Pobres opositores

El funcionamiento del aparato estructura judicial se ha convertido en un instrumento de represión en manos de las diferentes instituciones del Estado. Ningún gobierno de la democracia ha abordado el cambio de un sistema judicial que favorece antes al criminal, al estafador, al usurero y al mal responsable público que a las víctimas. Ahora, cuando surge un conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y Gobierno, esto es, la Junta pretende convocar unas oposiciones en contra del criterio ministerial, el Gobierno se agazapa y articula una demanda que paralice cualquier acto administrativo lo mismo que veneno de serpiente. Los ritmos de resolución de conflictos en España amamantan la mayor fuente de injusticia que empapa toda la faz ibera. Si esta disputa se hubiese producido en dirección contraria, la Junta habría actuado del mismo modo y con idénticos resultados, la fácil congelación de la imagen mediante stop jurisperito. El Tribunal Constitucional tardará más de cinco meses sólo en pronunciar si admite el recurso interpuesto por el Gobierno, sin que esto signifique más que accede a leer la denuncia, luego ya dictará sentencia. Un instrumento de represión y de castigo impecable y con todos los sellos del Estado. El contencioso administrativo se ha convertido en la moderna Inquisición que abrasa la existencia del ciudadano indefenso bajo ese Estado que vela por él lo mismo que una mantis por el macho con el que se aparea. Imagine el lector aquel caso mítico en que dos madres peleaban ante Salomón por su hijo. El sabio rey resolvió el asunto en minutos. Aquí el niño se habría jubilado huérfano en un piso de acogida y las madres habrían muerto antes de conocer una sentencia provisional dictada cinco jueces más tarde con posibilidad de recursos hasta el infinito. Si los dueños del Odissey, los que han tenido que devolver un tesoro a España, no hubiesen sido tan torpes se habrían puesto en manos de la justicia española en vez de la de USA que falló en breve tiempo y a favor del Estado Español, lo que aquí hubiese sido un asunto de décadas, con posible pérdida del tesoro por medio y, desde luego, unos inmensos beneficios para los expoliadores que podrían haber ganado un pastón en programas televisivos o cepillándose a alguna de nuestras ilustres furcias o furcios del famoserío. Un grave error eso de dirigirse hacia tribunales de verdad.

Una vez más, y no es la primera, la política se mezcla con el acceso a las aulas y el negro de las togas vuelve a teñir el ánimo de las y los opositores, ahora sumidos en el peor de los limbos posibles. Si no se convocan oposiciones, la vista se dirige hacia otros objetivos; si se convocan y se paralizan sine die, mediante métodos torticeros, los pasos no saben hacia dónde encaminarse. Unas oposiciones a los cuerpos de enseñanza del Estado se componen de exámenes que exigen una preparación exhaustiva y un encierro monacal bajo el flexo, estas turbulencias empozan cualquier concentración y desde luego cualquier motivo para la disciplina. El opositor ahora se ha convertido en náufrago sin rumbo que ni siquiera puede esperar un definitivo hundimiento mediante sentencia. Entre aquella proclama de Alfonso Guerra de que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió y entre estas arengas reformistas de Marianico, el corto, Rajoy, nadie ha procurado un sistema judicial justo por mera rapidez en el dictamen. El ministro Gallardón, buen conocedor de estas perversiones de la maquinaria forense, anda más preocupado por contentar a las sotanas y así inició su cruzada contra el aborto y el matrimonio homosexual, asuntos que desviaron a España de su misión eterna como martillo de herejes y paladín de la cristiandad católica. Yo he sabido de sentencias demoradas meses sólo pendientes de una firma; o casos complejos de cientos de folios que una juez abandonó por traslado (con todo su derecho) y pasó a otra que comenzó desde cero y que a los pocos años se trasladó de juzgado (con todas las de su ley) y pasó el caso a otro juez; cuando la sentencia iba a ser dictada, la parte dañina solicitó un acuerdo de urgencia con la parte dañada diez años antes. Y esto es lo que hay. Nadie lo arreglará porque la suprema injusticia del retraso judicial conviene a toda administración y a los ladrones de verdad. Pobres opositores.