Toda Reforma tiene su Contra Reforma. En Andalucía no se ha hecho esperar. La voz disidente se ha levantado con el verano. Es un ‘desatino’, según la Junta
Cataluña se declara insumisa. Asturias proclama que es una injerencia en sus asuntos. Canarias, la califica como ‘el triunfo de la derechona’. Las CCAA gobernadas por el PP ponen cara de resistencia a quitar organismos como las Cámaras de Cuentas o los Defensores del Pueblo. La Contra Reforma está en marcha. Es la reacción a la ya bautizada ‘Reforma Soraya’, que representa la resistencia al cambio. La ‘madre del cordero’ está en la eliminación de organismos duplicados, una situación que se ha dimensionado hasta rayar en el absurdo de la infinita burocracia, sustento y sostén del sistema administrativo español. El gobierno central afronta una nueva batalla con la pólvora mojada.
El fondo del asunto está en el ahorro. Hasta 2015 tal medida supondría dejar de gastar 37.000 millones de euros. La precariedad del déficit impulsa esta reforma, que en otras circunstancias financieras radiantes ni se habría pensando hacer. El documento inicial, que ha desatado las voces antagónicas, está contenido en 253 páginas con 217 propuestas adelgazadoras, una especie de receta de régimen estricto para rebajar grasa, aumentar músculo y aflojar gastos en las administraciones descentralizadas y locales. El legajo, presentado en el pasado Consejo de ministros, ha sido pergeñado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (de allí su bautizo), quien avala un proyecto necesario e indispensable para empezar a manejar un Estado igual, pero más eficiente. Porque a simple vista, parece estar impregnado de un gatopardismo, siempre recurrente y eficaz cuando de cambiar las cosas se trata, ya que es necesario para que todo siga, finalmente, más o menos, igual.
En esta tierra andaluza, el adalid comunista de la Junta, Diego Valderas, mira hacia Madrid –tan cerca de Dios y tan lejos de Andalucía–, debe pensar, y sin pausa declara que es un ‘desatino’, o sea que no atina Soraya, que yerra el tiro, que no es por ahí. Con la vista puesta en los trabajadores públicos dice que tal reforma traerá despidos masivos, recortes en las atribuciones autonómicas, consagradas en el sagrado Estatuto de la región. Ha descartado tocar lo que la reforma sugiere que hay que cambiar; todo el manejo del tema le parece antidemocrático, ya que no ha habido diálogo previo. Ser insumiso le sienta bien, aunque también, como avezado político, asegura estar abierto a discutir los detalles que propone Soraya.
Para dar una idea aproximada del asunto aquí van sus principales ítems:
Factura electrónica. Para quienes contraten con el sector público. En un océano de corrupción generalizada podría ser la forma de ejercer mejor control sobre los cajones repletos de facturas olvidadas, falsas o no tramitadas con prontitud.
Auditoría sobre la productividad y la eficiencia. Una forma de controlar el gasto y su aplicación desde el ministerio de Hacienda, haciendo pública sus intervenciones.
Financiación. El gobierno central retendrá a las CCAA, de sus aportes de financiación, las cantidades que adeuden a sus proveedores, si no han satisfecho a tiempo tales pagos.
Organismos públicos. Se pretende reorganizar unos 57 y suprimir otros 90, entre los llamados Observatorios autonómicos y estatales, donde se duplican funciones; así como 17 de las 48 Fundaciones del Estado. Intragable para las Autonomías.
Violencia de género. Coordinar todos los servicios existentes a fin de mejorar la asistencia a las personas (mujeres/hombres/menores) en estos casos. Parece atinado.
Menos empleo público, menos nómina. Muchas de estas medidas ya se están ejecutando desde 2011, congelación de puestos de trabajo, menos horas libres y bajas salariales. Tales medidas se mantendrán e incrementarán.
Centralizar las compras. Entre estas medidas se encuentran, las medicinas, ahora disgregadas por las CCAA o la contratación de las campañas publicitarias.
Inmuebles. Algo más de 15.000 edificios ociosos tienen que ser vendidos por la administración pública en toda España.
Inmigrantes. Unificar criterios en relación a la integración de los extranjeros que viven en el país. Hay una legislación engorrosa, lenta y disímil, a veces sin criterios claros y en casos a la libre interpretación de los funcionarios de turno.
Como toda reforma de calado, esta tiene luces y sombras. Hay quien dice que no se puede maquillar el Estado español, sin antes cambiarlo en profundidad. El debate tendría que empezar por el Estado de las Autonomías, esos 17 mini-Estados dentro de otro mayor, pero ineficaz en muchos aspectos. Y esas voces federales y republicanas. La batalla de la ‘Reforma Soraya’ acaba de empezar. Una más en este campo de guerra financiera que nos agota, en medio de una tierra de nadie donde igual caen las bombas.