Sorprendió a Málaga con una Limasa solamente pública. Nadie en la oposición le cree, sus socios de gobierno y algunos de los suyos tampoco. La operación tiene flecos sueltos
El primer obstáculo son unos 10 millones de euros, que el Ayuntamiento deberá desembolsar si quiere tener a esa aguerrida tropa en paz. La autoridad municipal encargada de la limpieza urbana acaba de asomar un cambio de estampitas en el patio de recreo de Limasa. Dejar todo en cero, un ‘borrón y cuenta nueva’, para arrancar con una novedosa, limpia y venturosa empresa pública, inédita en la ciudad. Las cabezas sindicales, que conocen su nuevo poder judicial, han dicho que no, ‘bajo ningún concepto’ aceptan ese truco. Primero cumplir con la sentencia firme del Tribunal Supremo. Es decir, pagar esos millones, y después municipalizar la empresa al completo. De pagar la cifra a la que obliga la decisión judicial, aparecen en el horizonte otros lazos por atar. Unos 1.800 operarios que se convertirían en funcionarios sin haber pasado por las convocatorias públicas para ese tipo de empleos. Discutir un nuevo convenio colectivo. Hacer frente en solitario a inversiones próximas a los 100 millones euros. Las posiciones están tomadas. El Ayuntamiento tendrá que pactar la forma de cumplir con la sentencia e iniciar las reuniones para hacer la conversión. Que los trabajadores renuncien a sus derechos salariales acumulados desde 2010, ahora avalados por la Justicia, no va a ser posible.
Tras años de pleitos, algunas huelgas salvajes, avances y retrocesos en las negociaciones entra la empresa mixta (Privada 51%/Municipal 49%) y sus trabajadores, el frente sindical ha ganado la guerra. La razón se la ha dado el Poder Judicial. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ahora el Supremo, que ha firmado la sentencia definitiva. Llegados aquí, el convenio con las empresas privadas ha concluido. Es el momento del cambio en la administración y gerencia que tanto se viene reclamando. Es el día de crear una empresa igual, pero diferente. Que funcione mejor en la limpieza de la ciudad, desde el Centro a cada uno de los barrios. Ha sido la voz de la oposición a la izquierda del PP; que gobierna con el apoyo, siempre condicionado, de los Ciudadanos locales, y que siguen sorprendidos por el anuncio del alcalde.
A lo que obliga la decisión del Supremo es que los trabajadores recuperen todos los derechos económicos escamoteados, según el sindicato, desde 2010, en un convenio colectivo aún vigente. Tal costo, aplicado a los 1.800 operarios, alcanza a unos 10 millones de euros. Mientras el comité, que es la voz de los trabajadores, ha dicho que ese pago es irrenunciable. El Ayuntamiento afirma que tal cifra es inasumible. Las escobas de guerra acaban de aparecer de nuevo. Con la Justicia de su parte, el comité, tiene la batalla ganada antes del enfrentamiento que se aproxima. La decisión del alcalde no solventa el clima de tensión que nunca se ha controlado desde hace casi 20 años, sino que abre una nueva puerta al conflicto laboral. Tampoco garantiza que la ciudad vaya a ser considerada como una urbe donde la limpieza brille con luz propia. El proceso apenas comienza y su desarrollo aún puede dar sorpresas. Ganaría en control de la nueva empresa, pero con escasa capacidad de inversión.
Es de prever que los derechos ya adquiridos y reconocidos en la sentencia del Supremo, sea una reivindicación ineluctable en un posible nuevo convenio colectivo. Reúne la plantilla a esos 1.800 empleados fijos, a los eventuales y a los llamados fijos discontinuos. Se le reconoce a todos ellos la paga de productividad (1.431/€); descanso escalonado los fines de semana; vacaciones de verano; pagos extras por trabajar en festivos (140/€); complemento adicional en caso de hospitalización o incapacidad; dos uniformes al año; cesta de navidad y, finalmente, recuperar los incrementos salariales de estos años. No es un mal convenio, para unos resultados tan deficientes en la limpieza integral de la ciudad. Uno nuevo partiría, sin duda, de estos derechos y agregaría algunos más. La actual empresa aún sigue pegada a una querella judicial. Tras tener en sus manos la sentencia definitiva, demanda un requerimiento que habían pospuesto a la espera del Tribunal Supremo. Tratan de arañar a su favor aspectos del convenio vigente que les parecen impropios. Se verán las caras en una nueva vista el próximo 17 de septiembre. Aunque todo apunta a que perderán, ganan tiempo que en estos casos es oro.
Este asunto es el más grave que ha tenido y tiene el Consistorio malagueño. En las dos últimas décadas se han desangrado entre los altos costos de mantener limpia a la ciudad, sin lograrlo, y en los altos pagos a los privados, en una gestión a todas luces deficiente. El trabajo de mantener unos niveles mínimos, decentes de la limpieza del perímetro urbano no se ha resuelto en todo ese tiempo. Municipalizar a esta empresa, un cáncer para la gestión pública municipal, está por verse si será una buena decisión. Cómo se haga la transición y, sobre todo, cómo se gestione esa nueva empresa serán las claves. En todo caso el objetivo de tener a Málaga limpia será el mismo con privados o sin ellos. El alcalde, a 10 meses de las elecciones, acaba de abrir una nueva puerta al conflicto inacabado de Limasa.