La necesidad o no de la existencia de las Diputaciones Provinciales se ha puesto sobre la mesa del debate político en los últimos meses. El punto de partida de los nuevos detractores se resume en diferenciar entre lo conveniente y lo necesario a la hora de sanear, como sea y cuanto antes, el vertiginoso déficit en las cuentas públicas del Estado. Y la provincia es la parte más débil del entramado geopolítico constitucional.
La debacle electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales y la consecuente pérdida del gobierno en la mayoría de las Diputaciones Provinciales ha debido de influir en la nueva perspectiva de cambio que preconiza ahora Rubalcaba, cogiendo el testigo de la opinión manifestada hace un par de meses por Felipe González y acogida con agrado por José Blanco o el propio Zapatero, si bien es cierto que, también, se han alzado voces críticas contra la necesidad de este gobierno provincial desde el PP, caso del presidente electo de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que aboga no por un cambio sino por su supresión, o el portavoz del PP de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, que esta misma semana ha declarado que es el momento adecuado para analizar si el mapa provincial actual puede mantenerse como está o puede reducirse de algún modo.
Recuperando la Historia, las Diputaciones Provinciales surgieron ideológicamente del régimen liberal y constitucional de 1812. El artículo 326 de aquella Constitución establecía que “la diputación se compondrá del presidente, del intendente y de siete individuos”. De ahí, se ha pasado al cementerio de elefantes actual, donde todo político sin cargo encuentra acomodo laboral y sueldo de confianza por asesoramiento.
Los artículos 137 y 141.2 de la Constitución vigente legitiman las Diputaciones Provinciales. El primero organiza territorialmente el Estado y el segundo encomienda el gobierno y la administración autónoma de las provincias a las Diputaciones. Pero es la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, del 2 de abril de 1985, la que normatiza su organización. El artículo 36.1.b indica entre sus competencias “la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”, que, en definitiva, es el único aspecto realmente imprescindible y que da vigor a la fundamentación democrática de las Diputaciones Provinciales.
Así las cosas, todo debate sobre su disolución será agua de borrajas que los partidos políticos en precampaña utilizarán para echarse en cara la agencia de empleo de políticos fracasados en la que tanto unos como otros han convertido a las diputaciones. Es más, las Diputaciones Provinciales son necesarias en cuanto asistan a los pequeños municipios sin capacidad jurídica, económica o técnica para desenvolverse por sí solos en materias fundamentales como infraestructuras, saneamiento, sanidad o educación. Lo que sí se puede y debe cambiar es la Ley de Bases que regule restrictivamente el ámbito de actuación y que persiga el abuso que los partidos políticos puedan hacer de su gobierno. Que no haya posibilidad de contratar a asesores taurinos, ni viajes a Madrid de cofradías, por ejemplo. En fin, que la honestidad además de ser, se demuestre.
En el caso malagueño, asistimos tras la constitución de la nueva corporación a una loa a la transparencia que sólo conduce a una cada vez mayor indignación ciudadana en contra de las diputaciones. El nuevo equipo de gobierno anuncia los sueldos, sus horquillas, el número de cargos y puestos de confianza día sí y día también, y eso, en época de crisis, se asocia indisolublemente al despilfarro. Lo peor, que los anteriores eran más de lo mismo en casi todo menos en transparencia.
Las diputaciones son convenientes y necesarias pero el modelo debe cambiar.
Sería una buena medida la eliminación de las diputaciones. Y ya puestos también la eliminación del senado. Son organismos inútiles y prescindibles y sólo sirve para colocar a los afines de los respectivos partidos políticos. Son chiringuitos para la casta política.
Quien le ha dicho que las Diputaciones surgen con la Constitución de 1812. A partir de ahí, todo lo que me diga, ni caso. Se me rechaza , en pricipio, el mensaje, porque he dicho que el color del mar es negro de noche, pero tengo que decir azul, eso yo no lo sabía.
Aquí lo único que sobran son las autonomías y no las diputaciones, así que fuera la ruina autonómica de la provincia malagueña. que solo ha servido para que nos quitaran los pocos organismos que teníamos y el desvió de empresas para la capital impuesta de aquella manera, para Sevilla, Madrid. ¿ A cuantos cargos políticos mantienen las autonomías, y cuanto nos cuesta a los españoles, este despilfarro.?
A buena hora mangas verdes, ahora que la mayoria son del pp creen que seria bueno quitarlas, antes ni lo pensaron. Lo que seria bueno es quitar las autonomias, que son pequeños estados entro del estado, y eso es un despilfarro que no hay quien lo sostenga, en el fondo sirven par que vivan bien los politicos y sus amiguetes, aparte de que a Málaga la Junta de Andalucia la tienen relegada y la ningunean como a nadie.
Y digo yo, señor Beneroso, ¿No sería mucho más barato y eficiente dotar a los municipios, que cuentan con menor capacidad económica y de gestión (logrando que grandes, medianos y pequeños posean la suficiente), de la suficiente capacidad jurídica, económica y técnica que mantener las Diputaciones Provinciales fundamentando su existencia en la necesidad de los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, de contar con la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica de las Diputaciones Provinciales? Es decir, ¿No sería mucho mejor eliminar las Diputaciones Provinciales, y con ello sus grandes despilfarros, ineficiencias, clientelas, injusticias, desigualdades, incompetencias, etc.?
Diputación sí, Diputación no? seguro que quien se plantea eso no vive en un pueblo de menos de 20 mil habitantes donde la única garantía de ser un ciudadano higiénico como el de Madrid, con los mismos derechos sociales que el de Sevilla, o con las mismas infraestructuras básicas que el de Alicante se las da el servicio de basuras, la trabajadora social, o la carretera que paga LA DIPUTACIÓN. Por supuesto que Diputación sí, MAMONEO POLÍTICO NO. Gaby estoy contigo, no importa que vengan a deshora, pero que cambien el sistema la izquierda o la derecha…