Los funcionarios andaluces en pie de guerra. El absurdo Senado. Guadalmedina: hablan los técnicos. Fitur: la plaza pública del turismo. María, ‘yes, we can’
Algo huele mal en Sevilla. Miles de funcionarios se movilizan contra el decreto/ley de la Junta para la ‘reordenación del sector público andaluz’. Entienden que abre las puertas a la legalización de situaciones irregulares de miles de empleados, que accederían al funcionariado sin superar las pruebas que ellos sí aprobaron. ¿Se prepara el terreno para un eventual aterrizaje del PP en el gobierno andaluz, dejando colocado a los afectos al régimen? Mal asunto, si es el propio gobierno regional quien se salta las regulaciones de contratación pública.
Si Franz Kafka pudiera volver a nacer para reescribir su obra literaria, seguramente lo haría en España y sería igual de implacable al escudriñar el universo del absurdo de la existencia humana. Uno de esos episodios, al que los españoles asistimos con estupor, es el de los ‘pinganillos’ que se han agenciado los senadores todos, tras la presión de las minorías nacionalistas y el beneplácito del gobierno de la nación. En las cámaras están representados los partidos políticos nacionales y regionales, para que defienda y propongan las leyes de beneficio para el país y sus localidades particulares, y eso se puede hacer debatiendo en español, lengua universal, que todos los senadores dominan a la perfección. No ahorraríamos esos 350.000 euros anuales sin crear más burocracia de intérpretes. Es una partida presupuestaria de alto costo en el Parlamento europeo o en las sesiones de la ONU, pero allí se justifica porque hay que entenderse en lenguas que no son maternas. El bueno de Kafka podría titular esta nueva obra como ‘Los senadores españoles que no entendían el español’. Cosas de este país nuestro aún invertebrado.
De lo más cercano, nuestra única industria, al parecer con cierto presente y reclamando mejor futuro se ha paseado por la plaza pública del turismo en Fitur-Madrid, lo más granado de la política andaluza en busca del turista perdido y del pescaíto frito. Hay nerviosismo, porque se sigue hablando de la necesidad de recuperación, de alcanzar los niveles de otros años más venturosos. Los indicadores no son esperanzadores. Hemos pasado del segundo al cuarto puesto por volumen de visitantes extranjeros. Nos superan EEUU, China y Francia. La Junta está en campaña para promover (con fondos Feder de la UE) la movilidad de los andaluces por su propio territorio. Un intento de compensar las estadísticas y de dar ocupación a las camas hoteleras frías, que se quejan del bajón.
El río que ríe, el caso Guadalmedina entra en la etapa de recabar las opiniones de los técnicos: ingenieros, arquitectos, urbanistas, ecologistas, humanistas, medioambientalistas y biólogos. Embovedar o no, esa es la cuestión. En este caso, lo más urgente es esperar. No son estos los meses propicios para cargar a la campaña electoral municipal, con un tema de suficiente calado, como para ser debatido al calor de los eslóganes al uso y la fusilería contra el adversario político. Un debate sosegado, ilustrado y con la visión en el futuro de la ciudad es lo que procede. Después de un consenso verdadero, habrá que buscar el dinero para una operación que debe abrir puestos de trabajo para los malagueños. Al final, puede ser que embovedar con zonas verdes peatonales sea lo más apropiado. Lo que es cierto es que ese cauce inútil hay que aprovecharlo para el progreso urbano, es decir de sus habitantes.
María ya tiene lista. Se copia el lema de Barack Obama, ‘yes we can’ y sigue tan campante con su risa de chica moderna. La lista es de aparato, aunque lleve a tres independientes ajenos a la política partidista. No le votó la agrupación socialista de El Palo, porque ella no tomó en cuenta ninguna de sus propuestas. Pero todas tienen representación, incluido el secretario de comunicación del PSOE andaluz y de organización a nivel provincial, en el sexto puesto, para que, si ganan las autonómicas, pueda colocarse como presidente de la Diputación de Málaga. Total, todo amarrado por el partido como debe ser.
Sea como sea y por una u otra causa, Sevilla es un hervidero de gente llegadas de fuera y abarrotando sus hoteles y restaurantes. Gastan un dinero que no tienen para que lo atesoren los hosteleros sevillanos. Las oposiciones se suceden en esa ciudad, como si no existieran institutos y personal cualificado para constituir tribunales en cualquier otra provincia andaluza y que no sean tribunales sevillanos tirando para los suyos. La singular Sevilla qué tanto agravio levanta dada su poca grandeza, su escaso espíritu de distribuir, sus pocas ganas de dejar de ser la más de todo, su apatía, decadencia aún tantas inversiones, y el escaso mérito que posee para merecer tanto, debería ser ella sola y dejar, por ejemplo a Málaga, ser provincia autónoma. Málaga levanta miles de voces para que se detenga de una vez por todas esta sangría que eleva a los altares a la provincia sevillana y deja en las cloacas a la emprendedora provincia malagueña. Málaga se merece que las oposiciones se celebren aquí, a igual que se mereció que el último congreso del Partido Popular no se lo llevaran una vez más a Sevilla cuando Málaga está tan necesitada de un empujoncito para reducir su injusto desempleo. Ni nos merecemos a Sevilla ni ella nos merece a los malagueños. Esta unión forzada es antinatura.
El tema es sencillo: el Gobierno Andaluz, en un acto extremo de soberbia anti-constitucional y prevaricadora, ha creado un Decreto-Ley con objeto de convertir al personal de las empresas, fundaciones, consorcios y demás engendros públicos (35.000 personas elegidas a dedo por altos cargos del PSOE) en pseudo-funcionarios. Esto afecta a los funcionarios, a los opositores y a los ciudadanos que pagarán impuestos durante generaciones. Primero empezamos manifestándonos los funcionarios: nos enteramos antes de la barbaridad que querían hacer con Andalucía. Luego se unieron los opositores, que ven cómo destrozan sus ilusiones y esfuerzos para colocar a miles de enchufados por la puerta de atrás. Ahora empiezan a movilizarse los ciudadanos en general, que comprenden lo injusto, anti-económico y anti-social de este Decretazo. Parece obvio que, cuantas más personas se informan del asunto, más rechazo social se manifiesta al mismo. Sólo los políticos del PSOE (muchos de ellos por lealtad al partido) y los colocados irregularmente (en muchos casos) en empresas, fundaciones, consorcios y demás engendros públicos respaldan esta locura.
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