Pobres y paupérrimos.

El Instituto Municipal de la Vivienda aplazará parte del pago en sus viviendas de alquiler a las familias que considere con especiales dificultades económicas como para poder soportar la mensualidad. La medida estaba prevista que fuese aprobada el mes pasado, cuando el concejal de Vivienda, Diego Maldonado, señaló que sólo se llevaría a cabo cuando quedase demostrado documentalmente que se tratara de familias que pasaran por graves apuros económicos. Y yo aquí me hago un lío. Suponía que para acceder a estos ventajosos alquileres municipales, habría que pasar por ciertos apuros económicos. Todos pobres pero algunos más que otros, digo yo que será la cuestión a discernir. La categoría de paupérrimo ahora podrá certificarse, creo, de algún modo, mediante documento público acreditativo. Quizá inscribirse en un registro municipal de pobreza, no sé.
El asunto es que ha pasado un mes, y el benevolente Ayuntamiento de nuestra ciudad ha anunciado esta medida paliativa para los muy pobres como una realidad y aunque los datos que se manejan no se han concretado, se cotejan reducciones en torno a un 30% de la mensualidad. Los responsables municipales prevén que un 5% de las dos mil familias acogidas a su plan de arrendamiento puedan beneficiarse de esta flexibilización en el pago. O sea, de los dos mil pobres y sus familias, sólo unos cien y sus congéneres, podrán acogerse al salvavidas municipal, si las previsiones del IMV son certeras, que debieran, pues para eso tienen a ochenta técnicos contratados.
Estamos hablando de dos mil familias que pagan entre 175 y 300 euros de alquiler mensual a nuestro Consistorio. Cuesta imaginarse por lo que estarán pasando. Pero si no pueden con 300 euros, ¿podrán con 210? Lo peor no es que la reducción no sea suficiente para que la sociedad del bienestar se asome a la ventana prestada de los paupérrimos con documento acreditativo, sino que en realidad, no se trata de una reducción en el pago del alquiler, sino de un aplazamiento. Es decir, a los que han llegado a esa vivienda por falta de medios y que transcurrido un tiempo, ni siquiera pueden afrontar ese pago mensual privilegiado, se les empeña para que, a corto o medio plazo, satisfagan la deuda con el municipio. ¿Cómo?
La única solución pasaría por rebajar definitivamente la cuota, es de Perogrullo. Esa sí sería una medida social pero, para recuperar ciento cincuenta mil euros al mes, que sería el coste, o la policía local debería de poner muchas multas o tendría que rebajarse a la mitad la extensísima plantilla del Instituto Municipal de la Vivienda.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, denunció el pasado mes de abril que el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga exigía como requisito para la adjudicación de una vivienda para jóvenes con cargo al Plan Andaluz de la Vivienda y Suelo 2005-2008, tener unos ingresos mínimos ponderados familiares anuales superiores a 6.000 euros, sin que existiera ninguna normativa de exclusión que así lo impusiera. Esto quiere decir que los hay más pobres. En el caso de estos jóvenes que no pueden optar a su vivienda, tanto, que ni derecho a certificado de pobreza les queda.
Para que te den una vivienda social en Málaga tienes que ser pobre pero menos, con certificado. Y si a ese mínimo no llegas, te rebelas o te aguantas.