Parece improbable que el PP tenga un plan contra una de las pocas instituciones públicas de Málaga que funciona pese a todo. Pero ha habido ataques
A la vista de la crisis se hace insostenible mantener 11 Universidades públicas en Andalucía y la Junta, que administra esos recursos avisa que sus arcas para la educación superior están secas. En este panorama, dos voceros del PP malagueño, el alcalde de Málaga, desde Nueva York, puso en duda la calidad de la Academia malagueña y la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos se explayó en contra de su rectora, Adelaida de la Calle en un cónclave juvenil de su partido. Enseguida, la oposición aprovecho el viento a favor y anunció un plan del PP contra la Universidad local e incluso aventuró una ‘vendetta’ en contra de la rectora, por aquel plante que dio al ministro José Ignacio Wert, como presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
El telón de fondo de esa posible animadversión está en la posibilidad de que la Universidad Católica de Murcia abra un campus subsidiario en unas dependencias municipales, que serían alquiladas o vendidas por el Ayuntamiento a dicha institución privada de enseñanza superior, que está orientada por los ‘kikos’, católicos de base de intensa actividad secular. Las conversaciones que duran ya dos años, se han intensificado en los meses recientes. Su expansión ha colocado un campus en Alicante. En Andalucía sólo hay una Universidad privada, Loyola, administrada por los Jesuitas, tiene dos campus en Córdoba y Sevilla, este último abrió clases en octubre pasado.
Como quiera que sea, para que una Universidad privada opere en el territorio andaluz necesita cumplir con una dura requisitoria que impone la Junta; la primera autorización legal ha sido a la citada casa de educación superior jesuita. Con tal antecedente se podría esperar que la de Murcia obtenga igual permiso. Si sumamos a eso la necesidad imperiosa del Ayuntamiento por obtener liquidez, es muy probable que la operación se cierre con éxito para las arcas municipales malagueñas.
El momento de flaqueza de la universidad pública andaluza con sus recursos disminuidos y el personal docente e investigador en sus horas más bajas, dan alas al desembarco de la educación superior privada, que está en manos mayoritariamente del sector católico, con amplia experiencia de siglos en tales lides. Los rectores de las 50 universidades públicas españolas, agrupados en la CRUE, que preside la rectora Adelaida de la Calle, lo saben de sobra. Ayer presentaron una petición para que se les dé una ‘financiación suficiente y sostenible’, pues consideran que el deterioro de la docencia y la investigación han caído a unos niveles intolerables.
En la Universidad de Málaga, las goteras calan clases y salones de actos. La calefacción está en mínimos. Los sueldos de los profesores han sufrido dos garrotazos (en junio de 2010 y ahora con la NO-paga extra de Navidad), mientras aumentan las horas docentes de 240 a 320. Las plazas están congeladas. La investigación es incompatible con tanta escasez. La excelencia y la calidad se hacen cada vez más difíciles de alcanzar. Por no hablar del cacareado Plan Bolonia, que con todos sus defectos, tiene sus virtudes, pero que no se podrán conseguir en medio de recortes tan drásticos. En realidad, Bolonia se quedará a medio hacer. Una reforma general europea que en España tendrá que esperar por mejores tiempos.
Sí, es cierto que no tenemos una UMA al nivel de las primeras universidades europeas o americanas, pero hay que arrimar el hombro ante una institución que celebra el próximo jueves 13, cuarenta años apenas. Con 40.000 estudiantes y un campus en expansión. Con un hospital de referencia. Con investigadores que colocan sus trabajos en el entramado empresarial local, nacional e internacional. Con jóvenes docentes preparados a conciencia y con profesores que, en su mayoría, se aplican a su tarea con la vocación y entereza que educar requiere, pese a la crisis. Aún, al menos en Málaga, no han salido a la calle a decir estas cosas que les agobian. Las clases son lo primero y esos horarios son inflexibles, no hay tiempo libre para manifestarse.
Los comentarios contra la Academia malagueña no ayudan a despejar las dificultades, porque no aportan nada que no sepamos quienes estamos en la misma. Hay que avanzar y mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación, pero para eso se necesita más presupuesto. La libertad de cátedra cuesta dinero no es gratis porque sea pública.