IBI + Agua = Bonos

En una escalada municipal impositiva, los malagueños son asaltados de nuevo. Toca turno ahora al IBI, que sube hasta un 12%, para las viviendas más pobres

Este particular bosque de Sherwood nuestro sigue sufriendo el afán recaudador para cuadrar las cuentas del Consistorio. Solo se salvan los locales comerciales, a los que se les rebajan un promedio de 3,5%, con el argumento de ayudarles a crear empleo. Supuesto que aún no se cumple, ya que si bien el turismo sigue dando cifras de visitas al alza, los inspectores de Hacienda declaran que el trabajo encubierto sigue siendo una constante en la mayoría de los negocios que investigan. Esos comercios no emplean acorde con los turistas que siguen inundando la ciudad, particularmente el centro, donde la apertura de bares, restaurantes y tiendas ha sido una constante.
En este panorama, la estadística castiga el bolsillo, como es usual, de las familias de menores recursos. En esta ciudad, con 385.000 inmuebles registrados por las fuentes municipales con obligatoriedad de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 242.140 son viviendas, el resto se reparte entre almacenes y comercios. De este total de casas familiares, unas 120.000, verá incrementado el impuesto bastante más de lo anunciado por la concejala de Economía, María del Mar Martín, que fijó un 2,2%, aunque en realidad podría alcanzar un 12 por ciento, según el PSOE. Ese alto ajuste se debe a que gravará a las casas con un valor catastral inferior a los 72.000 euros, ocupadas por familias con bajos ingresos económicos.
Los nuevos tramos recaudatorios a partir de este año son así: Valor de la vivienda inferior a 72.000 euros, hasta un 12 por ciento de incremento; un 9,8% para las casas de 50.000 euros y las que superan los 150.000 euros, la subida es sólo de 0,8%. Está claro que las perjudicadas son las viviendas más viejas y de menor valor, donde habitan familias de escasos recurso. Como en el caso del agua, una mayoría de los ciudadanos de esta ciudad se enfrentan a una subida, que puede estar dentro de la mayor legalidad, pero que se impone en unos momentos donde la crisis aún habita entre ellos.
Este incremento tiene su origen en que la mayoría de esas viviendas, muy antiguas, tenían un valor catastral muy bajo. La revisión que se realizó en 2008 impuso una subida generalizada, así sucedió que una vivienda tasada en 10.000 subiera su valor a 60.000 euros, que significa una repercusión directa en el IBI. Ahora, pagarán el incremento esas viejas viviendas, como si fueran nuevas. La argucia catastral se convierte así en una verdadera catástrofe para esos inquilinos. El mapa de estas viviendas se ubica en los distritos más depauperados de la capital del sol. Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Bailén-Miraflores y Carretera de Cádiz, que ya sufrieron el incremento de este impuesto en 2012 y 2013.
En números absolutos, y en dinero contante y sonante, supondrá un ingreso adicional de unos 8 millones de euros para las arcas municipales. Con 80.000 parados, las bonificaciones que podrían recibir serían irrisorias. En su defensa, la citada edila informa que tienen registradas 1.700 solicitudes de ayudas, que 6.000 familias ya la reciben, 2.000 más ya la tienen por ser numerosas, mientras que los pisos alquilados de protección oficial (VPO) no pagan y 2.500 en propiedad se les pide sólo el 50%. Unas 10.500 familias disfrutan de esas rebajas, ha dicho. A un observador imparcial, le parecen pocas, si remitimos al total de viviendas que ahora se verán afectadas: 120.000. Por otra parte, acepta que es necesario revisar el valor del Catastro (así se ha solicitado a Hacienda), a partir de los cuales se calcula el IBI, ya que cuando fue ajustado, año 2008, entiende que “está muy alto respecto al del mercado, porque la revisión se hizo, justo cuando comenzaba la crisis y ha caído mucho el sector inmobiliario”. La pregunta obvia es: ¿Por qué no esperar a que Hacienda reconsidere esa solicitud a la baja para ajustar entonces el nuevo IBI? Tal vez no se puede esperar tanto.
Aquí la carreta va delante y los bueyes que empujen. Mientras se ajusta el Catastro, si es que Hacienda acepta, serán los vecinos quienes tiren del carro municipal. Una vez más, como en la ‘solución’ del agua, se tira por el camino fácil, total las elecciones están a un año vista y la gente aguantará el tipo. Mientras va entrado ese incremento del IBI y del agua, los gerentes de las empresas municipales, entre los que destaca el del agua, José Luis Rodríguez, cobrarán su bonos de productividad de alrededor de 20.000 euros, que se suman a sus salarios anuales. La gente entiende que estas subidas impositivas pueden servir para cubrir la eficiencia de estos directores.