Se habla de 10.000 construcciones ilegales en la Axarquía –los ecologistas, de 22.000- y a mi raciocinio, no le caben. Si no conociera la zona, me imaginaría Australia, por lo menos. Como puede haber tanto delincuente junto en un sitio tan chiquito. Quizá habría que preguntárselo a los parlamentarios andaluces que hace siete años aprobaron la LOUA sin tener en cuenta las peculiaridades de la zona y que ahora se quitan del medio cuando los jueces, haciendo su trabajo, la interpretan.
El problema de la Axarquía son los minifundios. Esa palabra que aprendí en la Educación General Básica y que nunca pensé que pudiera llegar a utilizar es la clave del asunto. Porque Andalucía es tierra de señoritos, desgraciadamente, pero la Axarquía, no –o no tanto-. En la Axarquía, cada campesino tenía su terrenito y por eso hay más de 30.000 pequeños propietarios con tierras. Ahora, muchos de ellos, vicisitudes del destino, sospechosos de delito urbanístico. Pero la cosa no queda ahí. Porque además de los sospechosos, están los señalados y culpables, o sea, sus alcaldes. Porque todo alcalde que haya consentido o le haya dado la licencia a alguno de su pueblo para que donde guardaba los aperos de labranza su abuelo, se haga un retrete, está cometiendo un delito. No una falta administrativa, un delito. El mismo que hayan podido cometer los condenados en la operación malaya. Aunque pobre y tonto, y hasta puede que buena persona, ese alcalde es un delincuente por obra y gracia de tenerla pequeña, con perdón, me refiero a sus parcelas. El tamaño sí importa. Nuestros parlamentarios andaluces han aprobado una ley de suelo que sólo permite recalificaciones urbanísticas en quienes la tengan enorme. Y ajo y agua a la Axarquía.
Muchos piensan –yo también-, que lo que ha ocurrido en el campo de La Axarquía es una salvajada. 20.000 viviendas diseminadas en suelo rústico, así lo determinan. A veces hay que cuestionarse los supuestos beneficios del progreso. No sé que pensaría mi bisabuelo si viera en qué se ha convertido Málaga en cien años.
Lo que sí tengo claro es que la gran mayoría de esas miles de construcciones ilegales que actualmente se encuentran en entredicho en aquella comarca abandonada, son la única vivienda de sus propietarios. Desde la primera viga que pudo poner su bisabuelo hasta el chalet con piscina en el que haya podido acomodarse hoy su descendencia, han pasado muchos años de esfuerzo y de trabajo. Y lo que hace veinte años era la casa familiar, hoy puede llegar a ser un bien inmueble en espera de ejecución de sentencia y derribo. Porque en un Estado de Derecho como el nuestro, la ley hay que cumplirla y es para todos.
Y, ¿qué dicen los que han aprobado esa ley sin tener en cuenta las peculiaridades de zonas como la Axarquía? Muy poco. Algunos, que ya se desarrollará algún reglamento. Mientras, los alcaldes de aquellos pueblos, seguirán siendo imputados en cientos o miles de delitos urbanísticos, con el menoscabo social que eso conlleva actualmente.
Dice el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón -posiblemente el único cargo público que da la cara por los que padecen esta situación- que “en muchos casos” el motivo por el que alcaldes y concejales de la provincia están inmersos en procesos judiciales por asuntos urbanísticos no se debe a “su mala fe”. Y si se saltara algún tecnicismo y se lo explicara con claridad a la ciudadanía, su pertinacia, al menos en este caso, sería encomiable.