Fuenteovejuna, aquel pueblo donde Lope hizo prevalecer la justicia, es el paradigma de los miles de Ayuntamiento españoles que hoy deben su alma a los proveedores
Son demasiados. 8.116, según el INE, casas consistoriales, asiento de todas las deudas, del mal gobierno y del despilfarro. De las grandes capitales andaluzas, sólo Málaga se salva de este pandemónium deudor. En total las facturas por pagar, guardadas en cajones, en algunos casos, durante 20 años, asciende a la impresionante cifra de 17 mil millones de euros, por ahora.
En millones de euros. Huelva, 150; Sevilla, 52; Cádiz (Jerez), 400; Málaga, 0; Córdoba, 25,5; Jaén, 300; Granada, 107; Almería, 11. La región municipal andaluza totaliza 1.045,5 millones de euros. Llama la atención que Jerez, un pueblo de unos 250.000 habitantes, deba más que cualquiera de las capitales de provincia. Un mapa deudor asombroso. Y esto es sólo en suministros, obras y servicios.
La sorpresa no es que estas facturas lleven guardando el polvo de los cajones décadas, sino que los Ayuntamientos quedarán endeudados con los Bancos durante 10 o más años, y al 5 por ciento de interés. Un soplo de oxígeno para las empresas, pero también para la banca que ganará un buen pellizco. El dinero da vueltas, sale del Estado para salvar a los Bancos, éstos ayudan a los ayuntamientos, que a su vez hace ganar dinero fresco a los banqueros.
De este revulsivo contable sólo se salvan, Barcelona, Valladolid, Girona, Segovia y Málaga. En total, sólo 14 capitales de provincia están sin deudas atrasadas. Entre los casos más sobresalientes, por su relación deuda/habitantes, está Peleas de Abajo en Zamora, donde su alcalde afirma deber unos 4 millones de euros, aunque su población asciende tan solo a los 274 empadronados.
Esta inmensa deuda atrasada, que ha puesto en peligro a cientos de empresas contratadas por los ayuntamientos españoles, tiene un significado directo cual es que los que administran los recursos públicos contraen compromisos económicos más allá de sus posibilidades; que no pagan a tiempo o nunca y abre la posibilidad cierta de reconstruir el mapa municipal. Ya se señala de reducirlos a la mitad: de 8.116 a unos 4.000.
Tal reordenación pasa por agrupar a todas aquellos municipios de pocos habitantes, que significa no contar con recursos suficientes para afrontar, vía impuestos a sus censados, el mantenimiento mínimo indispensable de los servicios básicos. El alcalde de Peleas de Abajo, lo ha declarado claramente, al decir que no podrán afrontar los pagos a los bancos, pues ya tienen embargos importantes de la Seguridad Social y de las empresas eléctricas. O la alcaldesa de Madrid, quien ha anunciado la venta de un lote de edificios de propiedad municipal para afrontar la mayor deuda de un ayuntamiento de España, más de 1.000 millones de euros. La situación es terminal.
Este plan de emergencia, para salvar a los proveedores municipales, no arregla definitivamente la situación económica de los ocho millares de municipios, ya que los deja igualmente endeudados ahora con la banca ‘salvadora’. La solución pasará por una reforma estructural del sistema municipal, que es el primer escalón administrativo público; donde los servicios tienen el contacto directo con los vecinos.
Que la sana administración es posible, lo demuestran las pocas ciudades libres de deudas o casi. Pero la cantidad de los endeudados es tan superlativa que da una idea exacta de la pésima forma de hacer esa tarea. El que sea dinero público no exime, sino muy por el contrario, que esos deudores profesionales del dinero municipal sean en extremo cuidadosos con lo que comprometen y en pagar a tiempo.
También es cierto que en algunas CCAA, como es el caso de Andalucía, se deja a los ayuntamientos obras y servicios que deberían ser financiados por el ente autonómico. Esa segunda descentralización administrativa está por concluirse.
Las cuentas públicas no cuadran por ningún lado. Las Comunidades Autónomas –otras estructuras públicas a revisión– también aportan su tajada de deuda. Algo más de 140.000 millones de euros, un 13,1 por ciento del PIB español. Entre esto, los ayuntamientos y la economía sumergida, que se estima en un 25 por ciento del PIB; ¿cómo no vamos a tener un país en quiebra? Haber evitado, hasta ahora, la intervención de la UE ha sido un milagro de equilibristas sobre el fino alambre sin red protectora en el circo hispano. A doscientos años vista, nos queda celebrar la valiente Constitución de 1812. ¡Viva la ‘Pepa’!