Los barcos escoran por los estibadores. Los diputados del PP pierden contra la oposición. El futuro olfatea las urnas de nuevo. El zulo de ETA huele a pólvora
El resultado de la votación en el Congreso de los Diputados, al rechazar el decreto gubernamental que pretendía liberar a los estibadores españoles, según marca la sentencia emanada de la UE, es la metáfora política de un PP que gobierna en precario. Ha pasado de estar en funciones a la cuerda floja del equilibrista sin red de protección. Creía tenerla con esos Ciudadanos que recogen velas cuando el viento viene de proa. Y un PSOE que no ha olvidado su empecinado ‘No es No’, y que ahora les vale para poner al gobierno ante el espejo de su minoría real. El voto contrario de los chicos de Podemos se sabía. Tal panorama se enfrenta a la próxima escaramuza parlamentaria, donde el objetivo mayor hará ahondar esa sensación de que el abismo se les abre insondable. Las enmiendas a los presupuestos harán improbable su aprobación, sin lo cual no se puede gobernar un Estado. España se viene escorando como un buque mal estibado. La tropa, en sus curules, desafina a conciencia y hace zozobrar a este barco sin estibadores políticos, que sepan colocar la carga en su sitio.
La tarea de la estiba en España tiene historia. A mediados de los años 40, al regresar los restos maltrechos de la División Azul, que había luchado al lado del ejército de la Alemania Nazi, el entonces ministro del trabajo, José Antonio Girón de Velasco (falangista viejo) decide compensar a los ‘héroes de Leningrado’ y ayudar a resolver los problemas de personal para cargar/descargar los buques. Crea la Organización de Trabajadores Portuarios (OTP). Actuaban como una empresa de trabajo temporal. Los divisionarios, convertidos en estibadores, se percataron de su fuerza de negociación y se hicieron fuertes creando un censo de trabajadores propios. Habían perdido en Leningrado, pero ganaron el control de los puertos españoles. Ni un saco de trigo argentino se movía sin el músculo de su organización.
Al paso del tiempo, las OTP se convirtieron en Sociedades de Estiba. Cada puerto con la suya, bajo el control del Estado. Las empresas estaban obligadas a pertenecer a esas Sociedades y solo contratar a sus trabajadores. Todo bajo el amparo de la Ley de Puertos. De ahí, a convertirse en un fuerte y sólido sindicato fue coser y estibar. Con el primer gobierno del PP esas Sociedades cambiaron el nombre por Asociaciones de Empresas Portuarias, pero sin el control del Estado. El monopolio estaba servido. Las empresas fueron a la UE a denunciar su indefensión. En 2011 no se liberalizó el sector al amparo de la nueva Ley de Puertos. Y hemos llegado a la sanción europea de la multa de hasta 134.000 euros/día, al incumplir España la sentencia de los tribunales europeos de 2014, por no haber liberalizado el mercado de la estiba. Ahora, con la votación contra el gobierno, el peso de ese pago diario va a pesar más que los contenedores que cargan las grúas portuarias de los estibadores.
El dictamen de los tribunales comunitarios europeos, que fue ignorado por dos ministros de Fomento: Ana Pastor y José Blanco, es claro: “Hay que cambiar la ley liberalizando la estiba, y de no hacerlo en plazo, cada día habrá que pagar más de ciento treinta y tres mil euros de multa”. La Coordinadora de los estibadores se plantó en la amenaza de parar los puertos. Los ministros citados recularon, recostados en sus sillones. Y hemos llegado a hoy. Adrián Ángel Viudes, quien fue presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena entre 1996 y 2014, lo ha dicho claramente: “No se puede obligar a una empresa que quiera dedicarse a la actividad de estiba a que obligatoriamente pertenezca a una sociedad dominada por la Coordinadora, ni mucho menos obligarla a que su costosa maquinaria sea manejada cada día por diferentes trabajadores sin vinculación directa con la empresa”. En eso se basa la sentencia de Bruselas.
El pulso entre el gobierno y la Coordinadora ha sido el mismo ahora que entonces. Ha ganado el voto opositor, que apoya a esa clase trabajadora privilegiada. Otra herencia del franquismo sin digerir. Y lo que se deja sin digestión causa eructos fétidos, gases malolientes. Los problemas que se meten en un oscuro cajón se fermentan. Llevar el decreto a los diputados fue un suicidio. Y alerta sobre lo que puede venir. Dialogar con empresas y trabajadores, con la sentencia europea en la mano hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes, y cumpliendo la Ley comunitaria falló. El fracaso parlamentario del gobierno deja a España como reo de la sentencia, que irremisiblemente hay que pagar con dinero público, es decir del bolsillo de los españoles comunes, que nunca habían oído hablar de la estiba, ese viejo oficio de hombres curtidos en mil batallas, desde aquellas puertas de Leningrado a los soleados puertos de esta España eterna.
Si una sesión similar, con un NO rotundo al gobierno popular, el día que toque la discusión parlamentaria sobre los presupuestos del Estado, se estiba de la misma manera, habrá elecciones y multa al mismo tiempo.