El aliento del ilustrado francés debe estar inquieto. Hace tiempo, un ilustre político de aquí anunció que estaba muerto y enterrado. Ahora, se olvida su ‘espíritu’
Carlos Pérez Ariza
El Tribunal Supremo está preocupado. El Ejecutivo cuestiona sus decisiones. Dudan sobre la calificación del delito de los catalanes separatistas. Puede que no sea ‘rebelión’, sino más bien una sedición, que significa literalmente un grado menor de rebelión, han dicho Sánchez y Calvo. Rebelión significa el levantamiento contra la autoridad o el gobierno, especialmente cuando se trata de derrocarlo o sustituirlo. Si no fue eso lo que sucedió el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ¿qué fue? Se faltó a la obediencia a la CE/78. Al ordenamiento político territorial del Estado español. Una rebelión no necesita necesariamente de las armas. Se faltó a la obediencia a España, consagrada en la organización como Comunidad Autónoma. Y fue mediante la resistencia y desobediencia civil para sustituir la dependencia al Estado y separarse del mismo. Tal rebelión fue organizada desde las más altas instancias del gobierno autonómico catalán. Aunque en un Estado de Derecho, corresponde al Poder Judicial calificar el delito y acusar con argumentos, sería conveniente para remansar el nivel de crispación que se vive en este país todo, que desde el Ejecutivo se dejara seguir en calma el procedimiento del Supremo.
Aquí se mezcla la necesidad de justa justicia, con los intereses políticos del momento. El gobierno quisiera que los políticos catalanes, presos preventivamente, sean liberados. Necesitan esa bocanada de oxígeno. Les permitiría ganar un tiempo de oro, para desenredar la maraña de los separatistas e intentar llegar a un acuerdo perentorio y temporal. Y poder abordar las elecciones generales, sin que pesen las condenas sobre sus cabezas, con esos rebeldes en larga prisión. El Supremo ha rechazado que sean un tribunal conservador o político. Consideran que el Ejecutivo ha pasado de las presiones implícitas a las explícitas. Presionar a un tribunal es inaceptable, si vienen desde el gobierno más aún, han afirmado. El fondo del asunto, según los portavoces del Ejecutivo, es que si no hubo rebelión, por no haber alzamiento armado, no se puede hablar de golpe de Estado. El panorama está claro: El Supremo recibirá acusaciones por rebelión, desde la Fiscalía y Vox; mientras es previsible que la Abogacía del Estado (Ministerio de Justicia) lo haga por sedición y malversación. Las penas serán proporcionales a lo que dicho tribunal acepte. Está claro que la liberación será más expedita en el segundo caso.
La discordia no puede dejar de lado que lo ocurrido en Cataluña, y que lleva un año en la agenda política diaria de España, ha sido el primer intento directo de secesión de un territorio español en estos cuarenta años democráticos. Los que lo fomentaron, organizaron y siguen promoviéndolo deben recibir el castigo que decidan los jueces. La unidad de España está consagrada en la CE/78, hasta que se acuerde lo contrario. Atentar contra ella, se llame rebelión o sedición, es un delito. Que no haya habido fuerzas militares involucradas no rebaja el objetivo, cual era y es separar a Cataluña de España. Ante el giro del Ejecutivo los independentistas catalanes y sus primos vascos están encantados de escucharles. Aunque los más radicales de Esquerra Republicana, no se conforman con eso, piden la inmediata absolución y liberación de sus colegas presos por rebelión.
Puede que sea Cataluña, la CCAA que más se ha beneficiado con la forma de Estado, que España diseñó desde 1978. No se puede entender a este país sin Cataluña, ni a esa tierra sin España. Este es un país cuyo conglomerado territorial está formado por distintas formas de ser español. Eso incluye sus voces, su economía particular, su cultura milenaria. Todo eso es España. Aun las Américas, que se rebelaron contra su madre patria, siguen siendo parte de una misma historia. Naciones independientes, soberanas, pero hermanadas.
Ese empeño por ser diferentes, ajenos a España, precisa ciertamente lo mucho españoles que son los catalanes. En esas diferencias reside la esencia misma de pertenecer a la misma nación. Poseen, además dos lenguas, un acervo cultural, que no tenemos los andaluces. Ya con hablar y escribir en español es suficiente. Bastante distintos somos de otros nacionales de Europa, sin embargo, hemos logrado una UE, que nos une en lo fundamental. Separarse no es una buena idea. Ahí están los británicos midiendo si se equivocaron con su Brexit.
Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède, barón de Montesquieu elaboró la teoría política de la separación de poderes. Inspiró la base conceptual de las Constituciones actuales. ‘No hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva’. Está en su libro ‘El espíritu de las leyes’. Releerlo ahora desde la luz de la Ilustración al relumbrón del siglo XXI, puede ayudar a entender qué clase de Estado queremos, necesitamos y avalamos con nuestros votos. Los nacionalismo excluyentes, encerrados en sí mismos, no se compadece con los tiempos que corren, donde lo local tiene que convivir con lo global.