Hemos tardado 35 años de democracia y autonomía regional para plantar una ley de transparencia encima de la mesa. Mientras tanto ha reinado la opacidad
Los periodistas que se enfrentan a las fuentes públicas saben que es muy difícil obtener datos ciertos y en la mayoría de los casos imposible. Parece ser una herencia de los años oscuros, donde la prensa era un estorbo que se ocupaba más del fútbol que de otra cosa, qué más podía hacer en una nación donde la información era que no había ninguna posibilidad de informar. Esa censura instaurada como genética ha prevalecido viva para que nada se trasluzca, para que la sombra de la cosa pública sea opaca, distante, difícil, impenetrable. La Transición no pasó por ahí. El laberinto del ‘vuelva usted mañana’, como moneda de uso para intercambiar nada.
La transparencia se lleva mal con la mentira; ésta, mejor en la sombra, donde toda opacidad tiene su asiento. La transparencia deja pasar la luz, se acomoda bien en el camino de la verdad. Este es aún un país de tinieblas, unas más espesas que otras. En un agitado mar de corrupción, que va de las cercanías de la Casa Real, asiento de la jefatura del Estado, hasta el más recóndito ayuntamiento pueblerino, pasando por el pozo sin fondo de esta Andalucía plagada de ERE o una Cataluña encastrada en una casta familiar que dispone de los dineros públicos, mientras juguetean con la independencia. Donde los cargos públicos aún van en confortables coches oficiales, sin haberse acostumbrado a subir al autobús o al Metro, donde haya; mientras despachan en el secreto rincón de sus oficinas dietas extras, sobresueldos, prebendas o se autorizan gastos de viajes a ninguna parte. La transparencia brilla por su ausencia y desconocimiento, ni está ni se la desea.
España es aún uno de los pocos países de la UE sin Ley de Transparencia. Claro, es una democracia juvenil si la confrontamos con el viejo Reino Unido o la Francia. Aquí acabamos de entrar en ese club, 35 años es una minucia en la historia de una de las naciones que fundaron los Estados nacionales de esta vieja achacosa llamada Europa. La norma se titula ‘Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno’. Más ambiciosa imposible. Presupone que si hay libre (le faltó esa palabra) acceso a la información pública (cosa que no hay realmente hoy), la transparencia se dará por añadidura. Además, se logrará un ‘buen gobierno’, cosa que no depende sólo de que haya absoluta transparencia, sino en administrar los recursos de manera eficiente. Bueno, algo es algo.
De lo que se trata es de acotar las posibilidades de corruptela; que una normativa precise y obligue al funcionario responsable de turno, sea electo o puesto a dedo, a informar sobre los procesos que haya gestionado, sobre todo si hay dinero público de por medio. Pero no sólo eso. Qué me dice de la oscuridad que rodea el funcionamiento de los partidos políticos, grandes, medianos y pequeños; de los sindicatos; de los organismos, públicos y privados, que funcionan con dinero público; de las Autonomías, que escapan a controles y permiten la instauración, desarrollo y mantenimiento en el tiempo de años de tramas corruptas como los ya tristemente famosos ERE de Andalucía; o las Diputaciones, asiento de cargos políticos que no tienen sillones en otras instituciones y, finalmente, los ayuntamientos que se han multiplicado como hongos y que, en muchos casos, son casas del desorden presupuestario, véase Jerez; sin olvidar el blindado estamento militar o eclesiástico.
La transparencia es ancha y ajena, pero necesaria en medio del caos financiero público y privado por el que transita esta bisoña democracia. Ninguna agrupación política ha levantado la voz en contra de esta Ley, muy al contrario se ve unanimidad. Algo muy sospechoso en este país, donde se levantan voces a favor o en contra de algo tan simple como que los ciclistas usen o no un casco de manera obligatoria. Pero con la transparencia todos de acuerdo, ¿será porque su aplicación estará lejos de cumplirse a cabalidad?
Los vericuetos de la administración pública española, tan amplia y dispersa por ese Estado central más 17 Autonomías autonómicas, son tan disímiles que una simple norma como la de no poder fumar en recintos cerrados, no se pudo aplicar hasta pasados dos años largos, pues cada quien interpretaba la disposición a su antojo y conveniencia. Esta de la transparencia tendrá, igualmente, sus bemoles. En esta baja Andalucía la Junta se apresta a interpretar esa transparencia a la penumbra de un gobierno local reacio a cumplir con indicaciones centralista. Por aquí están acostumbrados al secretismo, que les ha llevado a estar instalados en el poder absoluto desde que se inventó este mini-Estado andaluz cortijero y olé.