Hay fastidios de a diario que no están provocados por la crisis económica, sino por una crisis de ineptitud de altos cargos que, a veces, incluso va más allá de las fronteras temporales de este gobierno y hasta de sus atribuciones. Que la justicia no funcione ya no enuncia una noticia siquiera, y cualquier reflexión acerca de este hecho se ha convertido en artículo de costumbres. En unos sitios la maquinaria andará mejor que otra, en Málaga casi ni colea debido, entre otros motivos, a la nueva costumbre de que las disputas vecinales se solucionen en la Ciudad de la Justicia. Los abogados mediante su labor de intermediarios impiden que muchas querellas acaben en los juzgados, pero eso no basta porque estamos asistiendo desde hace años a una judicialización de la vida cotidiana. Existen quienes cursan reclamaciones al juzgado con la misma facilidad con que descuelgan el teléfono y piden una pizza al chico que va como una moto y dispone de horno automático. Los asuntos forenses no se tramitan con igual rapidez que la pizza, nuestro sistema judicial garantista fue concebido para que nadie sintiera la opresión de la ley, sino su peso y eso exige que unos diez funcionarios se vean obligadas a intervenir porque la vecina de arriba manchó la ropa con lejía y durante la reclamación, según la dicente, se produjo un cruce de palabras amenazantes y vejatorias para la dicente que han finalizado en este juzgado número tal porque este acto sale a la dicente casi tan barato como pedir una pizza al niño que va como una moto, aunque ni tan rápido ni tan barato como la elaboración de una pizza.
Esa deuda del Estado Español por la que nuestros acreedores pretenden cobrarnos intereses como si hubiéramos encargado miles de pizzas familiares a Finlandia, se ha generado también porque los servicios públicos son gratuitos para el usuario pero alguien tiene que pagarlos. En el caso de la justicia, esos diez funcionarios y sus familias, que intervienen en cualquier asunto menor, cultivan ese vicio de querer comer todos los días, incluso algunos momentos festivos piden una pizza para compartir ante la tele y, claro, eso se paga. Pero la vecina de la lejía y la que subió hecha una furia no caen en ese particular del hambre de los funcionarios. Uno ve la tele y contempla a un político que anuncia que se va al juzgado ahora mismo a denunciar a la ONU, o a una publifurcia del cuché que coge el taxi para dirigirse al juzgado porque el publifurcio le ha dicho no sé qué de que se acostó con el cuerpo de bomberos y ella sólo se lo hizo con tres o cuatro como mucho. Si por el precio de una pizza por teléfono un abogado articula una querella y esta a su vez sale por el precio de otra pizza, sería mejor que el abogado llevase dos pizzas y calmase a las partes. A todos perjudica este ninguneo que ha colapsado los tribunales. Ahora mismo, a cualquier moroso conviene no pagar a nadie y que se le reclamen las deudas por el juzgado; quizás dentro de cinco años a un interés ridículo y por un coste simbólico, la deuda se salde por mandato judicial con ese beneficio para el deudor malintencionado que deja a varias familias en la ruina. No se puede pretender que se establezcan tantos juzgados como pizzerías, ni que acudan los jueces a las casas en moto, ni que el trabajo de abogados y las costas de los procesos sumen por lo penal el precio de una pizza grande con obsequio de refrescos y absoluta comodidad para algún consumidor que se queda en su sofá esperando las ganas de otra pizza o de otra querella. Esto lo pagamos entre todos y la oferta está disparatada por lo bajo y por lo injusto. No es crisis es ineptitud legislativa.