Es este país plagado de dobles y triples cargos, el Constitucional le ha plantado cara a tanto acaparador. Un cargo para cada uno es más que suficiente
La ley recurrida declara que los cargos de alcalde, presidente de diputación provincial y presidente de las mancomunidades de municipios es incompatible con el mandato de diputado autonómico, por lo que, en el caso de que se acumulen ambas condiciones, debe optarse por una de ellas. Triunfo legalista de los socialistas que ratifican su lema: ‘una persona un cargo’. En el PP, Esperanza Oña, incombustible alcaldesa de Fuengirola, es la más conocida de los regidores que tendrán que decidir pronto su propia elección. Seguramente se quedarán en sus alcaldías rumiando su único cargo.
Otros alcaldes afectados por esta ley andaluza de incompatibilidades es el de Huelva, Pedro Rodríguez (ha dicho que se queda de alcalde a secas); y Dolores López que asiste al parlamento andaluz, mientras es la alcaldesa de Valverde del Camino, quien decidirá próximamente. Además de la citada Oña, que tendrá que dejar de ser la vicepresidenta segunda de la Cámara de Andalucía y las prebendas que eso otorga. Los otros afectados (seis del PP y uno (famoso donde los haya) de IU, son: Zoido (alcalde de Sevilla), Nieto (alcalde de Córdoba), Rodríguez (Huelva), Cara (La Mojonera, Almería); y el de IU Sánchez Gordillo (Marinaleda, Sevilla). Una colección de super-alcaldes que van de sus pueblos grandes o pequeños a la gran Sevilla a parlamentar con los gastos pagados.
Hay otros municipios, donde los regidores del PP, no acaparan cargos, la de Marbella o el de Vélez-Málaga; y otros que son tentados por las altas Cámaras nacionales, como Paco de la Torre, que calentó el sillón senatorial durante un par de años, hasta que los indicadores de los sondeos le han hecho recular a su despacho de la alcaldía malagueña en exclusiva. El Senado puede esperar y siempre se puede retornar al tranquilo curul senatorial. A la hora de elegir prefieren el calor del voto directo en ciudades por limpiar que el tranquilo escenario del cementerio de elefantes, que parece el Senado español. Ese retiro no encaja bien en las mentes de esta clase de políticos a perpetuidad y a tiempo completo, aunque divididos en dos o tres actividades simultáneas.
Hay signos esperanzadores en este sistema tan denostado por estos días. Con estas decisiones parece que el espíritu de Montesquieu no ha muerto del todo, como preconizaron mentes preclaras a raíz del inicio de la transición. Al final el Constitucional sirve para algo, al menos en ocasiones como esta. La democracia es el menos imperfecto de los sistemas, que se le atribuye a Winston Churchill, pero a veces esas imperfecciones son gruesas y duras como troncos de robles. En estos días se habla mucho de que gobierne el alcalde más votado, que propone con insistencia y hasta vehemencia el PP, se le apaga ahora la voz, porque esa reforma de gran calado no se puede hacer a siete meses de las municipales de mayo/2015. Beneficiaría fundamentalmente a los candidatos del PP, que miran con estupor el bajón en las encuestas electorales. Y no es porque la izquierda tradicional se vea tranquila, con el aluvión bolchevique universitario que le acelera por el carril izquierdo.
En este caso de incompatibilidad manifiesta, la norma constitucional afecta a siete regidores de Andalucía, seis de ellos del PP y uno de IU, como se ha señalado en párrafo anterior. Es una batalla que gana el PSOE, pero no es la guerra aún. Lo previsible es que esos alcaldes se resguarden en sus municipios, que es la buena imagen que vale para los electores y dejen los viajes a Sevilla para otra ocasión. No está el panorama para alharacas con los comicios encima.
Queda una larga puesta al día de esta democracia bisoña y orgullosa. Las libertades, una vez conquistadas hay que renovarlas y desarrollarlas. Es un bien, no sólo escaso, sino fungible. Y eso pasa por, entre otras cosas, revisar la caducidad de los mandatos a todo nivel, incluido los alcaldes, diputados, presidentes de comunidades y del gobierno central. En este país nuestro, con esa tradición histórica de caudillismo, personalismo y amiguismo, no es conveniente que los cargos electos puedan serlo ad infinitum. Hasta algunos honorables presidentes heredan fortunas en sus treinta años en el cargo. No se salvan los grandes sindicatos, incrustados en los intersticios del poder, donde medran en cursos, viajes, comilonas. Después se molestan cuando los bautizan como ‘la casta’. De lo que se trata es de evitarlas, creando controles firmes y serios, aunque no prometiendo el paraíso en la tierra, que eso ya resultó un fraude igualmente. Tal vez esta decisión constitucional sea un ejemplo a seguir.