Siete leyes de educación en 34 años largos de democracia española. Como si fuera un arma arrojadiza contra el futuro. Un panorama desastroso
Si hay un territorio hostil donde hay que buscar acuerdos firmes y duraderos, no artificios circunstanciales, ni interpretaciones políticamente interesadas, es en la educación. El fracaso del modelo es evidente y hay que cambiar a mejor, sin duda. Si no se parte de eso no se puede hablar de nada. Con los datos en la mano, las evidencias son extremas. Abandono escolar, que se prolonga en la educación media y en la superior e, incluso en los postgraduados, que tiene que emigrar a mejores laboratorios, porque en estos nuestros se acabaron las becas y hasta el nitrógeno, que congela embriones, se escapa de sus contenedores. Y lo más acuciante, no se enseña suficientemente a pensar, a la universidad llegan una considerable mayoría de analfabetos funcionales, saben leer, pero no entienden lo que leen. Resolver la formación con fórmulas memorísticas exclusivamente no conduce sino a mentes autómatas. La buena educación no es eso.
Los datos cantan solos. Para 2012, el 24,9 por ciento de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años no cursaba ningún estudio. Se puede extrapolar que la mayoría tampoco trabaja, ya que el paro juvenil sobrepasa el 50% del desempleo total. Esta generación, llamada NI-NI, sin pasado formativo ni futuro laboral es un estrato social demasiado amplio y extremadamente importante, que recuerda que se estudia para, finalmente, encontrar un trabajo; pero ya ni esa aseveración tiene significado. La desmotivación es una enfermedad.
España lleva colgada el triste medallero de ser los primeros en varios fracasos, que parecen endémicos. La educación es uno, su finalidad para el mercado laboral es el otro, el binomio se corresponde. El abandono de los estudios a cualquier nivel sitúa a España a la cabeza de la UE, cuyo porcentaje medio es del 12,8, según la oficina europea de estadísticas, Eurostat. Superamos en esta mala señal a Malta y Portugal; mientras que países como Eslovenia, Eslovaquia, Chequia y Polonia, recién llegados a esta nueva Europa de la crisis, están en unos cómodos niveles porcentuales que van del 4,4 al 5,7, respectivamente.
Presionado por estas malas notas, que ningún septiembre podrá borrar, el gobierno español ha sido empujado por la UE a corregirse. De allí, la premura de la nueva ley de educación, la séptima de esta juvenil democracia, con signos de vejez prematura. Para 2020, el nivel europeo debe estar en no más del 10%, aunque para España se le apremia sólo al 15, que significaría bajar unos 10 puntos porcentuales. ¿Se logrará con esta ley? El ministro dice que sí, que para eso se ha aprobado, aunque no sin la polémica y la oposición de buena parte del sector, que indica un retroceso a prácticas conventuales ya superadas, mientras los nacionalistas gritan que no se metan con su idioma. Aunque la nueva ley cumpla con esa mejora que fija la UE, ¿dónde trabajarán? Falta la nueva ley por el empleo.
Los datos estadísticos tienen sus curiosidades. Por el contrario, las cifras de graduados universitarios españoles nos sitúan por encima de la media europea (40,1% España contra 35,8% UE). El techo es de 44% para 2020. La paradoja es que esos graduados y postgraduados no encuentran trabajo, ni ayudas para continuar investigando o dedicarse a la docencia, ya que la Academia española tiene todos sus plazas congeladas y no en nitrógeno. Los sistemas de movilidad estudiantil han mermado sus presupuestos. La Comisaria de Educación y Juventud de la UE, Androulla Vassiliou remarca a España, que tiene que mejorar sus cifras de abandono estudiantil, ya que “los empleos de mañana necesitan cualificaciones más altas”. ¿Cuáles empleos? Educación/Empleo es un binomio indivisible. Aquí el orden de los factores sí altera el producto.
La nueva ley, que entrará en vigor en el curso 2014/2015, una vez que haya cumplido el trámite parlamentario, ha tenido enfrente a la opinión generalizada de que es una ley que favorecerá al sector privado y que, por consiguiente, hará de la educación pública un campo fértil para la inversión privada. El gobierno ha esgrimido costos. Dice el ministro Wert que con 500.000 alumnos repetidores en la etapa de la educación obligatoria (alumnos de entre 6 y 16 años) las arcas públicas tienen que disponer de 2.500 millones de euros. La cosa no está para dispendios.
Desde la Universidad se sabe que sin mejorar la educación básica y media, sin que se evite la deserción masiva de alumnos y sin que se premie la excelencia del esfuerzo, y se enseñe, sobre todo, a discurrir, el disminuido Plan Bolonia para el espacio universitario europeo, será papel mojado cuya letra se va borrando con rebajas continuadas de sueldos e incremento de la carga docente en detrimento de la investigación. Una ley no hace montaña, el problema de la sociedad española es mucho más profundo, la educación y el desempleo es la punta del iceberg. La procesión está hundida bajo la superficie.