He leído esta semana en La Opinión de Málaga lo que cobran sus señorías, los políticos electos, por representarnos. Un pequeño sueldecito del que logran salir bien parados por encontrarse siempre a dieta. A enormes dietas. Lo mejor de éste, su Régimen, es que lo que no les va en el sueldo, tampoco les engorda a la hora de tributar. Adelgazan de nómina y se redondean la curva de la felicidad a base de contar cuidadosamente sus kilómetros u hospedarse en lugares donde puedan sentirse, más que a gusto, como en su propia casa.
Por eso será que hay quien critica que algunos diputados cobren sobresueldos por alojamiento cuando tienen casa en Madrid. El asunto malagueño concierne a Celia Villalobos y a José Andrés Torres Mora. Uno del PP y otro del PSOE, qué bien, fomentando la igualdad. Cobran 1.823 euros al mes en concepto de dietas de alojamiento por las que no pagan impuestos -ni posada-. Y hacen bien, si lo que pretenden es dar ejemplo de austeridad. Me explico: puede un diputado de provincias dilapidar todo ese dineral pernoctando en hoteles sin obtener ningún rédito social ni personal a cambio, o puede otro, de gran capital periférica más moderna y soleada, invertir todo ese montante de dinero público en comprar(se) una casita. Lo primero es un despilfarro. Lo segundo, la austeridad liberal.
Que siempre salga alguien beneficiado es lo suyo. Y cuanta más gente, mejor. Si doña Celia o don José Andrés están contentos porque tienen casa en Madrid y ayudamos a pagársela entre todos, es más probable que, debido a la felicidad directamente producida por este hecho, den alguna moneda a un paupérrimo parado de larga duración que pida limosna a la puerta de una iglesia por la que pasen camino al Congreso, que si no tuvieran dicha casa en copago. O sea, que se produce un bien social y otro personal, tan justos y equitativos como quepa imaginarse en un Estado de Derecho que fomenta el Privilegio desde hace 35 años como contraprestación a su inagotable transición democrática.
El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas indica que los españoles consideran como uno de sus mayores problemas (sólo por detrás del paro y de la situación económica) a la clase política. Este aspecto bate un nuevo record negativo cada trimestre, hasta situarse en enero en el epicentro del 29,8% de las respuestas, y no termino de entender la causa. Creo que me ocurre porque en Málaga no pasan ciertas cosas. Aquí la clase política no cobra tantas dietas. Ni tanto sueldo. Ni hay tantos cargos de confianza. Y lo que predomina es la transparencia.
Otra cosa sería, por ejemplo, que, a denuncia de su comité de empresa, se descubriera que el jefe del departamento de Recursos Humanos de Gestrisam, «no acude ni realiza actividad alguna» en la empresa municipal de recaudación, y que sus funciones son desempeñadas por otro trabajador «con nombre y apellido». Si además, este personaje estuviera contratado como asesor por el Ayuntamiento de Málaga y percibiese un “incentivo” de 24.683 euros brutos anuales, aparte de su sueldo en la empresa municipal, que se considerase a la clase política como el tercer gran problema de este país y a la corrupción como el cuarto, no me parecería tan descabellado, ni en Málaga.
Suerte que aquí no pasan estas cosas. Y si pasan, se explican. ¿Más pronto que tarde? O si no, se tiene fe y se mira para otro lado.