Las autoridades de la Junta de Andalucía parece que han cambiado de opinión acerca de Málaga. Será por la proximidad de las elecciones autonómicas
Esta crisis viene siendo ya más larga que una condena perpetua. El diálogo entre instituciones se impone como un remedio a la inacción. Pero por más voluntad que exista, los dineros públicos no es que no den para más es que están más que agotados. Proyectos hay desde mucho antes de la crisis, como no se pusieron de acuerdo sus señorías; ahora, aunque lo estén, no hay dinero para tanta inversión. Es bueno que las relaciones si no cordiales, sean fluidas poniéndose de acuerdo en lo que nos une, aunque sean finos hilos de seda. Pero, ¿dónde está el dinero? Los bancos no prestan, están colapsados y esperando el maná del Estado; éste no tiene ni para pagarse a sí mismo; el sector privado no se mueve sino es para cerrar empresas pequeñas, medianas y no tan chicas. Así el horizonte, los administradores políticos de la Junta de Andalucía de nuestras carnes y del Ayuntamiento de Málaga se han visto las caras sonrientes, aunque sabiendo que el asunto está negro como el espacio sideral.
Unos, espléndidos, mostraron un decálogo de temas; otros, anhelantes, veintiséis proyectos para la ciudad. La mesa aguantó el tirón de futuro y acordó que se acordará más adelante lo que haya que acordar. En este nuevo kilómetro cero, en este mapa de intenciones, en esta hoja de ruta local, nadie asomó del dinero. Ninguno puso la cartera encima de la mesa. Por otra parte, lo que no se hizo hasta hoy, ¿se podrá iniciar a unos ocho meses como máximo de las elecciones autonómicas y generales? Como aquella canción italiana de despecho amoroso: ‘Parole, parole, parole’. La mar sigue calma, la corriente es subterránea.
Está claro que hubo o quiso haber sinceridad, confianza, sin concretar los montos presupuestarios para ese decálogo o las otras tantas actuaciones. El alcalde de la Torre, que ya milita en la secta de los escépticos, subrayó: “Salgo con la sensación de satisfacción y de esperanza, pero me gustaría confirmarla con los hechos, con reflejos presupuestarios para estos proyectos”. Está claro el hombre, pero sabe como el que más que no hay dinero para tanto sueño. El PGOU, que por fin se aprobará en un Pleno extraordinario del Consistorio, para que la Junta proceda a publicarlo de manera oficial, será un marco ordenador de la urbe malagueña, pero no hay plan, por bueno que sea, que resista el embate del tsunami presupuestario, que arrastró y volvió lodo sin valor todas las reservas.
También se habla, como de una tabla de salvación precaria en medio del océano de la escasez, de privatizar. Una palabra talismán que tiene sus bemoles. ¿Qué empresa privada va a arriesgar capital en comprar una tele deficitaria o en rescatar una promoción de viviendas protegidas? El sector privado está a la espera de que escampe. No va a poner un euro en empresas de riesgo, ya tiene suficiente con no cerrarse a ellas mismas. Además, en España no hay cultura de la participación privada en la cosa pública. Se repelen como el agua y el aceite. Tal vez la misma crisis abra esa puerta, pero hasta ahora no se han visto indicios sólidos de tales prácticas.
Una multinacional del control de las aguas urbanas amaga con asociarse con la Emasa de Málaga. Los responsables políticos ven esa posibilidad con buenos ojos, pues ‘adelgaza lo público’; se comparten responsabilidades y se fijan criterios más estrictos de viabilidad, de productividad, de beneficios. La fiebre privatizadora ha tomado cuerpo en el Estado español a todos los niveles. Teles autonómicas, aeropuertos, loterías, autopistas; sólo la sanidad y la educación se muestran públicas a todo trance, veremos hasta cuando aguantan. La tendencia es a la asociación a diferentes niveles entre la inversión pública y la privada. Aunque la prestación de servicios públicos, como el suministro y depuración de aguas, es un campo minado para el usuario, que puede verse en manos de la presión de la cuenta de resultados de las empresas privadas, pese a que el control municipal o autonómico les sea impuesto.