Leo en el periódico que los empleados de la filial malagueña de una gran empresa han decidido sacrificar la comida de Navidad y gastar el dinero en comprar víveres para familias en apuros. Han calculado un presupuesto de 40 euros por empleado y el consabido menú de fiesta se ha invertido en 20 kilos de alimentos básicos por barba: legumbres, azúcar, leche, aceite, que escasean en más casas de las que nos atrevemos a imaginar. La humilde aportación de estos trabajadores no va a resolver los problemas generados por una economía enferma, pero tiene el valor de un gesto de compromiso.
Hoy se votan en pleno los presupuestos de la Diputación para 2010, y en el mismo periódico, a toda página y en grandes titulares, se anuncia una rebaja en los sueldos de diputados, altos funcionarios y cargos de confianza que, según las cuentas del equipo de gobierno, se traducirá en un ahorro de 242.000 euros para la institución provincial. El portavoz del PP, Francisco Salado, ha criticado la medida, que considera un “gesto de cara a la galería vendido como si fuera la solución de los presupuestos” y, de paso, expresa su malestar porque la rebaja, que afecta al grupo de oposición tanto o más que al equipo de gobierno, no le haya sido consultada. No es lo mismo tener que rascarse el bolsillo por voluntad que por decreto.
Sin embargo, tal vez sea por la costumbre de desconfiar de los políticos, a mí también me escama algo en el publicitado sacrificio de un porcentaje de entre el 5% y el 10% en los sueldos de los responsables de la política provincial. Otro gran ahorro que avanza el equipo de gobierno es el referido a la reducción en los gastos de publicidad y protocolo, pero (¡Alehop!) se anuncia la creación de una nueva oficina dependiente de Presidencia para “autorizar estos gastos y unificar criterios”. La pregunta es si la nueva oficina requerirá la contratación de nuevo personal y la adquisición de medios, lo que haría que el ahorro no fuera tanto.
Yo creo que mi duda estriba en que, estando de acuerdo con el presidente de la Diputación en que el auto recorte salarial representa un sacrificio personal para los afectados, y por tanto supone, igual que en el caso de los empleados de la empresa que citaba al principio, un gesto de compromiso con los ciudadanos gobernados, no hay que olvidar que la Diputación es una entidad de servicio para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, muchos de los cuales no tienen dinero ni para bombillas. Sólo faltaría que el sacrificio se les exigiera a los ayuntamientos, digo yo.
Tal vez en estos tiempos en que la crisis nos hace distinguir con claridad entre lo necesario y lo superfluo, la reflexión en las instituciones debería ser más profunda. Casi todas ellas, y los propios partidos nos lo recuerdan cuando pasan del gobierno a la oposición, están sobredimensionadas, particularmente en aspectos como contratación de cargos de confianza y gastos en imagen, prensa y protocolo. La reflexión en el caso de la Diputación podría llegar a ser peliaguda: De aprobarse una ley de financiación local que garantice a los ayuntamientos la percepción directa de los fondos que necesitan para prestar los servicios que prestan, ¿Seguirían teniendo sentido las diputaciones? Tal vez lo de bajarse el sueldo sea sólo un mal menor, por mucho que un gesto no pase de ser un gesto.