y Túnez; a no ser que a alguien se le ocurra que hay que imponer una dictadura contra los flujos de mensajes, como ha hecho Gadafi en Libia. A partir de esa citación cibernética se desató el huracán. En este Estado cada vez con más tintes entre soviéticos, macarthistas e inquisitoriales, la diversión al margen de las instituciones comienza a ser un problema para el ciudadano que ve restringidas sus decisiones personales (no escribiré derechos) cuando pretende salirse del corral al que con docta y sibilina eficacia la Administración lo está abocando.

Si un grupo de ciudadanos organiza un jolgorio por primavera y molestaran con su ruido al vecindario ahí se conculca un derecho al descanso hogareño que no admite discusión. Si se cometieran atropellos contra la propiedad pública o privada, lo mismo. Pero si esas personas se habían concentrado en un espacio donde no molestan a nadie, la obsesión administrativa de prohibir ese acto a toda costa cae en el paternalismo institucional (soviético), en la imposición moralista (McCarthy) y en ese deseo de Celia Villalobos de que la policía nacional hubiera entrado allí con material antidisturbios y porras en mano. La fiesta se iba a realizar y los gastos de limpieza que ocasiona se cubren con esos impuestos que gravan alcoholes y bebidas carbónicas. La obstinación del Ayuntamiento por impedir ese encuentro juvenil aumentó el desbarajuste. Si los chicos hubieran podido usar una zona en el recinto ferial donde se hubieran instalado urinarios portátiles y un dispositivo sanitario, policial, de contenedores y transportes, quizás este despliegue de efectivos habría sido menor del que luego hubo que organizar, quizás la imagen que hubiera quedado del evento sería ahora más amable que aquella que este articulista contempló con grupos de chicos dispersos como manadas de zombis deambulando por las calles del polígono industrial. El ciudadano no puede sufrir el que las administraciones no sepan repartirse la recaudación impositiva. En los tiempos actuales ese deseo de llamar a los antidisturbios como quien llama al padre para que suelte una paliza al adolescente díscolo está demasiado fuera de lugar. Me parece injusto que la responsabilidad se dejara en manos de Mario Cortés, concejal de juventud; el Ayuntamiento tendría que haber coordinado sus áreas para facilitar una fiesta que con toda seguridad se convertirá en tradición. Al pueblo hay que dejarlo que se divierta como el pueblo quiera y no sólo con la contemplación de famosos y famosetes junto a políticos de inauguraciones múltiples por alfombras, lo que cuesta mucho, mucho más que la limpieza de un macrobotellón.