Con excesivo plomo en las alas, los exguerrilleros de las FARC quieren que les voten. El Socialismo del Siglo XXI, vía electoral, con dinero del narcotráfico está de moda en Latinoamérica
Tras 50 años de lucha armada por construir una Colombia comunista, la FARC depusieron los fusiles para entrar en la lucha por el poder a través del voto. Tras sí quedan 250.000 cadáveres y sobre 7 millones de víctimas entre heridos, desplazados, desaparecidos. El peso social, económico y humanitario ha sido enorme. Tras un ideal se ha jugado con la inestabilidad de un país que, pese a eso, ha conseguido mantenerse dentro de la órbita democrática. Cambiado el plomo por las papeletas de votación, el próximo año las FARC, mantienen sus siglas, pero con un significado diferente. La operación de marketing político puede que les perjudique, ya que FARC en Colombia tiene el significado de muerte. Ahora son la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es decir FARC. Y, como no podía ser de otra manera, su máximo líder Rodrigo Londoño Echeverri (a) Timochenko, está ya proclamado candidato del movimiento guerrillero. Su cambio de uniforme de montaña, por la chaqueta de aspirante a la presidencia no le quita el rechazo social que acumula. Los colombianos de todas las esferas se preguntan si es admisible que individuos con condenas y antecedentes penales puedan ser candidatos.
El Senado colombiana no ve claro la legalidad de tal situación. Se escuda en la Jurisdicción Especial para la Paz, al abrigo de los acuerdos de Paz de La Habana. El presidente Juan Manuel Santos podría echar mano a decretar el estado de excepción y emitir un decreto para permitir un velo de legalidad a los candidatos exguerrilleros. Toda apunta a que se resolverá y todos podrán realizar sus campañas como aspirantes a cargos electos. La pregunta es ¿qué opciones reales tienen para ganar la presidencia? Tal vez sea difícil en esta primera convocatoria, pero el poder electoral de las FARC es potente. El gobierno les otorga 10 millones de dólares para su campaña. Poseen reservas, difíciles de calcular, provenientes del narcotráfico. Fue el negocio que permitió subsistir a un ejército guerrillero de unos 15.000 efectivos. La ayuda del régimen venezolano en tal negocio ilegal fue decisiva. Los analistas afirman que aún lo es. La mayor parte del territorio que controlaban era fronterizo con Venezuela.
Según el análisis de Alejandro Santos Rubino, director del prestigioso medio colombiano SEMANA, Colombia encara un 2018 dejando en el pasado reciente a esos 50 años de guerra interna. En resumen las claves principales.
1) Política. 2018 como año electoral de transición. Puede que el voto se posicione hacia el centro derecha. El pensamiento Uribe estará muy presente. La novedad es cómo recibirá el electorado a una FARC ahora partido político de la extrema izquierda. Una constituyente está prevista.
2) Seguridad. El postconflicto armado sigue presente en 150.000 hectáreas de coca. Una extracción minera ilegal en un 80%. Preocupa poder cubrir son seguridad y legitimidad los espacios dejados por la FARC en el territorio que controlaban para que no los ocupe el ELN y bandas criminales.
3) Economía. Afirma el director de Semana, que el turismo puede ser la gran esperanza para una Colombia más próspera, que debería apuntarle a ser una potencia turística similar a México. También manejar bien el panorama internacional del petróleo y, seguramente, dar un apretón fiscal. La lucha contra la corrupción será el caballo de Troya a vencer.
4) Convivencia. Una cosa es silenciar los fusiles y otra construir la paz. Este año comienza ese objetivo. Para eso, el papel de la sociedad civil juega un papel fundamental. Lo que no ha habido en medio siglo es un país sin FARC. Desde su desaparición han caído los índices de homicidios, secuestros, tomas de pueblos, desplazamientos forzados, víctimas de minas, reclutamiento de menores, ataques a las infraestructuras.
El acuerdo de paz colombiano, que fue rechazado en primera instancia y reconducido para ser aprobado en plebiscito, ha sido un apaño con demasiadas condiciones favorables al grupo armado. Con tal de desactivarlo, se ha jugado a concederle muchas, demasiadas prebendas. Tal vez por eso fue rechazado por el pueblo colombiano en una primera votación. No es casual, en política las casualidades nunca existen, que la mesa de negociación se instalara en La Habana, desde donde siempre se alentó, apoyo y entrenó a los guerrilleros de Timochenko. Este líder armado, ahora candidato a la presidencia, tiene un largo prontuario delictivo. Se le atribuyen 182 procesos judiciales, 141 órdenes de captura, 16 condenas por: asesinatos, entre ellos niños y el obispo de Cali, monseñor Isaías Duarte; secuestros de menores, torturas, toma de rehenes, violaciones a menores, colocación de coches-bomba en municipios, centros comerciales, bancos; ataques a hoteles y comisarías de policías. En 13 sentencias, estaría condenado a 488 años de prisión. Timochenko ha declarado en reiteradas entrevistas no estar arrepentido. Se justifica como un luchador por la libertad de Colombia. Este personaje puede que llegue a ser el nuevo presidente de su país. Tal vez no en 2018, pero el camino ya está trazado. Una Colombia comunista con su aliada Venezuela sería un peso específico demasiado tenebroso en el ajedrez político de Suramérica.