La llamada crisis del ruido demuestra de un solo golpe no sólo el pésimo diseño urbano de Málaga, sino la torpeza de nuestro consistorio, con el alcalde a la cabeza, para resolver cualquier conflicto, además de la porquería de instalaciones educativas con que contamos, junto con la inutilidad de Ciudadanos para implicarse en todo asunto que afecte a nuestras calles y que no se trate de salir en procesión con un estandarte. Frente a una crisis, inutilidad, porquerías varias y ausencias. Así se arreglan los conflictos en nuestras esquinas, a la malagueña, esto es, mediante multas que pagan los mismos bolsillos contribuyentes, combinadas con amenazas mediante la policía municipal, a la que nuestros prebostecillos locales ordenaron vigilancia periódica de los colegios donde los chicos generan ruido para quitarles la pelota si los ven jugar. Así, Paco, con un par, con un par de policías echando balones fuera. Esta serie de soluciones revela que Don Francisco sirve para inaugurar eventos y poco más. Un alcalde florero. Cuando brotan las desavenencias, como en Limasa, por ejemplo, o ante este ya dilatado rosario de discordias entre el vecindario y las actividades extraescolares, el alcalde opta por el perjuicio claro a toda la ciudadanía. Cuando una administración sanciona a otra, el menoscabo en los fondos deteriora el servicio de la sancionada. Si paga la Junta, menos dinero para educación. Si la Junta ordenara que el colegio pagase de su presupuesto, faltará dinero para esos escolares, así de sencillo. A cierto funcionario municipal le oí decir que se fastidiara un determinado centro de enseñanza frente a una sanción; me pareció un simple imbécil que no sabía lo que decía, pero el leer que un alcalde justifique unas sanciones que afectarán a los colegiales de su municipio, pasa cualquier frontera de ética política e, incluso, de moral privada, mancha que también pringa a C’s Málaga, soporte y casi cheerleaders de esta deriva municipal que padecemos.
Vayamos por partes. Por un lado, todo ciudadano tiene derecho a estar en paz en su casa y de no tener que soportar el jaleo inherente a cualquier práctica deportiva en grupo. Por otro lado, las viviendas construidas frente a los colegios se alzaron previa licencia municipal, por lo tanto, el propio ayuntamiento es responsable de subsanar los errores que abocan a los vecinos a una incomodidad por falta de previsión del departamento de urbanismo. A esto tenemos que sumarle que los gastos y mantenimiento de los colegios competen a los municipios; sin embargo, la edificación corresponde a la Junta. En Málaga, en la Costa del Sol, sufrimos la leyenda del paraíso terrenal climático, con lo que los diseños de las instalaciones escolares van poco más allá del de unas chabolitas aparentes. No disponen de equipamiento contra el frío pero tampoco contra el calor. No se construyen pabellones deportivos cubiertos porque hace un fantástico sol en invierno, pero tampoco se protege al alumnado de la radiación solar que a partir de abril machaca los patios hasta noviembre. No es fácil ser malagueño en Málaga. La forma correcta de solucionar esta colisión de intereses hubiera pasado por el diseño de un plan mediante el que Junta y Ayuntamiento hubiesen adecentado esas instalaciones deportivas con las que el propio consistorio malacitano se está ahorrando la construcción de establecimientos ajenos a esos recintos escolares. Tampoco habría estado mal que a los vecinos se les hubiera ofertado la posibilidad de que sus viviendas fueran insonorizadas y climatizadas. Con esas dos medidas, Málaga habría salido en los medios nacionales por ser una ciudad que piensa en su ciudadanía. Por el contrario, la inexplicable contundencia de Paco el multador, descubre que, más allá de la fachada museística y el cartón-piedra del decorado del Centro para visitantes, Málaga es una ciudad en la que el Ayuntamiento machaca a los indígenas. Además de una crisis momentánea por el ruido de los colegios, vivimos inmersos en una añeja crisis de ciudad.