Varias encuestas han confluido sus aguas en el periódico de ayer domingo. Me quedo con la del CIS donde se señala que la clase política, como casta lejos de la ciudadanía, constituye uno de los problemas de España, país que confía en las fuerzas armadas como institución antes que en su Gobierno, al que sitúa por detrás de la banca en cuota de poderes. En nuestro país estuvo mal visto durante siglos el que las clases dirigentes trabajasen. Si alguien quería ingresar en una orden nobiliaria de esas que permitían bordar su escudo en pañuelos y ropas íntimas, como Calatrava o Montesa, por ejemplo, tenía que demostrar que no ganaba su sustento mediante comercio u oficio, aficiones de protestantes, judíos y moros, lo que convirtió a España en un reino donde quienes poseían los capitales no generaron industria ni curiosidad por las ciencias o las ingenierías, al contrario de lo que sucedió en Alemania o Inglaterra donde la aristocracia promovió la creación de una poderosa infraestructura de talleres y riqueza mediante sus propios inventos y descubrimientos. Con el correr de los tiempos, revoluciones burguesas y proletarias incluidas, esas naciones y sus hijas se han convertido en las locomotoras del planeta. Las torpezas de los políticos las pagan los pueblos. Ahí está toda Hispanoamérica para demostrarlo. Naciones que alcanzaron la democracia teórica siglos antes que gran parte de Europa, pero con gobernantes descendientes de los vicios de la aristocracia española, neo-aristócratas ellos mismos, han deambulado por los caminos crónicos de la ruina y el hambre a pesar de su riqueza natural.
En España la clase política, así como casta, se siente en bastantes casos por encima del pueblo y su descrédito se basa en sus propios actos. Muchos se han vuelto profesionales del oficio forense porque se saben inútiles para ganar igual sueldo, despacho, coche y prebendas en la calle. Funcionarios de bajo nivel o intermedio conducen instituciones como Diputación, por ejemplo, a pesar de que los muchos millones de euros que desde allí se mueven no han exigido los votos directos de la ciudadanía. Lo que sobre el ordenamiento territorial parece una buena idea se gestiona de modo que se convierta en una máquina de quemar dinero y repartir poderes según cuotas de apoyo. Para ello se crean organismos de dudosa consistencia y departamentos fantasmas que nada tienen que ver con los cometidos de una Diputación pero sí con el sueldo de más de una y uno. El Ayuntamiento tampoco se libra de mantener disparates. Mientras el Partido Popular nacional predica austeridad en el gasto, el Ayuntamiento de Málaga se endeuda y gasta por encima de lo que tiene aunque no haga falta y así se justifican lujos como el pisito de Charo Ema, la memoria y cabalgata de Reyes Magos de Briones, junto con las luces de navidad, con el eslogan de que todo está dentro del presupuesto, es decir, que el presupuesto podría ser aún menor o mayores las partidas dedicadas a Asuntos Sociales, por ejemplo. De los socialistas del Ayuntamiento ni hablamos, dados sus espectáculos y fugas que descansen en paz. Esa incoherencias ideológicas llevan al ciudadano que sufre subidas de impuestos, bajadas de sueldo, alzas de precios en electricidad, carburantes y servicios, además del paro, a la desconfianza. Servicios como Sanidad que dependen de la Junta ofrecen aspectos de tercer mundo y a la vez todos conocemos políticos, hasta de fuera de Andalucía, que son reconvertidos en la Junta veinte veces antes de que regresen a sus trabajos donde se saben nadie. La peor oleada de esta situación de auto-desprestigio político llegará cuando acudan a partidos y sindicatos legiones de mediocres menesterosos con ánimo de poder, o los familiares de los que ahora están se inscriban las listas para la simple defensa de sus chiringuitos.