Afortunadamente, no todos somos politólogos ni aficionados a sus debates filosóficos o científicos. Supongo que eso me sirve de excusa para reconocer que nunca había oído lo de la casta en su acepción más actual, la referida a la política como oficio arcano, aliado de todas las conspiraciones de la economía neoliberal y sus terribles mercados, ni en boca de Giovanni Sartori, ni de ningún otro librepensador contemporáneo, antes de que la acogiese como estilete de la provocación, el nuevo mesías de los indignados españoles. No puedo estar de acuerdo en meter a todos en el mismo saco. Ni siquiera a toda esa clase política que tan mal ha velado por facilitarnos la felicidad en los últimos años. Ni mucho menos, colgarle lo avieso del término a los que cobran por su trabajo y liberar de esa pesada carga a los señalados de los pequeños municipios que no pueden hacerlo por falta de presupuesto. No son casta todos los cargos públicos de los dos grandes partidos si la entendemos como un gremio de corrompidos en un sistema que protege su peor voracidad. Y me pregunto entonces por qué el CIS, cada vez que llega, señala ese grave problema percibido por la sociedad española como el segundo en relevancia. Más de un 38 por ciento de los encuestados señalan entre sus problemas a la corrupción. Pero quizá no sea el peor dato en este sentido porque hay otro: el 28 por ciento, alcanzando el cuarto puesto de lo más indeseable para el total de entrevistados, cuenta entre sus mayores problemas a los partidos políticos y la política. No los políticos corruptos, los políticos, sin más.
La familia Pujol tiene la culpa de eso, decimos leyendo un periódico local en el bar de abajo, atendidos por un camarero, este sí, de casta. Pero pasamos página y de nacional, llegamos a la injusticia social malagueña que toca. La de hoy. Otra entre tantas. La rabia insoportable de aguantar la pasividad de un gobierno municipal insensible ante ciertos privilegios y aún peores desigualdades consentidas, ya no es otro titular más, como cuando había burbujas y ladrillos para todos.
Decía un informe de la asesoría jurídica municipal en 2009, que aunque podrían ser «ajustados a derecho con carácter general», los complementos personales que cobraban nueve ex jefes de departamento de Urbanismo eran “cuanto menos, irregulares”. Hoy, mucho más de cinco años después, siguen siendo noticia por seguir cobrando entre 83.000 y 88.000 euros anuales, el mismo sueldo que tendrían si mandasen, a pesar de no ser ya jefes de nada, alguno durante décadas, y según el Comité de Empresa, disfrutando dos de ellos además, de una inactividad laboral absoluta. Estos empleados reciben 21.000 euros anuales correspondientes al cobro de los pluses a pesar de que ya en 2009 el PP votó a favor de una moción de IU para la eliminación de estos complementos, que en aquel momento llevaban vigentes ya, casi 20 años. A pesar de que en el Convenio del 2004, se declaraba como “un complemento a extinguir”. A pesar de que en marzo del 2010, lo declarase el alcalde como “un tema que seguiremos estudiando a fondo”. A pesar de que en agosto del mismo año, con el nuevo convenio, se incluyese que «en ningún caso se mantendrá el sistema de percepción del 100% de las retribuciones del anterior cargo». A pesar que en marzo del 2011, el juzgado de lo social número 11 de Málaga estimase en parte la demanda del Comité de Empresa en cuanto a «la obligación de adecuar estas retribuciones según la categoría y puesto que ostente cada uno». Pues a pesar de todo eso, estos afortunados siguen cobrando complementos personales por jefatura imaginaria, entre 1.763 y 2.025 euros al mes, además de sus salarios. Y si alguien pregunta o señala demasiado al responsable, Paquito, la cuestión se solventa rápido. Se echa la culpa al otro y punto. Dice el PP que todo esto arranca en un convenio firmado en 1990, cuando gobernaba el PSOE. Verdad verdadera. Y a quien no le guste, que no mire. O se deje la coleta.