Me acabo de enterar por los destapes socialistas provinciales de que algunos de nuestros representantes políticos en la Diputación Provincial de Málaga se pagan los másteres de alta dirección que realizan con dinero público. Según el portavoz socialista, Francisco Conejo, en los presupuestos de la Diputación Provincial de este año se ha recortado un 16% la partida destinada a la formación de los trabajadores, pasando de 191.700 euros a 170.000, lo que no ha impedido que se efectúe el pago de dos cursos de alta dirección a los vicepresidentes primero y tercero de dicha institución, Francisco Oblaré y Ana Carmen Mata, en el Instituto San Telmo, por un valor de 14.500 euros.
El contundente “y tú más” con el que han respondido los portavoces del gobierno provincial a esta denuncia, me ha llevado a constatar que esta práctica viene siendo habitual entre los que nos gobiernan desde hace mucho tiempo y sea cual sea su color político. Así, desde la Diputación se han ofrecido una retahíla de nombres y cifras de otros estudiantes bien formados a cuenta del erario público por parte de anteriores gobiernos socialistas en la propia institución o en otros más actuales, refiriéndose a varios casos muy llamativos de la Junta de Andalucía. Este hábito estudiantil carísimo de los que nos gobiernan democráticamente es legal. Más aún, dice Francisco Salado que dicha formación no es ni siquiera un gasto sino una inversión. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es una inversión que sólo pueden permitirse unos pocos en estos tiempos que corren. En el ámbito familiar, por ejemplo, el esfuerzo que han de realizar los padres para que esos pocos puedan formarse adecuadamente, debería de servirles para que a futuro, como inversión, fueran ellos, los más preparados, los que tuvieran acceso a esos puestos de alta dirección en el ámbito privado empresarial y, también, en el del funcionariado público. Lo que yo no tenía tan claro es que también fuese necesario para los cargos –políticos- públicos. Pero ya, con este reconocimiento de tanta maestría de por medio, no me cabe duda. Los que nos gobiernan consideran necesario que sus cargos políticos estén tan bien formados como el que más. Y me pregunto entonces, ¿por qué los designan sin formar? Si es necesaria esa máxima formación, como demuestra el gasto, perdón, la inversión que se lleva haciendo desde hace “tiempos inmemoriales”, según el propio Salado, se induce que los colocados en cada puesto político al frente de cada Área de gobierno que no posean el máster preciso, no son los adecuados. Es más, si para ejercer una función, necesitan el dichoso máster, deberían de traérselo de casa puesto.
¿Qué es lo que pasa? Pues que sí, que existe una clase política. Casi una clase social y sin duda un oficio. Un jovencito con ganas que entra en las juventudes de un partido y que lo convierte en su profesión sin que le dé tiempo a salir de la sede. Luego le llega el cargo y después lo forman. Que el designado debiera serlo en virtud de sus méritos queda en entredicho con esta formación continua desaguisada que nos vemos obligados a pagar entre todos.
A mí me gusta que la clase política que ofrece una cara conocida a la gerencia de un organismo con muchos empleados a la espalda esté bien formada. Pero si no lo está y aún así se ha confiado en el potencial de alguien por quien puede hacerlo legitimado por las urnas, que apechugue con sus decisiones y posibles responsabilidades. Y si se considera que el elegido debe formarse a posteriori, que lo haga, pero con su dinero, no con el -cada vez más profundo- fondo público. Otra cosa podrá ser legal pero seguro que en mayor medida, también inmoral. Con crisis y sin crisis.