Esta tarde habrá otras quince familias malagueñas que se queden sin hogar y 120.000 pisos vacíos en los alrededores. De hecho, desde que se inició la crisis, 20.000 familias han pasado por un proceso de ejecución hipotecaria –cuando el banco reclama al cliente todo el dinero del préstamo tras haber dejado a pagar algunos meses–, de los cuales más de la mitad se han saldado con lanzamientos judiciales –cuando el Estado de Derecho destroza tu vida y la de tus hijos-. Pero Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía no permanecen impasibles ante este drama social. Prueba de ello es que desde el pasado verano han puesto en marcha varios organismos paliativos. Por ejemplo, el Ayuntamiento presentó, junto al Colegio de Abogados de Málaga, la Oficina de Intermediación Hipotecaria, mientras que la Diputación abogó por crear un grupo de trabajo en el Consejo Social de la Ciudad. A ellos se unió la Junta de Andalucía el pasado 6 de septiembre, para no ser menos, y a través de la Consejería de Fomento creó el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. O sea, que ya están todos arrimando el hombro juntitos aunque, a ciencia cierta, desde entonces, se haya pasado de los 11 desahucios diarios a los 15 promediados actualmente y que padecemos insolidariamente desde hace dos meses. No obstante, no creo que este balance negativo de resultados haya pillado a ninguno por sorpresa. Ya avisó de los posibles logros el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, afirmando que la función del Consistorio en este organismo preocupado por los desahuciados era la de informar y no la de intermediar. A los bancos ni intermedios, no sea que se enfaden, le faltó decir. Y yo no sé qué opinarán del punto de información creado los malagueños que se han quedado en la calle por causa de la justicia pero, con un poco de esfuerzo, podría imaginármelo.
Pero el cuidado sigue. Ahora, a nivel nacional y, por ende, con más esperanza de llegar a mejor puerto. Si el PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, admitió, hace unos días, haber cometido el error de no haber cambiado la legislación sobre desahucios cuando gobernaron no hace tanto, el PP, que no puede hacer lo propio porque aún gobierna, se destapó ayer anunciando una cita a ciegas entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano –¡dos iguales para hoy!- en la que pretenden “abordar medidas para paliar el problema de los desahucios de viviendas” con el objetivo de adoptar una decisión «justa y equitativa» y «de aplicación inmediata». Prometedor. Para cruzar los dedos, los brazos y las piernas.
Pero la decisión más justa y equitativa no será, para qué engañarnos. Será la más equitativa y menos justa que se pueda acordar en un consenso de mínimos. La dación en pago está descartada de la reunión solidaria que tendrá lugar hoy por la “parte equitativa” del negocio, que ya ha anunciado Rajoy y que el PSOE abrazará con fervor. Equitativo en política europea de crisis por rescatar quiere decir que el banco gane más y que el desgraciado pierda menos y a partir de ahí, parchear soluciones, más beneficiosas para unos y menos perjudiciales para otros.
Lo justo sería que si no pudieras pagar tu casa, la devolvieras al banco y reemprendieras tu vida desde cero. Y justo sería que el banco se quedara con la casa para reponer el bien por el que te entregó a crédito su precio. Pero ocurrirá lo equitativo: que el pobre pierda la casa y siga pagando -¿un alquiler?- y que el banco se quede con la casa y siga cobrando -¿un alquiler?-.
Ganarán algunos. Perderemos menos.