La última fechoría de la narco dictadura venezolana ha sido repudiar a España. Acorralados internacionalmente, huyen hacia delante. Ningún Maduro es eterno
La expulsión del embajador español de Venezuela, Jesús Silva Fernández, tras la declaración unilateral del gobierno de Nicolás Maduro declarándolo persona non grata, ha propiciado la respuesta de España en el mismo sentido, como es usual en la diplomacia internacional. Es el final de una cadena de desencuentros encabezado por los discursos insultantes hacia el Ejecutivo español, por parte del presidente venezolano. El detonante ha sido el papel jugado por Mariano Rajoy en defensa de la oposición del país de Simón Bolívar, de los presos políticos de larga data, así como la influencia de España en la UE para desarmar la red de blanqueo de dinero espurio de buena parte del aparato gubernamental del chavismo-madurismo en el poder desde hace casi 20 años. Tal cúmulo de acontecimientos ha provocado la convocatoria apresurada de elecciones presidenciales en Venezuela. La comunidad internacional sostiene que son ilegales, ya que es una decisión de una Asamblea Nacional Constituyente, nombrada por el Ejecutivo al margen de la Asamblea de los diputados con mayoría legal de la oposición. La revolución bolivariana se cuece en su propio caldo de corrupción.
La virtual ruptura de relaciones diplomáticas ensucia aún más si cabe el panorama hispano-venezolano. Allí residen aun unos 200.000 españoles, la Embajada de España reúne a 150 funcionarios repartidos en la delegación y el consulado, que seguirán en sus puestos por ahora. Sin dudas, la situación es la más grave desde que ambos países tienen relaciones. La UE, por unanimidad, decidió sancionar a siete dirigentes relevantes del gobierno venezolano. Entre los que destacan, el ministro de Interior, Néstor Reverol; el hombre fuerte del sector militar, Diosdado Cabello y la presidenta del consejo electoral, Tibisay Lucena. La acusación europea es clara: “Menoscabar la democracia y el Estado de derecho, graves violaciones de los derechos humanos; reducir las competencias del Parlamento de mayoría opositora desmantelando por la Constituyente”.
La Justicia española, desde la Audiencia Nacional está investigando a la antigua cúpula de Petróleos de Venezuela (PDVSA), con Rafael Ramírez a la cabeza, por blanqueo de capitales. La base de tal investigación está en la presunta transferencia de dinero a España hecha por los señalados directivos de la empresa estatal venezolana. Como en toda tragedia política, los antiguos socios del poder chavista, ahora son enemigos. Ramírez, enfrentado a Maduro por ser el candidato en las próximas presidenciales, es refractario a muerte de su antiguo camarada. Nada inusual en la historia por el poder. Los caimanes del mismo pozo, otrora compinches en la organización del asalto al poder petrolero, ahora se muerden la cola.
La trama está vinculada a las pesquisas hechas desde los EEUU, que la justicia española está atendiendo. El Departamento de Justicia estadounidense reclama a Javier Alvarado Ochoa y a Rafael Reiter Muñoz, vinculados a un entramado de sobornos en ese país. España tiene abierto el procedimiento de extradición para los dos, ambos vinculados al entorno de Ramírez, han tenido empresas en España, según consta en el Registro Mercantil. Otros implicados, bajo la lupa de la justicia española son: Nervis Villalobos, Luis Carlos León Pérez y César Rincón Godoy. Todos ellos, al amparo de un gobierno que se ha apropiado de la riqueza petrolera para beneficio propio. Altos delincuentes como son, esquilmaron al país más rico de América Latina. Se creyeron inmunes a los procedimientos judiciales internacionales. Ahora, perseguidos por Europa, EEUU y sus mismos camaradas de antes, puede que tengan que pagar con cárcel permanente sus amplias vidas de lujos y desmanes políticos.
Con un cerco judicial tan amplio, desde la UE y los EEUU, no es de extrañar que Maduro expanda sus insultos e intente defender su gestión, imposible de salvar. Ha conseguido arruinar a su país. Contabilizar los datos de inflación, desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de la situación deplorable del sistema sanitario, del incremento de la desnutrición y mortalidad infantil, del desamparo de la población mayor; de la delincuencia, que deja en la morgue a miles de ciudadanos cada año, de la aguda crisis humanitaria que asola a Venezuela, es comprobar el mayor crimen de lesa humanidad de estos tiempos. Según los analistas más y mejores informados, la intervención internacional es inminente. No queda otro camino, para intentar deponer a esa banda de delincuentes, que desde el poder someten a su pueblo a la mayor miseria.
El nuevo escenario comicial es convocado en un momento crítico para la oposición. Sin haberse recuperado de la derrota municipal, se enfrenta de nuevo a unos comicios amañados desde el gobierno bolivariano. El dilema es participar, con un solo candidato de unidad, aunque ir sin mayores opciones de triunfo o coger el difícil camino de la abstención. En ambas opciones el gobierno ganaría con su bien armada trampa ‘democrática’, para perpetuarse seis años más. Una fórmula de aparente legalidad que les ha atornillado en el poder cada vez más sólidamente. La puerta hacia un verdadero estado de Derecho parece cerrada por ahora.