Como esos autorretratos de moda que en inglés se llaman ‘selfies’, el alcalde se ha fotografiado, sin darse cuenta, con sus hermanos que acusan al Ayuntamiento
En asuntos familiares, las filas cierran prietas. Una reclamación judicial de un grupo de ciudadanos en torno a una edificación heredada, parece normal. La cuestión salta a los titulares periodísticos cuando uno de ellos es el propio primer edil de la ciudad. Como capital de esta costa soleada, en una eterna primavera cegadora, que el surrealismo se mezcle con situaciones del absurdo ya no sorprende a nadie. El alcalde y sus siete hermanos se enfrentan a la Junta de Andalucía y al propio Ayuntamiento al reclamar el pago de la herencia de una casa de su madre, que fue derruida por amenazar ruina. El enredo viene de lejos, como siempre acercarse a la justicia es tema farragoso y de gran lentitud.
Hace ahora casi seis años la gerencia de Urbanismo, que tan al dedillo conoce el alcalde estableció un informe técnico, como es preceptivo en el departamento de Ruinas, valorando el inmueble de la familia de la Torre Prados en 31.427,14 euros. Ese era el valor del suelo, los costes de la demolición y las indemnizaciones a los inquilinos que allí habitaban. Los herederos al no quedar satisfechos con ese monto, presentaron alegaciones. Aportaron razones técnicas y la gerencia de Urbanismo del Consistorio procedió a rectificar al alza. En septiembre de 2009, casi un año y medio después de la primera valoración, la establecieron en 167.030 euros como el importe a pagar a la citada familia. Al día de hoy no han cobrado aún, nada extraño en una administración pública como la nuestra, cuyo caminar se enreda en los vericuetos múltiples de la lentitud.
Aunque al malagueño de a pie le puede parecerle insólito que una reclamación administrativa contra el Ayuntamiento vaya avalada por el mismo jefe de la casa, éste ha dicho a los periodistas que es un puro trámite formal y que el abogado de la familia había considerado indispensable demandar a las dos administraciones involucradas en el asunto. Ejerciendo su legitimidad como ciudadano común el alcalde acompaña a sus hermanos, reclamando su parte de la citada herencia familiar. Aunque el tema es peculiar, ya que al aplicar los derechos civiles, parece extraño que sea el regidor de la ciudad quien se enfrente a sí mismo. Un caso para estudiar en las aulas de Derecho y Política.
En su peculiar forma de explicar los asuntos públicos, y éste lo es, el alcalde ha dicho que no se había enterado de que sus hermanos habían presentado la reclamación por los canales judiciales. Cara de sorpresa de los periodistas, ¿cómo?, parece difícil de tragar. En una petición de ese tipo, aunque la presente el abogado familiar, constan los nombres de los involucrados. Y siendo uno de ellos quien es no cuela que el letrado no le haya avisado. Pero, bien digamos que fue un lapsus y se enteró ‘meses después’, como ha dicho, pero tiembla la silla edilicia en una alcaldía donde nada se mueve sin el conocimiento meticuloso de este primer edil incansable. Como explicación de lo sucedido, de la Torre aduce su condición de ciudadano, que, junto a sus hermanos, se ha visto ‘arrastrado’ a ejercer un derecho para que se les pague la cifra señalada por Urbanismo. Atribuye la iniciativa a sus familiares, aunque con su consentimiento, ya que ‘¿cómo me quito la propiedad de esa octava parte’? Está por verse si a la Junta le parece bien la cifra a pagar.
En un período municipal, donde el regidor ha sido pacto de todo tipo de ataques: tarifazo del agua, incremento del IBI, huelga de limpieza, multas parar promocionar a los policías municipales, los cambios en cadena en su departamento preferido, Urbanismo; los anuncios sobre su candidatura para el próximo año, ahora se le suma este otro enredo familiar, que sale a la luz protagonizado por él. Nadie discute que Paco y sus hermanos estén en su derecho, excepto la oposición socialista que ha levantado la voz, aprovechando este nuevo episodio. Un caso, ha dicho María Gámez, de doble personalidad, al señalarlo como principal responsable del urbanismo de la ciudad y su acusador.
Todo este enredo de película se proyecta en la pantalla de la deuda municipal. A pesar de haberla reducido en 2013 un seis por ciento, según el Banco de España, la ciudad está aún en 120 puntos, lejos del 75% que le exige el Estado. Traducido a cifras absolutas, son 701 millones de euros, tras reducirla en 47. Si la repartimos entre el censo de Málaga, cada malagueño debe 1.233 euros. Este esfuerzo para nivelar el presupuesto local, no esconde la presión fiscal municipal, que se tendrá que ejercer para mantener esa nivelación a la baja y la constante reducción del gasto general. Málaga es la tercera de las seis grandes capitales en la que más ha bajado el endeudamiento en el último año.